• De dos a cinco años y de cien a 500 UMAs.

• Esta medida responde a las exigencias de la sociedad que transita por caminos y carreteras estatales.

Xalapa, Ver., 06 de octubre de 2026.- El Congreso de Veracruz aprobó que en el Código Penal del Estado se establezca la imposición de dos a cinco años de prisión y multa de cien a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) a quien se apodere de mercancías, objetos o bienes transportados en vehículos públicos o privados, aprovechando el estado de vulnerabilidad, confusión o desorden provocado por un accidente, siniestro o hecho de tránsito.

El dictamen las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones deriva de la Iniciativa de Decreto que adiciona el Artículo 207 Bis al Código Penal del estado de Veracruz, presentada por el diputado Omar Edmundo Blanco Martínez en Sesión Ordinaria de este Congreso el 14 de mayo de 2026.

La reforma aprobada con 46 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, se encuentra sustentada en la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica, la protección de las personas transportistas, la seguridad en las carreteras y la tutela del patrimonio de particulares, permisionarios y empresas frente a actos de saqueo o rapiña cometidos después de accidentes, siniestros o hechos de tránsito.

Se trata de actos de apoderamiento de mercancías y bienes que ocurren después de accidentes o siniestros viales, cuando las personas afectadas, las unidades de transporte y la carga se encuentran en una situación de vulnerabilidad, confusión o desorden. En estas circunstancias, se lee en el dictamen, dicha conducta puede poner en riesgo la integridad de las personas, obstaculizar las labores de auxilio y agravar las consecuencias económicas y sociales del hecho de tránsito.

Esta actualización al Código Penal del estado debe aplicarse con respeto a los principios de legalidad, taxatividad, culpabilidad, presunción de inocencia, debido proceso y proporcionalidad de las penas, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el sistema penal acusatorio. La sanción sólo podrá imponerse cuando se acrediten los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal y la responsabilidad de la persona imputada.

El propósito de la reforma guarda relación con el fortalecimiento del Estado de Derecho, la seguridad en las vías de comunicación, la protección de las personas transportistas y la prevención de conductas que agravan los riesgos derivados de accidentes o siniestros.

Posicionamientos

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, Omar Edmundo Blanco Martínez aseveró que una emergencia no puede ser una oportunidad para robar y que quien se aproveche de ésta debe responder ante la Ley. A esto sumó que el trabajo de la gente merece respeto y no se debe permitir que alguien se aproveche de una situación difícil para quedarse con lo ajeno. Y advirtió: “La mercancía ajena se respeta y la rapiña no quedará impune.

Por último, el diputado Urbano Bautista Martínez manifestó el respaldo del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al dictamen. Dijo que cuando ocurre una tragedia lo primero debe ser salvar vidas y ser solidarios, no aprovecharse de la situación. Consideró que la rapiña no es inevitable, no debe normalizarse y tampoco representa a la sociedad. “Cuando alguien sufre un accidente la respuesta de una sociedad civilizada no puede ser el saqueo, debe ser el auxilio, la solidaridad, la protección y la justicia”, concluyó.

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• Se impondrían de 8 a 15 años de prisión y multa de mil a 2 mil 500 UMAs a quien cometa este delito.

Xalapa, Ver., 06 de octubre de 2026.- El Pleno de la LXVII Legislatura aprobó por unanimidad el dictamen de decreto que adiciona un Capítulo VI, denominado Cohabitación Forzada, y el artículo 190 Octodecies al Título V Bis del Libro Segundo del Código Penal, para imponer de ocho a 15 años de prisión y multa de mil a 2 mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien cometa el delito de cohabitación forzada de personas menores de 18 años.

Esta reforma, aprobada con 48 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, es resultado de la iniciativa presentada el pasado 21 de mayo por el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo.

De acuerdo con lo aprobado, se crea el Capítulo VI Cohabitación Forzada y se establece en el Artículo 190 Octodecies que comete el delito de cohabitación forzada de personas menores de 18 años, quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a sostener una unión informal o consuetudinaria, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona mayor de dieciocho años, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio.

Las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, y de Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, instancias dictaminadoras, coinciden con el promovente en relación con atender la cohabitación forzada mediante una disposición penal específica, toda vez que la imposición de una vida de pareja puede comprometer la libertad, la continuidad educativa, la salud y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Por ello, se considera pertinente la propuesta de reconocer y sancionar esta conducta dentro del Título relativo a los delitos contra el libre y sano desarrollo de la personalidad.

