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Por ser limitante, plantea diputado Wenceslao González abrogar Ley 223

Por ser limitante, plantea diputado Wenceslao González abrogar Ley 223

Debido a la reciente aprobación, por parte del Congreso de la Unión, de la reforma que eleva a rango constitucional los programas sociales, entre ellos la pensión a adultos mayores, el legislador Wenceslao González Martínez, presentó al Pleno la iniciativa que abroga la Ley 223 que reconoce el Derecho de Personas Físicas Mayores de 70 años a recibir una pensión por parte del Gobierno del Estado de Veracruz.

Lo anterior, indicó el diputado del Grupo Legislativo de Morena, toda vez que resulta infundado tener en Veracruz una legislación semejante a la aprobada por el Constituyente Federal.

El diputado González Martínez puntualizó que la reforma al artículo 4 de la Constitución General, impulsada por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció el derecho a una pensión para los adultos mayores de 68 años y, tratándose de comunidades indígenas a partir de los 65 años, además de establecer un sistema de salud para el bienestar entre otros derechos para grupos vulnerables.

Añadió que la citada reforma exhibe, a su consideración, una generosa e igualitaria universalidad para las personas adultas mayores, que no opone limitantes o restricciones al ejercicio de este derecho como lo hace la norma local que se propone abrogar.

Por tal razón, la propuesta del legislador es abrogar la Ley 223 que reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los sistemas de seguridad social del Estado o de la federación, a recibir una pensión alimenticia del gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Seguridad Social.

Proponen que sea obligatoria la educación ambiental y la siembra de árboles nativos

Proponen que sea obligatoria la educación ambiental y la siembra de árboles nativos

En nombre de las y los integrantes del Grupo Legislativo de Morena, la diputada María Esther López Callejas, puso a consideración del Pleno, de la LXV Legislatura del Estado, una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones a la Ley de Educación, a la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, y a la Ley que Regula las Construcciones Públicas y Privadas, todas para el Estado de Veracruz.

Señaló en su intervención que, los vínculos entre la población, el medio ambiente y los recursos naturales están mediados por múltiples factores: el acelerado crecimiento demográfico y la distribución desequilibrada de la población en el territorio; las pautas de acceso y uso de los recursos naturales; y las tecnologías utilizadas para su explotación y consumos vigentes, ejercen una fuerte presión sobre el medio ambiente.

Las y los diputados, agregó, integrantes del Grupo Legislativo de Morena, estamos conscientes de que toda alteración al ritmo natural, afecta al conjunto social sin importar fronteras o límites territoriales de ningún tipo. De ahí que las acciones, agregó, para contrarrestar los efectos de esta manipulación, deben ser bajo una misma estrategia ordenada, racional y científicamente sustentable.

Por lo anterior, señaló la legisladora, se presenta esta Iniciativa para que, conforme a los criterios pedagógicos y didácticos contenidos en los planes y programas vigentes de estudio, se ofrezca de manera obligatoria la educación ambiental y se fomente la siembra de árboles de especies nativas de la región en áreas verdes de las localidades.

De igual forma, por cada lote de una nueva construcción, en coordinación con las autoridades competentes, atendiendo lo que establece la Ley de Protección, Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas para el Estado, se planten árboles nativos; entre otras acciones.

Esta Iniciativa fue turnada para su estudio, a las Comisiones Permanentes Unidas de Educación y Cultura, y de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal.

Propone diputada uso de correo electrónico como medio oficial en el Congreso

Propone diputada uso de correo electrónico como medio oficial en el Congreso

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, del Grupo Legislativo de Morena, presentó ante el Pleno una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior y del Reglamento de los Servicios Administrativos, ambos, del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, por la cual se regula el uso del correo electrónico oficial, como canal de comunicación institucional dentro del Congreso del Estado.

El objetivo de la presente iniciativa, precisó la diputada, es fortalecer el ya existente sistema de comunicación electrónica interna del H. Congreso del Estado, para que el correo ya existente, sea el mecanismo oficial por el que se lleve a cabo la comunicación e intercambio de información institucional, entre las y los diputados, así como entre los órganos y unidades administrativas del Poder Legislativo.

