Las
diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen
por el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley número 59 Contra el
Ruido en el Estado, con el que se establecen y actualizan reglas a que deben
sujetarse la producción de ruidos y demás sonidos que pudieran ocasionar
molestias a la comunidad, ya sea por la hora, por su naturaleza o por su
frecuencia.

Este
Dictamen, -resultado de la iniciativa que presentó el pasado 21 de mayo la
diputada María del Rocío Pérez Pérez- enfatiza la importancia de actualizar
esta ley, toda vez que el marco legislativo vigente no se apega a las
necesidades y a la realidad que vivimos los veracruzanos, teniendo un atraso de
75 años.

De
esta manera, la Ley Contra el Ruido en Veracruz tiene por objeto establecer las
reglas a que debe sujetarse la producción de ruidos y demás sonidos que
pudieran ocasionar molestias a la comunidad, ya sea por la hora, por su
naturaleza o por su frecuencia; con
base en la norma oficial mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, que establece los
límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su
método de medición.

Para
efectos de ruidos se consideran los producidos con instrumentos musicales, por
aparatos de radio-receptores, aparatos mecánicos de música, electrónicos, digitales u otros reproductores de música. También los
producidos con fines de propaganda comercial, ya sea por medio de instrumentos
musicales, de la voz humana amplificada por micrófono, o de otros medios, que
sobrepasen los niveles permitidos por la Norma Oficial Mexicana.

La vigilancia sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos
anteriores, queda a cargo, principalmente, del personal de Tránsito y Policía
Vial o en su defecto del personal que designen los ayuntamientos, quien deberá levantar las infracciones
correspondientes.

La coordinación sobre el cumplimiento de las reglas
anteriores, queda a cargo de la Procuraduría de
Medio Ambiente del Estado, quien emitirá los lineamientos y dictará las
medidas correspondientes.

Los aparatos radio-receptores, aparatos mecánicos,
electrónicos, digitales u otros reproductores de música, funcionarán al volumen
reducido, de manera que su sonido no trascienda al exterior del local en que se
encuentren y pueda ocasionar molestias al vecindario.

En relación a las multas, van de las 5 a las 25
Unidas de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con la gravedad de la
falta.

En caso de rotura o violencia del sello de
cancelación se aplicará al responsable una multa de 25 UMA vigentes al momento
de la infracción, sin perjuicio de cancelar la licencia respectiva, en caso de
reincidencia, si se trata del propietario o manifestante.

Cuando el infractor sea persona de notoria
insolvencia, la multa se conmutará por el arresto correspondiente de 72 horas.

Todos los ayuntamientos deberán reglamentar y hacer
cumplir esta Ley a través de sus áreas encargadas en materia medio ambiental.

Este decreto registró 44 votos a favor de diputados
y diputados de los grupos legislativos del PAN, MORENA, PRI, PRD, Juntos por
Veracruz y legisladores independientes, así como los diputados de Nueva Alianza
y del PVEM. No se registraron votos en contra o abstenciones.

El
Congreso de Veracruz reformó la Ley de Protección a los Animales para el Estado
a fin de adecuarla con el Código Penal, con lo que se prohíbe en la entidad la mutilación de animales cuyo
objeto sea modificar su apariencia o conseguir un fin no médico,
particularmente en cortes de cola, orejas, sección de las cuerdas vocales y
extirpación de uñas y dientes.

Este
Dictamen, -resultado de la iniciativa que presentó el pasado 8 de mayo el
diputado del Partido Nueva Alianza, Vicente Benítez González- señala que en
el 2000 la Sociedad Mundial para la
Protección Animal promovió la Declaración Universal sobre Bienestar Animal
(DUBA), que establece una serie de principios para que los gobiernos nacionales
y sub-nacionales puedan legislar en materia de protección animal, declaración
que fue apoyada en 2007 por la Organización Mundial de Sanidad Animal.

De
esta manera, el artículo 3 de la Ley de Protección a los Animales establece la
prohibición para mutilar animales cuyo objeto sea modificar su apariencia o
conseguir un fin no médico, particularmente los cortes de cola y orejas, la
sección de las cuerdas vocales y la extirpación de uñas y dientes.