De igual forma, el dictamen destaca que legislación de protección a niñas, niños y adolescentes establece los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio y prevé medidas frente a las prácticas nocivas con fines de unión formal, informal o consuetudinaria, “la iniciativa contribuye a esa protección desde el ámbito penal, sin sustituir las acciones de prevención, atención y restitución de derechos que corresponden a las autoridades”.

Voz de las fuerzas políticas

En representación del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Liud Herrera Félix precisó que este dictamen atiende una realidad que no puede seguirse permitiendo, “que niñas, niños y adolescentes sean obligados, inducidos o sometidos a vivir en una unión como si se tratara de un matrimonio, aun cuando no exista un vínculo jurídico formal”.

Agregó que esta reforma no se limita a incorporar un nuevo delito al Código Penal, sino que busca cerrar una puerta que permitía que una práctica prohibida continuara ocurriendo bajo otra forma, dejando establecido con absoluta claridad que ninguna condición social, circunstancia personal o decisión de terceros puede estar por encima del interés superior de la niñez y de la obligación del Estado de proteger plenamente sus derechos.

La diputada Roxana Barragán Hernández informó que el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) vota a favor del dictamen, para que en Veracruz ninguna niña, niño o adolescente tenga que vivir una unión que alguien más decidió por ellos. Añadió que para quien vivió una unión así, debe brindarse el apoyo psicológico que necesite y el acompañamiento para continuar sus estudios y decidir sobre su futuro, “debe recibirse sin que se le culpe por lo ocurrido, con respeto a su privacidad y a lo que tiene que decir”.

Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Indira de Jesús Rosales San Román afirmó que esta normatividad aprobada representa una deuda pendiente con la niñez veracruzana y que la protección de las niñas, niños y adolescentes es una obligación de las y los legisladores. De igual forma, se pronunció porque los sistemas DIF estatal y municipales vigilen el cumplimiento de esta reforma. 

La legisladora del Partido del Trabajo (PT), Elizabeth Morales García consideró que esta modificación fortalece las herramientas para proteger a las niñas, niños y adolescentes frente a prácticas que todavía persisten y que muchas veces permanecen ocultas dentro de los hogares o de las propias comunidades. Agregó que la aplicación de este nuevo delito deberá hacerse con responsabilidad y con criterios claros, para que conceptos como unión informal, convivencia constante o vida equiparable al matrimonio sean interpretados atendiendo siempre el interés superior de la niñez.

La legisladora Ana Rosa Valdés Salazar, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expresó su voto a favor e indicó que esta reforma busca combatir las prácticas ancestrales que deberían erradicarse por el bien de las propias comunidades, “esta modificación es una contribución para proteger a la niñez y que nuestra Constitución privilegia como un bien mayor de la sociedad”.

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• Esta reforma permitirá dar mayor certeza jurídica para la investigación y sanción de estos actos.

Xalapa, Ver., 06 de octubre de 2026.- Por unanimidad, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, mediante el cual se reforma y adiciona una fracción al Artículo 264 Quinquies del Código Penal de Veracruz, que fortalece la protección de los animales frente a actos de maltrato o crueldad cometidos mediante el uso de sustancias que provoquen su envenenamiento.

El dictamen, aprobado con 48 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, derivado de la iniciativa presentada por la diputada Naomi Edith Gómez Santos, incorpora de manera expresa el envenenamiento animal al catálogo de circunstancias agravantes, lo que brinda mayor certeza jurídica para su investigación y sanción.

La Comisión dictaminadora destaca que si bien este tipo de conductas ya puede ser considerado maltrato o crueldad animal conforme a la normativa vigente, su inclusión expresa en el Código Penal permitirá que el incremento de las sanciones no dependa de acreditar circunstancias adicionales, como la prolongación de la agonía del animal o que el medio utilizado constituya un método de extrema crueldad.

Asimismo, precisa que dicha agravante no se actualizará por la sola presencia de una sustancia, sino que deberá acreditarse su empleo intencional para cometer actos de maltrato o crueldad, así como el sufrimiento, las lesiones o la muerte previstos por el tipo penal aplicable y la relación entre la sustancia utilizada y el resultado producido.

Dicha modificación, refiere el documento, mantiene el esquema de sanciones vigentes, al no crear una pena distinta ni modificar los rangos establecidos en los Artículos 264 Ter y 264 Quáter, sino que incorpora un nuevo supuesto al catálogo de circunstancias que incrementan las sanciones en una mitad. Cuando el envenenamiento concurra con alguna otra circunstancia prevista en el Artículo 264 Quinquies, se aplicará un solo incremento, conforme a las disposiciones legales aplicables.