Asimismo, atribuirle a este medio los plenos efectos de validez institucional, para que sea una herramienta oficial autorizada desde los reglamentos para la gestión administrativa de los servidores públicos de esta soberanía, optimizando los recursos materiales y tiempos de gestión, a su vez, de disminuir el uso de papel impreso y todos los costos de material y tiempo que ello implica.

De aprobarse este proyecto, continuó la representante del Distrito V de Poza Rica. “Será necesaria la emisión de lineamientos por los que se establezca la normatividad administrativa que regule su correcto uso, las de orden técnico y administrativo, y las de seguridad respecto de los acuses de recibo electrónicos”.

En el mismo sentido, agregó, es necesario que este recurso sea reconocido en las normas internas del Poder Legislativo como una herramienta de uso oficial para la comunicación entre las diversas áreas del Congreso.

Destacó, que dicha implementación no representará costos adicionales, pues solo se requiere establecer los mecanismos técnicos necesarios, para la debida certeza de la efectiva constancia de la trasmisión y recepción electrónica de la información.

Finalmente, Linares Capitanachi señaló que otra ventaja de esta iniciativa, es que fortalecerán las medidas de protección y mitigación del virus Covid-19, pues coadyuvará a

disminuir los traslados dentro del recinto para entrega e intercambio de documentación impresa, evitando la concentración de personas, concluyó.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación.

Busca diputado adecuar el Código Electoral para permitir la reelección de ediles

Busca diputado adecuar el Código Electoral para permitir la reelección de ediles

Con el propósito de armonizar el Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz con la reforma al artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Veracruz (aprobada por este Congreso el pasado 22 de mayo) en materia de reelección, el diputado Alexis Sánchez García presentó una iniciativa que busca reformar la ley y así pueda darse cumplimiento efectivo en la elección de los próximos ediles, comicios que habrán de celebrarse en 2021.

De esta manera, el legislador plantea señalar en el Código Electoral que la elección de ayuntamientos se realizará cada tres años. Asimismo, que los ediles podrán ser elegidos hasta por un período adicional de manera consecutiva.

La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Podrán ser sujetos a elección consecutiva los ediles que hayan ejercido el cargo, independientemente de su carácter de propietario o suplente. No podrá ser electo para el siguiente período en calidad de suplente, quien hubiese sido electo edil propietario de manera consecutiva por el límite establecido en la Constitución Política del Estado.

Los ediles que pretendan reelegirse deberán separarse del cargo a más tardar el día anterior al inicio de la campaña respectiva. Una vez concluida la jornada electoral, o en su caso, recibida la constancia de mayoría o asignación, según se trate, podrán reincorporarse al mismo. No obstante, previo a la separación del cargo, los ediles deberán observar las reglas que emitan las autoridades electorales competentes para salvaguardar el principio de equidad en la contienda.

Por otra parte, el diputado Sánchez García refiere que la reelección de ediles se deberá sujetar a las siguientes reglas: los ediles electos para el cargo de regidor, que pretendan la reelección, podrán ser postulados tanto para presidente municipal o síndico, así como para Regidor, del partido que corresponda según lo dispuesto en el tercer párrafo de este artículo.

En el caso de ediles electos como candidatos independientes, sólo podrán postularse para la reelección con la misma calidad de candidato independiente, cumpliendo con las etapas previstas en el artículo 264 de este Código, salvo que se afilien y demuestren su militancia en un partido político antes de la mitad de su mandato, caso en el que podrán postularse para reelección por dicho partido.

El diputado del Distrito XXII de Zongolica expuso que esta iniciativa reduce de cuatro a tres años el periodo de ejercicio de los Ayuntamientos, pero de esta manera –agregó- los ediles podrán competir en la reelección consecutiva por un periodo más.

