Los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del
Congreso del Estado, hicieron del conocimiento del Pleno el Proyecto de Punto de
Acuerdo, por el que se concede prórroga al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), para
la entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la revisión de las
Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2019, y en consecuencia una
prórroga para, en su caso, su aprobación por parte del H. Congreso del Estado.

De manera excepcional y definitiva, y debido a las causas extraordinarias derivadas de la
contingencia sanitaria por COVID-19, se autorizó dar un plazo el cual vence el 31 de
enero de 2021, para que dicho Órgano realice la entrega de los Informes Individuales y el
Informe General Ejecutivo de la revisión de las cuentas públicas en comento.
En el mismo sentido, se autorizó una prórroga para la aprobación por parte del H.
Congreso del Estado de las citadas Cuentas Públicas, dando como fecha máxima el día 2
de marzo del año 2021.

Dicha prórroga, señala el Punto de Acuerdo, es en atención al escrito signado por la
auditora general de dicho Órgano, Delia González Cobos, y que hace del conocimiento
que varios entes políticos se vieron en la necesidad de suspender labores, atendiendo a
las recomendaciones estatales y federales derivadas de la contingencia sanitaria por
COVID-19, lo que ha generado que algunos entes fiscalizables suspendieran actividades,
creando un desfase en la entrega de información financiera y técnica a la obra pública.

En todo lo concerniente al proceso de fiscalización superior, el Orfis deberá sujetarse a
los principios y bases establecidos en los capítulos II, III y IV de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz.

Con la aprobación de más de las dos terceras partes de sus integrantes, el Congreso del
Estado nombró y tomó la protesta de ley a cinco magistradas y un magistrado del Tribunal
Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, a propuesta del gobernador Cuitláhuac
García Jiménez.

Se trata de Alma Rosa Flores Ceballos, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Itzel Castro
Castillo, María Lilia Viveros Ramírez y Aileth García Cayetano y Antonio Sobrevilla
Castillo, quienes contaron con 39 votos a favor para su designación.

Durante la Séptima Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, se designó a los diputados Juan Javier Gómez
Cazarín, presidente, Omar Guillermo Miranda Romero, Erika Ayala Ríos y Alexis Sánchez
García, integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para recibirles y
conducirles hasta el Recinto Oficial de Sesiones, donde rindieron la protesta de ley ante el
Pleno.

El Pleno legislativo aprobó por unanimidad cuatro dictámenes en materia de igualdad de
género y protección a las mujeres, emitidos por la Comisión Permanente para la Igualdad
de Género, por los que se refuerza las acciones del Estado a favor de quienes se
encuentran en situación de vulnerabilidad y en riesgo de sufrir violencia.

El primer Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, es resultado de una Iniciativa de la diputada Nora
Jessica Lagunes Jáuregui, presentada el 13 de febrero de 2020.
En éste ofrecen una definición de los términos Empoderamiento de las mujeres y
Perspectiva de género y determina las acciones y políticas públicas que corresponderán a
cada uno de los poderes del Estado, en el ámbito de su competencia, para garantizar la
igualdad entre hombres y mujeres.

El dictamen fue aprobado con 49 votos.
Por otra parte, con 50 votos fue aprobado el dictamen con proyecto de Decreto por el que
se reforman las fracciones I y XII del artículo 4 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, derivado de la
Iniciativa presentada por la diputada Erika Ayala Ríos y sus homólogos Jorge Moreno
Salinas y Antonio García Reyes, el 13 de febrero de 2020.

La reforma a la fracción I redefine el Acoso sexual como “forma de violencia consistente
en cualquier tipo de molestia de connotación sexual hacia la mujer, valiéndose de una
posición jerárquica derivada de relaciones laborales, escolares, domésticas o de cualquier
otra índole que implique subordinación, sea ésta emocional, de género o psicológica”.

A su vez, la reforma a la fracción XII precisa que debe entenderse por Hostigamiento
sexual el “ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente a
la persona agresora en los ámbitos laboral o escolar, entre otros, que se expresa en
conductas verbales, física o ambas, relacionadas con la sexualidad, de connotación
lasciva”.

