Con un llamado a los jóvenes, a que participen en
política, para que aprovechen su talento y espíritu de servicio, el diputado
Sergio Hernández Hernández dio la bienvenida a los integrantes del Parlamento
de la Juventud Veracruzana 2018, evento organizado por el Instituto Veracruzano
de la Juventud (IVJ), en coordinación con la Comisión Permanente de Juventud y
Deporte y Atletas con Discapacidad de este Poder.

En la plática, el también presidente de la Junta de
Coordinación Política enfatizó que la política es el arte de servir a la gente
y para lograrlo es necesario que la persona posea valores y un gran compromiso
con su comunidad, “la política no es mala, lo malo son las personas que llegan
al poder para servirse de él” abundó.

Dijo que, a sus 32 años de edad, ha incursionado en
política porque considera, al igual que muchos jóvenes veracruzanos, que es la
herramienta que sirve para lograr el cambio en la sociedad, aunque –reconoció-
todo cambio siempre iniciará desde uno como persona y se construye al lado de
gobiernos sólidos, transparentes y democráticos.

Con la presencia de los diputados José Manuel
Sánchez Martínez, secretario de la Comisión Permanente de Juventud y Deporte y Atletas con
Discapacidad; José Luis Enríquez Ambell y Marco Antonio Núñez López, el
legislador Sergio Hernández habló sobre la experiencia que representa ser el
coordinador de los diputados del PAN en el Congreso de Veracruz y además ser el
Presidente de la Junta de Coordinación Política, órgano máximo de esta
Soberanía.

De igual forma, recordó que el Parlamento de la
Juventud Veracruzana, además de ser el espacio para el debate de las ideas, de las inquietudes y demandas juveniles, representa el
inicio de lo que podría ser una carrera política en beneficio del Estado, ya
que –ejemplificó- la siguiente Legislatura que iniciará funciones en noviembre
de este año, contará con al menos una integrante que surgió del Parlamento
juvenil en su edición 2017.

A este evento asistió el titular de la Secretaría
General del Congreso del Estado, Juan José Rivera Castellanos y el Director del
IVJ, Hugo Delfín Vázquez.

El diputado Juan Manuel Unánue, Presidente de la
Comisión de Vigilancia, presentó la iniciativa de reforma al artículo 52 de la
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, que lograría una revisión
más amplia en la fiscalización de las cuentas públicas, permitiendo mejorar la
rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Durante la segunda sesión de la Comisión Permanente,
el legislador señaló que la iniciativa tiene por objeto adecuar la Ley a la
realidad operativa y funcional de los entes públicos.

Actualmente los titulares de los entes públicos son
a quienes se les notifica las observaciones pendientes por solventar, y con la
reforma propuesta se les notificará directamente a los servidores o ex
servidores públicos responsables del uso de los recursos públicos.

Con ello se evitará retardar la solventación de las
observaciones, beneficiando a las instituciones con mejores prácticas
administrativas.

El diputado Juan Manuel Unánue enfatizó que la
reforma propuesta va encaminada al fortalecimiento de los mecanismos de
rendición de cuentas y combate a la corrupción, que han sido prioridad de
trabajo para la LXIV legislatura.

Tras informar que existen en el Congreso de Estado
diversas solicitudes de intervención al Ayuntamiento de Minatitlán, presentadas
por ediles de distintos partidos políticos, respecto a los presuntos malos
manejos de los recursos públicos, el legislador Marco Antonio Núñez López
exhortó al presidente municipal, Nicolás Reyes Álvarez, a conducirse con transparencia
y apego a la legalidad.

Durante la
segunda sesión ordinaria, de la Diputación Permanente, el también vocal de la
Comisión de Vigilancia del Congreso local dijo que en mayo pasado fue recibido
un oficio, signado por el regidor Blas Avalos Santos, el
cual solicitó la intervención del Congreso, para ordenar una fiscalización e
investigación al Ayuntamiento de Minatitlán por considerar que existían
diversas irregularidades, anexando a su escrito numerosos oficios girados a la
tesorera municipal.

Agregó que,
en junio, fue recibido otro escrito, firmado por seis
regidores, en el que solicitan la intervención de este Poder, con el fin de
analizar las operaciones y registro de gastos e ingresos con el objeto de
examinar el estado de las cuentas, evaluando los estados financieros y en el
que sean comprobados los resultados.