Precisó que esta reelección consecutiva conllevaría como beneficios: la profesionalización de las carreras políticas, ya que permanecer en el cargo motiva a informarse y aprender sobre diversas formas de trabajar; inyecta estabilidad política, la presencia de ediles experimentados estabiliza la relación con los demás poderes; fortalece el carácter representativo de la democracia, los ediles prestarían mayor atención a las preocupaciones de sus electores, impulsando mejores proyectos.

Además, incentiva la elaboración de proyectos de largo plazo, propicia una relación armónica entre funcionarios electos y cúpulas partidistas e incrementaría la eficacia.

“Con esta reforma, las y los ciudadanos tendrán la posibilidad de calificar a sus autoridades municipales y en su caso ratificarlos con su voto para que puedan durar en su encargo otros tres años más”, afirmó.

La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y a la de Organización Política y Procesos Electorales.

Ajustarían tiempos para entrega de propuestas en materia de catastro

Ajustarían tiempos para entrega de propuestas en materia de catastro

El diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico propuso, mediante una iniciativa, ajustar los días y el periodo de entrega de propuestas por parte de los ayuntamientos, para definir con exactitud el plazo para cumplir con el envío de las propuestas de tablas de valores catastrales, y reforzar su análisis en el Congreso del Estado.

Durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Segundo Periodo Ordinario, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 51 de la Ley de Catastro del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el primer párrafo del artículo 5 de la Ley que Regula el Procedimiento para fijar las Cuotas, Tarifas y Tablas de Valores Unitarios de las Contribuciones sobre la Propiedad Inmobiliaria.

Derivado del reciente proceso sobre la presentación de propuestas de actualización o en su caso prórroga, sobre las tablas de valores catastrales, el Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal estimó pertinente proponer ajustes al ordenamiento rector en materia de catastro, para definir con precisión el procedimiento a seguir por parte de los ayuntamientos, para que evitar que se presente alguna confusión que derive en una controversia.

El integrante del Grupo Legislativo de Morena planteó una modificación a la Ley que Regula el Procedimiento para fijar las Cuotas, Tarifas y Tablas de Valores Unitarios de las Contribuciones sobre la Propiedad Inmobiliaria, sobre todo para involucrar a un órgano legislativo más en el estudio y dictamen de las solicitudes de propuestas, es decir, se adhiere al análisis y dictaminación a la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, en razón de su competencia.

Álvarez Pellico consideró que su propuesta también reforzará el trabajo con la Dirección General de Catastro y Valuación que coadyuva con este Poder Legislativo, a través de sus respectivas comisiones permanentes afines; además, los ayuntamientos contarán con la garantía de un mínimo de veinte días hábiles para cumplir con la presentación de sus propuestas.

De acuerdo con la propuesta de reforma al artículo 51 de la Ley de Catastro del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los ayuntamientos deberán presentar a la Presidencia

del Congreso las propuestas de Tablas de Valores, entre el 2 y el último día hábil de mayo del año anterior a aquél para el cual se proponen.

La reforma al artículo 5 de la Ley que Regula el Procedimiento para fijar las Cuotas, Tarifas y Tablas de Valores Unitarios de las Contribuciones sobre la Propiedad Inmobiliaria establece que, recibidas las propuestas, la Mesa Directiva del Congreso del Estado o de la Diputación Permanente las turnará a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda Municipal, de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal y de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal para su estudio y dictamen.