Posturas políticas 

Al manifestar el voto a favor del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Imelda Garrido Alvarado destacó que el maltrato animal provoca sufrimiento y muerte, por lo que es una conducta que jamás debe normalizarse. Señaló que incorporar expresamente este acto fortalecerá la protección jurídica de los animales, además de brindar mayor claridad al marco penal para que, según las circunstancias de cada caso y las pruebas disponibles, el uso de sustancias para envenenarlos sea considerado un agravante.

“Reconocer a los animales como seres sintientes debe traducirse en acciones legislativas concretas. Esta reforma representa un avance para consolidar una sociedad que pone límites a la violencia, protegiendo la vida y la integridad de quienes no pueden defenderse por sí mismos”, afirmó la legisladora.

Por su parte, el coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, respaldó el dictamen al señalar que permitirá establecer una consecuencia legal explícita para esta conducta, con lo que se refuerza la protección jurídica de los animales en Veracruz, dando continuidad al reconocimiento constitucional de éstos como seres sintientes.

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Xalapa, Ver., 06 de octubre de 2026.- El Congreso de Veracruz entregó apoyos al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Xalapa, a instituciones médicas y habitantes del sur de la entidad.

Derivado de las afectaciones que han dejado las intensas lluvias en la capital del estado, el Poder Legislativo realizó la donación de camas y colchones al DIF xalapeño destinados a la población damnificada.

Además, en seguimiento a los recorridos que han efectuado en hospitales del IMSS-Bienestar, las diputadas y los diputados destinaron apoyos al sector salud en Cosoleacaque.

También fueron donadas sillas de ruedas a habitantes de Soconusco, Tatahuicapan de Juárez y otras localidades de dicha región.

*Aprueba Congreso de Veracruz reforma constitucional de Nacionalidad Única*

• La modificación establece que para ser Presidenta o Presidente, Gobernadora o Gobernador o Jefa o Jefe de la Ciudad de México no deberá tenerse otra nacionalidad y, en caso de poseer, renunciar a ella previo a la solicitud de la candidatura.

Xalapa, Ver., 30 de septiembre de 2026.- Por mayoría de votos, el Pleno de la LXVII Legislatura del Estado de Veracruz aprobó la Minuta proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan los Artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales.

Durante los trabajos de la Quinta Sesión Ordinaria, la Mesa Directiva, integrada por los diputados Luis Vicente Aguilar Castillo y Urbano Bautista Martínez y por la diputada Daniela Flores Barnils, presidente, vicepresidente y secretaria, respectivamente, puso a consideración del Pleno la referida Minuta, enviada a esta Soberanía por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, misma que registró 37 votos a favor y 8 en contra, sin abstenciones.

El contenido de la reforma constitucional refiere que para ser Presidente o Presidenta; Gobernador o Gobernadora, o Jefe o Jefa de Gobierno de la Ciudad de México no deberá tenerse ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley respectiva. Además de cumplir con los requisitos de ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos o hijo o hija de padre o madre mexicanos.

El objetivo de la citada reforma es asegurar que quienes  encabecen dichos poderes mantengan un vínculo jurídico y político exclusivo con el Estado mexicano,  privilegiando el interés del pueblo de México y la soberanía nacional. 

Esta modificación fue aprobada en el Senado de la República con 86 votos a favor y 42 en contra. El Congreso de Veracruz aprobó esta Minuta siendo las 14:28 horas, sumándose a Legislaturas de las entidades de Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Yucatán (de acuerdo con información de la página oficial del Senado) que ya validaron la modificación constitucional.

Postura de las fuerzas políticas 

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Paul Martínez Marie expresó que respaldar la Minuta, autoría de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es refrendar que la soberanía de México no se comparte ni se condiciona a intereses extranjeros. “La conducción de los destinos de nuestra tierra exige lealtad única y sentido de pertenencia a esta gran nación”.

Tras respaldar la Minuta y anunciar el voto aprobatorio, el legislador señaló, “al pueblo de México les decimos que acudimos con la firme convicción de refrendar nuestro compromiso en la defensa de la soberanía nacional con la máxima de que los cargos de mayor responsabilidad pública del país deben ser ocupados por mexicanos”.

Del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez dijo que la soberanía se defiende también con instituciones que inspiren confianza y con requisitos conocidos desde antes de que una persona se presente ante el electorado. Tras ejemplificar una situación complicada en las costas mexicanas, y en las cuales se comprometan bienes públicos o una medida de seguridad que afecte a los intereses del país, externó que quien esté al frente del Gobierno deberá actuar bajo las obligaciones de su cargo, responder a las autoridades y rendir cuentas al pueblo de México.

