El
diputado Ernesto Cuevas Hernández, integrante del Grupo Legislativo Mixto
Juntos por Veracruz, presentó un anteproyecto con punto de acuerdo, por el que
se exhorta al Gobierno del Estado a que gire instrucciones a la Secretaría de
Medio Ambiente (SEDEMA) y atienda el ecocidio ocasionado por el basurero a
cielo abierto, ubicado en el Municipio de Misantla.

En
tribuna, el legislador señaló que es urgente atender el problema de contaminación
y de salud que genera en los habitantes, ya que en dicho basurero se queman
residuos que generan humo con sustancias químicas dañinas.

El
diputado Ernesto Cuevas sostuvo que los efectos inmediatos a la salud,
producidos por los contaminantes antes mencionados, son ardor de ojos,
irritación de las vías respiratorias y exacerbación del asma, y a largo plazo daños como el enfisema
pulmonar y cáncer, por señalar algunos.

El
representante popular recordó el Convenio de Estocolmo tiene por objeto
proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes
orgánicos persistentes, por lo que solicita la pronta actuación de las
autoridades pertinentes a fin de revertir esta situación.

El
anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su análisis y
proceso correspondiente.

El
diputado Marco Antonio Núñez López, del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN), presentó ante el Pleno del Congreso de Veracruz la iniciativa
que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas del Estado, que tiene
como propósito garantizar el derecho humano al agua y además señala diversos
requisitos que deberán tener quienes estén al frente de los organismos
operadores de agua en la entidad.

Durante
la décima primera sesión ordinaria, del segundo año de labores, el diputado
señaló que si bien el derecho al agua es un derecho humano, se debe precisar
que la aportación monetaria que recauda el organismo operador del servicio de
agua, es por concepto de suministro del líquido hasta el domicilio del usuario.

Lo
que incluye entre otros la recolección del líquido, potabilización, transporte
y mantenimiento del sistema, así como
los servicios de saneamiento, drenaje y alcantarillado; que es lo que genera un
costo por el servicio, y lo que debe ser precisado para entender que en esencia
el derecho humano al agua no es, ni puede ser cuestionable.

Consideró
necesario fortalecer a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), así
como a sus oficinas operadoras en todo el Estado; para mejorar los mecanismos
de vinculación con el usuario y prestar un mejor servicio; reconociendo la
importancia del personal en las tareas administrativas y operativas de la
dependencia y su relación jerárquica; así como para tener certidumbre en las
labores que desempeñan y en la atención a los usuarios para brindar un servicio
eficiente, pronto y de calidad.

La
iniciativa plantea que el Estado y los municipios, en el ámbito de su competencia,
garantizarán el derecho humano que tiene toda persona al agua potable y
saneamiento, y definirán las bases, apoyos, así como las modalidades para el
acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la
participación de la federación y la ciudadanía para la consecución del fin
común en la prestación del servicio, mismo que deberá ser: suficiente, salubre,
aceptable y asequible.

Además
indica que al frente del organismo operador de agua habrá un director, quien
deberá cumplir con los requisitos que establece la Ley Orgánica del Municipio
Libre, deberá contar con conocimientos técnicos en el ramo o experiencia
técnica no menor a 3 años, en cualquiera de los supuestos, estos deben ser
comprobables.

El
director será designado y removido por el ayuntamiento, a propuesta del órgano
de gobierno.

La
determinación y pago de la cuota por consumo de agua, alcantarillado y
saneamiento, se realizará por períodos mensuales y se deberá efectuar dentro
del mes siguiente al periodo que se cubre.

El
diputado del Grupo Legislativo Mixto Juntos por Veracruz, Fernando Kuri Kuri, presentó
una iniciativa de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Fomento a
la Investigación Científica y Tecnológica de la Entidad con el objeto de garantizar
el desarrollo científico y tecnológico de las y los veracruzanos.

De acuerdo a la
propuesta legislativa del diputado Kuri Kuri se establecería la obligación para
que el Congreso del Estado destine el 20 por ciento de incremento presupuestal
cada año a la consolidación del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología y que
este Presupuesto será progresivo.

De esta manera se
deberá aplicar los recursos destinados para el financiamiento de la
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación,
principalmente mediante dos esquemas, el primero mediante un concurso de
proyectos de investigación a financiar.

