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Entrega de la Cuenta Pública será por medios electrónicos, aprueba Congreso

Entrega de la Cuenta Pública será por medios electrónicos, aprueba Congreso

Entes fiscalizables podrán reducir el uso de papel, evitar el desplazamiento de personas, ahorrar recursos económicos y disminuir la contaminación medioambiental.
Xalapa, Ver., 02 de junio de 2026.- La LXVII Legislatura de Veracruz aprobó que los entes obligados entreguen al Congreso del Estado su respectiva Cuenta Pública por medios electrónicos. Los beneficios que se busca obtener son: reducir el uso de papel, evitar el desplazamiento de personas, ahorrar recursos económicos y disminuir la huella de carbono organizacional.
En la Decimosegunda Sesión Ordinaria, el Pleno otorgó 42 votos a favor al Dictamen con Proyecto de Decreto para reformar el primer párrafo del Artículo 28 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado, emitido por la Comisión Permanente de Vigilancia.
De acuerdo con esta instancia legislativa, la reforma aprobada permitirá que las cuentas públicas de los entes fiscalizables se entreguen en archivo digital en los plazos legales, como sucede, por ejemplo, con los informes mensuales y trimestrales bajo las disposiciones emitidas para tal efecto, observando un cumplimiento en tales obligaciones en beneficio de la rendición de cuentas y la transparencia.
Posicionamientos
El diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén, del Grupo Legislativo de Morena, dijo que esta actualización es un paso firme hacia la modernización de la fiscalización y la rendición de cuentas en Veracruz, simplifica los procedimientos administrativos, fortalece la eficiencia, la transparencia y la oportunidad en el acceso a la información pública.
“La incorporación de herramientas tecnológicas en el proceso de fiscalización ha demostrado ser una alternativa segura y eficaz para la comunicación entre los entes fiscalizables y las autoridades responsables de la revisión de los recursos públicos”, afirmó.
Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Fernando Yunes Márquez calculó que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) recibe de los 212 ayuntamientos de Veracruz poco más de 100 mil cuartillas cada año por concepto de entrega de la Cuenta Pública, lo que implica uso de papel, tinta y fotocopiadoras, además del traslado, y que un oficio representa un costo de mil 300 pesos, por las mismas implicaciones económicas, de trabajo y espacio para archivo. Planteó mayor flexibilidad en los tiempos propuestos y una tecnología óptima.
A su vez, la diputada Elizabeth Morales García, del Partido del Trabajo (PT), dijo que, de acuerdo con estimaciones, la producción de una tonelada de papel puede requerir entre 17 y 24 árboles y miles de litros de agua y que cada año los gobiernos generan una enorme cantidad de documentación relacionada con procesos administrativos y financieros. Por lo que avanzar hacia esquemas digitales, valoró, contribuye a una gestión pública más eficiente y responsable con el medio ambiente.
Fortalece Congreso la legislación para combatir el delito de abigeato*