En tercer lugar, el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 9
de la segunda ley referida, derivado de la Iniciativa puesta a consideración del Pleno por
la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, 12 de mayo de 2020, fue aprobado con 49 votos.
De acuerdo con esto, los modelos de prevención, atención, sanción y erradicación que
establezcan los gobiernos estatal y municipal, para proteger a las víctimas de violencia en
el ámbito familiar, deberán favorecer la separación y alejamiento de la persona agresora
respecto de la víctima, especialmente durante resguardo domiciliario dictado por autoridad
competente, en caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades
transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe.

Finalmente, con 49 votos quedó aprobado el dictamen con proyecto de Decreto por el que
se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, emitido por las
Comisiones Permanentes Unidas Para la Igualdad de Género y de Justicia y Puntos
Constitucionales.

Este dictamen, resultado de la Iniciativa presentada por la diputada Montserrat Ortega
Ruiz el 23 de enero de 2020, establece una definición de Violencia digital y dispone que
“el gobierno municipal, así como las autoridades jurisdiccionales, en el ámbito de su
competencia, garantizarán a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia digital y
tomarán en consideración los daños que ésta pueda generar en las víctimas”.

El Congreso del Estado aprobó, con 34 votos a favor, la abrogación de la Ley 223 que
reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de 70 años de edad, que no tengan
ingreso alguno y sin la protección de los sistemas de seguridad social del Estado o de la
Federación, a recibir una pensión alimenticia del Gobierno del Estado.

Este dictamen, cuya votación contó también con 14 votos en contra y 0 abstenciones,
puesto a consideración del Pleno por las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda
del Estado y de Seguridad Social, explica el sentido de la Iniciativa presentada por el
diputado Wenceslao González Martínez, el 22 de junio de 2020, que le dio origen.

Expone que dicha abrogación es resultado de la reciente adición a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos del derecho universal de las personas mayores de 68
años y, en el caso de las personas indígenas y afrodescendientes a recibir una pensión
del Estado mexicano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de
2020.

Este derecho incluye a las personas físicas mayores de 70 años de edad y
residentes del estado de Veracruz.
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 1 de la Ley 223, publicada en la Gaceta Oficial del
Estado el 14 de febrero de 2005, la protección para recibir una pensión de las personas
mayores de 70 años se motiva a partir de la falta de ingresos y sin la protección de los
sistemas de seguridad o ante el incumplimiento de los requisitos de elegibilidad
establecidos en el programa equivalente que para tal efecto creó el gobierno federal a
favor de las personas de 68 años en adelante actualmente denominado Pensión para el
Bienestar de los Adultos Mayores.

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó al Pleno del Congreso de Veracruz una
iniciativa con proyecto de decreto por el cual busca establecer normativas en el orden
municipal orientadas a la atención inmediata a víctimas de violencia de género, para lo
cual prevé la creación de un Código Naranja y la conformación de la Unidad de Policía
Especializada en la Atención de Víctimas de Violencia contra las Mujeres.

El documento plantea que las autoridades municipales instauren Unidades de Policía
Especializada en la Atención a Víctimas de Violencia contra la Mujeres, con elementos
que posean perfiles específicos y especializados.
Dicha Unidad contará con un equipo multidisciplinario y profesional en las áreas de
trabajo social, psicología, derecho y demás afines, las cuales brindarán asesoría gratuita
a las víctimas y a su vez contarán con el personal operativo para la conformación de la
base de datos de órdenes de protección emitidas y que correspondan al municipio.

Podrá solicitar a las Instituciones de Procuración de Justicia del Estado la información que
exista en sus registros de datos correspondiente al Municipio de su competencia y en
relación a las órdenes de protección generadas cada veinticuatro horas, misma que
deberá entregarse sin dilación alguna por éste.

Asimismo, tendrá a su cargo la conformación de una base de datos con la información de
los registros señalados anteriormente. Esta base de datos contará con al menos: número
de folio, fechas de recepción y de orden de protección; origen, carpeta de investigación,
nombre, calle, colonia, tipo de orden, teléfono de la víctima, nombre del generador de
violencia, parentesco, observaciones y visita domiciliaria.