El segundo, generando
estímulos económicos mensuales a
miembros del Sistema Veracruzano de Investigadores con líneas de investigación
aprobadas por el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo
Económico (COVEICYDET).

El legislador propone
las siguientes atribuciones al COVEICYDET: convocar al Concurso Veracruzano de
Tesis en las modalidades de Licenciatura, Maestría y Doctorado entre los
egresados de las instituciones de educación superior de Veracruz, con lo cual se
promoverá que los estudiantes analicen en sus tesis la problemática de la
entidad y brinden soluciones

También, contempla crear
y administrar el Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica, así
como el Sistema Veracruzano de Investigadores (SIVI).

El SIVI recibirá
recursos generados por el Fondo, hasta 40 por ciento se empleará para el
funcionamiento administrativo y directivo del COVEICYDET; 60 por ciento será destinado
al otorgamiento de apoyos para el desarrollo de proyectos de investigación
científica y tecnológica, equipo, instrumentos y materiales, así como becas
para especialización que no excedan el término de dos años.

La iniciativa se
turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Ciencia y Tecnología y de Hacienda
del Estado.

Se sumaron a esta
iniciativa los legisladores María Elisa Manterola Sainz, Basilio Picazo Pérez,
Rodrigo García Escalante, José Manuel Sánchez Martínez, Miriam Judith González
Sheridan y Vicente Benítez González.

Así como los Grupos
Legislativos de MORENA, Partido de la Revolución Democrática (PRD), y del
Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La
diputada María del Rocío Pérez Pérez, vocal de la Comisión Permanente de
Vigilancia del Congreso de Veracruz, presentó ante el Pleno un anteproyecto con
Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado a fin que remita a esta
Soberanía un Informe sobre el estado que guarda las finanzas públicas, el uso
de los recursos adquiridos mediante contrataciones de deuda pública, así como
los montos de deuda contratada, fechas de adquisición, vigencia de los
contratos, así como las instituciones relacionadas con este tema.

En
la sesión, la integrante del Grupo Legislativo de MORENA recordó que, el 18 de
enero de 2017, fue creada la Comisión Especial para la Verdad sobre la
Deuda Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 1998-2016, que
tenía como finalidad analizar e investigar la situación real de la deuda del
Estado.

Añadió
que esta instancia legislativa -creada por Acuerdo de la Junta de Coordinación
Política- sería apoyada por un Comité Técnico, integrado por cinco ciudadanos
con amplio conocimiento en finanzas, mismos que tendrían derecho a voz en las
reuniones de la comisión.

La
diputada Rocío Pérez enfatizó que los integrantes del Comité y de la Comisión,
interesados en la labor encomendada, mantuvieron la disposición de trabajar y
analizar la información que el Presidente de esta comisión especial solicitó en
varias ocasiones a los titulares de la Secretaria de Finanzas y Planeación
(SEFIPLAN).

Dicha
información –enfatizó- no fue entregada en tiempo y forma, por lo que la
comisión nunca pudo entrar en funciones para alcanzar el objetivo planteado.

En
la tribuna, la legisladora sostuvo que el tema de las finanzas públicas y del
uso de los recursos, no ha sido transparente y menos en la rendición de
cuentas, “hacen falta informes para los integrantes de la comisión especial y
la ciudadanía, así como información sobre el monto de la deuda pública de la
administración y sobre los bienes recuperados” expuso.

Subrayó
que de acuerdo al Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), Veracruz se coloca en semáforo amarillo (endeudamiento en
observación), por lo que su techo de financiamiento neto para el actual
ejercicio fiscal es de máximo 5 por ciento de los Ingresos de Libre
Disposición; dado que su deuda pública equivale a más del 100 por ciento de sus
Ingresos de Libre Disposición.

El
diputado Juan Nicolás Callejas Roldán, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa de decreto
que reforma el Código Financiero del Estado de Veracruz con el objeto de establecer
los procedimientos de licitación pública para las cooperativas escolares,
creando un comité interno.

En
tribuna el legislador Callejas Roldán, señaló que la iniciativa contempla que
la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) será la que fije los lineamientos
y parámetros para tal procedimiento, como hasta ahora lo hace, pero incorpora
la integración del Comité de Licitaciones a fin de emitir la convocatoria en
los términos y criterios propuestos y sea este quien emita el fallo
correspondiente.