De la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Indira de Jesús Rosales San Román subrayó que hay temas por atender que son más urgentes, tales como en materia de salud, atención a contingencias y abasto de medicamentos, que la prohibición a personas con doble nacionalidad de acceder a los cargos. “La doble nacionalidad de algún aspirante a la presidencia no es preocupación de ningún veracruzano”.

El diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada, del Partido Movimiento Ciudadano (MC), criticó que se pongan candados a quienes cuenten con doble nacionalidad y aspiren a un cargo; refirió que aunque la narrativa parece clara en relación con la protección a México, no es defensa de la soberanía, sino un estado de excepción, “las personas con doble nacionalidad parecen un supuesto riesgo, pero ese peligro no existe y no está documentado o demostrado; no hay ni una sola evidencia que estas personas representen una amenaza”.

Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Ana Rosa Valdés Salazar manifestó que a su consideración la Minuta representa un retroceso en materia de derechos humanos y va en contra de Tratados Internacionales que México ha firmado y ratificado. Añadió que la reforma trasgrede derechos y perjudica a la democracia.

La legisladora Montserrat Ortega Ruiz dijo que la reforma quita el derecho a ser votado a quienes tienen doble nacionalidad; agregó que hay representantes populares migrantes y consideró inaudito que a pesar de ser testigos del trato que se les ha dado a los connacionales en otro país, ahora en México se les vulneren sus derechos.

El diputado Héctor Yunes Landa anunció su voto en contra y habló sobre el contenido de la reforma. Lamentó que tener una segunda nacionalidad signifique tener otra lealtad. “Tener doble nacionalidad no es una decisión deliberada, sino una condición jurídica adquirida por nacimiento”. Indicó que no debe usarse la Constitución para la exclusión política de las personas que deseen participar en comicios.

En el debate en lo general participaron las diputadas Miriam García Guzmán y Montserrat Ortega Ruiz.

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• La Mesa Directiva le toma la protesta de ley para desempeñar el cargo del 26 de septiembre de 2026 al 25 de septiembre de 2033.

Xalapa, Ver., 25 de septiembre de 2026.- La LXVII Legislatura eligió a Eric Domínguez Vázquez titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis), para el periodo 2026–2033. La Mesa Directiva, presidida por el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo, le tomó la protesta de ley.

En la Cuarta Sesión Ordinaria del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, La Mesa Directiva puso a consideración del Pleno el dictamen de la Comisión Permanente de Vigilancia, instancia responsable del proceso iniciado el 14 de agosto con la formulación y aprobación de la Convocatoria respectiva, publicada el 17 del mismo mes.

La Comisión recibió, del 17 al 28 de agosto, 28 solicitudes y, del 31 de agosto al 2 de septiembre, revisó y analizó cada una. Los días  8 y 11 de septiembre realizó las entrevistas de manera pública a los 26 aspirantes que se presentaron.

Tras la deliberación, esta instancia legislativa integró el Dictamen con la Terna de personas candidatas presentadas en orden de prelación: Eric Domínguez Vázquez, Adán Escobedo Morales y María de Jesús Mantilla Solana, por considerar que cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución Política y en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, ambas del estado de Veracruz y que no incurren en alguno de los impedimentos descritos en la Carta Magna para desempeñar el cargo de titular del Orfis.

En la sesión, luego de que la Mesa Directiva dio a conocer la terna de personas candidatas se procedió a la emisión del voto que cada diputada y diputado, la cual dio 41 votos a favor del ciudadano Eric Domínguez Vázquez, seis en contra y cero abstenciones.

De esta manera, Eric Domínguez Vázquez fue designado y rindió protesta al cargo de auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz ante la representación popular. Esta resolución del Congreso surte sus efectos legales el mismo día de la designación.

Posicionamientos

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén, presidente de la Comisión de Vigilancia, dio cuenta de todo el proceso seguido que, afirmó, fue “de absoluta transparencia, rigor técnico y apego a la legalidad”. Aseveró que “en esta Legislatura no hay espacios para la improvisación ni para simulaciones que vulneren la certeza jurídica del proceso”. Aseguró que “el órgano fiscalizador del estado quedará en manos de una persona profesional por su formación ética y compromiso con la rendición de cuentas”.

