La diputada Angélica Pineda Pérez, presentó ante el Pleno de la LXIV Legislatura una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma diversos incisos y una fracción del Artículo 65 de la Constitución Política del Estado para establecer que corresponderá al Pleno del Tribunal Superior de Justicia conocer de las acciones por “omisión legislativa” cuando la interpongan el Gobernador del Estado, cualquier Ayuntamiento de la entidad o todo ciudadano veracruzano, sin necesidad de acreditar interés jurídico alguno.

La propuesta de la diputada destaca que cualquier Ayuntamiento podría interponer la acción por omisión legislativa y no como actualmente está, que señala como requisito al menos la tercera parte del total de ayuntamientos de la entidad. De igual forma pretende incorporar el derecho de cualquier ciudadano a presentar esta acción y que sea el Poder Judicial quien lo resuelva.

En la tribuna, la legisladora subrayó que en tiempos recientes, el Congreso Federal y las legislaturas estatales han tenido deficiencias en cuanto hace a las actualizaciones o la armonización de los cuerpos legales, “atribuibles a diferentes causas, algunas pueden ser consideradas de manera, consiente, otras por indolencia o negligencia o simple y sencillamente por insuficiencia legislativa”.

Ante esto, se acuño el término de omisión legislativa, continuó Pineda Pérez, que no es más que:la falta de desarrollo por parte del Poder Legislativo, durante un tiempo excesivo, de aquéllas normas de obligatorio y concreto desarrollo, de forma que impide la eficaz aplicación y efectividad del texto constitucional, esto es, incumple con el desarrollo de determinadas cláusulas constitucionales, a fin de tornarlas operativas, y esto sucede cuando el silencio del legislador altera el contenido normativo, o provoca situaciones contrarias a la Constitución.

En la actualidad, la Constitución Federal no contempla esta figura legal, aunque es importante señalar que recientemente este elemento normativo fue reconocido a nivel local, con el afán de hacer efectiva su tutela y defensa constitucional.

Es de resaltar, dijo, que este instrumento legal fue instaurado por primera vez en la reforma integral a la Constitución Política del Estado de Veracruz, por lo que a la entidad se le reconoce como la pionera en la materia, pero sobre todo dio ejemplo en materia legislativa y

constitucional, abriendo pasó al novedoso e importante, derecho procesal constitucional local.

A pesar de contar con este precepto en nuestra constitución, es necesario mencionar, señaló ante el Pleno, que no hay legislación reglamentaria de este mecanismo de control, pero no existe impedimento alguno para ejercitar la acción y resolverse mediante la aplicación directa del texto constitucional, sin embargo, no deja de hacerse necesaria.

Lo que aquí se propone, concluyó; tiene como finalidad disminuir el número mínimo de municipios necesarios para promover la acción y del mismo modo ampliar el espectro de los sujetos legitimados para interponerla.

La iniciativa fue turnada para su estudio y análisis a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

El diputado Rogelio Arturo Rodríguez García presentó una iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Fomento al Empleo del Estado de Veracruz con el objetivo que los jóvenes veracruzanos puedan obtener su primer empleo a partir de los 15 años.

El legislador detalló que el servicio social o las prácticas profesionales son el inicio de oportunidades, que ayudarían a frenar las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la que México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial con mayor desempleo entre la población de 15 a 24 años.

En tal razón, la iniciativa contempla que la edad mínima para que los menores puedan desempeñar una actividad laboral, sea de 15 años cumplidos y así garantizar el pleno desarrollo físico y psicológico de los menores y no frenar el inicio de su vida laboral.

Además de fomentar, dentro del sector público y privado, sin distinción de género, la contratación de jóvenes entre 15 y 29 años de edad, así como de recién egresados del nivel Medio Superior, Técnico Superior y Educación Superior del Estado.

El diputado Rodríguez García, indicó que se promoverá la creación de nuevos puestos para los jóvenes con estudios de nivel de técnico superior o de educación superior y puedan acceder a un empleo de calidad, acorde a sus perfiles.