El
Comité de Licitaciones estará integrado por el Director de la escuela, un
representante de los docentes, un representante de los padres de familia, un
representante del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación y un representante del sector educativo.

Todo
ello, para que se cumpla en apego a las licitaciones públicas como lo dispone
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes
Muebles del Estado.

La
iniciativa se turnó a la Comisión Permanente de
Educación y Cultura para su análisis, así mismo se sumaron los Grupos
Legislativos de MORENA, Juntos por Veracruz, la diputada del Partido Acción
Nacional, María Elisa Manterola Sainz y el diputado Vicente Benítez González,
del Partido Nueva Alianza (PANAL).

El
Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó el Dictamen de Decreto que
reforma el título tercero, capítulo VII de la Ley de Salud del Estado por el
cual se garantizarán los servicios de salud mental ofrecidos por la Secretaría
de Salud (SS), de la entidad, de forma adecuada, con calidad, calidez y
profesionalismo a toda aquella persona que así lo requiera.

Este
Dictamen -resultado de la iniciativa que presentó el 23 de abril de este año el
diputado José Kirsch Sánchez- señala que esta reforma es de vital importancia
ya que brindará certidumbre jurídica al desarrollo de los proyectos necesarios
que permitan mejorar la calidad de salud mental de los veracruzanos,
transformando el sistema psiquiátrico tradicional a una nueva visión de
atención.

De
esta manera, se modificó la Ley para establecer que la salud mental es el estado
completo de bienestar mental, emocional y social y no sólo la ausencia de
trastornos mentales, en donde el individuo es consciente de sus propias
capacidades, es capaz de realizarse intelectual y emocionalmente, puede
afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar en forma productiva
y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.

La
estructura del Sistema de Salud Mental dispondrá de tres niveles de atención:
la prevención de la enfermedad, para lo cual se podrá generar mediante la
difusión de información sobre la salud mental, diagnóstico y tratamiento
oportuno; Estadía Hospitalaria Breve, en la que se le ofrezca al paciente
atención integral a usuarios en momentos de crisis y la Reintegración Social,
la cual implica la integración del usuario al medio que pertenece a través del
fomento de estructuras dentro de la comunidad que apoyen al usuario en su
proceso de integración social.

Se
reconocen como derechos fundamentales de todas las personas que padezcan
trastornos mentales, trastornos de conducta y adicciones, los establecidos por
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los Instrumentos y
Tratados Internacionales de los que México sea Estado Parte; la Ley General de
las Personas con Discapacidad; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes y las demás aplicables.

La
prevención de las enfermedades mentales tiene carácter prioritario, se basará
en el conocimiento de los factores que afecten la salud mental, las causas de
las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control de
enfermedades mentales, así como otros aspectos relacionados con la salud
mental.

Las
instituciones y organizaciones prestadoras de servicios de salud públicas y
privadas deberán disponer de los recursos necesarios para brindar atención
primaria de salud mental, a la población bajo su responsabilidad.

Las
instituciones del Sistema Estatal de Salud que prestan servicios de salud
mental, en especial las destinadas al internamiento de las personas con
trastornos mentales y adicciones, deberán apegarse a las normas establecidas
para este fin.

Todas
las instituciones de salud mental públicas, privadas y asistenciales serán
inspeccionadas regularmente por las autoridades competentes de acuerdo con la
normatividad y reglamentación que para tal efecto la Secretaría de Salud
establezca y con la colaboración técnica de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales vinculadas a la promoción y protección de los derechos de las
personas con trastornos mentales.

Este
Decreto registró 42 votos a favor de diputadas y diputados de los grupos
legislativos del PAN, MORENA, PRI, PRD, Juntos por Veracruz, así como legisladores
independientes y de los diputados de Nueva Alianza y PVEM. No se registraron
votos en contra o abstenciones.

El diputado del Distrito II de Tantoyuca, Manuel Francisco Martínez Martínez, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado un anteproyecto para solicitar al Gobierno Federal y a Petróleos Mexicanos (PEMEX), dar mantenimiento a sus instalaciones en la entidad y para que, a través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), liquide sus compromisos ambientales, específicamente en la zona petrolera de Chicontepec.

El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), subrayó que PACMA opera mediante la implementación de obras y acciones, denominadas PROA´S, que permiten dotar de Infraestructura, servicios y proyectos de corto, mediano y largo plazo, a las comunidades petroleras, en cualquiera de los siguientes rubros: infraestructura, seguridad, educación y deporte, salud, equidad, proyectos productivos y protección al medio ambiente.