Fortalece Congreso la legislación para combatir el delito de abigeato*

Con 44 votos, aprueba el Pleno dictamen que reforma diversas disposiciones del Código Penal reclasificando el delito de abigeato y tipificando el tráfico ilegal de ganado.
Propuesta de la diputada Naomi Edith Gómez Santos, en coautoría con el legislador con licencia Roberto Francisco San Román Solana.
Xalapa, Ver., 02 de junio de 2026.- Por unanimidad, el Pleno de la LXVII Legislatura aprobó el dictamen que adiciona el título VII Bis, denominado Delitos contra la Producción Pecuaria, y deroga el capítulo II del título VII del Libro Segundo del Código Penal del estado, cuyo objetivo es inhibir la comisión del delito de abigeato, fortalecer su persecución penal y garantizar que las sanciones impuestas sean proporcionales al daño social que genera.
El dictamen, que registró 44 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, resultado de la iniciativa autoría de la diputada Naomi Edith Gómez Santos y del diputado con licencia Roberto Francisco San Román Solana, refiere que la tipificación de los Delitos contra la Producción Pecuaria encuentra respaldo en el derecho comparado nacional, tomando como referencia exitosa el modelo de Tabasco y las reformas en Chihuahua y Sinaloa, que han migrado el abigeato hacia títulos especiales de protección al sector primario.
De esta manera, se establece que comete el delito de abigeato quien, por sí o por interpósita persona se apodere de ganado, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de aquél o darlo; disponga para sí o para otro de ganado del que se le haya transmitido la tenencia y no el dominio; o sacrifique ganado sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo.
Al responsable de este delito se le impondrán de seis a doce años de prisión y multa de hasta trescientas Unidades de Medida y Actualización (UMAs); pero si el apoderamiento, disposición o sacrificio a que se hace referencia en las fracciones anteriores fuere de ganado bovino o caballar, se impondrán de seis a quince años de prisión y multa hasta de cuatrocientas UMAs.
De igual forma, se precisa que comete el delito de tráfico ilegal de ganado quien, con el propósito de obtener un beneficio indebido, encubrir el origen ilícito de animales o evadir los controles sanitarios o de movilización establecidos en la legislación aplicable, realice cualquiera de las siguientes conductas, sin cumplir los requisitos previstos en la legislación federal o estatal en materia de sanidad animal, movilización pecuaria o identificación individual del ganado.
Introduzca al territorio del Estado ganado mayor o menor, o cualquier especie pecuaria, sin contar con la documentación sanitaria, de movilización o de propiedad exigida por las disposiciones legales aplicables.  Movilice, comercialice, enajene o transporte especies pecuarias, sus productos o subproductos, teniendo conocimiento de que carecen de la autorización sanitaria, guía de tránsito o documentación legal requerida, entre otras.
Se impondrá pena de tres a ocho años de prisión y multa de hasta mil quinientas UMAs, a quien cometa este delito. Cuando la conducta tenga por objeto encubrir el origen ilícito del ganado, facilitar su comercialización ilegal o eludir los controles sanitarios o de movilización establecidos por la autoridad, la pena se aumentará hasta en una mitad.
El documento, emitido por las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal, refiere que el endurecimiento aplicable a servidores públicos constituye una innovación de relevancia políticocriminal, al imponer la destitución e inhabilitación hasta por diez años a quienes, teniendo el deber de garante institucional en puntos de inspección o certificación, participen en la cadena delictiva, con lo que se protege la integridad del sistema preventivo estatal y se resta rentabilidad al tráfico ilegal de semovientes.
Posicionamientos 
Por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada Dulce María Hernández Tepole puntualizó que cuando alguien se roba una cabeza de ganado, no solo se lleva un animal, sino el esfuerzo de mujeres y hombres que dedican su vida y trabajo al campo. Asimismo, agregó que con la presente reforma se envía un mensaje claro, en Veracruz se acabó la indiferencia ante el delito de abigeato, “quien cometa este ilícito tendrá sanciones ejemplares”.
De igual forma, externó que este dictamen recoge el sentir de asociaciones ganaderas, de productores y de quienes durante muchos años han exigido herramientas eficaces para combatir el citado delito. 
El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, externó el respaldo a la reforma y precisó que de esta manera se reubica al abigeato con el tráfico ilegal de ganado en un nuevo título, Delitos contra la Producción Pecuaria, “lo que redefine el bien jurídico tutelado, sale del patrimonio individual y entra a una categoría más amplia, la producción pecuaria y por extensión la soberanía alimentaria”.
De igual forma, el legislador avaló la incorporación de penas más severas para aquellos servidores públicos que, debiendo estar de lado institucional, deciden unirse en conductas delictivas. 
La diputada Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), indicó que el abigeato es un delito que no es nuevo, pero que las formas mediante las cuales se comete sí, por lo que –consideró- necesaria la reforma para resolver una problemática real que afecta a las personas del campo. “Necesitamos que haya apoyos reales, programas que beneficien al productor y acciones concretas, no solo los discursos”.
Del Partido del Trabajo (PT), la diputada Elizabeth Morales García subrayó que Veracruz tiene vocación ganadera y que proteger la actividad pecuaria significa reguardas los empleos y el patrimonio social. Enlistó las nuevas figuras legales que se incorporan al Código Penal y que buscan responder a una realidad que exige mayor capacidad institucional y protección amplia para quienes trabajan en el campo.
Por Movimiento Ciudadano (MC), la diputada María Elena Córdova Molina se pronunció por endurecer las penas por el delito de abigeato, “pero también para que las autoridades demuestren que ahora sí están dispuestas a detener y sancionar a quienes cometen este ilícito”.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ana Rosa Valdés Salazar adelantó su respaldo al dictamen y añadió que es importante trabajar en equipo para combatir el abigeato, “la ley también debe prever el resarcimiento, porque se pierde mucho dinero, trabajo de años y patrimonio de ganaderos”.
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*Aprueba Congreso de Veracruz reforma que lleva elección judicial a 2028*