Aprueba Congreso reforma en materia de derechos de la infancia y adolescencia

Aprueba Congreso reforma en materia de derechos de la infancia y adolescencia

Con 40 votos a favor, el Pleno legislativo aprobó un Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de igualdad sustantiva, trabajo y explotación infantil, así como perspectiva de la infancia y la adolescencia, presentado por las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos de la Niñez y la Familia y Para la Igualdad de Género.
El dictamen establece que, a fin de garantizar la protección de los derechos de este sector poblacional, las autoridades estatales y municipales, así como los organismos autónomos del Estado deberán establecer un enfoque integral, transversal y con las perspectivas de derechos humanos y de la infancia y adolescencia, en el diseño y la instrumentalización de políticas y programas, así como en los códigos de ética de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos del estado y municipios para su aplicación por parte de los servidores públicos.
Para los efectos de dicha ley –se lee en el capítulo 4-, se entenderá por explotación infantil, también llamado comercio o tráfico de personas, el comercio ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma de esclavitud moderna.
También se precisa que la igualdad sustantiva es la que se expresa en el goce y ejercicio pleno, irrestricto, integral, cotidiano y en todos los ámbitos de la vida, de los derechos humanos fundamentales universalmente reconocidos a la persona, sin distinción alguna, recibiendo en todo momento un trato incluyente y libre de cualquier forma de discriminación.
Se define asimismo la perspectiva de la infancia y adolescencia como la visión científica, analítica y política que comprende a las niñas, niños y adolescentes desde su particular contexto de vida y características de desarrollo, para visibilizar y eliminar las causas de la opresión, violencia, discriminación, utilización en cualquier clase de conflictos, por razón de su edad y desarrollo progresivo, generadas por estructuras culturales que reproducen conductas, costumbres, prejuicios, lenguaje, estereotipos o roles que limitan, obstaculizan, menosprecian o alteran sus capacidades para disfrutar y ejercer plenamente sus derechos. Esta perspectiva promueve la igualdad, el sano desarrollo y el bienestar de la niñez y la adolescencia y contribuye a construir una sociedad en donde las niñas, niños y adolescentes tengan el mismo valor, equidad en derechos y oportunidades.
En cuanto al principio de igualdad y no discriminación, se le explica como la posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativa y cuantitativamente de los mismos derechos, sin distinción alguna por motivo de edad, origen étnico o nacional, sexo, diferencias biológicas, idioma, creencias, religión, situación migratoria, opinión política o condición social.
El trabajo infantil es entendido como la actividad peligrosa y perjudicial para el bienestar físico, mental o emocional de niñas, niños y adolescentes, que interfiere con su escolarización, puesto que les priva de la posibilidad de asistir a clases, les obliga a abandonar la escuela de forma prematura o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que consume mucho tiempo, privándoles de aprovechar su potencial, disfrutar su niñez y sano desarrollo, afectando su dignidad.
Finalmente, el ordenamiento establece que corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guardia y custodia, así como quienes por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes la obligación primordial de proporcionarles un ambiente de desarrollo y crecimiento en armonía y bienestar, tanto en su interacción física como mental, espiritual, cultural y ética y evitar incitarlos o coaccionarlos a participar en cualquier clase de conflicto.
El dictamen aprobado sin votos en contra ni abstenciones es resultado de las iniciativas presentadas por las diputadas Ivonne Trujillo Ortiz, el 20 de junio de 2019, relativa a la igualdad sustantiva; Brianda Kristel Hernández Topete, relativa de la prohibición del trabajo infantil, el 9 de julio de 2019, y Adriana Paola Linares Capitanachi, en materia de perspectiva de la infancia, el 23 de enero de 2020.
Da entrada Congreso a iniciativa que crea la Ley de Archivos para Veracruz

