El gobernador Cuitláhuac García Jiménez vetó la más reciente
reforma a la ley de Aguas del estado de Ignacio de la Llave, que promovió la
diputada local de Morena, Daisy Juan Antonio, en la que se involucra a los
municipios en la obligación de garantizar el servicio de agua potable y se
permite la concesión del servicio de agua potable.
En la correspondencia se dio entrada al oficio 34/2020,
remitido el pasado 05 de febrero en el que pide a los legisladores locales una
nueva revisión de la legislación, para una nueva discusión.
La reforma, que se aprobó el pasado 16 de enero, establece
que la Oficina Operadora de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV),
es el órgano encargado de prestar los servicios en la demarcación territorial
de los municipios que se requieren.
Obliga a la creación del Sistema de Información Hidráulica
del Estado de Veracruz, el cual contendrá datos, derivado del conjunto de bases
de datos e información relacionada con los inventarios de los cuerpos de agua;
la que derive de la infraestructura hidráulica; las inversiones realizadas en
materia hidráulica; la cartera de estudios, proyectos e información climática,
hidrográfica e hidrológica de las cuencas del estado de Veracruz, incluyendo
los registros de los títulos de concesión de agua y permisos correspondientes y
la que resulte de la red de monitoreo en cantidad, calidad y padrón de
usuarios.
Detalla que el Gobierno Estatal a través de la CAEV y los
Municipios, así como los sectores social y privado, deberán coordinarse para su
participación en la conservación, actualización y desarrollo del Sistema de
Información Hidráulica del Estado de Veracruz.
La CAEV, con la participación de los Municipios, fungirá
como organismo rector de las políticas, lineamientos y normatividad técnica
para la planeación, formulación, promoción, instauración, ejecución y
evaluación de la Programación Hidráulica en el Estado, quienes serán
responsables de la integración, coordinación, planeación y supervisión.
De igual manera, los Municipios podrán concesionar los
servicios con personas físicas o morales, en términos de lo dispuesto por el
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre
otros temas.