Mientras que los jóvenes estudiantes y egresados de nivel técnico superior y de educación superior que acrediten su servicio social o sus prácticas profesionales dentro de la empresa, negocio o dependencia del sector público o privado, tendrán derecho de preferencia a un puesto de nueva creación sin distinción de género.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social, para su análisis.

El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz reformó el Código Penal del Estado para imponer pena de prisión de cinco a diez años y multa de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quien, aprovechándose de la confianza depositada en él, difunda, revele, transmita, reproduzca imágenes o audiovisuales, con contenido pornográfico, sin el consentimiento de la persona que deba otorgarlo.

La reforma incluye que cuando exista ánimo lucrativo en la revelación del contenido a que se refiere el párrafo anterior, la pena de prisión se aumentará hasta en una mitad adicional.

El Decreto establece la imposición de dos a diez años de prisión y multa de 100 a 200 UMA a quien reciba u obtenga de una persona, imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido pornográfico y las revele o difunda con fines de lucro y sin el consentimiento de la persona que expresamente puede otorgarlo, en perjuicio de su intimidad.

Las y los legisladores avalaron con 33 votos a favor, sin votos en abstención o en contra, este Decreto, resultado de la iniciativa que presentó el 28 de mayo de este año la diputada Regina Vázquez Saut.

El Dictamen señala el Código Penal del Estado, solo tipifica la obtención o divulgación de imágenes, conversaciones, videos o grabaciones cuando son obtenidas sin consentimiento de la víctima, sin proteger aquellos casos en los cuales la entrega de dicha información se realiza en el plano de la confianza y ésta es difundida contra su voluntad, quedando excluida la punibilidad de tal conducta.

Al fijar el posicionamiento a nombre del Grupo Legislativo del PAN, la diputada Regina Vázquez Saut dijo que esta reforma significa un paso importante para la dignificación humana. Añadió que con las nuevas tecnologías bastan 30 segundos para acabar con la tranquilidad de una persona y que en ocasiones termina en tragedia, por lo que destacó la importancia de esta reforma que vendrá a sentar bases para evitarlo.

El
diputado Luis Daniel Olmos Barradas presentó una iniciativa, con proyecto de
decreto, que reforma diversas fracciones de la Ley Orgánica de Municipio Libre,
con el objetivo de armonizar la Ley y dar la atribución a los Órganos Internos
de Control (OIC), de los propios Ayuntamientos, para llevar el registro de la
situación y evolución patrimonial de los servidores públicos municipales.

En
tribuna, el legislador recordó que el eje rector de la creación del Sistema
Nacional Anticorrupción fue como una instancia de coordinación entre las
autoridades encargadas de la prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como de la
fiscalización y control de recursos públicos, en el cual participa la sociedad
a través de un Comité de Participación Ciudadana.

En
tal razón, se creó el Sistema Local Anticorrupción del Estado de Veracruz, que
tiene las atribuciones de instaurar el procedimiento para determinar la
evolución patrimonial, declaración de intereses y presentación de las
declaraciones fiscales de todos los servidores públicos, a través de un balance
de sus percepciones reales, gastos y adquisiciones con el fin de detectar
posibles enriquecimientos ilícitos.

Con
esta reforma, se busca eliminar la atribución del Congreso del Estado para
llevar el registro de las declaraciones patrimoniales de los servidores
públicos municipales; toda vez que ante la puesta en marcha del Sistema
Anticorrupción, esta facultad descansa ahora en los Órganos Internos de Control
Municipales y no en el Poder Legislativo.

El
Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz reformó el Código Penal del Estado
para imponer pena de prisión de cinco a diez años y multa de 200 a 500 Unidades
de Medida y Actualización (UMA), a quien, aprovechándose de la confianza depositada en él, difunda, revele,
transmita, reproduzca imágenes o audiovisuales, con contenido pornográfico, sin
el consentimiento de la persona que deba otorgarlo.

La reforma incluye que cuando exista ánimo lucrativo
en la revelación del contenido a que se refiere el párrafo anterior, la pena de
prisión se aumentará hasta en una mitad adicional.

El
Decreto establece la imposición de dos a diez años de prisión y multa de 100 a
200 UMA a quien reciba u obtenga de una persona, imágenes, textos o
grabaciones de voz o audiovisuales de contenido pornográfico y las revele o
difunda con fines de lucro y sin el consentimiento de la persona que
expresamente puede otorgarlo, en perjuicio de su intimidad.