En este documento, los regidores argumentan que por
tercera ocasión consecutiva no avalaron los Estados financieros y solicitaban
un interventor en la Tesorería Municipal, para vigilar los movimientos que se
efectuaran.

El diputado Marco Núñez subrayó que el 25 de julio,
de este año, fue recibido el escrito, signado por 9 de los 11 Regidores
integrantes del Ayuntamiento, a través del cual manifestaron, que la Tesorería
Municipal y la Comisión de Hacienda no se apegan a lo dispuesto por la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, por lo que –informaron- han votado en
contra los Estados Financieros de Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio, por no
cumplir con los requisitos de legalidad.

Por lo anterior, expresó que la LXIV Legislatura se
ha caracterizado por ser gestor y participe de las medidas anticorrupción que
son un reclamo de la sociedad para que se ejerzan con mayor transparencia los
recursos municipales, tanto es así, que se crearon las bases del Sistema
Estatal Anticorrupción.

Tras informar que existen en el Congreso de Estado
diversas solicitudes de intervención al Ayuntamiento de Minatitlán, presentadas
por ediles de distintos partidos políticos, respecto a los presuntos malos
manejos de los recursos públicos, el legislador Marco Antonio Núñez López
exhortó al presidente municipal, Nicolás Reyes Álvarez, a conducirse con transparencia
y apego a la legalidad.

Durante la
segunda sesión ordinaria, de la Diputación Permanente, el también vocal de la
Comisión de Vigilancia del Congreso local dijo que en mayo pasado fue recibido
un oficio, signado por el regidor Blas Avalos Santos, el
cual solicitó la intervención del Congreso, para ordenar una fiscalización e
investigación al Ayuntamiento de Minatitlán por considerar que existían
diversas irregularidades, anexando a su escrito numerosos oficios girados a la
tesorera municipal.

Agregó que,
en junio, fue recibido otro escrito, firmado por seis
regidores, en el que solicitan la intervención de este Poder, con el fin de
analizar las operaciones y registro de gastos e ingresos con el objeto de
examinar el estado de las cuentas, evaluando los estados financieros y en el
que sean comprobados los resultados.

En este documento, los regidores argumentan que por
tercera ocasión consecutiva no avalaron los Estados financieros y solicitaban
un interventor en la Tesorería Municipal, para vigilar los movimientos que se
efectuaran.

El diputado Marco Núñez subrayó que el 25 de julio,
de este año, fue recibido el escrito, signado por 9 de los 11 Regidores
integrantes del Ayuntamiento, a través del cual manifestaron, que la Tesorería
Municipal y la Comisión de Hacienda no se apegan a lo dispuesto por la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, por lo que –informaron- han votado en
contra los Estados Financieros de Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio, por no
cumplir con los requisitos de legalidad.

Por lo anterior, expresó que la LXIV Legislatura se
ha caracterizado por ser gestor y participe de las medidas anticorrupción que
son un reclamo de la sociedad para que se ejerzan con mayor transparencia los
recursos municipales, tanto es así, que se crearon las bases del Sistema
Estatal Anticorrupción.

La diputada María del Rocío Pérez Pérez, del Grupo
Legislativo de MORENA, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Prevención y Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para la entidad, con
el objetivo de promover políticas públicas que involucren a los tres niveles de
gobierno, a la industria, a los emprendedores y la sociedad en general, para
mitigar los altos niveles de basura.

En tribuna, la legisladora abundó que Veracruz
cuenta con ocho Zonas Metropolitanas (ZM), en el Estado, que son los municipios
de Acayucan, Coatzacoalcos, Córdoba, Xalapa, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica y
Veracruz-Boca del Río.

Por tal motivo, Veracruz es el estado con el mayor
número de zonas metropolitanas a nivel nacional y representa una de las
entidades federativas de mayor importancia para el desarrollo económico
regional por su potencial urbano, litorales, planta productiva sectorial,
recursos naturales y su localización geográfica.

La legisladora Pérez Pérez, señaló que Veracruz generó
8 mil 759 toneladas de basura diarias durante 2016 y sólo cinco municipios brindan tratamiento a
sus residuos; existiendo únicamente también cinco centros de acopio; 616
vehículos para la recolección de residuos y 14 municipios carecen de sitio para
la disposición final de estos.