*Aprueba Congreso de Veracruz reforma que lleva elección judicial a 2028*

La elección prevista para 2027 pasa al primer domingo de junio de 2028 con el propósito de fortalecer la identidad propia del proceso electoral del Poder Judicial.
Xalapa, Ver., 29 de mayo de 2026.- Por mayoría de votos, el Pleno de la LXVII Legislatura del Estado de Veracruz aprobó la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Poder Judicial.
En la decimoprimera sesión ordinaria, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Naomi Edith Gómez Santos, dio apertura al debate y, tras la presentación de posicionamientos de las fuerzas políticas, instruyó abrir el tablero electrónico de votación, que dio como resultado 37 votos a favor y 9 en contra, sin abstenciones. 
Entre las disposiciones centrales de la reforma, contenida en la Minuta, está la modificación de la fecha para la próxima elección judicial, del 2027 coincidente con el proceso electoral federal ordinario, al primer domingo de junio del 2028 con el propósito de fortalecer la identidad propia del proceso electoral del Poder Judicial de la Federación a fin de permitir atender los desafíos logísticos en el pasado proceso.
El Senado de la República deberá emitir la convocatoria general para la integración del listado de candidaturas a más tardar el 30 de abril del año anterior al de la elección judicial que corresponda.
Se instaura una Comisión Coordinadora, integrada por una persona integrante de cada Comité de Evaluación de cada uno de los Poderes de la Unión, misma que será elegida por cada Comité y se crean dos secciones para la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las cuales funcionarán con aprobación del Pleno y estarán encargadas de desahogar asuntos de menor relevancia permitiendo así gestionar eficientemente las cargas de trabajo de otros asuntos considerados a trámite que pueden ser resueltos en dichas secciones integradas por Ministras y Ministros.
Respecto a la organización de la elección por circuito y especialidad se establece un modelo de organización territorial que toma como unidad básica el circuito judicial y lo subdivide en distritos electorales judiciales determinados según el número de cargos a elegir y las especialidades jurídicas presentes en cada circuito.
De igual forma, se establece que las elecciones judiciales se celebrarán en la misma ubicación geográfica que las elecciones federales ordinarias a fin de evitar el dispendio innecesario de recursos públicos y acercar el proceso democrático a los ciudadanos.
En relación con el periodo de las Magistradas y Magistrados de Circuito y las Juezas y Jueces de Distrito que resulten electos en los comicios de 2028 durarán ocho años en el cargo, venciendo este en el año 2036. El periodo de las Magistradas y Magistrados electorales de la Sala Superior que resulten electos en la elección federal del año 2028 durará cinco años, por lo que vencerá el año 2033.
Posicionamientos
Por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada Miriam García Guzmán destacó que la propuesta es contundente porque establece que la revocación de mandato coincida con las elecciones ordinarias, optimizando los recursos públicos y terminando con gastos excesivos y aprovechando la infraestructura electoral ya instalada. Agregó que, “esta reforma ratifica el triunfo de la esperanza sobre el miedo, de la participación popular sobre el dedazo, de la austeridad republicana sobre el derroche elitista y de la justicia sobre la corrupción”.
El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez afirmó que con estos cambios el proceso judicial se perfecciona, toda vez que conserva la paridad entre mujeres y hombres desde la primera etapa del proceso, mantienen los candados frente a la intromisión de los partidos en algo que debe decidir la ciudadanía y se respeta la pluralidad porque reduce el número de aspirantes, sin dejar fuera a quien cumpla los requisitos para competir.
Del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Luz Alicia Delfín Rodríguez dijo que la reforma busca controlar la justicia y convierte a los juzgadores en una competencia política. Añadió que la ciudadanía requiere jueces independientes y no populares, “que no le deban el cargo al gobierno o algún partido. Nosotros seguiremos defendiendo instituciones libres”.
La representante del Partido del Trabajo (PT), diputada Elizabeth Morales García indicó que el propósito de la reforma es claro al fortalecer las reglas que darán funcionamiento al nuevo modelo de integración del Poder Judicial, con disposiciones más exigentes para quienes tendrán la enorme responsabilidad de impartir justicia. Asimismo, detalló que se incorporan reglas para generar confianza ciudadana, mejora los procesos de evaluación, establece criterios homologados para la elección de perfiles, garantiza la paridad de género e impulsa la capacitación y actualización permanente para estos cargos.
Del Partido Movimiento Ciudadano (MC), la diputada María Elena Córdova Molina manifestó que las instituciones no deben integrarse con procesos basados en acordeones o tómbolas y, consideró, que el pueblo ya no cree en los procedimientos de este tipo y la prueba fue la participación de solamente el 13 por ciento en la elección judicial de 2024. “La justicia se fortalece escuchando a especialistas y a la sociedad. Las reformas que se construyen sin consenso aparecen posteriormente con parches o modificaciones constantes”.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ana Rosa Valdés Salazar calificó de innecesaria la reforma de 2024 que eliminó las salas de la SCJN para que ésta funcionara en Pleno. “Ahora se crearán secciones que permitan al Pleno conocer asuntos de fondo que sienten criterios obligatorios, es decir, las secciones harán el trabajo que hacían las salas”. 
El diputado sin partido, Héctor Yunes Landa, consideró que posponer la elección judicial al domingo 4 de junio de 2028 no corrige los errores ni garantiza la transparencia del proceso, tampoco otorga certeza sobre la imparcialidad y autonomía de los nuevos integrantes del Poder Judicial. Lamentó la baja productividad del Pleno de la SCJN al eliminar las salas especializadas. “No habrá justicia en tanto los juzgadores surjan de un acordeón y no de un proceso de formación y carrera judicial”, puntualizó.
    
