El Grupo Legislativo del PRI-PVEM en el Congreso de Veracruz presentó ante el Pleno la iniciativa que busca reformar diversas disposiciones al Código Penal, con la finalidad de establecer que las sanciones por el delito de discriminación podrán incrementarse al doble, cuando se cometa en contra de personal de instituciones públicas o de establecimientos particulares de salud, así como quienes atienden emergencias, seguridad pública, protección civil y bomberos, con motivo del cumplimiento de sus funciones o por consecuencia de su encargo.

Al presentar esta propuesta, durante la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el diputado Antonio García Reyes subrayó que también se plantea que en las disposiciones comunes para los delitos de homicidio y lesiones, se adicione la hipótesis de que dichos ilícitos serán calificados si se cometen en contra del personal ya citado, “esto al ser una clara e injusta manifestación de odio, que atenta en contra de quienes brinda servicios fundamentales a la sociedad, sobre todo en una contingencia como la que vivimos”, agregó.

Asimismo, se propone que al servidor público que, en ejercicio de su función, incurra en algunas de las conductas señaladas o niegue o retrase a una persona un trámite o servicio al que tenga derecho, además de las sanciones previstas, se le impondrá la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, hasta por el mismo lapso de la prisión impuesta.

En Tribuna, el legislador indicó que se han observado en México diversas expresiones de odio hacia el personal médico y de enfermería de instituciones de salud, quienes además de lidiar con la posibilidad de ser contagiados del coronavirus, como resultado de su labor, tienen que enfrentarse a las manifestaciones de intolerancia de algunas personas, “ciertamente producto de la ignorancia y el miedo, pero de que en ningún modo pueden justificarse ni permitirse en nuestra sociedad”.

Recordó el comunicado emitido el pasado 30 de marzo por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en relación al llamado ciudadano para no estigmatizar, ni realizar acciones discriminatorias o violentas en contra del personal de salud que encabeza la respuesta del país a la contingencia actual por el coronavirus Covid-19. Esto, debido a las múltiples conductas que han llegado al extremo de la agresión, ya no solo verbal, sino física, incluyendo arrojar cloro al personal antes señalado.

En tanto, expresó que el Grupo Legislativo PRI-PVEM coincide plenamente con lo afirmado por el Conapred en el sentido que las y los trabadores de las instancias de salud hacen un gran esfuerzo para atender a las personas afectadas por la pandemia y ponen al servicio de todas y todos sus conocimientos y profesionalismo, “por lo que lejos de rechazarles y agredirles, la sociedad mexicana debe reconocer y agradecer su entrega y compromiso”, abundó.

Dijo que no sólo el personal médico y de enfermería está expuesto a las manifestaciones de intolerancia ya descritas, ya que también esas conductas se han hecho en contra de elementos de instituciones de seguridad pública y protección civil en el ejercicio de sus funciones, “sobre todo al hacer llamados a la población a respetar las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias federales y locales para prevenir el aumento del número de personas contagiadas del coronavirus”.

La iniciativa, que adiciona una fracción VIII al artículo 144 y un párrafo, que será el segundo, con el corrimiento de los actuales párrafos segundo y tercero a tercero y cuarto, respectivamente, al artículo 196, ambos del Código Penal para el Estado, fue enviada para su estudio a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXV Legislatura emitió las convocatorias para las y los ciudadanos mexicanos, organismos no gubernamentales, asociaciones e instituciones presenten propuestas para ocupar los cargos de Fiscal General y Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, ambos del estado de Veracruz, para un periodo de nueve y cinco años respectivamente.

De acuerdo con las bases de ambas convocatorias, publicadas este jueves 30 de abril de 2020 en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, quienes acudan al llamado de la convocatoria deberán mantener, en todo momento, el cumplimiento de requisitos; en caso contrario, la Jucopo descartará la propuesta.