La iniciativa propone la creación de programas para
la remediación y el manejo de los rellenos sanitarios y tiraderos a cielo
abierto, estableciendo, al mismo tiempo, convenios con los centros de
investigación, universidades y centros de estudios de la región para crear
alternativas para su rehabilitación, manejo y control de la contaminación en:
suelo, agua, aire y ecosistemas, generada por el manejo de los residuos sólidos
o peligrosos.

Cada ayuntamiento
tendrá la atribución de informar a la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA)
del estado cuales son los sitios contaminados existentes, por un mal manejo de
los rellenos sanitarios y tiraderos a cielo abierto, para incluirse en el
sistema de información relativa a la generación y gestión integral de los residuos
sólidos urbanos y de manejo especial, los sitios contaminados y remediados, así
como su plan de remediación, costos, duración y licitaciones para la
contratación de terceros.

La iniciativa se turnó a la Comisión Permanente
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Cambio Climático.

El diputado Juan Manuel de Unánue Abascal presentó una iniciativa con proyecto
de decreto que reformaría el artículo 52 de la Ley 364 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz a fin de que los servidores
públicos o personas responsables de entregar las cuentas públicas lo realicen, aún
y cuando se hayan separado del cargo público, otorgándoles un plazo de 15 días
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos.

El diputado Unánue Abascal, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) indicó que las Cuentas Públicas
de los Entes Fiscalizables, son recibidas por parte del Congreso del Estado,
durante el mes de abril del año siguiente del ejercicio presupuestal anterior,
comprendido del uno de enero al 31 de diciembre y la presente iniciativa
contempla que aún cuando el servidor público responsable ya no labore en la
institución se encargue de realizarlo.

Recordó que el procedimiento de fiscalización superior, inicia una vez
que las citadas Cuentas Públicas son remitidas por la Comisión Permanente de Vigilancia
del Congreso del Estado, al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Veracruz (ORFIS), mediante la emisión de la respectiva orden de auditoría dirigida
al Titular del Ente Fiscalizable, con la finalidad revisar los ingresos,
egresos y deuda pública.

Así como el manejo, la custodia y la aplicación de los fondos y recursos públicos
estatales y municipales, la ejecución de obra pública; a fin de realizar auditorías
sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas
estatales y municipales.

La iniciativa contempla que el ORFIS pueda requerir la información
respectiva a todas aquellas personas responsables que hayan participado en la
aplicación y comprobación de los recursos públicos, aún y cuando se haya separado
del cargo público.

Dijo que con ello se lograría una revisión más amplia del Ente
Fiscalizable, al disponer de información suficiente, competente y relevante,
que permita fundamentar razonablemente los juicios y conclusiones, que se
formule respecto de programas, actividades o funciones que sean objeto de
auditoría.

La
iniciativa se turnó a la Comisión Permanente de Vigilancia para su análisis.

El
diputado Sebastián Reyes Arellano, del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN), presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado con el objeto
de prohibir a las instituciones educativas condicionar el pago por concepto de
inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes,
o la entrega de documentación a los educandos.

El
legislador dijo que la educación pública es gratuita, sin embargo al día de hoy
aún hay escuelas que exigen a los padres el pago de cuotas para que sus hijos
puedan ingresar a las instituciones educativas, con el argumento de que es un
acuerdo tomado por la mayoría de los padres de familia.

Abundó que
se debe erradicar esta práctica que pone en serios conflictos económicos a
muchas familias veracruzanas, siendo la educación un derecho que debe garantizarse
para todas y todos por igual, el cual debe ser completamente gratuito en todas
las etapas y en sentido pleno.

La violación a lo previsto en el párrafo anterior
será sancionada en términos del Código Penal del Estado y demás disposiciones
aplicables.

La
diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot presentó, durante la segunda sesión
ordinaria, la iniciativa con proyecto de Ley de la Universidad Popular Autónoma
de Veracruz de Ignacio de la Llave que se sustenta y tiene como ejes
fundamentales: la plena autonomía; la calidad y excelencia académica y la
justicia laboral para sus integrantes.

De esta
manera, subrayó la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se
logrará certeza jurídica en la
matrícula de la UPAV, toda vez que la Ley vigente se encuentra
incompleta y carece de viabilidad institucional.