Da entrada Congreso a iniciativa que crea la Ley de Archivos para Veracruz

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado dio entrada a la iniciativa de decreto que crea la Ley de Archivos para el Estado de Veracruz cuyo objeto es establecer los principios y bases generales para la organización, conservación, difusión, administración y preservación de archivos en posesión de cualquier autoridad, de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, entre otros.
Durante la cuarta sesión ordinaria, del segundo periodo ordinario, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó turnar a la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, esta propuesta legislativa que fue enviada por el gobernador del estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez.
De acuerdo al texto de la iniciativa, esta Ley tiene como objetivos el promover el uso de métodos y técnicas archivísticas encaminadas al desarrollo de sistemas de archivos que garanticen la organización, conservación, disponibilidad, integridad y localización expedita, de los documentos de archivo que poseen los sujetos obligados, contribuyendo a la eficiencia y eficacia de la administración pública, la correcta gestión gubernamental y el avance institucional.
También, el regular la organización, conservación y funcionamiento del sistema institucional de archivos de los sujetos obligados, a fin de que éstos se mantengan actualizados y permitan la publicación en medios electrónicos de la información relativa a sus indicadores de gestión y al ejercicio de los recursos públicos, así como de aquella que por su contenido sea de interés público, bajo el principio de máxima publicidad.
Promover el uso y difusión de los archivos producidos por los sujetos obligados, para favorecer la toma de decisiones, la investigación y el resguardo de la memoria institucional del Estado y de México, así como el uso y aprovechamiento de tecnologías de la información para mejorar la administración de los archivos por los sujetos obligados.
Igualmente, busca sentar las bases para el desarrollo y la implementación de un sistema integral de gestión de documentos electrónicos, encaminado al establecimiento de gobiernos digitales y abiertos en el ámbito estatal y municipal que beneficien con sus servicios a la ciudadanía; así como establecer mecanismos de colaboración entre las autoridades federales, estatales y municipales en materia de archivos.
En la iniciativa, el Ejecutivo estatal refiere que la gestión documental se visualiza como una oportunidad para el fortalecimiento de las instituciones, ya que, al contar con documentos organizados y archivos sistematizados, es posible dar soporte oportuno y certero a todo proyecto con miras a materializarse, así como respaldar la toma de decisiones en las esferas Estatales.
Señala que uno de los retos en este proceso de conversión archivística, es lograr la preservación de aquellos datos relevantes mediante la documentación de los actos del Estado, consolidando así los procesos de documentación a fin de tomarlos eficientes e innovadores, logrando que la gestión documental y la administración de archivos tomen la relevancia que merecen en la administración pública.
El contenido íntegro de esta iniciativa puede consultarse libremente en el Anexo B de la Gaceta Legislativa número 94, publicada en la página oficial www.legisver.gob.mx
Palacio Legislativo, sin reporte de daños por sismo

Palacio Legislativo, sin reporte de daños por sismo

Sin reporte de daños en el Palacio Legislativo, transcurrió el sismo de magnitud 7.5, registrado a las 10:29 horas de este martes, al sur de Crucecita, Oaxaca, y percibido en varios estados del país.
En observancia estricta de los Protocolos de Protección Civil, la Unidad interna de Protección Civil del Congreso del Estado realizó la debida supervisión a las instalaciones que no registraron daños.
El diputado Jorge Moreno Salinas se mantuvo atento a las acciones, al lado del jefe de Seguridad del Congreso, Simón Díaz Íñiguez. El personal respondió a las activaciones de las alarmas sísmicas y fue conducido a los puntos de reunión marcados por la Unidad Interna de PC.
Asimismo, se realizó la revisión a las instalaciones, aljibes o sistemas, cuarto de máquinas, así como el Recinto Oficial de Sesiones y áreas comunes, encontrándose todas en buen estado.
Buscan incrementar penas por abuso sexual en el estado