La propuesta legislativa establece que los gobiernos estatal y municipal tendrán la
responsabilidad de salvaguardar la vida y la integridad emocional de las mujeres. Ante
cualquier reporte de desaparición deberán actuar sin dilación alguna de manera
inmediata, coordinada y eficaz para activar los Protocolos de Actuación indispensables, a
efecto de localizar y poner en resguardo a quienes hayan sido víctimas de desaparición y,
en su caso, iniciar las diligencias indispensables para su investigación.

La integrante del Grupo Legislativo Mixto de los partidos Movimiento Ciudadano-PRD, Diputado Sin Partido recordó que uno de los compromisos asumidos por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), 1999, es la implementación de la campaña Únete para
poner fin a la violencia contra las mujeres, y en ella se ha proclamado el día 25 de cada
mes como Día Naranja.

“Un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia
contra mujeres y niñas”, abundó.
Con esta propuesta, el Código Naranja queda definido como “la clave operativa asignada
a todas las mujeres integradas en la base de datos de órdenes de protección del
municipio, a través de la Unidad de Policía Especializada en la Atención a Víctimas de
Violencia contra las Mujeres”.

El cual será parte de las atribuciones de las autoridades
municipales.
La iniciativa, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue
turnado para su estudio a las Comisiones Permanentes Unidas para la Igualdad de
Género y Seguridad Pública.

Con 33 votos a favor, el pleno del Congreso del Estado, aprobó el dictamen presentado
por la Comisión Permanente de Educación y Cultura por el que se reforman y derogan
diversas disposiciones de la Ley orgánica del Colegio de Veracruz (COLVER).

La iniciativa enviada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, determina que el
organismo descentralizado, estará sectorizado a la Secretaría de Educación de Veracruz,
teniendo como atribuciones celebrar acuerdos y convenios con otras instituciones de
educación, asociaciones civiles, gobiernos y todo tipo de personas físicas o morales,
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, acciones de coordinación, colaboración de
carácter docente, o de investigación, innovación y difusión del conocimiento; los cuales
podrán ser incorporados a los planes y programas de estudio del COLVER.

Respecto a la Junta de Gobierno se prevé que el Presidente de ésta sea el Gobernador;
el Vicepresidente, quien fungirá como Presidente en las ausencias de éste, sea el
Secretario de Educación del Estado y que el Secretario Técnico sea el Rector del
COLVER, que tendrá derecho a voz, pero no a voto.

Además, se plantea que la Junta de Gobierno sesione de manera ordinaria cuando
menos cuatro veces al año, y de manera extraordinaria las veces que sea necesario, a
convocatoria de su Vicepresidente.

En el mismo sentido se propone, como atribuciones de la Junta, nombrar al rector del
COLVER, a propuesta del presidente de la Junta. Así como removerlo libremente,
además de que contará con un Órgano Interno de Control dependiente de la Contraloría
General del Estado, cuyo titular, así como la designación del personal y sus funciones y
atribuciones, deberán realizarse de acuerdo a la normatividad aplicable.

El Grupo Legislativo Mixto del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde
Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó una iniciativa de decreto que reforma diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave en materia de ratificación en el cargo de magistradas y magistrados del Poder
Judicial del Estado.

La propuesta suscrita por las diputadas Érika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes
Yunes y por los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, integrantes del
referido grupo legislativo, presentada durante la Séptima Sesión Ordinaria del Segundo
Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, consiste en
reformar los artículos 209, 210, 211 y 212 de la mencionada ley.

Mediante esta Iniciativa, plantean que, en el artículo 209 se incluya la previsión de que la
magistrada o el magistrado que esté por concluir su encargo de diez años comunique al
Consejo de la Judicatura, con cuatro meses de antelación a la fecha de que fenezca su
nombramiento, su interés en ser ratificado en el cargo, lo que obliga a la emisión de los
dictámenes en todos los casos.
Ante la omisión de dicho comunicado o si éste se realiza fuera del plazo establecido,
añaden en su propuesta, se entenderá que quien se encuentre en ese supuesto renuncia
a ejercer su derecho de participar en el procedimiento de ratificación y que, finalmente,
también se prevean los casos de renuncias expresas.

Por otra parte, en el caso del artículo 210, se propone que la autoevaluación que el
interesado puede proporcionar expresando las razones por las cuales considera ser
merecedor a la ratificación, no sea entregada “por lo menos un mes antes de la fecha en
que se deba remitir el dictamen correspondiente al Congreso del Estado”, como
actualmente se prevé, sino en forma anexa al comunicado que haga la magistrada o el
magistrado de pretender participar en el procedimiento de ratificación.

