El diputado Omar Guillermo Miranda Romero exhortó al Ejecutivo estatal a implementar en la entidad el programa Acompañarte, que promueve la Secretaría de Cultura del gobierno federal o, en su caso, un programa estatal, a fin de apoyar al sector de entretenimiento, oficios y servicios relacionados, perjudicado por la actual contingencia sanitaria.

Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional presentó a la Diputación Permanente un Anteproyecto con Punto de Acuerdo mediante el cual ofrece una alternativa para atender dichas fuentes de empleo.

Consideró que, a diferencia del sector turístico, el cual redujo su actividad 70 por ciento, quienes se dedican a la literatura, teatro, artes escénicas, danza, música y arte sonoro, artes visuales y medios audiovisuales, ingenieros y staff, animadores, DJs y demás oficios y servicios relacionados con éstos enfrentan una disminución de hasta 95 por ciento.

Omar Miranda añadió que este mecanismo ya ha sido implementado en el estado de Michoacán con una bolsa inicial de 10 millones de pesos, por la que se otorga un apoyo de más de seis mil pesos por beneficiado, pero, acotó, debe considerarse que Veracruz duplica la población que existe en Michoacán conforme al último censo.

Finalizó su exposición valorando la intervención estatal para abatir los índices de desocupación y la necesidad de implantar programas de apoyo al empleo, la reactivación económica, la recomposición de la base laboral y la recuperación de la actividad productiva de quienes han perdido su fuente de ingresos a causa de la pandemia.

El Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó a la Diputación Permanente una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero del Artículo 184 del Código Penal para el Estado de Veracruz, cuyo propósito es establecer que se configura el delito de violación cuando entre el activo y el pasivo existiese o haya existido, además de un vínculo matrimonial o de concubinato, una relación de pareja o de hecho.

La propuesta de las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como por los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, integrantes del PRI-PVEM, destaca que así como ya se regula esa tutela en los casos de matrimonio y concubinato ahora se pretende ampliar a quienes no están unidos en ese tipo de relaciones.

Considera como pertinente y necesaria esta modificación para enfatizar, como ya sucede en los casos previstos de violación entre cónyuges o concubinos que, aun cuando existan o hayan existido relaciones afectivas y estables, no debe permitirse la vulneración del derecho a la libertad sexual de ninguna persona ni mucho menos la normalización social de esas conductas, al amparo de que entre el sujeto activo y la víctima haya una relación de pareja.

Asimismo, expone que en la mayoría de las entidades federativas de la República sus leyes punitivas, como ocurre con el Código Penal federal, establecen que el delito de violación puede ser cometido también entre cónyuges o concubinos, sobre la base de que el vínculo entre quienes se encuentren unidos mediante matrimonio o concubinato no justifica atentar contra la libertad sexual y la dignidad personal, como resultaría de practicar a alguien, sin su consentimiento y mediante violencia física o moral, la cópula o alguna conducta equiparable.

El Poder Judicial de la Federación –se lee en la Iniciativa- ha emitido ya diversos criterios jurisprudenciales en el sentido de que, aun cuando se trate de personas unidas en matrimonio o en cualquier otro tipo de relación familiar similar, es válido interpretar que se trata de una violación, si la conducta se comete en contra de la voluntad de la víctima.

Las y los proponentes señalan que en la mayoría de los códigos locales de las entidades del país y en el Código Penal federal esa modalidad del delito de violación sólo es perseguible por querella. En tanto que en Veracruz, como sucede también en Coahuila,

Hidalgo, Sinaloa y Sonora, no se encuentra acotada la procedencia del inicio de la investigación a esa forma de hacer del conocimiento de la autoridad ministerial la comisión del ilícito.

Consideran que es necesaria una disposición como la descrita, a fin de que cualquier persona sabedora del delito lo pudiera denunciar a la autoridad o que ésta pudiera iniciar de oficio las investigaciones al conocer del hecho. Sobre todo porque, en muchos casos, las víctimas no presentan las querellas por diversos factores como haber sufrido amenazas del agente activo, miedo a represalias, ignorancia de su procedencia jurídica, por necesidades económicas o cualquier otra circunstancia que impide, ante la falta de ese requisito de procedibilidad, accionar la potestad punitiva, indica.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

El diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos,presentó una iniciativa de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, para que el informe de las acciones municipales emprendidas durante el año de ejercicio constitucional, sean específicas y en concordancia con lo establecido con el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) así como en lo concerniente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Asimismo, la iniciativa busca promover un lenguaje incluyente y con perspectiva de género, reconociendo el lugar de las mujeres que tienen la titularidad de un Gobierno Municipal, determinando las adecuaciones precisas en la redacción del artículo en comento, además de sustituir el término “los ciudadanos” por “la ciudadanía”, tal como lo mandata la Carta Magna en el artículo 35.

