Ciudadanos pidieron juicio político contra los alcaldes de
Ayahualulco y Alto Lucero, por irregularidades administrativas. Además, se
pidió la intervención de la tesorería de Angel R. cabada.

En la correspondencia de la sesión de la diputación
permanente, se leyeron los oficios en los que se pide la separación del cargo
de Filiberto Morales y Javier Castillo Viveros, así como Arturo Hervíz Reyes,
respectivamente.

El primer oficio se remitió el pasado 27 de enero, los
ciudadanos Valerio Pérez Hernández, Ángel Zavaleta Hernández y Rafael Ruiz Hernández
solicitaron la revocación de mandato en contra del alcalde Filiberto Morales
Rosas y los ediles del Ayuntamiento de Ayahualuco.

Con un documento del pasado 28 de enero los ciudadanos
Evelio Alarcón Sánchez, Sebastián Viveros Sánchez y Gracimiano Aguilar pidieron
a la legislatura que se inicie un proceso de juicio político en contra del
Javier Castillo Viveros, alcalde de Alto Lucero.

Conforme a la ley de juicio político y declaración de
procedencia para el estado, ambas solicitudes fueron turnadas a las Comisiones
permanentes unidas de Gobernación, y de Justicia y Puntos Constitucionales para
su análisis y resolución.

Además, la síndica Claudia Santamaria García, y los
regidores primero, Juan Guillermo Uscanga Fomperosa, y tercero, Anselmo
González Rivera, pidieron al Congreso del Estado que se ordenen acciones de
fiscalización e investigación a la entrada y salida de fondos a la tesorería
del Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, que administra el perredista Arturo
Hervíz.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez vetó la más reciente
reforma a la ley de Aguas del estado de Ignacio de la Llave, que promovió la
diputada local de Morena, Daisy Juan Antonio, en la que se involucra a los
municipios en la obligación de garantizar el servicio de agua potable y se
permite la concesión del servicio de agua potable.

En la correspondencia se dio entrada al oficio 34/2020,
remitido el pasado 05 de febrero en el que pide a los legisladores locales una
nueva revisión de la legislación, para una nueva discusión.

La reforma, que se aprobó el pasado 16 de enero, establece
que la Oficina Operadora de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV),
es el órgano encargado de prestar los servicios en la demarcación territorial
de los municipios que se requieren.

Obliga a la creación del Sistema de Información Hidráulica
del Estado de Veracruz, el cual contendrá datos, derivado del conjunto de bases
de datos e información relacionada con los inventarios de los cuerpos de agua;
la que derive de la infraestructura hidráulica; las inversiones realizadas en
materia hidráulica; la cartera de estudios, proyectos e información climática,
hidrográfica e hidrológica de las cuencas del estado de Veracruz, incluyendo
los registros de los títulos de concesión de agua y permisos correspondientes y
la que resulte de la red de monitoreo en cantidad, calidad y padrón de
usuarios.

Detalla que el Gobierno Estatal a través de la CAEV y los
Municipios, así como los sectores social y privado, deberán coordinarse para su
participación en la conservación, actualización y desarrollo del Sistema de
Información Hidráulica del Estado de Veracruz.

La CAEV, con la participación de los Municipios, fungirá
como organismo rector de las políticas, lineamientos y normatividad técnica
para la planeación, formulación, promoción, instauración, ejecución y
evaluación de la Programación Hidráulica en el Estado, quienes serán
responsables de la integración, coordinación, planeación y supervisión.

De igual manera, los Municipios podrán concesionar los
servicios con personas físicas o morales, en términos de lo dispuesto por el
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre
otros temas.

Cerca de 40 ciudadanos del municipio de Alto Lucero
bloquearon la calle Enríquez frente a palacio de gobierno para exigir a la
administración estatal que realice una investigación porque el alcalde, Javier
Castillo introdujo tubos en el río Gordo.

Los representantes de los pobladores de la localidad de
Jomotla, municipio de Alto Lucero, Alfredo Bautista Salas y Francisco Delgado
Ortega informaron que ante la Fiscalía General del Estado (FGE) denunciaron a
quien corresponda por el presunto delito de despojo de aguas nacionales

Señalaron que el desvío del río es de siete kilómetros, y se
presume pudiera traer consecuencias al afluente natural y para el consumo de
los alteños.

“Estamos señalando el motivo de que se esté realizando un
río de agua nacional, si la va a ocupar para uso personal o interés político,
le corresponderá al proceso de investigación que pedimos se inicie la
investigación”.

Mientras se realizaba el bloqueo a mitad de la calle
Enríquez, llegaron dos elementos de la secretaría de Marina y Armada de México
(Semar) para tomar fotografías y video de los manifestantes, así como apuntar
en una libreta los hechos ocurridos.

Cuando los manifestantes notaron su presencia, expusieron
que ellos no intentan bloquear, sino que se pararon a media calle porque ahí
los detuvo la prensa para entrevistarlo.

El bloqueo duró alrededor de 10 minutos, después los
pobladores se colocaron en la plaza Sebastián Lerdo, y los líderes mencionados
ingresaron a palacio de gobierno.