En el debate en lo particular intervinieron las diputadas Dorheny García Cayetano e Indira de Jesús Rosales San Román y los diputados Adrián Sigfrido Ávila Estrada y Paul Martínez Marie.
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*Respalda Veracruz nulidad de elecciones por intervención extranjera*

*Respalda Veracruz nulidad de elecciones por intervención extranjera*

• Otorga el Pleno voto a favor de la minuta que incluye una nueva causal en el Artículo 41 de la Constitución Política federal.
Xalapa, Ver., 29 de mayo de 2026.- El Congreso del Estado de Veracruz votó a favor de que se introduzca en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.
En la Decimoprimera Sesión Ordinaria, el Pleno de la LXVII Legislatura otorgó 38 votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso a la Base VI del Artículo 41 de la Carta Magna, remitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
El propuesto inciso d) prevé que se incluya la acreditación de actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales entre los casos por los que la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes.
Posicionamientos de diputadas y diputados
En representación del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Nallely Mendoza Camarillo expuso que esta reforma salvaguarda el derecho a la libertad de expresión, fortalece la democracia del Estado mexicano, permite la pluralidad de las opiniones políticas, conlleva sentido de responsabilidad y busca proteger la autenticidad de las elecciones y garantizar que las decisiones políticas del país correspondan únicamente al pueblo de México.
El diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aclaró que para que la anulación proceda tendrá que probarse, de manera plena y con elementos objetivos, que hubo una intervención dolosa y determinante; que la propuesta no toca al periodismo, a la observación electoral internacional, a la cooperación técnica entre autoridades; lo que se persigue –puntuó- es la operación deliberada de un poder extranjero para torcer la voluntad de los mexicanos.
Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Indira de Jesús Rosales San Román planteó que también sean anuladas las elecciones en las que el crimen organizado intervenga y cuestionó la falta de un método para determinar la intervención o el injerencismo y para regular las opiniones de organismos y organizaciones o en negociaciones internacionales.
La legisladora del Partido del Trabajo (PT) Elizabeth Morales García refirió que las democracias modernas tienen la obligación de proteger la autenticidad de los procesos electorales y garantizar que la voluntad ciudadana se exprese sin presiones ni influencias indebidas provenientes del exterior. Distinguió que, si bien México es un país abierto al diálogo, a la cooperación y al intercambio internacional, “la conducción de nuestros asuntos públicos corresponde únicamente al pueblo mexicano”.
Del partido Movimiento Ciudadano (MC), el legislador Adrián Sigfrido Ávila Estrada observó que la propuesta no exige pruebas que justifiquen la anulación de una elección ni establece parámetros jurídicos y que una causal vaga e imprecisa abre espacios a interpretaciones ambiguas. Adelantó voto en contra porque, indicó, esta causal es un arma política, no un mecanismo de protección democrática, y abre la puerta a la discrecionalidad, a la manipulación y a la anulación selectiva de elecciones.
A su vez, la legisladora Montserrat Ortega Ruiz expuso que en una democracia las razones para anular una elección deben ser excepcionales, claras y fáciles de comprobar, no pueden depender de interpretaciones amplias o subjetivas; que las reglas del juego deben construirse con amplios consensos y la participación de especialistas, autoridades electorales, académicos y la sociedad civil: “México necesita instituciones sólidas, elecciones confiables y reglas claras”.
En este respecto, la legisladora Ana Rosa Valdés Salazar dejó clara su oposición al contenido de la minuta. Criticó el contenido de la propuesta y previó los efectos de su aplicación en elecciones futuras, los que, consideró, repercutirían en detrimento de la democracia y la libertad, y rechazó toda acción que atente contra la libertad de las y los ciudadanos y todo abuso de poder.
El diputado sin partido Héctor Yunes Landa señaló la utilización de criterios que resultan una “ley en blanco” que, al carecer de criterios probatorios y parámetros claros, permite interpretaciones discrecionales. Consideró que se trata de una legislación ambigua que, por su redacción y su falta de estándar probatorio, podría ser utilizada de manera arbitraria como un mecanismo de persecución política.
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Actualiza Veracruz su legislación acorde con el Plan B

Actualiza Veracruz su legislación acorde con el Plan B

El Congreso de Veracruz ajustó el marco jurídico de la entidad a las reformas a las constituciones políticas federal y estatal, a fin de reforzar los principios de austeridad, racionalidad del gasto público, paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la integración y funcionamiento de los poderes públicos de la entidad.