En su exposición ante el Pleno, el diputado detalló que se sabe que desde 1978 Chicontepec posee un amplio recurso geológico de hidrocarburos, que constituye una de las mayores acumulaciones en América. Sin embargo –añadió- dadas las complejas características geológicas, su explotación puede ser difícil y costosa, comparada con los grandes yacimientos en el sureste del país.

Agregó que Chicontepec se ubicó como uno de los tres proyectos principales de inversión de PEMEX entre 2009 y 2014, rondando los 21 mil millones de pesos por año.

PEMEX dejó de perforar nuevos pozos en Chicontepec a partir de 2014 y comenzó incluso a cerrar algunos, indicó el legislador, quien añadió que la petrolera no abandona Chicontepec pese al fuerte recorte de presupuesto en este proyecto, que cayó de 18 mil 900 millones de pesos en 2014, a los 3 mil 340 millones de pesos en 2016.

Expuso que por Veracruz atraviesan poco más de 14 mil kilómetros de ductos y que, de acuerdo con actas del Consejo de Administración de PEMEX, más de 7 mil 600 kilómetros de esos ductos han sido clasificados como «críticos» por el estado en que se encuentran.

Lo anterior, enfatizó el diputado Manuel Francisco, resulta incomprensible ya que el Gobierno Federal obtiene ganancias, derivadas de los excedentes petroleros.

“PEMEX ha explotado esta y tantas otras zonas petroleras del país y causado estragos en ciudades donde cancela proyectos y produce recortes de plantilla dañando la economía de miles de familias y empresas” señaló el diputado, quien consideró necesario resarcir de los daños generados a Chicontepec.

La diputada del Grupo Legislativo de MORENA, en el Congreso de Veracruz, Lourdes García González, se pronunció en tribuna respecto a los hechos suscitados el pasado 7 de julio en el municipio de Tlilapan, en donde al derrumbarse un cerro y una gran piedra impactar a un autobús, que dio como resultado tres personas fallecidas y nueve heridos, hizo un llamado a las autoridades a mejorar las vías de comunicación en esta zona.

La también secretaria de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables dijo que, el 7 de julio, a las 19:00 horas, en el camino de Rafael Delgado hacia Magdalena, en la comunidad de Tonalixco, municipio de Tlilapan, se registró el terrible accidente, en el que una roca de más de un metro de diámetro se desprendió del cerro e impactó a un autobús de pasajeros que justamente transitada a la altura de esa cumbre.

Aún cuando el autobús no cayó al barranco –refirió la legisladora- el impacto de la roca sobre el autobús ocasionó tres pérdidas humanas, entre ellos un pequeño de apenas año y medio de edad. Además de nueve personas lesionadas y daños materiales a la empresa Sociedad Cooperativa de Autotransportes Rafael Delgado-Orizaba.

La diputada destacó que, tras el accidente, fue registrada la oportuna asistencia de autoridades y corporaciones que brindaron auxilio a los heridos y se controló el tráfico vehicular. “Sin embargo, el dolor por un accidente de esta naturaleza es profundo para toda la población de aquella zona” abundó.

Dijo que el punto del accidente es conocido por “El paso de la muerte” o “Paso del diablo” y es debido a que en la temporada de lluvias es considerada zona de riesgo, de deslaves, ya que los desgajamientos del cerro ha provocado diversas tragedias.

Por último, la diputada Lourdes García hizo un llamado a los gobiernos federal y estatal a fin que actúen de manera responsable y trabajen para brindar mejores condiciones a la zona de Zongolica, tanto en sus vías de comunicación, como en desarrollo, salud y educación, entre otros.

El diputado del Grupo Legislativo de MORENA, en el Congreso de Veracruz, Rogelio Arturo Rodríguez García, presentó la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Solución de Conflictos de Límites Territoriales Intermunicipales en el Estado de Veracruz, con el propósito de precisar en ésta el término de “Conflicto de Límites Territoriales” y así subsanar un vacío legal que existe.

En la décima primera sesión ordinaria, el también presidente de la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales, señaló que esta modificación es el primer paso para comprender que los conflictos por límites territoriales no son hechos o situaciones de poca relevancia y no deben ser tomados como tal, pues traen aparejadas diversas repercusiones sociales.