En lo que respecta al artículo 211, proponen su reforma integral, en la que se establezca
únicamente lo relativo a la obligación del Consejo de la Judicatura de remitir su dictamen
técnico en el que se establezca que la remisión o envío se pueda hacer también a la
Diputación Permanente, en los recesos del Congreso, y que se realice a más tardar dos
meses antes de la fecha en que concluya el cargo de la persona evaluada y no “en plazo
no mayor a cuatro meses a partir de que se inició el procedimiento de ratificación”, como
actualmente se dispone.

Finalmente, la reforma propuesta para el artículo 212 consiste en señalar el trámite que
debe darse en el caso de que el dictamen técnico emitido sea en sentido no favorable,
precisándose la obligación del Consejo de la Judicatura de notificar de lo anterior a la
magistrada o el magistrado correspondiente, a efecto de que se encuentre en aptitud legal
de interponer el recurso de reclamación que en este dispositivo se prevé.
Esta Iniciativa fue turnada, para su análisis y, en su caso, dictaminación, a la Comisión
Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jauregui presentó al Pleno de la LXV Legislatura una
iniciativa con proyecto de decreto la cual tiene como finalidad incorporar atribuciones a las
autoridades del sector salud para fortalecer la atención brindada a personas con
discapacidad para que disfruten de este derecho humano en todo tiempo y de manera
especial, en tiempos de epidemias, pandemias o de situaciones de riesgo de contagio.
En su propuesta, la representante del Distrito de Huatusco también plantea modificar el
nombre de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad por el de Ley
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz.

“Es
importante que nuestra ley cambie de nombre para que esté acorde al nuevo paradigma
de derechos humanos y sean las instituciones y autoridades quienes adapten los
ambientes para que las personas con discapacidad sean incluidas con todas las demás
personas”.
Asimismo, indica el texto “no podemos seguir con el paradigma de integración que
mandata a la persona a integrarse, a adaptarse, sino generar todas las medidas de
accesibilidad para que convivan y se desarrollen con las demás personas sin
segregaciones o discriminación alguna”.

La diputada Lagunes Jauregui expone en su propuesta que para fortalecer al sector salud
en sus atribuciones, se plantea reformar el artículo 11, para establecer que dichas
autoridades deberán elaborar y difundir información al personal de salud a fin de que
conozcan las posibles consecuencias sociales y para la salud que una epidemia,
pandemia o crisis sanitaria puede acarrear para las personas con discapacidad.
También, prevé incorporar medidas que adoptaría la Secretaría de Salud (SS) estatal en
materia de accesibilidad a servicios médicos, información comprensible y adaptable sobre
los servicios de salud, atención a distancia y teleconsultas en todo tiempo y sobre las
medidas de contención y atención en tiempos de epidemia o pandemia, de conformidad
con las recomendaciones de Organismos Internacionales especializados en la materia.

En cuanto a la atención a las personas con discapacidad, en tiempos de epidemia o
pandemia, se propone la adición de un artículo 14 Bis que señala las medidas especiales
que deberán tomar las autoridades de salud, como las de: mantenerlas debidamente
informadas de las acciones que realizan para la prevención y autocuidado.
Así como la obligación de establecer protocolos de atención que anticipen situaciones de
escases de recursos médicos para garantizarles que cuenten con atención en salud
oportuna y sin discriminación y se señala la obligación de que las autoridades de salud se
coordinen con las instituciones conducentes para la atención de las personas con
discapacidad que se encuentren privadas de su libertad y las que estén en albergues de
migrantes , para tomar todas las medidas de control de infecciones en los casos de
epidemias.

La diputada del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), indicó que es
necesario que el sector salud prevea acciones especiales en la atención de la salud, en
casos de pandemias, y que las personas con discapacidad gocen de las mismas
oportunidades para acceder a su derecho a la salud en las mismas condiciones que las
demás personas y sin ningún tipo de discriminación.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente Unidas de
Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y de Salud y Asistencia.