Posteriormente, el legislador Felipe Pineda Barradas aclaró que la Comisión de Vigilancia está integrada por diputadas y diputados pertenecientes a todas las fuerzas políticas, quienes acompañaron el dictamen respectivo. Añadió que respaldar un dictamen no significa sustituir la facultad del Pleno. Dicha Comisión no nombra a la o al titular del Orfis, precisó, propone una terna y corresponde al Congreso tomar la decisión final conforme al procedimiento establecido.

La diputada Citlali Medellín Careaga, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), expresó que quien resultare designado debe realizar la revisión sin importar el partido ni la persona que gobierne, que cada observación tenga fundamento, cada aclaración sea escuchada con seriedad y que los informes, que son públicos, puedan leerse y entenderse fuera de las oficinas. Dijo que la población veracruzana merece saber qué se hace con el dinero de cada obra.

A su vez, la legisladora del Partido del Trabajo (PT) Elizabeth Morales García advirtió que quien asuma la titularidad del organismo tendrá que conducir una institución técnica, garantizar autonomía en sus decisiones y entender que detrás de cada auditoría existe algo mucho más importante que un expediente, existe el patrimonio público de Veracruz. Dijo que se requiere un perfil con capacidad, experiencia, conocimiento de la administración pública y visión para conducir esta nueva etapa.

La diputada Indira de Jesús Rosales San Román manifestó el voto en contra del Partido Acción Nacional (PAN), en virtud de que “necesitamos un órgano de fiscalización que sea objetivo y que sea cien por ciento técnico y que no responda a los intereses de ningún partido político”.

El legislador Héctor Yunes Landa recordó que el Orfis fue diseñado constitucionalmente como un ente técnico e independiente del Poder Ejecutivo y que su mandato responde exclusivamente al Congreso del Estado. Señaló que cuando el auditor depende políticamente o laboralmente de a quien debe fiscalizar, el examen de las cuentas públicas del Estado se reduce a un simulacro.

Mediante un oficio dirigido al presidente de la Mesa Directiva, con la finalidad de salvaguardar los principios de imparcialidad, legalidad y objetividad que rigen el ejercicio del servicio público, la diputada Miriam García Guzmán se excusó formalmente de participar en la deliberación y votación del dictamen, al considerar que en este caso se actualiza el supuesto normativo de conflicto de interés.

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• La reforma, propuesta por la gobernadora Rocío Nahle García, aplica para titulares de presidencias municipales, de concejos municipales y de sindicaturas; autoridad jurisdiccional podría proceder, en su caso, sin autorización del Poder Legislativo.

Xalapa, Ver., 25 de septiembre de 2026.- Las diputadas y los diputados de la LXVII Legislatura del Estado aprobaron el dictamen de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales que reformó el primer párrafo del Artículo 78 de la Constitución Política del Estado de Veracruz y que suprime la declaración de procedencia como requisito previo para proceder penalmente contra las personas titulares de las presidencias municipales, de las presidencias de Concejos municipales y de las sindicaturas.

El dictamen, que registró una votación de 38 a favor, 9 en contra y una abstención, emitido por la instancia legislativa integrada por los diputados Carlos Marcelo Ruiz Sánchez y Diego Castañeda Aburto y por la diputada Naomi Edith Gómez Santos, presidente, secretario y vocal, respectivamente, es resultado de la iniciativa presentada el pasado 17 de septiembre por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García. 

La Comisión coincide con la propuesta de suprimir la declaración de procedencia como requisito previo para proceder penalmente contra las personas titulares de las presidencias municipales, de las presidencias de concejos municipales y de las sindicaturas. “Esta figura constituye una condición para proceder penalmente respecto de determinados cargos, pero no implica una determinación sobre la existencia de un delito ni sobre la responsabilidad de la persona señalada”, añade.

Precisa que con esta reforma, las autoridades competentes podrán ejercer sus atribuciones sin requerir previamente una declaración del Congreso del Estado, evitando que dicho requisito constituya un obstáculo para la investigación y persecución de los delitos. La modificación se limita a los cargos expresamente señalados y mantiene sin cambios el régimen de las demás personas servidoras públicas comprendidas en el primer párrafo del artículo 78 constitucional.

La instancia legislativa detalla que los Artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen regímenes de responsabilidad para determinadas autoridades locales, entre ellas las personas titulares de los poderes ejecutivos, las diputaciones y ciertos cargos judiciales, sin incluir a las autoridades municipales dentro del procedimiento previsto en el artículo 111 por delitos del orden común.

De igual forma, ejemplifica legislaciones locales en las que las presidencias municipales y demás integrantes de los ayuntamientos no requieren una declaración previa del Congreso para que las autoridades competentes puedan proceder penalmente en su contra. 