La
iniciativa, que consta de 24 artículos, distribuidos en seis capítulos, está
centrada en el patrimonio de la UPAV; los bienes muebles e inmuebles y demás
recursos que le transfieran los gobiernos federal, estatal y municipal, así
como la organización y funcionamiento de la Universidad.

Además, se aborda la autonomía y la reingeniería
estructural e inclusive las responsabilidades, procedimientos y sanciones de los miembros de la
comunidad universitaria.

La
diputada Yazmín Copete enfatizó que esta iniciativa surge de la petición de la Asociación Académica y Docente de la Universidad Popular
Autónoma de Veracruz (AADUPAV), quienes preocupados por los problemas que
atraviesa la Universidad, advierten de la urgencia de establecer las bases
jurídicas para el correcto funcionamiento y rescate de la institución.

La educación es la herramienta fundamental del cambio social que tanto
requiere este país, indicó la legisladora, quien agregó que la universidad
pública debe ser garante de cambios que respondan a una visión
universalista, que atienda las necesidades de la nueva realidad.

Dijo que por ello, es necesario dotar de los
instrumentos normativos necesarios que fortalezcan el trabajo en las
aulas y del cuerpo académico, que garanticen el desarrollo de los
futuros profesionistas en las diversas ramas del conocimiento.

Señaló que la UPAV representa una valiosa oportunidad para los
que aspiran a acceder a programas de estudio de nivel medio
superior, superior y posgrado, acorde a los tiempos
y necesidades de cada ciudadano, para que puedan consolidar o coadyuvar al
desarrollo de la entidad, como nuevos profesionistas que se identifiquen
con su entorno.

De aprobarse esta iniciativa, sería abrogada la Ley número 276 que crea la Universidad Popular
Autónoma de Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial del Estado, el día 1 de agosto de 2011.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación
Permanente del Congreso de Veracruz, diputada María Elisa Manterola Sainz,
presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al Congreso de la
Unión y a la Secretaría de Energía a fin que requieran a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), que los municipios de Pánuco, Cerro Azul, Tuxpan, Álamo
Temapache, Castillo de Teayo, Poza Rica, Coatzintla, Papantla, Espinal,
Coyutla, Martínez de la Torre, Tierra Blanca, Cosamaloapan, Tres Valles, Isla,
Playa Vicente y José Azueta, les sea otorgado un mayor subsidio en el pago por
el servicio, toda vez que registran temperaturas muy altas.

En la segunda sesión ordinaria, del segundo año de
labores, la diputada indicó que a estos 17 Ayuntamientos es necesario, además
de verificar y reclasificar, ajustar a la baja las tarifas domésticas de
energía eléctrica, todo lo anterior en beneficio de miles de familias que
habitan estos territorios, que durante el año registran altas temperaturas
ambientales.

En tribuna, la diputada ejemplificó que durante 2017
el municipio de Martínez de la Torre registró la temperatura más alta, con 37
grados centígrados, con sensación
térmica de hasta 59 grados. Lo que derivó en el uso de aparatos como
refrigeradores, ventiladores y aire acondicionado, que demandan un mayor consumo de energía
eléctrica y por ende un fuerte golpe a la economía de los usuarios, por las
altas tarifas y poco subsidio en el suministro de energía eléctrica.

La legisladora añadió que el Estado de Veracruz se
encuentra entre las entidades que más generan, transmiten y suministran energía
eléctrica a todo el país.

Según datos del Sistema de Información Energética, de la Secretaría de
Energía, en 2017 Veracruz tuvo un consumo de energía eléctrica de al menos 30
por ciento en relación al total que produce, ya que una gran parte de la
producción de Veracruz es canalizada al área metropolitana de la ciudad de
México y al Estado vecino de Puebla.

Señaló que el Estado de Veracruz está ubicado como primer lugar nacional
en producción nucleoeléctrica y termoeléctrica, en segundo lugar en el sector
independiente de energía y en décimo lugar en generación provenientes de las
plantas hidroeléctricas.

La diputada Manterola Sainz destacó que el costo de la energía eléctrica
para el consumidor doméstico, comercial o industrial es mucho más alto que en
otras regiones del país, incluso de aquellos estados donde no se produce
energía eléctrica.