Las
y los legisladores avalaron con 33 votos a favor, sin votos en abstención o en
contra, este Decreto, resultado de la iniciativa que presentó el 28 de mayo de este año la diputada Regina Vázquez Saut.

El
Dictamen señala el Código Penal del Estado, solo tipifica la obtención o
divulgación de imágenes, conversaciones, videos o grabaciones cuando son
obtenidas sin consentimiento de la víctima, sin proteger aquellos casos en los
cuales la entrega de dicha información se realiza en el plano de la confianza y
ésta es difundida contra su voluntad, quedando excluida la punibilidad de tal
conducta.

Al
fijar el posicionamiento a nombre del Grupo Legislativo del PAN, la diputada
Regina Vázquez Saut dijo que esta reforma significa un paso importante para la
dignificación humana. Añadió que con las nuevas tecnologías bastan 30 segundos
para acabar con la tranquilidad de una persona y que en ocasiones termina en
tragedia, por lo que destacó la importancia de esta reforma que vendrá a sentar
bases para evitarlo.

La
diputada Angélica Pineda Pérez, presentó ante el Pleno de la LXIV Legislatura
una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma diversos incisos
y una fracción del Artículo 65 de la Constitución Política del Estado para
establecer que corresponderá al Pleno del Tribunal Superior de Justicia conocer
de las acciones por “omisión legislativa” cuando la interpongan el Gobernador
del Estado, cualquier Ayuntamiento de la entidad o todo ciudadano veracruzano,
sin necesidad de acreditar interés jurídico alguno.

La
propuesta de la diputada destaca que cualquier Ayuntamiento podría interponer
la acción por omisión legislativa y no como actualmente está, que señala como
requisito al menos la tercera parte del total de ayuntamientos de la entidad.
De igual forma pretende incorporar el derecho de cualquier ciudadano a
presentar esta acción y que sea el Poder Judicial quien lo resuelva.

En la tribuna, la
legisladora subrayó que en tiempos recientes, el Congreso Federal y las legislaturas
estatales han tenido deficiencias en cuanto hace a las actualizaciones o la
armonización de los cuerpos legales, “atribuibles a diferentes causas, algunas
pueden ser consideradas de manera, consiente, otras por indolencia o
negligencia o simple y sencillamente por insuficiencia legislativa”.

Ante
esto, se acuño el término de omisión legislativa, continuó Pineda Pérez, que no
es más que:la falta de desarrollo
por parte del Poder Legislativo, durante un tiempo excesivo, de aquéllas normas
de obligatorio y concreto desarrollo, de forma que impide la eficaz aplicación
y efectividad del texto constitucional, esto es, incumple con el desarrollo de
determinadas cláusulas constitucionales, a fin de tornarlas operativas, y esto
sucede cuando el silencio del legislador altera el contenido normativo, o
provoca situaciones contrarias a la Constitución.

En
la actualidad, la Constitución Federal no contempla esta figura legal, aunque
es importante señalar que recientemente este elemento normativo fue reconocido
a nivel local, con el afán de hacer efectiva su tutela y defensa
constitucional.

Es
de resaltar, dijo, que este instrumento legal fue instaurado por primera vez en
la reforma integral a la Constitución Política del Estado de Veracruz, por lo
que a la entidad se le reconoce como la pionera en la materia, pero sobre todo
dio ejemplo en materia legislativa y constitucional, abriendo pasó al novedoso
e importante, derecho procesal constitucional local.

A pesar de contar con
este precepto en nuestra constitución, es necesario mencionar, señaló ante el
Pleno, que no hay legislación reglamentaria de este mecanismo de control, pero
no existe impedimento alguno para ejercitar la acción y resolverse mediante la
aplicación directa del texto constitucional, sin embargo, no deja de hacerse
necesaria.

Lo que aquí se
propone, concluyó; tiene como finalidad disminuir el número mínimo de
municipios necesarios para promover la acción y del mismo modo ampliar el
espectro de los sujetos legitimados para interponerla.