Las y los aspirantes deben ser ciudadanas o ciudadanos mexicanos, por nacimiento, en ejercicio de sus derechos y no tener otra nacionalidad; tener, cuando menos, 30 años cumplidos al día de la designación; poseer, al día de su designación, título y cédula profesional de Licenciado en Derecho, con antigüedad mínima de cinco años, expedido por autoridad o institución mexicana legalmente facultada para ello.

Así también, no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; si se tratare de robo, fraude, falsificación o abuso de confianza, esto le inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y no pertenecer al estado eclesiástico, no ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe conforme a lo establecido en la Constitución federal y la ley de la materia.

En ambos casos, deberán entregar una exposición de motivos, de máximo cinco cuartillas, donde exponga debilidades y fortalezas del organismo al que aspira representar; estrategias, líneas de acción y objetivos para fortalecer la procuración de justicia en el Estado y el combate a la corrupción, según sea el caso.

Asimismo, copia certificada de acta de nacimiento con una antigüedad máxima de expedición de tres meses, Currículum Vitae con documentación comprobatoria, dos fotografías recientes a color, tamaño infantil, copia certificada del título de Licenciado en Derecho y Cédula Profesional, Constancia sobre Antecedentes Penales expedida por la autoridad competente, Constancia de No Inhabilitación expedida por la Contraloría General del Estado y Declaración bajo protesta de decir verdad, con firma autógrafa del participante.

La documentación deberá entregarse en el orden señalado y en archivo digital en formato PDF, del 1 al 10 de mayo de 2020, de 09:00 a 18:00 horas en las oficinas de la Jucopo, en el Palacio Legislativo, ubicado en Avenida Encanto esquina Lázaro Cárdenas, colonia El Mirador, Código Postal 91170, Xalapa-Enríquez, Veracruz.

Todas las notificaciones se harán en la misma página web y las de carácter personales, mediante el correo electrónico que hayan proporcionado y que deberán ser acusadas de recibido por las y los aspirantes de forma inmediata a su recepción, en la inteligencia que quienes no lo hagan dentro de las 24 horas posteriores a su envío, se tendrán por debidamente notificados.

La Jucopo será la encargada de desarrollar el proceso de selección de las ternas para ambos cargos. La Presidencia de este órgano de gobierno será la responsable de concentrar los registros y documentación correspondiente para la integración de los expedientes, que estarán bajo resguardo de dicha Presidencia.

Cerrada la recepción de propuestas, dicha Presidencia identificará a las y los aspirantes que cumplan con los requisitos y los citará de inmediato, por un término no mayor de 10 días naturales, a comparecer ante la Jucopo a fin de que aporten mayores elementos que permitan conocer sus objetivos de trabajo en la materia.

Se advierte que, en atención a la contingencia por COVID-19, se podrá citar a comparecer a las y los aspirantes, aunque no haya concluido la recepción de propuestas. Quienes no hayan cumplido con los requisitos podrán solicitar que se les dé a conocer la razón de incumplimiento y serán atendidos por los integrantes de la Jucopo o por el servidor público que designe la Presidencia, levantándose la constancia correspondiente.

En la siguiente etapa, las y los aspirantes que cumplieron con los requisitos serán entrevistados personalmente en las fechas y horarios aprobados. La comparecencia será inamovible y quienes no se presenten a la entrevista serán descartados para la integración de la terna.

Finalizadas las entrevistas, la Jucopo emitirá en un plazo no mayor a tres días naturales el Proyecto de Punto de Acuerdo que contendrá una terna de candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General y el Proyecto de Punto de Acuerdo que contendrá una terna de candidatos a ocupar el cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, que serán sometidos dentro de un plazo de cinco días hábiles al Pleno del Congreso del Estado, para que se realice el nombramiento correspondiente.

En la última etapa, el Pleno del Congreso del Estado elegirá, de entre los integrantes de la terna, a quienes deban ocupar ambos cargos conforme a la votación prevista en la Constitución Política del Estado. En la sesión de designación deberán estar presentes los integrantes de ambas ternas, para que a las personas designadas les sea tomada la protesta de los cargos conferidos.