Ante el Juez de Distrito Federal con sede en Córdoba se
ampararán un total de 60 padres de familia, debido a que el Instituto de Salud
para el Bienestar (Insabi) les pretende cobrar 90 mil pesos para el tratamiento
de cáncer.

Los padres de los 60 niños y niñas que padecen de cáncer,
acompañados por sus abogados, lamentaron que el gobierno federal y estatal les
pretenda cobrar por el tratamiento, pues sus costos son exorbitantes y están
fuera de su alcance.

«Este día acudiremos ante el Juzgado a interponer un
amparo y se les dé la atención gratuita tanto en medicinas, estudios y exámenes
a los niños que padecen de cáncer», así lo dio a conocer la abogada Ana
María Yashima del despacho Rodal Oceguera.

Agregó que presentarán este amparo en contra de la omisión
que impera en el Hospital Regional de Río Blanco, al no otorgarles el servicio
y contra del cobro de recuperación.

Puntualizó que la atención médica integral no les puede ser
negada a estas personas, pues es un derecho: «El personal administrativo
del Hospital es el que hace el cobro de los 90 mil pesos, pero sabemos no es
culpa de los empleados, sino que todo es cuestión de la situación legal que
mantiene en la incertidumbre a los hospitales por la creación del Insabi».

Por lo que culpó a los dos gobiernos, federal y estatal, ya
que el Insabi es un sistema de salud universal que se está implementado desde
la reforma y desaparición del Seguro Popular.

Ana María Yashima afirmó que el no contar con la atención,
un niño que tiene cáncer o leucemia y no se le suministran los medicamentos,
podría morir en cualquier momento.

«Por eso la solicitud al Juez de Distrito, es que se
garantice y ordene a las autoridades que no sólo se garantice la atención de un
médico o la hospitalización, sino también los suministros, estudios,
medicamentos, análisis, tomografías y todos los insumos necesarios y que no se
les cobre porque son niños de escasos recursos».

Afirmó que estos cobros de recuperación se deben a qué tras
la implementación del Insabi, a los hospitales les cortaron los recursos del
fondo de gastos catastróficos, por lo que ahora tienen que cobrar para asegurar
el pago por la atención del tercer nivel.

En su intervención, los padres y madres de familia,
señalaron que la salud y vida de sus hijos, está en manos de la justicia.

«No podemos pagar el alto costo de los medicamentos de
nuestros hijos y nos ponemos en lugar de esos papás que están por todo el país
que están pasando por el mismo problema y que el gobierno les atienda a sus
hijos como es obligación, ellos están obligados a garantizar y respetar junto
con lo que establece la Constitución y los tratados internacionales en materia
de Derechos Humanos».

Como parte de las tareas en campo de la Quinta Brigada
Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, este miércoles 12 de febrero de 2020,
activistas y familiares realizaron el hallazgo de un trozo de hueso radio,
ropas y una peluca, en un predio ubicado a espaldas de la colonia La Rueda, al
norte de la ciudad de Poza Rica.

La región ha sido escenario de la lucha de poder entre
grupos criminales, así como de decenas de hechos de desaparición forzada de
personas y homicidios, empleando casas de seguridad para mantener a los
secuestros y han utilizado terrenos baldíos del municipio como tiraderos de
cuerpos.

Luego de reportes anónimos que alertaban sobre el uso de
dicho predio como fosa clandestina, un grupo de integrantes de la Quinta
Brigada Nacional salió en búsqueda de indicios, limpiando la maleza y revisando
paso a paso el suelo, realizando excavaciones y enterrando varillas para
descartar la presencia de cuerpos bajo tierra.

Cerca de las 10 de la mañana fue localizado un fragmento de
hueso radio, al parecer humano, mismo que fue entregado a la Fiscalía General
de la República para su análisis y confronta con las bases de datos para tratar
de identificarlo.

Dicho predio se ubica a menos de cincuenta metros de la
escuela primaria Club Sertoma, en un sector densamente poblado de la ciudad, en
el que se han encontrado diversos cuerpos a lo largo de los años.

A cincuenta metros de ese lugar fue localizada una peluca y
ropa diversa; sin embargo, no fue posible localizar más restos humanos.

En lo que va de 2020 ya son más de 20 feminicidios ocurridos
en la zona centro de Veracruz, siendo Xalapa primer lugar en número de casos, y
la mayoría de estos perpetrados por parejas o ex parejas.

La integrante del Movimiento Marea Verde Altas Montañas, Luz
María Reyes Huerta, señaló que por este y otros motivos más, el próximo viernes
14 de febrero en el marco del “Día del amor y la amistad” se llevará a cabo una
marcha en contra de los feminicidios.

«Los feminicidios en su mayoría ocurren a manos de parejas
o ex parejas, también se pretende desmitificar un poco ese amor romántico que
nos venden las historias de televisión, los medios de comunicación, las
películas en que queremos encontrar el príncipe azul y que no va a ser
felicidad», afirmó.

Reyes Huerta mencionó que a una mujer puede costarle la vida
si no pone atención en su relación, principalmente cuando al inicio hay
violencia.