Durante la Décima Sesión Ordinaria, el Pleno de la LXVII Legislatura otorgó 41 votos a favor, siete en contra y cero abstenciones al Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Ley Orgánica del Municipio Libre y el Código Electoral del estado, emitido por las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Organización Política y Procesos Electorales.

Dicho dictamen deriva de la iniciativa presentada en coautoría por las diputadas Naomi Edith Gómez Santos y Dorheny García Cayetano en la Novena Sesión Ordinaria, el 21 de mayo de 2026, por la que buscan garantizar la supremacía constitucional, asegurar la coherencia del ordenamiento jurídico estatal y evitar cualquier contradicción que pudiera generar inseguridad jurídica o incumplimiento de las disposiciones federales.

Las adiciones a los artículos 2 y 18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establecen que “en la integración y funcionamiento del Congreso del Estado deberán observarse los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género” y que “el presupuesto anual del Congreso del Estado no podrá exceder del cero punto setenta por ciento del Presupuesto de Egresos del Estado aprobado para el ejercicio fiscal correspondiente.”, respectivamente.

En lo que respecta al Artículo 21 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, relativo al número de ediles de un ayuntamiento, queda determinado que sean 13 en los municipios de más de 250 mil y hasta 400 mil habitantes, 15 en los municipios de más de 400 mil y hasta 750 mil habitantes y hasta 17 en aquellos cuya población exceda los 750 mil habitantes y su capacidad económica lo permita.

La adición de un último párrafo al Artículo 2 del Código 577 Electoral del estado precisa que “Las remuneraciones de las personas consejeras electorales, las magistradas y magistrados electorales, titulares de las secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Organismo Público Local Electoral y del Tribunal Electoral de Veracruz, no excederán el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.”.

El dictamen incluye disposiciones transitorias específicas orientadas a regular la implementación gradual de las reformas propuestas, particularmente en materia presupuestaria y de integración municipal, toda vez que dichas previsiones garantizan seguridad jurídica, continuidad institucional y certeza en la aplicación de la norma, evitando interpretaciones discrecionales o modificaciones abruptas que pudieran afectar el funcionamiento ordinario de los poderes públicos y de los ayuntamientos del estado.

Posicionamientos

La diputada Dorheny García Cayetano, en nombre del Grupo Legislativo de Morena, afirmó que esta reforma es congruente con el mandato popular, con la construcción de instituciones austeras, plenamente democráticas y con un claro sentir humano. Esta reforma, añadió, representará un avance contundente en la consolidación de un Estado más justo y responsable.

El legislador Ramón Díaz Ávila, del Partido del Trabajo (PT), centró su intervención en la aspiración social de lograr “gobiernos más eficientes que cuesten menos y den mejores resultados. Debemos encontrar siempre el equilibrio entre la eficiencia administrativa y la representación ciudadana, entre el ahorro y la capacidad de respuesta, entre la austeridad y la fortaleza institucional”.



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Escuela Normal Veracruzana será “Centenaria”, aprueba Congreso

Escuela Normal Veracruzana será “Centenaria”, aprueba Congreso

La LXVII Legislatura de Veracruz aprobó el Decreto que otorga la denominación de “Centenaria” a la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”. Durante la Décima Sesión Ordinaria del Segundo Periodo Ordinario, el Pleno del Congreso otorgó 47 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones.

Este Decreto, contenido en el Dictamen emitido por la Comisión Permanente de Educación y Cultura, deriva de la Iniciativa presentada por el diputado José Reveriano Marín Hernández, el 28 de abril de 2026, en la Sexta Sesión Ordinaria.

Dicha comisión considera que la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, fundada el 30 de noviembre de 1886 en la ciudad de Xalapa, es una institución emblemática de la educación en Veracruz y en el país y pilar fundamental en la formación de docentes.

Desde sus inicios, se caracterizó por emplear métodos objetivos de enseñanza basados en la observación y experimentación directa; realizar una formación integral, no sólo instrucción académica, sino también desarrollo moral y físico; prácticas de docentes y de normalistas en las escuelas anexas; currículo moderno e incorporación de ciencias naturales, pedagogía científica y metodologías innovadoras.

Al recordar que en 1992, a cien años de su fundación, recibió el título de “Benemérita”, la Comisión prevé que el otorgamiento de la denominación “Centenaria” derivará en el reconocimiento de su valor histórico y trayectoria; el fortalecimiento de la identidad de la comunidad educativa; preservación de la memoria histórica de la educación normalista en Veracruz; motivación de las actuales y futuras generaciones de estudiantes; proyección nacional e internacional y compromiso renovado con la excelencia educativa y el servicio a la sociedad.

