El Pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el Dictamen por el cual se reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado para crear el Registro Estatal de Menores, siendo ésta la base de datos con muestras biométricas de las huellas digitales o dactilares de menores, que resguardaría la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; perteneciente al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF).

Este Decreto, resultado de la iniciativa que presentó a nombre del Grupo Legislativo del PAN el 28 de mayo de 2018 la diputada María Josefina Gamboa Torales, fue aprobado con 44 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

De esta manera se instaurará el Registro Estatal de Menores, mismo que será de carácter permanente e interés público; que además se regirá bajo los siguientes parámetros: los datos que integran el Registro Estatal de Menores, serán estrictamente confidenciales y no podrán ser comunicados o darse a conocer, salvo que se trate de la petición de una autoridad dentro de un procedimiento en donde se encuentre en riesgo la integridad de un menor de edad y sea rigurosamente necesaria para la prosecución del mismo.

Tendrá acceso exclusivo al Registro Estatal de Menores la Procuraduría Estatal de Protección para el cumplimiento de las funciones señaladas y no podrá dársele o destinarse a otra finalidad u objetivo distinto.

El Registro Estatal de Menores contendrá como mínimo, la siguiente información identificativa: nombre del menor de edad; nombre de los padres o tutores del menor de edad; declaración expresa del otorgamiento del consentimiento; dirección del menor de edad y placa de cada dactilar del menor de edad.

Las Procuradurías Municipales serán las encargadas de alimentar dicho Registro, mismo que será actualizado al inicio de los primeros cursos de los niveles escolares que conforman la educación básica, salvo petición expresa del padre o tutor que solicite la inclusión del menor de edad, caso en el que será en cualquier momento.

La Procuraduría Estatal para cumplir con esta obligación, deberá celebrar convenios con las Secretarías de Salud y de Educación del Estado.

Para la generación e integración del registro individual, el padre o tutor del menor de edad, deberá entregar consentimiento expreso, mismo que deberá tener el carácter de libre, específico e informado, cumpliendo para ello con los parámetros señalados por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz.

Serán tomadas en presencia del padre o tutor del menor de edad.

Las diputadas y diputados, de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, aprobaron el Dictamen que reforma el artículo 47 de la Ley de Salud y por el cual se establece que todo tratamiento médico específico o intervención quirúrgica que se realice a un paciente, deberá contar con el consentimiento informado y aceptado mediante firma de éste, de un familiar o de su representante legal, aceptando los riesgos que conllevan los mismos.

Para el caso de intervenciones quirúrgicas éstas, exclusivamente, deberán ser practicadas por médicos especialistas en estricto apego a las Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud.

De igual forma, se determina que los usuarios tienen derecho a decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos ofrecidos.

En caso de urgencia o que el usuario se encuentre en estado de incapacidad transitoria o permanente, la autorización para proceder será otorgada por el familiar que lo acompañe o su representante legal.

De no ser posible lo anterior, el prestador de servicios de salud procederá de inmediato para preservar la vida y salud del usuario, dejando constancia en el expediente clínico.

Esta reforma, resultado de la iniciativa que presentó, el 12 de julio de este año, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Kirsch Sánchez, fue aprobada con 44 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

-APRUEBAN REFORMA QUE FOMENTA LA DONACIÓN DE LECHE MATERNA-

En la décima segunda sesión ordinaria, las y los diputados también aprobaron el Dictamen que reforma el primer párrafo y adiciona las fracciones I y II al artículo 63 de la Ley de Salud, que fomenta la lactancia materna y se establece la obligación del Estado para impulsar la creación de bancos de leche materna.

De esta manera, en la organización de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias del Estado establecerán procedimientos que

permitan la participación activa de la familia en la prevención y atención oportuna de los padecimientos de los usuarios.

Así como acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento de la lactancia materna y en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, impulsar la creación de bancos de leche materna en los hospitales que cuenten con servicios neonatales, además de promover la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado.