Para que las personas que hayan perdido su empleo y visto mermados sus ingresos económicos ante la imposibilidad de realizar sus actividades laborales, debido a la ocurrencia de una situación especial, tal como se está viviendo con la contingencia sanitaria, derivada del coronavirus, Covid-19, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó al Pleno del Congreso su iniciativa con proyecto de Ley de Ingreso Mínimo Vital para Situaciones Especiales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Esta propuesta, refirió la legisladora del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Movimiento Ciudadano y De la Revolución Democrática (MC-PRD), reconoce el derecho de las personas a recibir un Ingreso Mínimo Vital, de carácter temporal, mediante una compensación monetaria, ante la ocurrencia de situaciones especiales en las que pierdan su empleo.

Al participaren la tercera sesión ordinaria, del Segundo Año de Labores, la diputada Trujillo Ortiz subrayó que la aplicación de esta Ley correspondería al Ejecutivo estatal, a través de las Secretarías de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP) y la de Finanzas y Planeación (Sefiplan), en el ámbito de sus competencias. Para el cumplimiento y objetivos, se coordinarán con las dependencias de la Administración Pública Federal.

De esta manera, la propuesta legislativa considera al Ingreso Mínimo Vital como el sistema de protección social para las personas en desempleo, residentes en el estado de Veracruz, instituido para crear condiciones subsidiarias de protección por una Situación Especial, en tanto se logra su incorporación al mercado de trabajo y al goce del derecho constitucional de empleo digno y socialmente útil.

Asimismo, se establece en los artículos transitorios que, para la elaboración del Reglamento, así como de las Reglas de Operación del Ingreso Mínimo Vital, las STPSP y la Sefiplan deberán entablar una mesa de coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el Reglamento se deberán expresar los grupos de población y ocupaciones que, con base en el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones del Instituto, serán elegibles para recibir este beneficio.

En su intervención en la tribuna, la diputada informó el Ingreso Mínimo Vital sería entregado durante tres meses a las personas beneficiarias y podrá ser renovado por dos meses adicionales en caso de que sea necesario para casos específicos en donde sea observable que su situación económica no ha podido mejorar.

De acuerdo a su propuesta, el valor del Ingreso Mínimo Vital será equivalente al valor mensual del salario mínimo, que para este 2020 es de 123 pesos con 22 centavos al día, “es decir, tres mil 696 pesos con seis centavos mensuales y poco más de 11 mil pesos durante los tres meses”, añadió.

El contenido completo de este proyecto de ley, que consta de 17 artículos, integrados en cuatro capítulos, puede consultarse libremente en la Gaceta Legislativa número 93, publicada en la página oficial de este poder, www.legisver.gob.mx.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Trabajo y Previsión Social.

La LXV Legislatura nombró a Verónica Hernández Giadáns, Fiscal General del Estado, y a Clementina Salazar Cruz, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz. En sesión ordinaria, rindieron protesta al cargo ante el Pleno, luego de la aprobación, con 38 votos en el primer caso y 38 votos en el segundo, de los dictámenes respectivos emitidos por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Para el acto protocolario respectivo, en primer término, la diputada Erika Ayala Ríos y los legisladores José Manuel Pozos Castro y Alexis Sánchez García acompañaron hasta el Recinto Oficial de Sesiones a la ciudadana Verónica Hernández Giadáns para asumir la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Posteriormente, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz y los legisladores Augusto Nahúm Álvarez Pellico y Jorge Moreno Salinas condujeron a la ciudadana Clementina Salazar Cruz a la misma sala para, de igual manera, rendir protesta al cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz.

En ambos casos, el procedimiento tuvo cabal cumplimiento en cada una de sus etapas, desde la emisión, aprobación y publicación de las respectivas convocatorias, en las que se establecieron las etapas, los requisitos y plazos a cumplir por cada ciudadana o ciudadano aspirante a los cargos en mención.

Posterior a la etapa de recepción de los documentos y formatos requeridos, la diputada y los diputados integrantes de la Jucopo: Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la misma, Omar Guillermo Miranda Romero, Erika Ayala Ríos y Alexis Sánchez García, analizó cada caso, integró cada expediente y citó a las y los aspirantes que cumplían los requisitos para proceder a la etapa de entrevistas.