En Puebla, las autoridades municipales no se encuentran comprendidas en el catálogo de servidores públicos sujetos a declaración de procedencia; en San Luis Potosí, la reforma constitucional de 2017 eliminó ese procedimiento; y en Guanajuato y Querétaro la responsabilidad penal de integrantes de los ayuntamientos se regula sin hacer depender necesariamente el inicio del proceso penal de una autorización previa del Poder Legislativo.

Posicionamientos 

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Alejandro Porras Marín subrayó que quien ejerza el poder público no debe tener privilegios y que ante la ley nadie debe recibir un trato de excepción solo por tener un cargo. Agregó que la modificación legal no declara culpable a alguien en específico y que no se sustituye a la Fiscalía ni a juezas o jueces; ejemplificó que a nivel nacional tres de cuatro entidades cuentan con normativas en las cuales no se requiere una protección constitucional para munícipes e indicó que si la investigación corresponde a las instituciones y el fincamiento de responsabilidades a los Tribunales, el Congreso no debe mantener una autorización previa para que la justicia pueda actuar.

El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, anunció su respaldo a la propuesta autoría de la gobernadora Rocío Nahle García y consideró que la referida reforma es una medida contra la impunidad, “porque el cargo municipal no debe convertirse en una protección frente a la investigación penal, y así lo recoge el dictamen cuando precisa que su propósito es evitar que ese requisito sea un obstáculo para investigar y perseguir los delitos”.

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN), en voz de su coordinador, el diputado Enrique Cambranis Torres, manifestó que la eliminación del fuero constitucional para todos los servidores públicos la han propuesto siendo gobierno u oposición. Cuestionó que la reforma solo aplique para autoridades municipales y recordó que la declaración de procedencia es un mecanismo que bien puede perfeccionarse para hacerlo más transparente y que opere con rigor.

La diputada María Elena Córdova Molina, del Partido Movimiento Ciudadano (MC), indicó que el instituto político al cual pertenece tiene una postura firme, “quien cometa un delito, que sea investigado; quien resulte responsable, que responda ante la justicia”. Puntualizó que no defiende a alguien ni facilita la impunidad, pero argumentó que la reforma tiene un problema de fondo, “no elimina el privilegio, decide quien lo conserva”. 

Del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Ana Rosa Valdés Salazar precisó que el fuero no es privilegio personal, sino una figura establecida para proteger la función pública, pues no se concede a una persona por ser quien es, sino al cargo que ocupa y mientras lo ocupa, “retirar esa inmunidad procesal para que presidentes municipales y síndicos respondan por la comisión de delitos sin la intervención del Congreso hace pensar que se pueden propiciar abusos de poder y aplicación de justicia selectiva”.

La legisladora Montserrat Ortega Ruiz dijo que no defiende privilegios ni a delincuentes; externó que en una democracia el poder necesita límites y que el poder absoluto requiere límites absolutos. Agregó que si bien la ciudadanía exige investigar todos los delitos perpetrados, la tarea de las y los legisladores es ocuparse de que las reformas sean implementadas correctamente.  

El diputado Héctor Yunes Landa adelantó su voto en contra del dictamen e informó que ha hecho un llamado a los Cabildos a expresar su rechazo a la reforma constitucional que el Congreso les hará llegar. “la inmunidad procesal no significa impunidad y no significa que alguien sea intocable y que pueda cometer delitos, sin consecuencia; significa que habrá un procedimiento previo”.

En el debate en lo general participaron las diputadas Ana Rosa Valdés Salazar, María Elena Cordova Molina y Victoria Gutiérrez Pérez y el diputado Diego Castañeda Aburto. En relación con las reservas, participaron las legisladoras Indira de Jesús Rosales San Román y Luz Alicia Delfín Rodríguez.

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• Comisión de Vigilancia da entrada al documento presentado por la auditora Delia González Cobos.

• Resultado de la fiscalización superior, el análisis de la Cuenta Pública 2025 registra un probable daño patrimonial por 2 mil 756 millones 231 mil 698 pesos; de los cuales 2 mil 709 millones 874 mil 572 pesos corresponden a 181 municipios.

Xalapa, Ver., 22 de septiembre de 2026.- La Comisión Permanente de Vigilancia de la LXVII Legislatura del Estado recibió de la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis), Delia González Cobos, los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2025, con lo que se da cumplimiento a los artículos 57 y 58 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz.