Este decreto, resultado de la iniciativa que presentó, el 28 de junio de este año, el diputado José Kirsch Sánchez, fue aprobado con 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

Las diputadas y diputados, integrantes de la LXIV Legislatura, aprobaron con 41 votos la nueva Ley de Juntas de Mejoras para el Estado de Veracruz, con el objetivo de instaurar en los municipios estos organismos, que con base en la cooperación de particulares, beneficien a la comunidad, fortalezcan la identidad cívica, coadyuven en la preservación del patrimonio natural y cultural, promuevan la cultura de la legalidad y protejan los derechos humanos.

Los cargos de las Juntas de Mejoras, son voluntarios, honoríficos, renunciables, no podrán ser ejercidos por servidores públicos y no pueden los miembros de las Juntas acordar para sí, percepción alguna; no podrán ser contratistas por sí o por interpósita persona en las labores que se realicen por cuenta de la Junta.

Será el Ayuntamiento quien emita la convocatoria pública cada cuatro años, dirigida a todos los habitantes del municipio, en dicha convocatoria se establecerán los requisitos y procedimiento de elección de los miembros de las Juntas.

La Ley contempla una Coordinación Estatal de Juntas de Mejoras que sería una institución cuya finalidad estará encargada de fomentar el adecuado desarrollo de las comunidades veracruzanas, para lo cual se encargará de organizar, dirigir y vigilar a las Juntas de Mejoras Municipales, a efecto de que estas se desempeñen conforme a las disposiciones que establece la presente Ley.

Esta Ley es resultado de la iniciativa que presentó el 20 de julio de 2017, la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, integrante del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La legisladora, realizó un posicionamiento en el que recordó que la presente Ley garantizará la democracia municipal que fomente el desarrollo social.

Además, brindará respuestas inmediatas a la sociedad sobre servicios públicos, seguridad, conservación de espacios comunitarios e históricos, por mencionar algunos.

Dijo que la Junta de Mejoras coadyuvará a fortalecer las acciones del Cabildo, con la finalidad de preservar los derechos humanos en las comunidades y realizar actividades de manera transparente y democrática.

El Pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el Dictamen por el cual se reforma la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud para el Estado de Veracruz, con lo que se establece que todas las autoridades del Estado, dentro del ámbito de sus competencias, garantizarán que las personas jóvenes con discapacidad no sean discriminados y cuenten con las condiciones adecuadas para gozar de una vida digna y plena.

Este Decreto, resultado de la iniciativa que presentó el 15 de febrero de 2018 la diputada independiente Miriam Judith González Sheridan, fue aprobado con 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

De esta manera se establece que por ningún motivo las personas jóvenes con discapacidad serán objeto de discriminación. Además de los derechos que ésta y otras leyes les reconozcan, tienen derecho a desarrollar plenamente sus aptitudes y a gozar de una vida digna que les permita integrarse plenamente a la sociedad.

Las autoridades del Estado deberán asegurar que las personas jóvenes con discapacidad tengan acceso efectivo a la educación en todos sus niveles, a la capacitación laboral, a un empleo digno, a una remuneración satisfactoria, a los servicios de salud adecuados, a la seguridad y previsión social, así como a oportunidades de esparcimiento adecuado.

El programa preverá los mecanismos necesarios para que las personas jóvenes con esta característica puedan alcanzar óptimos niveles de desarrollo para bastarse a sí mismas y para participar de manera activa en cualquier ámbito de la sociedad, cuando por sí mismas así lo decidan.

El documento refiere que Veracruz es uno de los siete Estados con mayor porcentaje de personas con discapacidad entre su población y que de cada mil habitantes, 67 sufren alguna discapacidad.

El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó, en la primera de sus dos etapas, la reforma constitucional que establece facultades al Congreso del Estado para designar a los vecinos que conformarán un Concejo Municipal, para convocar a elecciones extraordinarias y disposiciones para suplir en caso de ausencia, al diputado propietario y al suplente.

De esta manera se incluye, como atribuciones del Congreso del Estado, la de convocar a elecciones extraordinarias en los ayuntamientos, en el supuesto de que se hubiere declarado la nulidad, o no se hubiere hecho la declaración de validez respectiva, el día último del mes de diciembre inmediato a la elección correspondiente.

También se faculta al Poder Legislativo para designar, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, de entre los vecinos de un municipio, a los que integrarán un Concejo Municipal. Éste se conformará con un número de concejales idéntico al de ediles que corresponderían al ayuntamiento de acuerdo a lo dispuesto en la Ley.