El legislador señaló que esta propuesta deriva de que se ha detectado que en ocasiones la rendición de cuentas que emiten las autoridades municipales para la población y el Ayuntamiento, no siempre enlazan lo enunciado en el PMD con lo presentado en su informe, generando frecuentemente impresión social “de que son simples lecturas de buenas intenciones y de hechos inalcanzables”, puntualizó.

En el mismo sentido, la propuesta coincide en que dicho acto siga efectuándose en sesión pública y solemne de Cabildo, pero para fortalecer esos principios, se plantea que el contenido íntegro del informe deberá publicarse, a más tardar el día siguiente de su presentación, en los medios de difusión con los que cuente el Ayuntamiento.

“En Veracruz, se viven tiempos de transformación, mismos que exigen servidoras y servidores públicos que se dirijan en la legalidad y que estén comprometidos cabalmente con sus respectivas responsabilidades, por lo que ya no hay cabida para administraciones en las que sus titulares simulaban e improvisaban, y sus actuaciones de ninguna manera mantenían concordancia entre el decir y el hacer”, concluyó.

A la iniciativa se adhirió el grupo legislativo de Morena y fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación para su estudio y dictamen y para su para opinión a la Comisión Especial para el Seguimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El diputado Juan Javier Gómez Cazarín acompañó
al presidente municipal de Orizaba, Igor Rojí, en la entrega de
útiles escolares para las niñas y niños del municipio montañoso.

Durante dicho evento, el presidente de la Junta de
Coordinación Política en la LXV Legislatura de Veracruz reconoció el esfuerzo
del gobierno municipal por fomentar el desarrollo educativo de los
estudiantes orizabeños.

“Quiero felicitar al presidente municipal, Igor Rojí,
igual a las y los profesores que se encuentran presentes, por su compromiso y
vocación, por continuar educando a nuestros niños y niñas pese a las
dificultades que representa la pandemia de COVID-19”, fueron las palabras que
expresó el legislador, ante las autoridades del Ayuntamiento, así como las y
los docentes que fungieron como testigos de dicho acto.

En lo particular, Gómez Cazarín agradeció la invitación al
evento, ya que es importante que los representantes populares participen
y verifiquen las acciones positivas de cada Ayuntamiento del estado de
Veracruz.

“Con mucho gusto acepté la invitación del alcalde, porque
creo que es una obligación que tenemos como Diputados Locales, el comprobar que
las obras y los apoyos lleguen a quienes más lo necesitan, como en este
caso, que se beneficiará a niñas y niños del municipio de Orizaba”, concluyó su
participación.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Rubén Ríos Uribe, encabezó la Guardia de Honor que legisladoras, legisladores y autoridades del Poder Legislativo montaron ante el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, con motivo del CCX aniversario del inicio de la guerra por la independencia nacional.

Después de colocar una ofrenda floral en memoria de Miguel Hidalgo, José María Morelos, Ignacio Allende, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y de incontables hombres y mujeres “que lucharon a su lado y que vinieron después, pero no fueron menos heroicos”, exaltó la grandeza del pueblo mexicano a lo largo de sus dos primeros siglos de existencia.

Al referir esta breve ceremonia celebrada en el Parque Miguel Hidalgo, a la que asistieron la diputada federal Dorheny García Cayetano; el secretario general del Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá; el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez Cazarín; las legisladoras y legisladores locales Rosalinda Galindo Silva y Erika Ayala Ríos, Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, dijo que “con este acto simbólico, expresamos nuestro respeto y rendimos honores a quienes nos dieron esta gran patria”.

Como cada año, dijo el legislador, “evocamos los obstáculos y desafíos y las amenazas que durante dos siglos nuestro pueblo ha enfrentado con heroísmo, dignidad, valor, solidaridad, patriotismo y entrega. Nuestra generación es legataria de mujeres y hombres inconformes con la injusticia, inquebrantables ante la calamidad, insumisos ante la tiranía y arrojados contra la amenaza”.

En referencia a la actual pandemia que ha significado una prueba histórica para México y el mundo, enfatizó que “a pesar de todo y contra todo, siempre ha prevalecido la poderosa capacidad del pueblo mexicano para imponerse sobre lo adverso. Nada ni nadie ha doblegado este pueblo de mujeres y hombres cuyo pasado hoy nos sirve de inspiración y de brújula”.

