Las y los diputados
integrantes de la LXIV Legislatura aprobaron, con 46 votos a favor, sin
abstenciones y votos en contra, la Ley
de Protección, Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas, con
el objetivo de normar, regular y promover el incremento, desarrollo,
conservación, mantenimiento, preservación y restitución de palmas y árboles en
zonas urbanas, a fin de garantizar el equilibrio ecológico, el desarrollo sostenible
y el bienestar humano.

Para su aplicación,
trabajarán de manera conjunta el Ejecutivo del Estado y los municipios a través
de los Ayuntamientos, para que generen políticas, estrategias, planes,
programas y demás acciones que promuevan un medio ambiente sustentable.

A través de la
Secretaría del Medio Ambiente del Estado (SEDEMA), se trabajará en la siembra
de árboles y palmas en zonas urbanas y con ello se logrará reducir las afectaciones
ambientales que generan diversos fenómenos ambientales, además de brindar
frescura a los seres humanos, ya que estos proporcionan sombra, oxígeno,
humedad y además permiten el embellecimiento de senderos, avenidas y calles.

Dicha ley es resultado
de la iniciativa presentada por la diputada Regina Vázquez Saut, el 12 de julio
del año en curso, quien dijo que en México actualmente se talan alrededor de 18
árboles al día en promedio y cada año se pierde el 15 por ciento de las áreas
verdes, debido a los excesos de urbanización en las ciudades y la falta de
previsión del cuidado del medio ambiente, esto principalmente por la falta de
un reglamento en los municipios.

Para tales efectos,
la Ley contempla la creación de un reglamento mediante el cual los 212
Ayuntamientos estarían obligados a la siembra y protección de árboles y palmas,
en caso de incumplirlo se impondrán sanciones administrativas.

Las diputadas y diputados del Congreso de Veracruz
aprobaron el Dictamen que reforma la Ley de Turismo para establecer que
corresponde a la Secretaría del ramo promover, en hoteles y restaurantes, la
donación de alimentos en buen estado no utilizados, con la finalidad de que se
destinen a la población en situación de carencia alimentaria.

Este decreto, resultado de la iniciativa que
presentó, el 4 de junio de este año, la diputada del PRI, Luisa Ángela Soto
Maldonado, fue aprobada con 41 votos a favor, sin votos en contra o
abstenciones.

-Adecúan
Código Hacendario Municipal en relación a las UMA-

El Congreso aprobó, con 42 votos a favor, el Dictamen
por el cual se armoniza el Código Hacendario Municipal para el Estado de
Veracruz, estableciendo a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), como
unidad de cuenta, eliminando del texto legal vigente, aquellas referidas al
salario mínimo.

Para los efectos de este Código, se entenderá por
Unidad de Medida y Actualización a la unidad de cuenta, para determinar la
cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en el presente
ordenamiento.

Este Decreto es resultado de la iniciativa que presentó,
el 11 de junio de este año, el diputado del PAN, Arturo Esquitín Ortiz.

-Promoverá
SECTUR profesionalización de prestadores de servicios-

En la sesión, las y los diputados aprobaron el
Dictamen que reforma el artículo 81, fracción II, de la Ley de Turismo del
Estado para señalar que corresponde a la Secretaría de Turismo y Cultura del
Estado (SECTUR) promover la profesionalización de quienes laboran en empresas
turísticas o prestan servicios en la actividad, orientados a las
características de las líneas de producto y la demanda, la certificación en
competencias laborales y fortalecimiento de la especialización del capital
humano.

Este decreto es resultado de la iniciativa que
presentó, el 11 de junio de este año, la diputada del PRI, Luisa Ángela Soto
Maldonado.

Por otra parte, se reformó el artículo 159 de la Ley
de Tránsito y Seguridad Vial con el que se prevé un marco regulatorio que
contemple tarifas que no perjudiquen a los usuarios de servicios auxiliares de
seguridad vial con cobros excesivos.