Añade que, más que una institución educativa, la Escuela Normal Veracruzana es un patrimonio histórico, cultural y educativo de Veracruz y de México y que su trayectoria de más de un siglo de servicios ininterrumpidos a la educación, su papel fundamental en la formación de miles de maestras y maestros y su contribución al desarrollo educativo estatal y nacional la convierten en merecedora de los más altos reconocimientos.

A partir de la entrada en vigor del Decreto, la institución se denominará “Benemérita y Centenaria Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen”.

Posicionamientos

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado José Reveriano Marín Hernández, consideró que otorgar esta denominación es “un acto de justicia histórica que reconoce su invaluable contribución al desarrollo educativo, social y cultural de nuestro estado” y reconoció “la labor incansable que han realizado todos y cada uno de las maestras, maestros, alumnas, alumnos, personal administrativo y directivo que a lo largo de más de cien año han hecho de esta institución un referente de la educación en nuestro país”.

Por el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la diputada Estefanía Bastida Cuevas indicó que desde su fundación la Normal Veracruzana ha sido un faro pedagógico y un pilar educativo que por más de 140 años ha resistido cambios políticos, crisis sociales y transformaciones tecnológicas manteniéndose siempre a la vanguardia en la formación de maestros. “Para muchos alumnos de licenciatura pertenecer a una institución benemérita y centenaria representa un compromiso con la excelencia”, afirmó.

Para la legisladora Elizabeth Morales García, del Partido del Trabajo (PT), otorgar esta denominación es reconocer a una institución que forma parte del patrimonio educativo de Veracruz y de México. Manifestó que detrás del nombre de la Normal Veracruzana existe una historia de esfuerzo, vocación, disciplina y compromiso con el bienestar del pueblo y que “un Estado que honra sus instituciones educativas es un Estado que apuesta por su futuro”.

La diputada María Elena Córdova Molina, del partido Movimiento Ciudadano (MC), dijo que “este reconocimiento “no solamente es justo, era necesario, porque lo que deja huella, lo que transforma vidas y lo que engrandece a Veracruz se tiene que reconocer y la Normal Veracruzana tiene méritos de sobra para ello” y propuso que el nombre de esta institución sea inscrito en los muros del Recinto del Palacio Legislativo.




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Avalan 199 ayuntamientos estrategia de saneamiento financiero municipal

Avalan 199 ayuntamientos estrategia de saneamiento financiero municipal

El Congreso del Estado de Veracruz recibió las actas de Cabildo de 199 ayuntamientos que aprobaron su adhesión a la estrategia integral para el saneamiento de las finanzas municipales, impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García, informó en entrevista la presidenta de la Mesa Directiva de la LXVII Legislatura, diputada Naomi Edith Gómez Santos.

Con ello, destacó, la totalidad de los municipios involucrados respaldaron la propuesta del Ejecutivo estatal, mediante la cual el Gobierno del Estado asumiría la mayor parte de la deuda derivada de la bursatilización contratada en 2008.

La legisladora precisó que los 199 municipios con obligaciones financieras aprobaron, en sesiones de Cabildo y de manera voluntaria, la nueva reestructuración financiera propuesta por la Gobernadora Rocío Nahle en la que el Estado absorbería el 75 por ciento del adeudo y los municipios el porcentaje restante, con plazo máximo de pago al año 2030.

Asimismo, explicó que las actas correspondientes fueron entregadas por las administraciones municipales en las oficinas de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso local, por lo que ahora, previa autorización de la Legislatura, el Gobierno del Estado liberaría a los municipios de una deuda histórica.

“La principal beneficiada será la ciudadanía, ya que al liberarse las participaciones federales comprometidas por esta deuda, los municipios contarán con mayores recursos para destinarlos a obras y servicios públicos municipales”, expresó.

Finalmente, la diputada Naomi Edith Gómez Santos destacó que la referida estrategia de reestructura contempla reducir los plazos de pago bajo mejores condiciones financieras, liberar recursos retenidos para destinarlos a infraestructura, seguridad y servicios municipales, así como eliminar cargas administrativas vinculadas con dichos compromisos financieros.