De esta manera, la iniciativa prevé definir “Conflicto de Límites Territoriales” como aquel que se presenta entre dos o más municipios del Estado, por la indefinición, confusión, error, o la indebida apropiación de un determinado espacio territorial.

Los conflictos en materia de límites territoriales entre dos o más municipios podrán solucionarse mediante los procedimientos que señala la Ley, refiere el documento.

En la tribuna, el diputado Rogelio Arturo Rodríguez ejemplificó que ciudadanos piden que sus localidades sean parte de otro municipio, ya que en el suyo no les otorgan obra pública ni servicios; o ciudadanos que piden que sus localidades pertenezcan al municipio vecino porque la cabecera municipal de este les queda más cerca que la que legalmente pertenecen.

Agregó que aunque pareciera que los anteriores problemas sociales pudieran ser un conflicto de límites territoriales, no lo son, ya que no es lo mismo que los habitantes se encuentren en una situación de incertidumbre por no saber a qué autoridad recurrir para resolver sus distintas carencias, a la negativa de un ayuntamiento de otorgar obra o servicios públicos, sabiendo que la localidad que los requiere forma parte de ese municipio.

El legislador citó a la especialista y catedrática de la UNAM, Marisol Luna Leal, quien define los conflictos intermunicipales por límites territoriales como “la confrontación legal, y hasta

física entre los miembros de dos o más ayuntamientos, motivados por la confusión, el error, o la indebida apropiación de un determinado espacio geográfico”.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen por el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley número 59 Contra el Ruido en el Estado, con el que se establecen y actualizan reglas a que deben sujetarse la producción de ruidos y demás sonidos que pudieran ocasionar molestias a la comunidad, ya sea por la hora, por su naturaleza o por su frecuencia.

Este Dictamen, -resultado de la iniciativa que presentó el pasado 21 de mayo la diputada María del Rocío Pérez Pérez- enfatiza la importancia de actualizar esta ley, toda vez que el marco legislativo vigente no se apega a las necesidades y a la realidad que vivimos los veracruzanos, teniendo un atraso de 75 años.

De esta manera, la Ley Contra el Ruido en Veracruz tiene por objeto establecer las reglas a que debe sujetarse la producción de ruidos y demás sonidos que pudieran ocasionar molestias a la comunidad, ya sea por la hora, por su naturaleza o por su frecuencia; con base en la norma oficial mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.

Para efectos de ruidos se consideran los producidos con instrumentos musicales, por aparatos de radio-receptores, aparatos mecánicos de música, electrónicos, digitales u otros reproductores de música. También los producidos con fines de propaganda comercial, ya sea por medio de instrumentos musicales, de la voz humana amplificada por micrófono, o de otros medios, que sobrepasen los niveles permitidos por la Norma Oficial Mexicana.

La vigilancia sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos anteriores, queda a cargo, principalmente, del personal de Tránsito y Policía Vial o en su defecto del personal que designen los ayuntamientos, quien deberá levantar las infracciones correspondientes.

La coordinación sobre el cumplimiento de las reglas anteriores, queda a cargo de la Procuraduría de Medio Ambiente del Estado, quien emitirá los lineamientos y dictará las medidas correspondientes.

Los aparatos radio-receptores, aparatos mecánicos, electrónicos, digitales u otros reproductores de música, funcionarán al volumen reducido, de manera que su sonido no

trascienda al exterior del local en que se encuentren y pueda ocasionar molestias al vecindario.

En relación a las multas, van de las 5 a las 25 Unidas de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con la gravedad de la falta.

En caso de rotura o violencia del sello de cancelación se aplicará al responsable una multa de 25 UMA vigentes al momento de la infracción, sin perjuicio de cancelar la licencia respectiva, en caso de reincidencia, si se trata del propietario o manifestante.

Cuando el infractor sea persona de notoria insolvencia, la multa se conmutará por el arresto correspondiente de 72 horas.

Todos los ayuntamientos deberán reglamentar y hacer cumplir esta Ley a través de sus áreas encargadas en materia medio ambiental.

Este decreto registró 44 votos a favor de diputados y diputados de los grupos legislativos del PAN, MORENA, PRI, PRD, Juntos por Veracruz y legisladores independientes, así como los diputados de Nueva Alianza y del PVEM. No se registraron votos en contra o abstenciones.