Sólo se permitirán las intervenciones con anestesia
que tengan un fin médico o para impedir la reproducción.

Con
esta modificación, el Congreso del Estado de Veracruz se suma a entidades como
Colima, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Puebla, Nayarit, Yucatán,
Quintana Roo, Chihuahua y la Ciudad de México, que ya han legislado sobre esta
materia.

Este
Decreto registró 39 votos a favor de diputados y diputadas de los grupos
legislativos del PAN, MORENA, PRI, PRD, Juntos por Veracruz, así como de legisladores
independientes y de los diputados de Nueva Alianza y PVEM. No se registraron
votos en contra o abstenciones.

En
la discusión en lo general del Dictamen, el diputado Vicente Benítez expresó
que en Veracruz se dio el primer paso para el respeto a la vida de los animales
y que se genera una acción positiva para evitar el maltrato.

El
diputado del Distrito II de Tantoyuca, Manuel Francisco Martínez Martínez,
presentó ante el Pleno del Congreso del Estado un anteproyecto para solicitar
al Gobierno Federal y a Petróleos Mexicanos (PEMEX), dar mantenimiento a sus
instalaciones en la entidad y para que, a través del Programa de Apoyo a la
Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), liquide sus compromisos ambientales,
específicamente en la zona petrolera de Chicontepec.

El
legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), subrayó que PACMA
opera mediante la implementación de obras y acciones, denominadas PROA´S, que
permiten dotar de Infraestructura, servicios y proyectos de corto, mediano y
largo plazo, a las comunidades petroleras, en cualquiera de los siguientes
rubros: infraestructura, seguridad, educación y deporte, salud, equidad,
proyectos productivos y protección al medio ambiente.

En
su exposición ante el Pleno, el diputado detalló que se sabe que desde 1978
Chicontepec posee un amplio recurso geológico de hidrocarburos, que constituye
una de las mayores acumulaciones en América. Sin embargo –añadió- dadas las
complejas características geológicas, su explotación puede ser difícil y
costosa, comparada con los grandes yacimientos en el sureste del país.

Agregó
que Chicontepec se ubicó como uno de los tres proyectos principales de
inversión de PEMEX entre 2009 y 2014, rondando los 21 mil millones de pesos por
año.

PEMEX
dejó de perforar nuevos pozos en Chicontepec a partir de 2014 y comenzó incluso
a cerrar algunos, indicó el legislador, quien añadió que la petrolera no
abandona Chicontepec pese al fuerte recorte de presupuesto en este proyecto,
que cayó de 18 mil 900 millones de pesos en 2014, a los 3 mil 340 millones de
pesos en 2016.

Expuso
que por Veracruz atraviesan poco más de 14 mil kilómetros de ductos y que, de
acuerdo con actas del Consejo de Administración de PEMEX, más de 7 mil 600
kilómetros de esos ductos han sido clasificados como «críticos» por
el estado en que se encuentran.

Lo
anterior, enfatizó el diputado Manuel Francisco, resulta incomprensible ya que
el Gobierno Federal obtiene ganancias, derivadas de los excedentes petroleros.

“PEMEX
ha explotado esta y tantas otras zonas petroleras del país y causado estragos
en ciudades donde cancela proyectos y produce recortes de plantilla dañando la
economía de miles de familias y empresas” señaló el diputado, quien consideró
necesario resarcir de los daños generados a Chicontepec.

El
diputado del Grupo Legislativo de MORENA, en el Congreso de Veracruz, Rogelio
Arturo Rodríguez García, presentó la iniciativa que reforma diversas
disposiciones de la Ley para la Solución de Conflictos de Límites Territoriales
Intermunicipales en el Estado de Veracruz, con el propósito de precisar en ésta
el término de “Conflicto de Límites Territoriales” y así subsanar un vacío
legal que existe.

En
la décima primera sesión ordinaria, el también presidente de la Comisión
Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales, señaló que esta
modificación es el primer paso para comprender que los conflictos por límites
territoriales no son hechos o situaciones de poca relevancia y no deben ser
tomados como tal, pues traen aparejadas diversas repercusiones sociales.