De igual forma y en caso que ocurriera la falta de los diputados, propietario y suplente, elegidos por el principio de representación proporcional, el Congreso llamará, en cualquier momento, al siguiente en el orden que corresponda, según las listas presentadas por los partidos políticos.

Este decreto –aprobado con 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones- reforma la fracción X del artículo 33; adiciona las fracciones XXIV Bis y XXIV Ter al artículo 33 y la fracción VII Bis al artículo 41, todos de la Constitución Política del Estado.

Esta modificación es resultado de la iniciativa presentada, el pasado 12 de Julio, por los diputados del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el legislador José Roberto Arenas Martínez, de la bancada Juntos por Veracruz.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura aprobaron la nueva Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz, cuyo objeto es establecer la distribución de competencias y las formas de coordinación entre el Estado y sus municipios, para buscar a las Personas Desaparecidas y No Localizadas y esclarecer los hechos.

De igual forma, para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados señalados por la Ley General.

Esta Ley, resultado de las iniciativas que presentaron el diputado Rogelio Arturo Rodríguez García, del Grupo Legislativo de MORENA y la diputada María Josefina Gamboa Torales, del Partido Acción Nacional (PAN), fue avalada con 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

Esta Ley tiene como objeto, también, establecer el Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas; crear la Comisión Estatal de Búsqueda; garantizar la protección integral de los derechos de las Personas Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no repetición, en términos de esta Ley y la legislación aplicable.

De igual forma, está el garantizar la participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas; así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir Información, aportar indicios o evidencias, de acuerdo a los lineamientos y protocolos emitidos por el Sistema Nacional.

Se prevé un Banco Nacional de Datos Forenses, como herramienta del Sistema Nacional que concentre las bases de datos de las entidades federativas y de la federación; así como, otras bases de datos que tengan información forense relevante para la búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Así como el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas, como el Registro que concentre la información forense procesada de la localización, recuperación, identificación y destino final de los restos tanto de la Federación como de las Entidades Federativas, cualquiera que sea su origen.

Los servidores públicos que incumplan injustificadamente con alguna de las obligaciones previstas en esta Ley y que no constituyan un delito, serán sancionados en términos de lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado.

La Comisión Estatal de Búsqueda es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, dependiente directamente de la persona titular de ésta, que determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en todo el territorio del Estado de Veracruz.

El poder Ejecutivo del Estado deberá establecer un fondo para las funciones, obligaciones y atribuciones inherentes a la Comisión Estatal de Búsqueda; y para el cumplimiento del objetivo que establece la presente Ley y la Ley General.

Este fondo deberá contemplar, al menos: recursos suficientes para el funcionamiento adecuado de la Comisión Estatal de Búsqueda; para la implementación y ejecución del Programa Nacional de Búsqueda; la función adecuada de los Registros y el Banco que prevé la Ley General; el Programa Nacional de Búsqueda y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense y para la implementación y ejecución de las acciones de búsqueda.

En los posicionamientos, la diputada del PAN, María Josefina Gamboa Torales detalló que esta reforma fue resultado de las aportaciones de colectivos de desaparecidos. Destacó la creación del mecanismo por el cual participan más autoridades en la búsqueda de desaparecidos y exhortó a continuar trabajando para mejorar la legislación.

Del Grupo Legislativo de MORENA, el diputado Rogelio Arturo Rodríguez García dijo que Veracruz se pone a la vanguardia en esta materia. Esta reforma culmina el esfuerzo de colectivos de diversas regiones y organismos de defensa de derechos humanos. Consideró como urgente la publicación de esta ley, ya que la desaparición de personas es un tema lacerante que daña a la sociedad.

De igual forma manifestaron sus posicionamientos a favor del Dictamen las diputadas Guadalupe Osorno Maldonado y Cinthya Lobato Calderón.

Para establecer que las medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia serán de forma inmediata y permanecerán hasta que cesen las causas que lo hayan motivado, el diputado del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Basilio Picazo Pérez, presentó ante el Pleno del Congreso de Veracruz la iniciativa que reformaría los artículos 42 y 43 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado.