De esta manera, se establece que cuando un vehículo
sea retirado de la vía pública, el conductor o propietario estará obligado a
cubrir el costo de la maniobra y arrastre realizado por la grúa oficial,
autorizada, permisionada o concesionada, así como el monto de la pensión que se
genere en el depósito vehicular por el resguardo del vehículo, de conformidad
con las tarifas autorizadas por la Secretaría, que no deben exceder de las
establecidas por el Código de Derechos vigente en el Estado por la prestación
oficial de estos servicios.

Este Decreto, es resultado de la iniciativa que
presentó, el 2 de mayo de este año, el diputado del PAN, Rodrigo García
Escalante.

-Aprueban
la creación de institutos municipales de planeación-

En la sesión, fueron aprobadas las modificaciones a
la Ley de Planeación del Estado que permite a los ayuntamientos crear libremente los institutos
municipales de planeación como entes gestores y articuladores de los planes
municipales de desarrollo y que estos deberán aplicarse y ser evaluados
permanentemente, y actualizarse al menos una vez al año.

Este Decreto, es resultado de la iniciativa que
presentó el 12 de Junio de este año la diputada Cinthya Lobato Calderón.

-Precisan
en la ley el término “conflictos de límites territoriales”-

De igual forma, el Pleno aprobó la reforma a la Ley
para precisar el término “conflictos de límites territoriales” como aquel que
se presenta entre dos o más municipios del Estado, por la indefinición,
confusión, error, o la indebida apropiación de un determinado espacio
territorial.

Esta reforma, es resultado de la iniciativa que
presentó, el 19 de julio pasado, el diputado de MORENA, Rogelio Arturo
Rodríguez García.

-Empleos
municipales, para personas originarias del lugar-

Las y los legisladores aprobaron la reforma al
artículo 68 de la Ley Orgánica del Municipio Libre con el que objetivo de precisar
que las titularidades de los cargos enunciadosen el citado artículo sean
otorgados, preferentemente, apersonas originarias del municipio respectivo.

Esta reforma, es resultado de la iniciativa que
presentó, el 9 de febrero pasado, el diputado del PRI, Carlos Antonio Morales
Guevara.

La LXIV Legislatura del Estado de Veracruz instaló
la Diputación Permanente que fungirá durante el segundo receso, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, cuya Mesa
Directiva está integrada por la diputada María Elisa Manterola Sainz, como
presidenta; Nicolás de la Cruz de la Cruz, vicepresidente y Carlos Antonio
Morales Guevara, secretario.

Conforme a los artículos 40 de la Constitución
Política del Estado, 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 72 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, en punto de las 18:30
horas fue declarada legalmente instalada este órgano colegiado.

En las vocalías están los diputados Gregorio Murillo
Uscanga, Rodrigo García Escalante, Basilio Picazo Pérez, Juan Manuel de Unánue
Abascal, Ernesto Cuevas Hernández, Rogelio Arturo Rodríguez García y Zenyazen
Roberto Escobar García.

Fungirán como sus suplentes, en esta representación,
los diputados María Josefina Gamboa Torales, Sergio Hernández Hernández, Marco
Antonio Núñez López, Luis Daniel Olmos Barradas, Arturo Esquitín Ortiz, Ángel
Armando López Contreras, Fernando Kuri Kuri, María del Rocío Pérez Pérez,
Lourdes García González y Yazmín de los Ángeles Copete Zapot.

Este Segundo Receso, último de la LXIV Legislatura
del Estado de Veracruz, comprenderá del 1 de agosto al 4
de noviembre de 2018.

El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz dio
entrada a la iniciativa que reforma
diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, con el objeto de incluir la Unidad Especializada en Combate al Secuestro,
en la que se conjunten trabajos policiales y de inteligencia con apoyo de la
Unidad de Análisis de la Información y los servicios periciales, para colaborar
con las investigaciones a cargo de la referida Unidad Especializada.