En oficinas del Palacio Legislativo, las diputadas y los diputados Felipe Pineda Barradas, secretario de la Comisión, Bertha Rosalía Ahued Malpica, Liud Herrera Félix, Lucía Begoña Canales Barturen, Citlali Medellín Careaga, Tania María Cruz Mejía, Ana Rosa Valdés Salazar, Luz Alicia Delfín Rodríguez, Enrique Cambranis Torres, Adrián Sigfrido Ávila Estrada, Ramón Díaz Ávila, Paul Martínez Marie y José Reveriano Marín Hernández, vocales de la misma, dieron la bienvenida a la auditora, quien entregó el documento que presenta el resultado de la fiscalización superior practicada a las cuentas públicas 2025.

En su mensaje, la auditora González Cobos dijo que la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2025 se efectuó de conformidad con la Ley de Fiscalización Superior y con las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado.

Indicó que la fiscalización superior tiene como finalidad verificar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas establecidos por cada ente y que para ello se realizaron las auditorías financiera-presupuestal, técnica a la obra pública, de desempeño, de legalidad, de orden social y de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera, así como las evaluaciones de cumplimiento normativo en materia laboral, de adquisiciones, de indicadores y de género, entre otras.

Informó que, resultado de la fiscalización superior a la Cuenta Pública 2025, se determinó un probable daño patrimonial por un monto de 2 mil 756 millones 231 mil 698 pesos. De igual forma, destacó que 17 entes estatales registraron un presunto daño por 4 millones 200 mil 401 pesos y que 63 presentaron inconsistencias de carácter administrativo.

Respecto de los entes municipales, la auditora manifestó que 181 municipios presentan irregularidades de presunto daño patrimonial por un importe de 2 mil 709 millones 874 mil 572 pesos, al igual que 14 entidades paramunicipales con un monto de 42 millones 156 mil 725 pesos.

El dictamen que incluirá los resultados pormenorizados será sometido al Pleno de la LXVII Legislatura a más tardar el último día de octubre próximo. El trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por el Orfis seguirá su curso en términos de las leyes aplicables.

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• La recepción de propuestas inició este viernes 18 y concluirá el viernes 25 de septiembre en el Palacio Legislativo.

Xalapa, Ver., 18 de septiembre de 2026.- La Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología de la LXVII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz emitió la Convocatoria para otorgar la Medalla y Diploma «Heberto Castillo Martínez” 2026 a quien haya realizado aportaciones en materia de investigación, divulgación o aplicación de la ciencia y la tecnología contribuyendo al desarrollo del estado y de la nación.

La Convocatoria está dirigida a las instituciones educativas de investigación científica y tecnológica, asociaciones civiles y culturales, colegios de profesionistas, organizaciones sindicales, agrupaciones científicas y sociedad en general para que propongan a ciudadanas o ciudadanos veracruzanos con los méritos suficientes para recibir esta distinción.

De acuerdo con las bases, las propuestas deberán ser presentadas, del viernes 18 al viernes 25 de septiembre del presente año, de 09:00 a 18:00 horas, en la oficina de la Presidencia de la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología, en el interior del Palacio Legislativo, ubicado entre las avenidas Encanto y Lázaro Cárdenas, colonia El Mirador de la ciudad de Xalapa.

A cada propuesta debe adjuntarse una exposición de motivos y currículum vitae con documentos comprobatorios de la trayectoria y obra de la persona propuesta, firmados por quien proponga; al tratarse de personas jurídicas, por quien represente y justifique tener facultades para ello.

Concluido el periodo de recepción de propuestas, la Comisión sesionará a más tardar el viernes 2 de octubre para evaluar las propuestas recibidas y de entre éstas seleccionará una terna que, a juicio de la Comisión, cuente con los méritos y requisitos señalados, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente.

Dicho Dictamen será remitido a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, a efecto de que sea sometido a la consideración del Pleno, el cual determinará mediante votación a quien otorga la Medalla y Diploma “Heberto Castillo Martínez” correspondiente al año 2026, que este Congreso entregará en Sesión Solemne en la fecha que determine la Junta de Coordinación Política.

• Además, este Congreso concede anuencia al Gobierno del Estado para celebrar convenio de coordinación, aportación financiera y colaboración institucional con esta organización por un plazo de 20 años. 

Xalapa, Ver., 17 de septiembre de 2026.- Las diputadas y los diputados de la LXVII Legislatura del Estado de Veracruz aprobaron el dictamen que autoriza al Ayuntamiento de Minatitlán la donación de manera condicional y en su caso revocable, de una fracción de terreno de propiedad municipal a favor de la Fundación “Teletón México A.C.”, con una superficie total de 34 mil132.21 metros cuadrados.