Los días 19 y 20 de mayo, en cumplimiento de la base quinta de la convocatoria, publicada el pasado 26 de marzo en la Gaceta Oficial del Estado, las y los 21 aspirantes que cumplieron los requisitos de la Convocatoria presentaron, en entrevista ante la Jucopo, sus propuestas para asumir la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el caso de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la diputada y los diputados integrantes de la Jucopo entrevistaron, este 20 de mayo, a las y los 12 aspirantes a la titularidad de dicho organismo, conforme a la base quinta de la convocatoria emitida por esta Soberanía.

El nombramiento de Fiscal General contempla un periodo de nueve años y el de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, ambos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, un periodo de cinco años, ambos a partir de la fecha del nombramiento y la toma de protesta.

La Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto dio a conocer la lista de aspirantes al cargo de Comisionado que integrará el Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) y el calendario de entrevistas a realizarse con las y los 22 ciudadanas y ciudadanos que cumplieron con todos los requisitos detallados en la Convocatoria emitida por esta Soberanía el pasado 5 de marzo.

En sesión de trabajo, el diputado Henri Christophe Gómez Sánchez y las diputadas María Graciela Hernández Iñiguez y Adriana Paola Linares Capitanachi, presidente, secretaria y vocal respectivamente de esta Comisión, acordaron aprobar el calendario de entrevistas para las y los aspirantes, la metodología y el formato de las entrevistas, la difusión de la información en la página web del Congreso y llevar a cabo una sesión al término de las entrevistas para la emisión del Informe que deberá rendirse a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Establecieron que, una vez concluida la etapa de recepción de los documentos y según lo acordado por esta instancia dictaminadora, las entrevistas se realizarán este viernes 20 de marzo de 2020, de 10:00 a 15:25 horas, en la Sala Venustiano Carranza del Palacio Legislativo; cada una tendrá una duración de 10 minutos por aspirante y serán transmitidas en vivo en la página web del Congreso: www.legisver.gob.mx.

La misma Comisión informó haber recibido un total de 22 expedientes de igual número de aspirantes que respondieron a la Convocatoria. El día 17 de este mes, sus integrantes llevaron a cabo la revisión exhaustiva de cada expediente y, a juicio de dicha instancia, las y los 22 aspirantes cumplieron a cabalidad con los requisitos establecidos en la Constitución Política local y la Base Cuarta de la Convocatoria.

Las y los aspirantes que deberán presentarse a entrevista son: Ana María Aguilar Hernández, Eunice Caldelas Alcántara, Janett Chávez Rosales, Olga Jacqueline Lozano Gallegos, Natalia Paulina Martínez Griego, Beatriz Méndez Basulto, José Guadalupe Altamirano Castro, Irma Rodríguez Ángel, Hugo Santiago Blanco León y Virgen María Guadalupe Bouret Flores.

Del mismo modo, las y los ciudadanos Rocío Luna García, Christian Trejo y Cruz, Cinthya Nimbe González Arriaga, José Manuel Rodríguez Melgarejo, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, Liliana López Coronado, Ileana Junue Magaña Cabrera, Elizabeth Ramzahuer Villa, Gloria Yanet Teresa Velázquez Vallejo, Emilio Ortiz Medina, Ana Josefina Bello Jiménez y Jorge Guillermo Pérez Alarcón.

Una vez concluida esta etapa, con apoyo en el informe de dicha Comisión y en las propuestas efectuadas por los grupos legislativos, la Jucopo formulará un proyecto de punto de acuerdo en el que se propondrá el nombramiento de la persona que como Comisionada o Comisionado integrará el Pleno del IVAI.

El Congreso del Estado de Veracruz aplica con diligencia y de manera responsable las medidas preventivas ante la emergencia por la pandemia de coronavirus (COVID-19), afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Juan Javier Gómez Cazarín.