La iniciativa, enviada por el titular de la Fiscalía
General del Estado, señala que la Unidad Especializada en Combate al Secuestro
dependerá directamente del Fiscal General y tendrá las facultades y
atribuciones previstas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos
en Materia de Secuestro, esta Ley, su Reglamento y demás normatividad
aplicable.

Contará con departamentos, áreas y un cuerpo técnico
de control que además de las facultades establecidas en el Reglamento de esta
Ley, conjuntará trabajos policiales y de inteligencia con apoyo de la Unidad de
Análisis de la Información y los servicios periciales en la integración de
carpetas de investigación para el esclarecimiento de los hechos.

A través de la técnica especializada de intervención
de comunicaciones privadas en su modalidad de escucha autorizada por los Jueces
del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de
Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, con residencia en la
Ciudad de México; establecerá lineamientos sobre las características de los
aparatos, equipos o sistemas de informática y telecomunicaciones a autorizar,
así como sobre su guarda, conservación, mantenimiento y uso.

En la exposición de motivos, se enfatiza que si bien,
el 4 de septiembre de 2008, fue creada la Unidad Especializada en Combate al Secuestro
y se establecieron sus atribuciones dentro del Reglamento de la entonces
Procuraduría General del Estado de Veracruz; pero dicha unidad no se encuentra
contemplada en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, por lo que se
estima necesario incluirla, a fin de fortalecer, regularizar y dar mayor certeza
jurídica a la actuación de la misma.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Procuración de Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

Las
diputadas y diputados, de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, aprobaron
el Dictamen que reforma el artículo 47 de la Ley de Salud y por el cual se
establece que todo tratamiento médico
específico o intervención quirúrgica que se realice a un paciente, deberá
contar con el consentimiento informado y aceptado mediante firma de éste, de un
familiar o de su representante legal, aceptando los riesgos que conllevan los
mismos.

Para el caso de intervenciones quirúrgicas éstas,
exclusivamente, deberán ser practicadas por médicos especialistas en estricto
apego a las Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud.

De igual forma, se determina que los usuarios tienen
derecho a decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos
y terapéuticos ofrecidos.

En caso de urgencia o que el usuario se encuentre en
estado de incapacidad transitoria o permanente, la autorización para proceder
será otorgada por el familiar que lo acompañe o su representante legal.

De no ser posible lo anterior, el prestador de
servicios de salud procederá de inmediato para preservar la vida y salud del
usuario, dejando constancia en el expediente clínico.

Esta reforma, resultado de la iniciativa que
presentó, el 12 de julio de este año, el diputado del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Kirsch Sánchez, fue aprobada
con 44 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

-APRUEBAN REFORMA QUE FOMENTA LA DONACIÓN DE
LECHE MATERNA-

En la décima segunda sesión ordinaria, las y los
diputados también aprobaron el Dictamen que reforma el primer párrafo y
adiciona las fracciones I y II al artículo 63 de la Ley de Salud, que fomenta
la lactancia materna y se establece la obligación del Estado para impulsar la
creación de bancos de leche materna.

De esta manera, en la organización de los servicios
de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias
del Estado establecerán procedimientos que permitan la participación activa de
la familia en la prevención y atención oportuna de los padecimientos de los
usuarios.

Así como acciones de orientación y vigilancia
institucional, capacitación y fomento de
la lactancia materna y en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a
mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, impulsar la creación
de bancos de leche materna en los
hospitales que cuenten con servicios neonatales, además de promover la
instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y
privado.

Este decreto, resultado de la iniciativa que
presentó, el 28 de junio de este año, el diputado José Kirsch Sánchez, fue
aprobado con 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

El
Pleno de la LXIV Legislatura aprobó, por mayoría de votos, el Dictamen de la
nueva Ley de Atención a Personas Migrantes y sus Familias para el Estado de
Veracruz cuyo objeto es garantizar la protección y promoción de los derechos de todas las personas migrantes que
salen, retornan, se establecen o transitan por el Estado, con independencia de
su situación migratoria.

