El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la investigación relacionada con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, se ha desarrollado durante más de un año y continúa en curso.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Tulum, Quintana Roo, el funcionario federal explicó que la indagatoria está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) y ha permitido avanzar en el cumplimiento de órdenes de aprehensión contra personas presuntamente involucradas en esta estructura delictiva.
Ejecutaron ocho órdenes de aprehensión
García Harfuch detalló que este jueves fueron cumplimentadas ocho órdenes de aprehensión, aunque precisó que todavía existen más mandamientos judiciales pendientes por ejecutar como parte de la misma investigación.
«Es una investigación de más de un año. Ayer se cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión», señaló el titular de la SSPC.
Indicó que las investigaciones continúan para ubicar y detener al resto de las personas relacionadas con la presunta red dedicada al tráfico ilegal de combustibles mediante esquemas de evasión fiscal.
Así operaba la presunta red
El secretario explicó que el modus operandi consistía en ingresar combustible al territorio nacional por vía ferroviaria y declarar únicamente una pequeña parte de la carga para evitar el pago total de impuestos.
«La mercancía era ingresada en territorio nacional y la red declaraba solamente el 10 por ciento de la capacidad real del ferrotanque», detalló.
Con este mecanismo, los responsables presuntamente simulaban la importación de un volumen menor al realmente transportado, generando un esquema de huachicol fiscal mediante el incumplimiento de obligaciones tributarias.
Investigación sigue abierta
El funcionario reiteró que la carpeta de investigación permanece abierta y que la Fiscalía General de la República continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y proceder contra todos los involucrados.
Las autoridades federales no ofrecieron más detalles sobre el avance de las indagatorias ni sobre las personas que aún cuentan con órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar.