La diputada Florencia Martínez Rivera, presentó ante el pleno una propuesta que adiciona
un Capítulo II Bis al Título VIII del Código Penal del Estado de Veracruz, para sancionar
penalmente a las madres o padres que impidan, obstaculicen o nieguen las convivencias
con sus menores hijas o hijos, previamente decretadas por resolución judicial.

El documento señala que actualmente en México 38 mil menores sufren los efectos de la
Interferencia Parental, considerada un tipo de violencia familiar psicoemocional, en la que
el progenitor que posee la guardia y custodia, impide que el niño o los niños puedan
convivir con el otro progenitor.

En este sentido, ante el desacuerdo entre progenitores que hace imposible la convivencia
de los infantes con alguno de ellos, dijo la diputada, el Estado debe encontrar
mecanismos que garanticen el derecho de los menores, manteniendo las relaciones
personales con cada uno de sus padres, cuando esté establecido judicialmente,
asegurando la continuación de la convivencia familiar y sano desarrollo de su
personalidad.

“Al ser un derecho de las niñas y niños, cuyas familias están separadas, a convivir de
modo regular con sus familiares, un progenitor no puede ni debe obstaculizar la
convivencia de un menor con su otro progenitor porque además de causarle un daño a la
ex pareja, causa un daño emocional irreparable al hijo”, enfatiza la propuesta.

Asimismo, destaca que este tipo conductas es motivada principalmente por cuestiones
personales entre la ex pareja, sin embargo estas acciones son contraproducentes
para el desarrollo del bienestar del menor, toda vez que no se privilegia el interés
superior de los mismos.

En la medida que logre prevenir estas conductas traumáticas y dañinas para los menores,
y se preserve el interés superior del menor a toda costa, se podrá garantizar el pleno
desarrollo de las niñas y niños veracruzanos, concluye el texto.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia
y Puntos Constitucionales.

Durante los trabajos de la séptima Sesión Ordinaria del Segundo Periodo de Sesiones de
la LXV Legislatura, fue presentado ante el pleno una Iniciativa ciudadana con Proyecto de
Decreto que crea la Ley de la Renta Básica Universal Veracruzana, cuyo objetivo es
contener la situación económica de la ciudadanía, en el contexto de la pandemia por
COVID-19, así como prepararse para futuras situaciones similares a las que hoy se
enfrentan las y los veracruzanos.

En el texto signado por el ciudadano Mauricio Iván Aguirre Marin, representante de la
propuesta, se destaca que la Renta Básica Universal es de interés social y de orden
público, sin distingo alguno hacia la ciudadanía en momentos difíciles de contingencia
sanitaria o catástrofes naturales.
En las consideraciones, el documento explica que este concepto ha sido un instrumento
eficaz para sacar a diversas naciones de crisis, toda vez que está orientada a fortalecer el
mercado interno con la finalidad de aumentar el bienestar social.

“Es necesario concretar el acceso al nuevo derecho básico, subjetivo y de ciudadanía,
que garantice a su vez una cuantía económica mínima con que las personas con carencia
de ingresos suficientes puedan cubrir sus necesidades alimentarias en sus hogares”,
señala la iniciativa.
En la propuesta, se sostienen las vertientes primordiales de universalidad de la Renta
Básica, su aplicación en tiempo limitado (cuando existan emergencias sanitarias o
desastres naturales), garantía a una alimentación digna como un derecho para las y los
veracruzanos, así como el monto equivalente del uno por ciento del presupuesto anual
general destinado a este fondo especial dispuesto para activarse en los casos
mencionados y que ponga en confinamiento a las y los ciudadanos.

Finalmente, se destaca que la Renta Básica Universal deberá pagarse a título individual
no importado nivel socioeconómico de los solicitantes, consistente en dos Unidades de
Medida y Actualización (UMAS), exceptuando cuando ya sean subsidiados por algún otro
programa social activo en momentos de la contingencia.

Asimismo, sería cada municipio de la entidad el encargado de implementar una ventanilla
especial para la solicitud de la Renta Básica Universal Veracruzana, para que los
ciudadanos, a través de una tarjeta activada para estos momentos de crisis, puedan
adquirir exclusivamente alimentos de la canasta básica en los negocios previamente
autorizados.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y
Trabajo y Previsión Social para su estudio y dictamen.