Ríos Uribe advirtió que “la historia dirá que el pueblo de México estuvo a la altura del desafío, a la altura de quienes protagonizaron los dos siglos anteriores de los hechos fundamentales de nuestra Nación”, de aquellos que “entendieron que la libertad era solo el primer paso y que la construcción de una patria justa es una tarea inacabada hasta nuestros días”.

Finalmente, recordó que, a lo largo de dos centurias, el pueblo de México ha pasado por invasiones extranjeras, traiciones internas, magnicidios, guerras fratricidas y desastres naturales, entre otras pruebas, sin embargo, “tenemos el deber de seguir adelante, transformando a México y a Veracruz. Las mexicanas y los mexicanos saldremos victoriosos de este trance. ¡Viva México!”.

Al término del acto solemne, las y los legisladores firmaron el Libro de Honor.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Veracruz, diputado Rubén Ríos Uribe, izó la Bandera Nacional de este Poder Legislativo a media asta, en cumplimiento al Decreto emitido por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como signo de solidaridad con el pueblo mexicano ante los lamentables decesos causados por la pandemia generada por el coronavirus Covid-19.

En punto de las 08:00 horas, el legislador participó en este acto, acompañado por el personal de seguridad y administrativo de esta Soberanía, cumpliendo así lo establecido en el citado Decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de agosto.

Posteriormente, el diputado invitó a los asistentes a colaborar responsablemente en las acciones emprendidas por los gobiernos estatal y municipales para la contención de la pandemia. Asimismo, convocó a la unidad y al diálogo para establecer mejores mecanismos que permitan disminuir el número de personas contagiadas.

En sesión extraordinaria, el Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda del Estado que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con lo que se establece un marco jurídico acorde con la nueva realidad socioeconómica, transparente y garante de los principios constitucionales y legales a las que deben sujetarse las contribuciones.

El dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 28 de julio por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, refiere que con esta reforma se incorpora el principio de legalidad al que debe circunscribirse toda actuación del sector público y, al mismo tiempo, propicia un escenario para que la administración pública esté en condiciones de favorecer el crecimiento económico de la entidad y el bienestar común.

Respecto a la ampliación de los catálogos para el pago de derechos de diversos servicios que prestan las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, el documento pone de relieve la coincidencia de la Comisión con los nuevos derechos, donde destacan los que regulan las diversas disposiciones locales que, en materia ambiental, buscan prevenir y mitigar el grave deterioro ecológico.

Así también en la incorporación de las actividades de pesca comercial y de fomento en aguas de jurisdicción estatal. Cuestión que -indica- otorga certidumbre jurídica a los contribuyentes al incorporarlos al marco legal aplicable para cada materia.

Expone que, con la adición de la fracción III del apartado A al Artículo 16, dentro de los servicios prestados por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), los contadores públicos autorizados que emiten dictámenes de cumplimiento de obligaciones fiscales, que por alguna razón no cumplan con los requisitos o plazos previstos por la Ley y que, en consecuencia, les sea cancelado su registro, contarán con la oportunidad de solicitar su reinscripción al padrón de contador público autorizado, previo cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables.

Por otra parte, con la reforma al Artículo 19 fracción IX incisos a), b), c) y d) y la adición de sus incisos e), f) y g), se actualiza el catálogo de los servicios diversos que presta la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), resultando acorde con el amplio marco jurídico vigente que regula sus acciones, las Leyes Estatal de Protección Ambiental, Estatal de

Mitigación y Adaptación ante los efectos del Cambio Climático y la de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz, lo que hace necesaria su pronta inclusión en el Código en mención.

En tanto, con la reforma a los artículos 20 y 22, en diversas fracciones, se actualizan los servicios y las cuotas de los catálogos de derechos que corresponden a la secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Contraloría General del Estado (CGE), respectivamente.

También, se adiciona el Capítulo Décimo Primero y el Artículo 22 Ter, con lo que se incorpora el catálogo de servicios de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) para las actividades de pesca comercial y de fomento, entre otras, en aguas de jurisdicción estatal, con la finalidad de que los permisos para quienes se dedican a la pesca y la acuacultura tengan certidumbre jurídica.

Como parte de la reforma, fueron modificados los artículos 24 y 26, relativos a los servicios que presta el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev) y del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (Cecytev), con lo cual se otorga mayor certidumbre jurídica respecto de algunos servicios que otorgan estos organismos descentralizados.