Buscan incrementar penas por abuso sexual en el estado

El Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) propuso aumentar las penas de prisión en las modalidades básica y agravada del delito de abuso sexual cometido contra personas mayores de edad, previsto en el Código Penal del estado.
En la iniciativa de decreto que reforma los artículos 186, 187 y 190 Undecies del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Segundo Periodo Ordinario, consideran “relativamente baja la punibilidad que actualmente tienen, en relación no sólo con lo regulado en otras entidades federativas y en el Código Penal federal, sino fundamentalmente por el daño provocado a las víctimas”.
La propuesta consiste en que la sanción mínima privativa de libertad aplicable para dicho delito, en su modalidad básica, pase de uno a dos años, en tanto que la máxima sea ahora de ocho años y no de seis; del mismo modo, para el caso del delito agravado, sancionable actualmente con prisión de cuatro a 10 años, la privativa de libertad sea de seis a 12 años.
Respecto del delito agravado –añaden-, para su configuración se requiere la existencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: uso de violencia física o moral, que se cometa con intervención de dos o más personas o que el responsable ejerza, de hecho o por derecho, autoridad sobre el pasivo, lo tenga bajo su guarda o custodia o aproveche la confianza en él depositada.
Con el ánimo de contribuir en el diseño de normas más justas, en las que se sancione con mayor rigor a quienes abusen sexualmente de las personas, las y los legisladores propusieron que el Artículo 186 establezca que a quien, sin el consentimiento de una persona mayor de dieciocho años y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella actos sexuales o la haga ejecutarlo, se le imponga de uno a seis años de prisión y multa de hasta cien días de salario mínimo.
La modificación a la fracción III del Artículo 187, precisa que el delito señalado se sancionará con prisión de cuatro a diez años y multa hasta de 400 días de salario, cuando el responsable ejerza, de hecho o por derecho, autoridad sobre el pasivo o aproveche la confianza en él depositada.
De acuerdo con lo que se propone reformar en el Artículo 190 Undecies, correspondiente al Capítulo III Bis, titulado Abuso Sexual de Menores de Edad y de Personas Incapaces, la sanción de seis a doce años de prisión y multa hasta de dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs) se impondrá a quien “sin llegar a la cópula o a la introducción vaginal, anal u oral, abuse sexualmente de un niño, niña o adolescente o de una persona incapaz de comprender el significado del hecho o de resistirse por cualquier causa al mismo, o lo obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, de manera pública o privada”.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
Antecedentes de Salud, serían considerados factor de discriminación

Antecedentes de Salud, serían considerados factor de discriminación

Para establecer expresamente en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Veracruz el concepto de Antecedentes de Salud como un factor de discriminación, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó una iniciativa que busca reformar los artículos 3 y 6 de la citada ley, con el objeto de evitar daños a quienes padecen o hayan padecido alguna enfermedad, más aun cuando se vive una pandemia, generada por el coronavirus, Covid-19.

Al presentar su propuesta, durante la cuarta sesión ordinaria, la legisladora indicó que se prevé señalar que se entenderá por discriminación a toda forma de preferencia, distinción, exclusión, restricción o rechazo, basada en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el sexo, la preferencia sexual, la edad, la discapacidad, la condición social, económica, de antecedentes, necesidades y problemas de salud o jurídica, entre otras.

Asimismo, se incorporaría como conducta discriminatoria el negar la prestación de servicios financieros a personas con discapacidad y personas adultas mayores o por motivos de sus antecedentes de salud; difundir, sin consentimiento de la persona agraviada, información sobre sus antecedentes y su condición de salud, así como el estigmatizar y negar sus derechos a personas que viven con VIH/SIDA, o con antecedentes epidemiológicos.

En su intervención, la diputada del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, así como del Diputado Sin Partido (MC-PRD-DSP), subrayó que la pandemia, generada por el coronavirus, Covid-19, no tiene precedentes en el mundo, y que así como ha mostrado una rapidez considerable para propagar los contagios, de igual forma se ha podido atender y dar de alta a un número considerable de personas diagnosticadas con el virus y que, al ser atendidas oportunamente, han sido dadas de alta.

Sostuvo que estas personas tendrán el antecedente médico de haber sido portadoras del virus, lo que no debiera ser motivo de discriminación, en virtud de que, salvo que tengan otro padecimiento previo, son consideradas como personas sanas.

Destacó que no solamente debe evitarse la discriminación por motivos de problemas de salud ya superados. Los antecedentes de cualquier enfermedad o contagio adquirido que haya sido atendido y curado por ningún motivo deben motivar actos de discriminación.

“Habrá gente en todo el país que lograrán superar el contagio, pero lamentablemente podemos prever que persistirá entre un amplio sector de la población la desconfianza y la percepción que por haber sido portador de virus, una persona sigue siendo un potencial foco de contagio, aun cuando haya sido dado de alta médica”, abundó.

La iniciativa que reforma los artículos 3, y 6, fracciones XXX, XXXI y XXXII; ambos de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado, fue turnada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.