El objetivo de la donación es para la construcción, equipamiento, establecimiento, puesta en operación y funcionamiento de un centro de rehabilitación e inclusión infantil. 

En el dictamen, emitido por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, se establece que si no se cumpliera con la finalidad establecida, la donación se entenderá por revocada y sin necesidad de declaración judicial, la propiedad se revertirá al patrimonio del municipio de Minatitlán, en términos de lo establecido en los artículos 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Durante la sesión, el diputado del Grupo Legislativo de Morena, Omar Edmundo Blanco Martínez, reconoció la labor de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, por poner en la agenda pública la necesidad de contar en el sur de Veracruz con un CRIT, el cual, añadió, tendrá una cobertura regional que beneficiará a 41 municipios. De igual forma, destacó que este Centro representa mucho más que un espacio de rehabilitación, sino un lugar más cercano para aquellas personas que durante años han tenido que trasladarse a otros municipios.

De Movimiento Ciudadano (MC), la diputada María Elena Córdova Molina adelantó su voto a favor y dijo que este dictamen se entiende mejor cuando se piensa en una familia, “en una mamá o papá que traslada a su hijo o hija a recibir una terapia”. Agregó que la rehabilitación no se resuelve en una sola visita y que tener un lugar más cerca les cambiará la vida. 

Gobierno del Estado y Teletón, firmarán convenio.

En la misma sesión y con 41 votos a favor, el Congreso del Estado autorizó a la Titular del Poder Ejecutivo estatal a celebrar, asistida por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), el Convenio de Coordinación, Aportación Financiera y Colaboración Institucional con la Fundación Teletón México, A.C., por un plazo de 20 años.

Asimismo, el Poder Ejecutivo estatal, por conducto de la Sefiplan, preverá e incorporará en los Proyectos de Presupuesto de Egresos del Estado correspondientes a los ejercicios fiscales subsecuentes a la conclusión de la infraestructura y formal inicio de operaciones del «CRIT Minatitlán», una partida presupuestal destinada al apoyo financiero anual por un monto inicial de 36 millones de pesos (mdp).

Dicha asignación presupuestal surtirá efectos previa acreditación del inicio formal de operaciones mediante el acta correspondiente emitida por la Fundación Teletón México, A.C., y validada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz (DIF). Estará sujeta en cada ejercicio a la disponibilidad financiera de la Hacienda Pública Estatal y se actualizará anualmente conforme a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el INEGI, en los términos estipulados en el convenio respectivo. 

Debate

La diputada de Morena, Naomi Edith Gómez Santos, dijo que el CRIT de esa ciudad amplia y fortalece las opciones de atención especializada en el sur de Veracruz. Agregó que hablar de este Centro no es hablar solamente de infraestructura, sino de incrementar las opciones para las niñas y niños con discapacidad, con la finalidad de acercarlos cada vez más a sus familias.

Expresó que para el Congreso puede comenzar como una solicitud para celebrar un convenio y luego ser un dictamen para discutirse, “pero para una familia significa poder encontrar una nueva opción de atención para su hija o hijo mucho más cerca de casa”. 

Del Partido del Trabajo (PT), la diputada Elizabeth Morales García enlistó diversos casos de personas con familiares con alguna discapacidad que recorren kilómetros en busca de atención y celebró que haya un CRIT más, “significa acercar una oportunidad, ya que una terapia puede cambiar una vida”.  

Del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el legislador Carlos Marcelo Ruiz Sánchez se congratuló con la implementación de este Centro y felicitó a la gobernadora Rocío Nahle por garantizar los recursos anuales; de igual forma, valoró el plazo de 20 años, ya que genera continuidad y brindar certeza a las familias. 

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ana Rosa Valdés Salazar habló sobre los beneficios del CRIT, cuestionó las decisiones de los gobiernos municipales y confió en que el sector privado lleve por buen camino este Centro. Del Partido Acción Nacional (PAN), la legisladora Indira de Jesús Rosales San Román manifestó su voto a favor, recordó la desaparición del Insabi  y lamentó lo que sucede con Imss-Bienestar y la Secretaría de Salud estatal.

La legisladora Montserrat Ortega Ruiz respaldó el dictamen y consideró que además de prever presupuesto para esta organización, también deberían contemplarse recursos para los servicios de salud de Veracruz, y el diputado Héctor Yunes Landa criticó la premura del proceso legislativo, dado que apenas es el inicio del periodo ordinario.

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