En el acceso principal del Palacio Legislativo, personal de la Oficina de Servicio Médico, a cargo de la doctora Claudia del Rosario García Pérez, realiza a cada persona que ingresa al inmueble, la revisión de la temperatura corporal y le proporciona gel antibacterial. A las y los trabajadores del Congreso les dan indicaciones precisas para mantener la higiene en el lugar de trabajo y en las áreas comunes.

Luego de someterse a esta revisión junto a demás colaboradores, el legislador señaló como “de vital importancia mantenerse atentos a las instrucciones de las autoridades sanitarias y seguirlas con responsabilidad y de manera escrupulosa, porque lo que está de por medio es la salud y la vida propia y de quienes nos rodean”.

Subrayó que aún se analiza si es necesario tomar otras medidas, como la suspensión de sesiones, limitar el ingreso al público en general e incluso suspender todas las actividades dentro del Congreso local; “estamos analizando la situación y, con base en ello, tomaremos una decisión responsable en su momento, misma que será informada oportunamente”.

También aseguró que “como medida preventiva, los trabajadores de más de 60 años podrán ausentarse por los tiempos que la Jucopo irá determinando de acuerdo con las fases del COVID-19”.

Si bien –comentó Gómez Cazarín- al momento, no se ha reportado a ninguna persona trabajadora del Congreso con síntomas que pudieran corresponder al COVID-19, “no bajaremos la guardia, nos mantenemos atentos; porque cuando se trata de la salud no hay medida que sobre. La prevención será siempre la mejor medicina, sobre todo cuando vemos cómo en otros países el número de infectados y de fallecimientos aumenta exponencialmente”.

Al advertir que en el Congreso algunos signos de interacción como el saludo se han limitado, el Diputado consideró que la presente emergencia es una oportunidad para revisar y analizar nuestro comportamiento habitual y el trato hacia los demás, sin embargo, llamó a no recurrir a las llamadas “compras de pánico” y mantener la calma, para no contribuir a la psicosis colectiva.

Ante esto último, invitó a la población a la responsabilidad en lo cotidiano, a no salir de casa, excepto cuando sea necesario, evitar las aglomeraciones, mantenerse informados, seguir las medidas básicas de higiene y no automedicarse. “Confiamos en que esta contingencia pase pronto y en que salgamos bien, pero para eso hay que cuidarse”, concluyó.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Juan Javier Gómez Cazarín, aseguró que ante la declaratoria del Covid-19 como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Congreso del Estado de Veracruz reforzará las medidas preventivas sanitarias al interior del recinto, con la finalidad de proteger a las y los veracruzanos trabajadores y visitantes.

Señaló que entre las medidas que se implementarán será la suspensión de la toma de la huella digital a las y los trabajadores en su ingreso o salida al Palacio Legislativo.

En el mismo sentido, aseguró que se aplicará gel antibacterial a toda persona que ingrese al Congreso, además, con el apoyo del servicio médico, se realizará la toma de temperatura con el objetivo de detectar si alguien pudiera ser portador de Covid-19, para así ser remitido a las instituciones de salud competentes para su atención.

Gómez Cazarín, puntualizó que al igual que en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República, el H. Congreso de Veracruz, limitará la entrada a todo personal externo al recinto legislativo, no siendo aplicable para los reporteros de la fuente, además, se pospondrá la realización de foros, exposiciones, congresos, y demás actos que conlleven a la aglomeración de personas.

Asimismo, el legislador solicitará a los coordinadores de cada bancada sensibilizar a sus equipos de trabajo para dar seguimiento a los protocolos de prevención que se han venido promoviendo a través de los organismos internacionales y la Secretaría de Salud del Gobierno de México, evitando el contacto cercano con personas, no tocar ojos, nariz y boca, quedarse en casa si se está enfermo y limpiar y desinfectar los objetos de uso cotidiano.

Del mismo modo, hizo un llamado a todas las áreas del Congreso, para procurar la reducción de personal en mesas de trabajo, juntas, sesiones del pleno y de las comisiones legislativas, para evitar el contacto físico, privilegiando, de esta forma, el trabajo a distancia, siempre con la consigna de garantizar la labor legislativa.