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Reitera Congreso llamado a formar ayuntamientos transparentes*

Reitera Congreso llamado a formar ayuntamientos transparentes*

Exhorta el diputado Esteban Bautista Hernández a las y los ediles a aplicar una política de disciplina, orden, transparencia y legalidad. 
Xalapa, Ver., 22 de mayo de 2026.- Durante la capacitación denominada Veracruz y la fiscalización: Capacitación para la gestión responsable 2026, realizada en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo y que reunió a autoridades de 52 municipios de la zona centro del estado, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Esteban Bautista Hernández, reiteró el llamado a las y los munícipes a realizar una administración con disciplina, transparencia y legalidad, a fin de tener como resultado gobiernos exitosos que den respuesta a la sociedad.
Con la presencia de la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev), magistrada Leticia Aguilar Jiménez, de las diputadas Dorheny García Cayetano y Elizabeth Morales García y de los diputados Miguel Guillermo Pintos Guillén, Paul Martínez Marie, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, Antonio Ballesteros Grayeb y Urbano Bautista Martínez, el legislador Bautista Hernández dijo que con esta capacitación el Congreso busca dar a las autoridades municipales las herramientas jurídicas para que desempeñen su gestión en el marco de la legalidad.
Tras mencionar la importancia de la coordinación y la unidad al interior de los Cabildos y destacar el papel que realizan todos y cada uno de los integrantes de la administración pública municipal, el presidente de la Jucopo exhortó a los ediles a realizar una evaluación crítica de las acciones implementadas. “Esa medición nos arrojará cómo nos ve la sociedad de los barrios y comunidades, nos permitirá ver los comentarios positivos y lo que puede mejorarse”, agregó.
De igual forma, sugirió que, además de la propuesta de inversión que se lleva a cabo por ley, informen al pueblo sobre las obras que se realizarán y a dónde se aplicará el recurso público. “Cuando toda la sociedad se entera de qué hará su gobierno y cómo lo aplicará, no habrá voz que hable mal ni detractores que intenten desacreditar”, advirtió.
Para finalizar, Esteban Bautista consideró que con este curso el Congreso orienta, previene y trabaja de manera coordinada con los municipios. Agregó que esta Soberanía es aliada de las autoridades municipales y, a la vez, una institución firme en la defensa de la legalidad, la rendición de cuentas, la transparencia y la correcta aplicación de los recursos públicos.
A su vez, el presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén, pidió a las y los munícipes seguir todas y cada una de las recomendaciones de la capacitación, toda vez que, dijo, será una herramienta fundamental para que tengan éxito en sus administraciones. Les invitó a trabajar siempre en unidad con su cabildo: “Recuerden que es un órgano colegiado el que dirige cada uno de los ayuntamientos y, por ello, es importante que entre ustedes hoy dirijan adecuadamente a su pueblo”.
El acto de inauguración estuvo a cargo de la representante del Distrito XI, Xalapa II, diputada Dorheny García Cayetano, quien reconoció el interés de las autoridades municipales por la capacitación, deseándoles el mayor de los éxitos.
Posteriormente, inició la capacitación por parte de la magistrada Leticia Aguilar Jiménez y de los funcionarios del Congreso, encabezados por el titular de la Secretaría de Fiscalización, Aurelio Rivera Galindo, en un ejercicio de colaboración institucional entre esta Soberanía y el Trijaev.
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Impulsan reforma constitucional en materia de no reelección y nepotismo electoral*

Impulsan reforma constitucional en materia de no reelección y nepotismo electoral*

Plantea Grupo Legislativo de Morena armonizar la Carta Magna local con la federal.
Xalapa, Ver., 21 de mayo de 2026.- El Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz propuso nuevas reformas a la Constitución Política del estado en armonización con la reforma federal para prohibir la reelección consecutiva para el mismo cargo de ediles, diputadas y diputados, y establecer prohibiciones en materia de nepotismo electoral para gubernatura, diputaciones locales y cargos edilicios.
Correspondió a la diputada Lucía Begoña Canales Barturen dar a conocer, durante la Novena Sesión del Segundo Periodo Ordinario, dicho proyecto, el cual señala que el nepotismo electoral, entendido como la utilización de vínculos familiares, matrimoniales, de concubinato, unión de hecho o de afinidad para obtener ventajas indebidas en la contienda electoral, representa “una de las distorsiones más perniciosas de la vida democrática”.
Las diputadas y los diputados afirman que esta práctica genera asimetrías graves en la competencia política, vulnera el principio de igualdad de oportunidades y erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. Además, debilita gravemente la legitimidad de los representantes populares y fomenta la percepción de captura del poder público en beneficio de intereses particulares. 
En cuanto a la no reelección inmediata en el Congreso y los ayuntamientos, proponen que las personas diputadas no puedan ser reelectas para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato. Las y los suplentes podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero las y los diputados propietarios no podrían ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes, como lo mandata el artículo 116, párrafo segundo, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política federal.
Por otra parte, quedaría prohibida la reelección consecutiva para el mismo cargo de las personas ediles. La misma prohibición se aplicaría a quienes integren los concejos municipales. Cuando tengan el carácter de propietarios, no podrían ser electos para el período inmediato como suplentes; pero quienes sean suplentes sí podrían ser electos para el período inmediato como propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio.
De acuerdo con las y los proponentes, al garantizar una mayor equidad en la contienda electoral y evitar la concentración familiar del poder, se fomenta la participación inclusiva, la legitimidad de las instituciones y el Estado de Derecho. Además, consideran que el acceso a los cargos de elección popular debe fundamentarse en la voluntad ciudadana libremente expresada, en la calidad de las propuestas y en la trayectoria ética y profesional de las personas candidatas.
Por último, los artículos transitorios segundo y tercero prevén que las modificaciones relativas a la prohibición de nepotismo electoral y de reelección serían aplicables a partir de 2030. En consecuencia, quienes en ese año estén ejerciendo los cargos públicos mencionados no podrían postularse para procesos de reelección.
La Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona los artículos 21, 23, 43, 69 y 70 de la Constitución Política del estado de Veracruz fue turnada a Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y Procesos Electorales.
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Llama Congreso a munícipes a actuar con transparencia y rectitud