La iniciativa fue
turnada para su estudio y análisis a la Comisión Permanente de Justicia y
Puntos Constitucionales.

El
diputado Rogelio Arturo Rodríguez García presentó una iniciativa de decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Fomento al Empleo del
Estado de Veracruz con el objetivo que los jóvenes veracruzanos puedan obtener
su primer empleo a partir de los 15 años.

El
legislador detalló que el servicio social o las prácticas profesionales son el
inicio de oportunidades, que ayudarían a frenar las estadísticas de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la que
México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial con mayor desempleo entre la
población de 15 a 24 años.

En
tal razón, la iniciativa contempla que la edad mínima para que los menores
puedan desempeñar una actividad laboral, sea de 15 años cumplidos y así garantizar
el pleno desarrollo físico y psicológico de los menores y no frenar el inicio
de su vida laboral.

Además
de fomentar, dentro del sector público y privado, sin
distinción de género, la contratación de jóvenes entre 15 y 29 años de edad,
así como de recién egresados del nivel Medio Superior, Técnico Superior y
Educación Superior del Estado.

El
diputado Rodríguez García, indicó que se promoverá la creación de nuevos
puestos para los jóvenes con estudios de nivel de técnico superior o de
educación superior y puedan acceder a un empleo de calidad, acorde a sus
perfiles.

Mientras
que los jóvenes estudiantes y egresados de nivel técnico superior y de
educación superior que acrediten su servicio social o sus prácticas
profesionales dentro de la empresa, negocio o dependencia del sector público o
privado, tendrán derecho de preferencia a un puesto de nueva creación sin distinción
de género.

La
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social,
para su análisis.

La
LXIV legislatura de Veracruz aprobó este jueves la iniciativa con proyecto de
decreto presentada por el diputado independiente Sergio Rodríguez Cortés, a
través de la cual se adiciona un párrafo al artículo 154 Bis del Código Penal para
el Estado, con la finalidad de que en situaciones de violencia intrafamiliar
este delito deba perseguirse de oficio, sin distinción en la edad de la
víctima.

Rodríguez
Cortes destacó que los miembros de una familia gozan de todos los derechos
fundamentales entre ellos el de vivir una vida libre de violencia, algo que con
pena hasta hoy no ha sido posible desalentar y erradicar, por lo que dijo se
trata de un problema social complejo que muchos hogares mexicanos siguen
padeciendo.

El
legislador señaló que atender oportunamente las causas que generan los
conflictos permitirá evitar que más eventos de violencia se lleven a cabo, con
el consiguiente beneficio para toda la sociedad.

“El
maltrato se presenta muchas veces como un espiral creciente de violencia que se
alimenta ante la pasividad o inadecuada respuesta de los organismos
competentes, tanto judiciales como policiales, por lo que los efectos de la Ley
Penal para cortar ese espiral, son enormemente importantes. La idea es
desalentar al infractor, evitar la recurrencia y sancionar la conducta
reiterativa”, apuntó.

Asimismo,
establece que el delito de violencia familiar no debería considerarse como una
acción agravante de otro delito, sino como una conducta típica, antijurídica y
culpable, independiente, que transgrede diversos bienes jurídicos tutelados por
la norma vigente, como son la seguridad de la familia y la integridad personal
de los individuos que la integran.

Por
lo anterior, el citado párrafo queda de la siguiente manera:

“A
quién hubiese sido sancionado por este delito y reincidiera en el mismo, el
juez que haya conocido del asunto, evaluando las circunstancias del caso
concreto y de considerar que es repetitiva la conducta infractora, podrá elevar
las sanciones corporales hasta el doble; asimismo, podrá imponer si lo
considera pertinente, previa solicitud del agraviado, trabajo comunitario a
favor de otras víctimas de este delito. Este delito se perseguirá de oficio sea
cual fuere el medio o el sujeto que formule la denuncia”.

Con
ello se logra que no haya perdón al agresor de los integrantes de una familia y
a quien reincida se aumente las sanciones.

El
diputado Rodolfo Corpi Lara presentó ante el Pleno del Congreso del Estado un
anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo estatal a que, a
nombre del Gobierno del Estado, atienda y gestione ante el Gobierno Federal lo
relativo a la creación de la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos,
incluyendo para ello el convenio de colaboración que para el caso deba signarse
e incluirse en los Presupuestos de Egresos 2019, tanto del Estado como de la
Federación.