De
esta manera, la iniciativa prevé definir “Conflicto de Límites Territoriales” como aquel que se presenta entre dos
o más municipios del Estado, por la indefinición, confusión, error, o la
indebida apropiación de un determinado espacio territorial.

Los conflictos en materia de límites territoriales
entre dos o más municipios podrán solucionarse mediante los procedimientos que
señala la Ley, refiere el documento.

En la tribuna, el diputado Rogelio Arturo Rodríguez
ejemplificó que ciudadanos piden que sus localidades sean parte de otro
municipio, ya que en el suyo no les otorgan obra pública ni servicios; o
ciudadanos que piden que sus localidades pertenezcan al municipio vecino porque
la cabecera municipal de este les queda más cerca que la que legalmente
pertenecen.

Agregó que aunque pareciera que los anteriores
problemas sociales pudieran ser un conflicto de límites territoriales, no lo
son, ya que no es lo mismo que los habitantes se encuentren en una situación de
incertidumbre por no saber a qué autoridad recurrir para resolver sus distintas
carencias, a la negativa de un ayuntamiento de otorgar obra o servicios
públicos, sabiendo que la localidad que los requiere forma parte de ese
municipio.

El legislador citó a la especialista y catedrática
de la UNAM, Marisol Luna Leal, quien define los conflictos intermunicipales por
límites territoriales como “la confrontación legal, y hasta física entre los
miembros de dos o más ayuntamientos, motivados por la confusión, el error, o la
indebida apropiación de un determinado espacio geográfico”.

La
diputada del Grupo Legislativo de MORENA, en el Congreso de Veracruz, Lourdes
García González, se pronunció en tribuna respecto a los hechos suscitados el
pasado 7 de julio en el municipio de Tlilapan, en donde al derrumbarse un cerro
y una gran piedra impactar a un autobús, que dio como resultado tres personas
fallecidas y nueve heridos, hizo un llamado a las autoridades a mejorar las
vías de comunicación en esta zona.

La
también secretaria de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a
Grupos Vulnerables dijo que, el 7 de julio, a las 19:00 horas, en el camino de
Rafael Delgado hacia Magdalena, en la comunidad de Tonalixco, municipio de
Tlilapan, se registró el terrible accidente, en el que una roca de más de un
metro de diámetro se desprendió del cerro e impactó a un autobús de pasajeros
que justamente transitada a la altura de esa cumbre.

Aún
cuando el autobús no cayó al barranco –refirió la legisladora- el impacto de la
roca sobre el autobús ocasionó tres pérdidas humanas, entre ellos un pequeño de
apenas año y medio de edad. Además de nueve personas lesionadas y daños
materiales a la empresa Sociedad Cooperativa de Autotransportes Rafael
Delgado-Orizaba.

La
diputada destacó que, tras el accidente, fue registrada la oportuna asistencia
de autoridades y corporaciones que brindaron auxilio a los heridos y se
controló el tráfico vehicular. “Sin embargo, el dolor por un accidente de esta
naturaleza es profundo para toda la población de aquella zona” abundó.

Dijo
que el punto del accidente es conocido por
“El paso de la muerte” o “Paso del diablo” y es debido a que en la temporada de lluvias es considerada zona de riesgo, de
deslaves, ya que los desgajamientos del cerro ha provocado diversas tragedias.

Por
último, la diputada Lourdes García hizo un llamado a los gobiernos federal y
estatal a fin que actúen de manera responsable y trabajen para brindar mejores
condiciones a la zona de Zongolica, tanto en sus vías de comunicación, como en
desarrollo, salud y educación, entre otros.

Para
establecer que las medidas de protección
a las mujeres víctimas de violencia serán de forma inmediata y permanecerán
hasta que cesen las causas que lo hayan motivado, el diputado del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Basilio Picazo Pérez, presentó
ante el Pleno del Congreso de Veracruz la iniciativa que reformaría los
artículos 42 y 43 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado.