Añadió que es un total retroceso la propuesta del gobierno
federal sobre la eliminación del tipo criminal del feminicidio, ya que esto
permitirá que las cifras aumenten drásticamente.

«Tal parece que para las autoridades es más importante
la rifa de un avión que la atención misma de estos casos de feminicidios. No
podemos haber alcanzado un derecho las mujeres y ahora que retrocedamos es
totalmente absurdo e imposible e irresponsable”.

La activista agregó que hay una impunidad muy grande en el
tema de los feminicidios ya que apenas uno de cada diez alcanza una sentencia
condenatoria realmente y que deja ver la incapacidad que tiene el gobierno
incluso de llevarlos a proceso.

Recordó que la marcha se efectuará este viernes 14 del
presente en punto de las cinco de la tarde, partiendo del Cementerio Municipal
Juan de la Luz Enríquez hasta culminar en el Parque Castillo, solicitando a las
mujeres que asistan sea de color negro, en señal de luto por las mujeres
asesinadas.

El secretario de Educación Zenyazen Escobar García reveló que denunciaron y separaron del cargo a dos docentes del área jurídica de Telebachillerato que le pidieron 150 mil pesos a otro profesor para no denunciarlo por tener presuntamente una denuncia por acoso escolar.

“Detectamos en nivel de Telebachillerato a unos trabajadores que eran del área jurídica que le hablaron a un maestro al cual le comentaban que tenían una denuncia por acoso escolar y le pedían 150 mil pesos para no denunciarlo y para el proceso de denuncia”, dijo.

Sin embargo, el profesor denunció ante la Fiscalía Anticorrupción por lo que ya existe una carpeta de investigación.

“Hemos separado del cargo a dos personas que estaban cobrando cada uno 150 mil pesos por no pasar la denuncia ni aplicar al área jurídica”, añadió.

El funcionario estatal dijo que aunque es el único caso hasta ahora, no descartan que pueda haber más.

“Quiero reiterar que nosotros no nos vamos a prestar a la corrupción en ningún momento. Estos maestros que estaban ahí han sido separados del cargo y además van a llevar un proceso para que se les quite su plaza a través de la Fiscalía Anticorrupción”, añadió.

En otro tema precisó que se hizo un inversión de 6 millones de pesos para otorgar 25 lentes a estudiantes de nivel básico de las zonas marginadas.

Dijo que Ayahualulco, Rafael Lucio, Atzalan, Tepetzintla, Ozuluama, Ixhuatlán de Madero, Zozocolco, Soconusco, Filomeno Mata, Orizaba, Córdoba son algunos de los municipios beneficiados con la forma de convenio con la asociación “Ver Bien para Aprender Mejor”.

“Este programa lo que se hacen son los estudios pero lo que nosotros planteamos es que firmamos el convenio con el alcalde, le decimos que queremos llegar a los lugares donde los alumnos no tienen la posibilidad de obtener anteojos”.

Veracruz se encuentra dentro de los primeros cuatro lugares
en defunciones por influenza estacional a nivel nacional y en casos confirmados
se posiciona en el lugar 11, al sumar 110.

De acuerdo con el reporte epidemiológico emitido por el
Gobierno Federal, en la semana seis, las entidades con mayor número de casos
confirmados a influenza durante la temporada estacional 2019-2020 son: Ciudad
de México, Estado de México, San Luis Potosí, Jalisco e Hidalgo que en conjunto
suman el 40.1 por ciento del total de casos confirmados.

Mientras que en defunciones, en la temporada de influenza
estacional 2019-2020, los estados con el mayor número de muertes por influenza
son: Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Veracruz y San Luis Potosí que en
conjunto suman el 43.6 por ciento de las defunciones.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Rubén
Ríos Uribe descartó la posibilidad de que se pueda llamar a comparecer al
titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado.

En entrevista, el legislador descartó que lo sucedido en
Ciudad Isla, donde civiles se enfrentaron a elementos estatal, hecho de que
dejó como saldo 20 detenido y dos policías heridos, sea motivo suficiente.

Incluso, descartó que lo ocurrió en Atzalan, donde elementos
estatales dispararon a un adulto mayor y una menor de edad, pueda obligar a la
presentación del funcionario estatal ante los diputados locales.

Entre las facultades de los legisladores está el de llamar a
comparecer y presentar exhortos a las dependencias, pero prefieren esperar a
que la Fiscalía haga las investigaciones correspondientes.

“Bueno la Constitución es clara el apenas compareció (Hugo
Gutiérrez) en enero, pero como les reitero están en proceso las carpetas de
investigación, la Fiscalía tiene hasta un año para poder determinarlas (…) y creo que sería muy prematuro violentarle
los términos y la autonomía de la Fiscalía”.

Incluso, planteó el trabajo de un legislador es actualizar
las leyes y generar nuevas normas para que el poder judicial y la Fiscalía
actúen, y en este momento se están integrando las carpetas, por lo que
consideró que un año es un plazo suficiente para conocer los resultados.

“Sería prematuro violentar los plazos de la Fiscalía y no se
puede violar la presunción de inocencia de los policías y presuntos
delincuentes”, justificó.