Con la reforma y adición del Artículo 28, por los servicios que presta el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (Icatver) se amplía el catálogo de servicios con enfoques de calidad, evaluación y certificación siguiendo los estándares establecidos por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).

Con la adición del Artículo 33 Bis, se incluye el catálogo de servicios prestados por el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (Invedem) para dar certidumbre jurídica respecto a sus costos y propiciar la transparencia para la recepción de los mismos a través de la oficina virtual de hacienda.

En el Artículo 33, se incluye al Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), lo cual permitirá generar mejores condiciones para fomentar y sustentar una práctica deportiva de pleno acceso a la ciudadanía, con el objeto de mejorar la calidad de vida de la población. También se incorpora, en el Artículo 59 Quáter, a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), con el fin de abonar a la transparencia, rendición de cuentas y en materia anticorrupción.

En cuanto al Artículo 17, y toda vez que aún refería a la extinta Secretaría de Comunicación, se establece el nombre de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (Siop), así como los servicios prestados por esta dependencia.

Debido a que las instituciones educativas tecnológicas buscan mejorar la prestación de sus servicios tecnológicos, de innovación técnica, laboratorios, deportivos, de conservación, equipamiento y herramientas, aunado a que los otorgan en diferentes zonas económicas, se actualiza su catálogo que, en más de un caso, disminuye el costo de los pagos de los estudiantes y en otros reconoce la necesidad de proporcionar

productos de calidad y de mejora continua para las comunidades educativas.

Por último y con la derogación de la fracción III del Articulo 61, relativa a la eliminación de la expedición de certificados de sanidad animal, se corrige la legislación estatal, toda vez que esta atribución está reservada para la autoridad federal.

Este Dictamen registró 22 votos a favor, 18 en contra y tres abstenciones.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz aprobaron el dictamen de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Financiero y que reforma diversas disposiciones del código de procedimientos administrativos.

El dictamen aprobado con 36 votos a favor, es resultado de la iniciativa presentada ante el Pleno por el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, el pasado 30 de enero.

La Comisión Permanente de Hacienda Estatal, determinó como viable la modificación al Código Financiero de Veracruz, respecto al Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje que plantea la reforma del artículo 73 fracción VII, para que deje de formar parte de los impuestos a los que se aplican infracciones con multas cuantificadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA), por no presentar oportunamente dictamen de contador público autorizado, toda vez que los contribuyentes de este impuesto no se encuentran obligados a presentar el dictamen referido.

Asimismo, se reforma el artículo 104 fracción III del Código se faculta a las autoridades fiscales estatales para emitir las Reglas de Carácter General a las que deberá sujetarse la elaboración del dictamen que presenten los contadores públicos autorizados y que es esencial para otorgar certeza jurídica a sujetos obligados de dicho impuesto, brindando uniformidad y accesibilidad a la interpretación de la norma fiscal.

En el mismo sentido, se realizó la corrección de los artículos 151 fracción XI y 152 primer párrafo del mismo Código, en relación con los servicios catastrales que presta directamente la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Gobierno (Segob) y no la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), lo que deriva en dar certeza jurídica a los ciudadanos respecto de los trámites que deban de realizar en materia de catastro.

Además, se aprobó la reforma al artículo 153 apartado B, segundo y último párrafo para establecer que los ingresos que se recauden por la venta de certificados holográficos se destinen al Fondo Ambiental Veracruzano en el porcentaje establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, además en el último párrafo se precisa el nombre del Fondo Forestal Estatal que se encuentra establecido en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.

Del mismo modo, las dependencias centralizadas y entidades paraestatales de la administración pública estatal, los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos autónomos y demás entes públicos estatales, deberán reintegrar a la Secretaría de Finanzas y Planeación dentro de los 10 días hábiles siguientes al 31 de diciembre del ejercicio presupuestal inmediato anterior, los recursos públicos estatales que no hubieran sido devengados.

Lo anterior, en razón que se relaciona con la asignación de los recursos a los entes públicos que no pueden dejar de cumplir con sus objetivos sin rebasar las asignaciones aprobadas en sus respectivos presupuestos anuales, ni utilizarlos para otros fines, salvo que cuenten con autorización correspondiente de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

En cuanto a la reforma del artículo 193 tercer párrafo del Código de Procedimientos Administrativos, se avaló el cambió a la referencia a salarios mínimos por el de Unidad de Medida y Actualización (UMA) que en su tercer párrafo decía equivalente al salario mínimo general vigente elevado al año.