Llama Congreso a munícipes a actuar con transparencia y rectitud

Desde Papantla, exhorta el diputado Esteban Bautista Hernández a autoridades locales de más de 25 municipios a privilegiar el orden y la rendición de cuentas.

Xalapa, Ver., 19 de mayo de 2026.- El Congreso del Estado les trae las herramientas para que ustedes, como autoridades, junto a su equipo de colaboradores, lleven la administración que el pueblo les encomendó con orden, transparencia, rectitud y rendición de cuentas claras, expresó el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Esteban Bautista Hernández, durante la capacitación denominada Veracruz y la fiscalización: Capacitación para la gestión responsable 2026, realizada en el parque temático Takilhsukut del municipio de Papantla.

En esta jornada, organizada por el Congreso del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev), dijo que el Poder Legislativo decidió acercar las normas legales a las y los ediles, a fin de contar en la entidad con ayuntamientos exitosos y consideró de suma importancia que la sociedad tenga una percepción positiva, “que la gente sepa dónde se están aplicando los recursos y cómo se están llevando a cabo las obras”.

Con la presencia de la presidenta del Trijaev, magistrada Leticia Aguilar Jiménez, del presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén, de la representante del Distrito VI de Papantla, diputada Miriam García Guzmán y autoridades de más de 25 municipios, Esteban Bautista expresó el deseo del Congreso: que los cabildos, como inician unidos, así concluyan. “Nosotros somos aliados de ustedes. Aquí respetamos todas las expresiones políticas, porque somos veracruzanos que queremos el bien del pueblo”.

Tras agradecer la recepción del presidente municipal de Papantla, Gonzalo Flores Castellanos, el diputado reconoció que la labor de los munícipes no es sencilla, toda vez que la gente busca a sus representantes en los diferentes momentos y circunstancias de la vida diaria. Al destacar el papel de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), reiteró que “en el Congreso estamos para auxiliarlos en los temas que puedan tener” y que “ningún recurso puede ser desviado porque se castiga hasta con cárcel”.

A su vez, el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén precisó que la disciplina y el orden son factores sumamente importantes y necesarios para que las autoridades municipales lleguen al final con una administración en paz. “De esta manera podrán estar ustedes tranquilos como cualquier ciudadano y estar cerca de su gente”.

De igual forma, valoró la unidad al interior de los cabildos para que las cosas funcionen de manera adecuada y ponderó la transparencia y la rendición de cuentas, toda vez que un gobernante que deja una administración en orden nunca será perseguido para aclarar irregularidades. Les sugirió “que aprovechen esta capacitación y cualquier día estamos a sus órdenes”.

Posteriormente, la legisladora Miriam García Guzmán destacó que haya más mujeres al frente de las administraciones municipales y manifestó que el Congreso de Veracruz mantiene una política de puertas abiertas para toda aquella autoridad o ciudadano que tenga dudas en relación con el quehacer gubernamental. “Nosotros llegamos para trabajar de la mano con ustedes y queremos que tengan finanzas sanas y que los beneficios sean palpables para la gente”, afirmó.

Asistieron las legisladoras Lucía Begoña Canales Barturen y Liud Herrera Félix, vocales de la Comisión de Vigilancia; así como el diputado Facundo Fernández de la Cruz y la diputada Laura Nayeli Mejía Larios.

En esta jornada de capacitación participaron la directora de Tesorería, Iveth Martínez Hernández, con el tema Evaluación de fondos federales, Ramo 033; el jefe del Departamento de Contabilidad, Francisco Orihuela Carmona, con Cumplimiento financiero, rendición de cuentas y plataformas digitales en la administración pública municipal, y el secretario de Fiscalización, Aurelio Rivera Galindo, que habló sobre Control interno municipal, todos del Congreso local. 

La magistrada Leticia Aguilar Jiménez expuso Responsabilidad del servidor público y sanciones a cargo.




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