En
la tribuna, el diputado planteó incluir, en la ley antes citada, la disposición
relativa a que las órdenes de protección de emergencia y preventivas
permanecerán vigentes hasta que cesen las causas que las motiven y la víctima
de violencia deje de estar expuesta al riesgo y deberán expedirse en forma
inmediata, al conocimiento de los hechos que las generan.

De
igual forma, consideró necesario establecer que son órdenes de protección de
emergencia la prohibición inmediata al agresor de molestar por cualquier forma
y medio, incluso por cualquier medio electrónico, a la víctima en su entorno
social, así como a cualquier integrante de su familia.

Así
como advertir a la persona agresora de las consecuencias a que se hará
acreedora de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, de las y
los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima; o
intentar cualquier acto en su contra.

En
la sesión, el diputado Basilio Picazo detalló que actualmente la legislación
contempla 120 horas como duración máxima de las medidas de protección de
emergencia y preventivas, lo cual contraviene a las recomendaciones de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), quienes a su vez recomiendan
que las órdenes de protección deben durar “hasta que la víctima de violencia
deje de estar expuesta al riesgo”.

El
legislador dijo que de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional sobre Dinámica
de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016, de las mujeres de 15 años y
mas, 66.1 por ciento,han enfrentado al
menos un incidente de violencia por parte de cualquier agresor, alguna vez en
su vida; 43.9
por ciento de las mujeres han sufrido violencia por parte de su actual o ultima
pareja, esposo o novio, a lo largo de su relación.

Añadió
que sólo 2.2 por ciento solicitó apoyo a alguna
institución; mientras que el 88.4 por ciento no solicitó apoyo ni presentó
queja o denuncia ante alguna autoridad. Lo anterior, destacó el diputado,
refleja que la “cifra negra” es muy alta, por lo que las agresiones de género
quedan impunes.

No
basta que una mujer acuda a las instancias legales a presentar una denuncia
cuando ha sido víctima de violencia, subrayó Picazo Pérez, quien añadió que es
necesario que las autoridades den una respuesta pronta y expedita, y emitir una
orden de protección que evite su re-victimización, pero sobre todo que las proteja
y dé seguridad contra nuevas agresiones a ellas y a su familia.

El
diputado del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
José Kirsch Sánchez, presentó ante el Pleno del Congreso de Veracruz la
iniciativa que reforma los artículos 147 y 148 de la Ley de Educación del
Estado para fomentar la creación de Huertos Escolares, como una fuente de
motivación para que las niñas y los niños planifiquen, colaboren y tomen
decisiones acertadas sobre una adecuada alimentación y su responsabilidad con
el medio ambiente.

En
la décima primera sesión ordinaria, el legislador planteó que las autoridades
educativas estatales y municipales promuevan la educación ambiental para el
desarrollo sustentable, en la cual deberán considerar los huertos escolares,
así como el fomento de la investigación, el uso de métodos y técnicas para la
prevención y la restauración ambiental de los ecosistemas.

En
la tribuna, el diputado Kirsch Sánchez enfatizó que los Huertos Escolares
responden ampliamente a las necesidades actuales; está orientado a la
alfabetización ecológica, los medios de subsistencia, la mejora de la
alimentación, la educación nutricional y la preparación para la vida activa.

Además
concede prioridad a la educación práctica, integra varias materias y su
influencia se extiende a la totalidad de la escuela, la familia y la comunidad.

Sostuvo
que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para la
Agricultura y la Alimentación, los huertos escolares tienen como objetivo:
enseñar a los alumnos la manera de obtener diversos alimentos como hortalizas,
frutas y legumbres, y hacerlo pensando en una buena alimentación; demostrar a
los alumnos y sus familias cómo ampliar y mejorar la alimentación con productos
cultivados en casa; fomentar la preferencia por las hortalizas y frutas y su
consumo, así como reforzar los almuerzos
escolares con hortalizas y frutas ricas en micronutrientes.

En
la tribuna, señaló que los huertos escolares son zonas cultivadas en torno a
las escuelas o cerca de ellas, que al menos en parte están bajo el cuidado de
los alumnos y en los que suelen producirse hortalizas y frutas. Las actividades
pueden ser plantas ornamentales y de sombra, así como producción de alimentos
básicos en pequeña escala, añadió.