En la reforma precitada se omitió la frase «elevada al año», consecuentemente este párrafo resulta contradictorio con el contenido del mismo, por lo que para su debida aplicación se considera necesario redactarlo en los términos originalmente aprobado para señalar que el monto máximo por gastos de ejecución será el de la UMA elevada al año.

Con estas modificaciones se otorgará certidumbre jurídica a los administrados respecto de los límites de actuación de los servidores públicos; precisar facultades de autoridades fiscales para el fortalecimiento de la Hacienda Pública y favorece la administración de los recursos públicos de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

En Veracruz, el Estado de Derecho, las leyes y las instituciones, se ven fortalecidas con
una procuración de justicia que ha sido puesta a prueba, con resultados que marcan
tendencia y avalan la actuación de las autoridades que han procedido con probidad,
responsabilidad, claridad y firmeza, manifestó el presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado, diputado Rubén Ríos Uribe.

Al lado del titular del Poder Ejecutivo del estado, gobernador Cuitláhuac García Jiménez,
y de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Estado, magistrada Sofía Martínez Huerta, el legislador estuvo presente durante el
mensaje ofrecido por la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica
Hernández Giadáns, con motivo de su primer año al frente del organismo autónomo.

Ríos Uribe destacó que, de acuerdo con información del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, durante el último año, en la entidad el delito de secuestro ha disminuido 41 por
ciento y las detenciones por orden de aprehensión han aumentado en más de 70 por
ciento, en comparación con 2018 y 2019, y han sido desarticulados 30 grupos delictivos
dedicados al secuestro, entre otros resultados.

En este reconocimiento a la labor realizada por la fiscal Hernández Giadáns y su equipo
de trabajo, el Presidente del Congreso no omitió ponderar el esfuerzo y la coordinación de
la Marina-Armada de México, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, cuyo espíritu de
sacrificio y entrega –expresó- ha ido devolviendo a las y los veracruzanos la tranquilidad.

“La procuración de justicia que Veracruz merece y necesita integridad, honorabilidad,
experiencia, conocimiento de la Ley, compromiso, lealtad y un alto sentido del deber, por
lo que, en nombre de la LXV Legislatura, expreso nuestro beneplácito al saber que
contamos con una Fiscal General del Estado que dignamente reúne estas
características”, manifestó el legislador.
Finalizó aseverando que “en Veracruz nadie está por encima de la Ley.

El compromiso
irrenunciable de esta LXV Legislatura es renovar y fortalecer nuestro marco legal, para
asegurar a las y los veracruzanos una vida más digna, en pleno respeto a sus derechos
humanos y en el imperativo de nuestras responsabilidades. En esta ardua labor, la
colaboración entre las instituciones es fundamental, indispensable e igualmente
irrenunciable”.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó el Dictamen de Decreto por el cual se autoriza al Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla celebrar un contrato para la realización de una Asociación Público-Privada en la modalidad de concesión para llevar a cabo el Proyecto de Sustitución del Alumbrado Público para la Prevención del Delito en el Municipio de San Andrés Tuxtla, consistente en el cambio de alumbrado público con equipos de iluminación de tecnología LED.

Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 26 y 27 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como con apoyo en lo establecido por la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

De acuerdo con el Decreto, la instalación de la totalidad de los equipos y el mantenimiento por la duración del contrato deberá ser con la persona física y/o moral que resulte ganadora del concurso de licitación y que ofrezca las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, beneficio social y demás circunstancias pertinentes, por un plazo de hasta 15 años, con un monto de inversión pública productiva de hasta 166 millones 20 mil 992 pesos, previo análisis del destino y la capacidad de pago del municipio.

Este dictamen, emitido por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, refiere que la fuente de pago y/o garantía se constituirá con la afectación de las participaciones que en ingresos federales le correspondan del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de Fomento Municipal, de conformidad con lo establecido por el tercer párrafo de la fracción VIII del Artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, se autoriza al mismo ayuntamiento la constitución de un contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago, como mecanismo de recepción, administración y fuente de pago, respecto de las fuentes y/o garantías de pago que hubiere otorgado el municipio.

En tanto, este Poder Legislativo determina que, al inicio de cada administración municipal durante la vigencia de la Asociación Público Privada, el ayuntamiento en funciones deberá realizar una revisión del contrato y del Fideicomiso de Administración.

Corresponderá al ayuntamiento en turno designar al administrador del Fideicomiso para el período constitucional que comprenda la administración pública municipal.

Este dictamen registró 38 votos a favor, cuatro en contra y una abstención.