En la tribuna, el diputado planteó incluir, en la ley antes citada, la disposición relativa a que las órdenes de protección de emergencia y preventivas permanecerán vigentes hasta que cesen las causas que las motiven y la víctima de violencia deje de estar expuesta al riesgo y deberán expedirse en forma inmediata, al conocimiento de los hechos que las generan.

De igual forma, consideró necesario establecer que son órdenes de protección de emergencia la prohibición inmediata al agresor de molestar por cualquier forma y medio, incluso por cualquier medio electrónico, a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia.

Así como advertir a la persona agresora de las consecuencias a que se hará acreedora de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima; o intentar cualquier acto en su contra.

En la sesión, el diputado Basilio Picazo detalló que actualmente la legislación contempla 120 horas como duración máxima de las medidas de protección de emergencia y preventivas, lo cual contraviene a las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), quienes a su vez recomiendan que las órdenes de protección deben durar “hasta que la víctima de violencia deje de estar expuesta al riesgo”.

El legislador dijo que de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016, de las mujeres de 15 años y mas, 66.1 por ciento,han enfrentado al menos un incidente de violencia por parte de cualquier agresor, alguna vez en su vida; 43.9 por ciento de las mujeres han sufrido violencia por parte de su actual o ultima pareja, esposo o novio, a lo largo de su relación.

Añadió que sólo 2.2 por ciento solicitó apoyo a alguna institución; mientras que el 88.4 por ciento no solicitó apoyo ni presentó queja o denuncia ante alguna autoridad. Lo anterior, destacó el diputado, refleja que la “cifra negra” es muy alta, por lo que las agresiones de género quedan impunes.

No basta que una mujer acuda a las instancias legales a presentar una denuncia cuando ha sido víctima de violencia, subrayó Picazo Pérez, quien añadió que es necesario que las autoridades den una respuesta pronta y expedita, y emitir una orden de protección que evite su re-victimización, pero sobre todo que las proteja y dé seguridad contra nuevas agresiones a ellas y a su familia.

Al
dar la bienvenida a los participantes del Vigésimo Tercero (XXIII) Encuentro
Iberoamericano de Autoridades Locales, que se llevará a cabo del 22 al 26 de
este mes en las ciudades de Medellín y Orizaba, la presidenta de la Mesa
Directiva de la LXIV Legislatura del Estado, diputada María Elisa Manterola
Sainz, expresó que para el Congreso de Veracruz el Estado de derecho y el
desarrollo tienen una interrelación significativa y se refuerzan mutuamente.

En
este evento, celebrado en la ciudad de Medellín y organizado por la Unión
Iberoamericana de Municipalistas (UIM), la legisladora Manterola Sainz señaló
que este Encuentro tendrá contenidos de interés general, en los que, a través
del intercambio de experiencias y la aportación de ideas, habrá resultados que
permitan alcanzar las metas planteadas en la Agenda 2030, impulsada por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ante
la presencia del Gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares; del
presidente municipal de Medellín, HIpólito Deschamps Espino Barros, así como el
presidente de la UIM y Gobernador de Caldas, Colombia, Guido Echeverry
Piedrahita, la diputada dijo que este espacio de diálogo es una gran
oportunidad para que los representantes locales conozcan de primera mano otras
experiencias, en prácticas de gestión y gobernabilidad, desde la perspectiva de
la institucionalidad, la justicia y la paz.

Por
último, señaló que todos somos parte importante y fundamental para poder
construir un mundo con prácticas sostenibles, sociedades pacificas e
inclusivas, donde con alianzas
internacionales puede hacerse un cambio para las personas
y el planeta.

El
XXIII Encuentro Iberoamericano, que registra la participación de autoridades
municipales de más de 20 países, tiene como temas centrales a tratar la paz y
la seguridad ciudadana y el debate será en relación a la definición o el rol de
las autoridades locales en estas acciones.

Participaron
en este Encuentro el Doctor Francisco Montfort Guillén, Jefe de la Oficina del
Programa de Gobierno; los presidentes municipales de Orizaba, Igor Rojí López;
de Veracruz, Fernando Yunes Márquez; de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli y
de Córdoba, Leticia López Landero, así como el Coordinador de Gestión del Grupo
Legislativo del PAN en el Congreso de Veracruz, Héctor Aguilera Lira.