La presidenta Claudia Sheinbaum admitió este martes que la relación entre México y Estados Unidos transcurría con una coordinación “histórica, nunca antes vista” hasta que el denominado caso CIA en Chihuahua irrumpió como un parteaguas en el vínculo bilateral, derivando en una crisis diplomática que puso a prueba los límites de la soberanía nacional
Una colaboración que marchaba bien
Durante su segunda Rendición de Cuentas, Sheinbaum describió cómo, desde el arranque de la administración Trump, ambos gobiernos buscaron de inmediato canales de entendimiento para coordinar acciones contra el narcotráfico y la migración irregular.
“En materia migratoria, los encuentros en la frontera cayeron 97.5%, cifra que la presidenta atribuyó a esa coordinación.”
El caso Chihuahua como punto de quiebre
La armonía duró hasta que agentes de una agencia estadounidense —identificada como la CIA— fueron detectados operando en territorio chihuahuense sin acreditación ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, tal como exigen las leyes mexicanas.
Sheinbaum precisó que, según la Fiscalía General de la República (FGR), los agentes únicamente localizaron un laboratorio de drogas y se retiraron sin desmantelarlo. Dos de ellos perdieron la vida en circunstancias que la FGR investiga. Ante los hechos, México exigió que los otros dos agentes presentes abandonaran el país y se acreditaran conforme a la normativa vigente. Finalmente, las autoridades estadounidenses optaron por no acreditarlos y retirarlos del territorio nacional.
Las extradiciones urgentes que agudizaron la tensión
El caso no terminó ahí. Días después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó solicitudes de detención con fines de extradición contra 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos un gobernador en funciones, un senador y un presidente municipal.
“Todavía no presentan las pruebas”, afirmó, y subrayó que se trata de un hecho sin precedente, pues nunca antes una oficina del Departamento de Justicia había solicitado la extradición de funcionarios electos en activo. Dos de los 10 señalados decidieron entregarse voluntariamente a autoridades estadounidenses.
Soberanía, la línea que México no cederá
La presidenta encuadró el episodio en una discusión más amplia sobre quién toma las decisiones en México. Advirtió que permitir que solicitudes externas remuevan a gobernadores y legisladores electos por el voto popular representaría una cesión inaceptable de soberanía.
“¿Quién elige a los gobernadores? El pueblo”, sentenció Sheinbaum, quien trazó un paralelo histórico con Benito Juárez y su negativa a participar en el gobierno de Maximiliano, como símbolo de la segunda independencia del país.
La mandataria fue enfática: la FGR seguirá su propio proceso y actuará si existen pruebas sólidas, pero la decisión sobre los funcionarios electos le corresponde a las instituciones mexicanas, no a una petición foránea sin evidencia pública presentada.