El
diputado Tito Delfín Cano, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN) presentó un pronunciamiento en relación al impacto del cambio climático
en la entidad, en el que señaló que el clima es el principal factor respecto a
la productividad primaria, estructura y composición de las especies de plantas
y animales a nivel global.

Dijo
que el crecimiento demográfico, aunado a las prácticas agrícolas intensivas, al
aumento de la deforestación, a la
industrialización, a aumento la concentración de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) ha alcanzado niveles récord en 2016.

Veracruz se
encuentra entre los Estados biológicamente más importantes del País, ya que existen
prácticamente todos los tipos de vegetación descritos para México, lo cual
muestra la riqueza y complejidad del mismo.

Subrayó que por
su riqueza florística, que incluye 7 mil 482 especies de Angiospermas y
Gimnospermas, el Estado se coloca en tercer lugar después de Oaxaca y Chiapas.

El
legislador Delfín Cano propuso mejorar las prácticas en el sector agrícola,
pecuario, pesquero y acuícola; para evitar la contaminación de flora, fauna y
manto freático, así como afectaciones a la salud.

Para
el sector ganadero, propone contrarrestar los efectos de la sequía y lograr
desarrollo en armonía con el medio ambiente para obtener mayor producción de
carne y leche.

Para
el sector pesquero buscar la reducción de la contaminación asociada al uso de
motores en mal estado y evitar la interrupción en el proceso de captura;
aprovechamiento de especies sin valor comercial; mayores márgenes de seguridad
en el manejo post captura; tener cultivos de café sano, con mayor rendimiento y
valor comercial.

Mejorar
la producción de caña y conservación del suelo, a través de parcelas
demostrativas de caña con la finalidad de mejorar el rendimiento y reducir las
emisiones contaminantes por quema y con la recolección permanente de aceite
vegetal usado para disminuir la contaminación del agua.

Para
otorgar preferencia a las empresas veracruzanas, respecto a las foráneas, en la
asignación de contratos de obra pública, la diputada independiente Miriam
Judith González Sheridan presentó la iniciativa que reforma la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionadas con Ellas del Estado de Veracruz, en la que
destacó que para darse esta acción tendrá que haber similitud en los precios,
calidad y tiempos de ejecución de las obras.

En
la décima primera sesión ordinaria, del Congreso del Estado, la legisladora
destacó que entidades como Durango, Aguascalientes y Tabasco se han establecido
diferentes mecanismos para promover que la adjudicación de obra pública, así
como la compra de bienes y servicios beneficien en lo posible a empresas
locales y maximizando de esta manera el efecto multiplicador de una derrama
económica que de forma directa beneficia a la sociedad en su conjunto.

Esta
modificación, señaló la diputada González Sheridan, vendría a reforzar la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes
Muebles del Estado de Veracruz, que en 2015 fue modificada para establecer
que “Los proveedores con domicilio y
residencia fiscal en el Estado y el municipio de que se
trate, tendrán preferencia para ser adjudicatarios, y se les permitirá un
precio hasta del 5 por ciento mayor que las cotizaciones foráneas”.

Expuso
que el Estado puede directamente invertir en el desarrollo de actividades
productivas o puede contratar con particulares el desarrollo de obra, “de hecho, el mero gasto en la compra de
insumos genera una derrama económica que puede beneficiar o incentivar un sano
desarrollo de la economía”, añadió.

En
la tribuna, la legisladora subrayó que los criterios de eficiencia o
racionalidad deberían ir más allá de la disminución de costos, y maximizar,
sobre todo, el impacto del gasto en el desarrollo y las condiciones de
bienestar de la población.

Dijo
que debe tomarse en cuenta que la economía es un conjunto complejo, y que “cada
peso gastado” no sólo repercute en los usuarios directos de la obra o servicio
de que se trate, sino que también incentiva la actividad económica en su
conjunto a través del pago de salarios y compra de insumos que realicen las
empresas o personas a quienes se encarga la realización de una obra, prestación
de servicios o suministro de bienes.