En
la tribuna, durante la novena sesión ordinaria, el legislador recordó que en
noviembre de 2014 y con la intención de satisfacer la necesidad de elevar la matrícula
de educación superior tecnológica y en cumplimiento al Programa Sectorial de
Educación, la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV), sometió a
consideración de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la posibilidad de
autorizar la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos (UPC), en la localidad de
Guillermo Prieto, municipio de Coatzacoalcos.

Dijo
que fue así como la SEV envió el Estudio de Factibilidad a la SEP, donde a
partir del cual la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior
(COEPES), y con la revisión técnico-pedagógica de los programas académicos, a
cargo del Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación (CIVE), consideró
procedente, la creación de esta Universidad, ya que cumplía con los criterios e
indicadores establecidos en los Procedimientos para la Conciliación de Oferta y
Demanda de Educación Superior.

Señaló
que, en agosto de 2015, ya se habían cumplido con las etapas solicitadas y el
Gobierno estatal, a través de un oficio, ratificó la petición y determinó estar
en absoluta disponibilidad para suscribir los documentos jurídicos necesarios.

El
Comité Pro- Fundación UPC, consiguió instalaciones provisionales en la Escuela
Secundaria Técnica Agropecuaria No. 155 y en el Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial CBTIS 85, en el turno vespertino y en el turno sabatino
para impartir los talleres, ubicados en el Ejido Colorado, perteneciente al
municipio de Coatzacoalcos, motivando con ello la visita de un supervisor a las
instalaciones provisionales, así como al terreno donado por los ejidatarios
para la construcción de la universidad, añadió.

A
la fecha, no se han concluido los trámites y ante ello el diputado enfatizó que
resulta inaceptable que la juventud veracruzana se vea privada de una opción
educativa por falta de gestión y más aún cuando hay compromisos para apoyar la
educación.

El
presidente de la Comisión Permanente de Salud y Asistencia del Congreso local,
diputado José Kirsch Sánchez, presentó la iniciativa que adiciona diversas
fracciones al artículo 63 de la Ley de Salud del Estado, a efecto de homologar
la legislación estatal con la federal y establecer la obligatoriedad de que
exista por lo menos un banco de leche materna en los establecimientos de salud
que cuenten con servicios neonatales.

El
diputado José Kirsch dijo que, el artículo 64 de la Ley General de Salud señala
que las entidades federativas deberán establecer al menos un banco de leche
humana en alguno de sus establecimientos de salud que cuente con servicios neonatales.
“En México existen 22 bancos de leche humana funcionando, los cuales reciben
leche de donadoras y la pasteurizan para brindarla a recién nacidos que la
necesitan” añadió.

En
su iniciativa, el legislador propone que en la organización de los servicios de
salud, destinados a la atención materno infantil, las autoridades sanitarias
establecerán procedimientos que permitan la participación activa de la familia
en la prevención y atención oportuna de los padecimientos de los usuarios y
acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para
que la lactancia materna sea alimento exclusivo, durante seis meses y
complementario hasta avanzado el segundo año de vida.

De
igual manera, deberá establecerse al menos el citado Banco de Leche Humanos en los
establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales; acciones para
controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos diarreicos
y las infecciones respiratorias agudas de los menores de cinco años, y acciones
de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras
tradicionales, para la atención del embarazo, parto y puerperio.

El
diputado expuso que, según el informe publicado por UNICEF, la Organización
Mundial de la Salud, el Banco Mundial y la División de Población del
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAESA), que componen el Grupo
Interinstitucional sobre la Estimación de la Mortalidad en la Niñez, 60
millones de niños morirán antes de cumplir cinco años, entre 2017 y 2030.

Donar
leche humana ayuda a salvar la vida de un gran número de bebés prematuros o
enfermos, indicó Kirsch Sánchez, quien añadió que todas las mujeres que
amamantan pueden ser donadoras, regalando su leche para alimentar a bebés que
no pueden recibirla directamente de sus madres.