El presidente de la Jucopo, señaló que hasta el momento se sabe que no se han detectado casos positivos de Covid-19 en Veracruz, y los casos sospechosos han sido descartados, sin embargo, aseguró, que resulta necesario reforzar la cultura de la prevención como el medio idóneo para evitar cualquier tipo de contagio, toda vez que las autoridades sanitarias han estimado que en 15 días, México podría entrar a la fase 2, es decir, la fase de transmisión comunitaria.

“Confiamos en la prevención como el mejor tratamiento de cualquier enfermedad; con estas medidas damos muestra que el Congreso de Veracruz se encuentra comprometido con la emergencia de salud pública que padecemos a nivel mundial y afirmamos que se trabajará de manera coordinada para cuidar la integridad de la ciudadanía”, dijo el legislador, Gómez Cazarín.

Finalmente, destacó que estas medidas se llevarán a cabo, en tiempo y forma de acuerdo a las recomendaciones que giren las autoridades estatales, nacionales e internacionales, y estarán vigentes hasta que se supere la crisis sanitaria.

En la actual administración, se han registrado dos mil 720
desapariciones de niñas y niños

• Se requiere un sistema de Alerta Amber que atienda de
manera coordinada y eficiente la búsqueda y localización: López Cisneros

• Las autoridades de seguridad y ministeriales retrasan o
impiden la activación

El diputado José Martín López Cisneros (PAN) planteó
exhortar a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, junto con las fiscalías y secretarías de Seguridad de las
entidades federativas, a trabajar en la creación y operación de un sistema de
Alerta Amber que atienda de manera coordinada y eficiente la búsqueda y
localización de niñas y niños robados, desaparecidos o extraviados.

Indicó que en lo que va de la actual administración federal
se han registrado dos mil 720 desapariciones de niñas y niños, lo que
representa siete cada día. Las autoridades federales de seguridad señalan haber
localizado a mil de estos menores; sin embargo, no aclara cuántos fueron
encontrados vivos y cuántos fallecidos.

En un punto de acuerdo que analiza la Comisión de Seguridad
Pública, precisó que en México para la Alerta Amber, aparte de no existir una
coordinación, “las autoridades de seguridad y ministeriales establecen
formalidades que retrasan o impiden su activación, llegando a tardar en
promedio cuatro días”.

López Cisneros precisó que la desaparición y muerte de la
pequeña Fátima, evidencia “el fracaso de nuestro sistema de Alerta Amber; la
burocracia, indolencia y falta de sentido común de las autoridades encargadas
condenaron a muerte a la pequeña”.

Un sistema de Alerta Amber eficiente y eficaz como el de
Estados Unidos, relató, tiene protocolos de actuación que permite a sus
autoridades no sólo enviar de manera inmediata mensajes con los datos generales
de los menores de edad, la foto a los celulares de la zona donde se registró la
desaparición, sino incluso, cerrar plazas comerciales, parques de diversiones,
cines, aeropuertos, caminos, etcétera.

Además, la investigación y búsqueda se activa con la simple
denuncia a cualquier agente de policía, mientras que en el país “resulta una
odisea lograr conseguir que se active la Alerta Amber; deben pasar días para
que esto ocurra, lo cual, no implica que las autoridades estén trabajando
activamente en la investigación y ubicación del menor, ni antes ni después de
activarla”.

Puntualizó que una de las herramientas que ha permitido
elevar la eficiencia de dicho sistema del gobierno norteamericano es el envío
de mensajes de texto a los celulares que se localizan en la zona donde se
presentó la desaparición del menor, esta medida ha contribuido a elevar
considerablemente la localización más pronto y con vida de los menores.

Ante ello, también propuso que la Fiscalía General de la
República firme un convenio con todas las empresas de telefonía celular para
que en cuanto se active la Alerta Amber se puedan mandar los datos generales de
los niños a los equipos celulares de la zona en donde ocurrió el incidente, con
el fin de poder localizarlos lo antes posible.