Para
otorgar preferencia a las empresas veracruzanas, respecto a las foráneas, en la
asignación de contratos de obra pública, la diputada independiente Miriam
Judith González Sheridan presentó la iniciativa que reforma la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionadas con Ellas del Estado de Veracruz, en la que
destacó que para darse esta acción tendrá que haber similitud en los precios,
calidad y tiempos de ejecución de las obras.
En
la décima primera sesión ordinaria, del Congreso del Estado, la legisladora
destacó que entidades como Durango, Aguascalientes y Tabasco se han establecido
diferentes mecanismos para promover que la adjudicación de obra pública, así
como la compra de bienes y servicios beneficien en lo posible a empresas
locales y maximizando de esta manera el efecto multiplicador de una derrama
económica que de forma directa beneficia a la sociedad en su conjunto.
Esta
modificación, señaló la diputada González Sheridan, vendría a reforzar la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes
Muebles del Estado de Veracruz, que en 2015 fue modificada para establecer
que “Los proveedores con domicilio y
residencia fiscal en el Estado y el municipio de que se
trate, tendrán preferencia para ser adjudicatarios, y se les permitirá un
precio hasta del 5 por ciento mayor que las cotizaciones foráneas”.
Expuso
que el Estado puede directamente invertir en el desarrollo de actividades
productivas o puede contratar con particulares el desarrollo de obra, “de hecho, el mero gasto en la compra de
insumos genera una derrama económica que puede beneficiar o incentivar un sano
desarrollo de la economía”, añadió.
En
la tribuna, la legisladora subrayó que los criterios de eficiencia o
racionalidad deberían ir más allá de la disminución de costos, y maximizar,
sobre todo, el impacto del gasto en el desarrollo y las condiciones de
bienestar de la población.
Dijo
que debe tomarse en cuenta que la economía es un conjunto complejo, y que “cada
peso gastado” no sólo repercute en los usuarios directos de la obra o servicio
de que se trate, sino que también incentiva la actividad económica en su
conjunto a través del pago de salarios y compra de insumos que realicen las
empresas o personas a quienes se encarga la realización de una obra, prestación
de servicios o suministro de bienes.