Se
prevén las bases de la política en materia de atención a migrantes y sus
familias en el Estado, la cual estará centrada en el respeto irrestricto a sus
derechos humanos; organiza la estructura y atribuciones del Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes; define
las atribuciones de las autoridades estatales auxiliares en la atención a
migrantes y delimita las atribuciones de los ayuntamientos en la atención a
migrantes.

Esta
ley, resultado de la iniciativa que presentó, el 14 de diciembre de 2017, la
diputada independiente Miriam Judith González Sheridan, fue aprobada con 45 votos
a favor, sin votos en contra o abstenciones.

El
documento señala que todos los migrantes veracruzanos y sus familias que salgan
o retornen al territorio del Estado, así como los migrantes extranjeros y sus
familias que se asienten de manera temporal o permanente en la entidad, o
transiten por la misma, gozarán de los derechos humanos que se reconocen en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución
Política del Estado de Veracruz y en los tratados internacionales en la materia
de los que México es parte.

Los migrantes, con independencia de su situación
migratoria, tendrán derecho a recibir de manera gratuita y sin
restricción alguna, cualquier tipo de atención médica urgente que resulte
necesaria para preservar su vida y la de sus familias, en cuyo caso, los
encargados de prestar el servicio médico informarán de inmediato, para su
conocimiento y apoyo, al Instituto y al titular del país, del cuerpo consular
acreditado en el Estado, al que pertenezca el migrante.

Las
dependencias y entidades de la administración pública estatal diseñarán e
implementarán políticas públicas y programas especiales para la atención de las
necesidades de las personas migrantes y sus familias en cuanto a salud,
educación, cultura, impartición y administración de justicia, desarrollo
laboral y económico, y todas aquellas destinadas a crear condiciones que
favorezcan el debido ejercicio de sus derechos.

En
la repatriación de personas migrantes de origen veracruzano, el Instituto
Veracruzano de Atención a Migrantes colaborará con las autoridades federales
competentes, cuidando que en todo
momento se respeten a los repatriados sus derechos y que cuenten con acceso a
los servicios públicos que esta Ley y la demás legislación les garantizan.

Se
consideran autoridades en materia de atención a migrantes en Veracruz: el
Gobernador del Estado; el Secretario de Gobierno; el Consejo Consultivo de
Atención a Migrantes; el Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes y los ayuntamientos
a través de sus Comisiones de Población
y de sus Direcciones de Atención a Migrantes.

El
Consejo Consultivo de Atención a Migrantes del Estado de Veracruz, es el órgano
de consulta que asesora y apoya al Instituto en la delineación y ejecución de
sus actividades, promoviendo una colaboración intersectorial entre los diversos
órganos que lo integran en beneficio de la atención que se brinde a las
personas migrantes y sus familias en la entidad.

Los
ayuntamientos diseñarán y mantendrán un Padrón Municipal de Personas Migrantes,
el cual tendrá como objetivo registrar el número y características de los
migrantes y sus familiares en ese municipio. El Padrón funcionará mediante un
sistema electrónico conforme a lo que se establezca en el Reglamento.

El
Registro Estatal de Personas Migrantes será público y estará a cargo del
Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes; el cual contará con el apoyo de
todos los ayuntamientos del Estado.

Dentro
de los treinta días siguientes a su nombramiento, el Director del Instituto
Veracruzano de Atención a Migrantes hará llegar a los integrantes de la Consejo
Consultivo su Proyecto de Plan Anual de Trabajo.

En
los posicionamientos, la diputada Miriam Judith González Sheridan señaló que
esta ley dota a las autoridades estatal y municipales para la instrumentación
de políticas a favor de personas migrantes, en especial cuando se trate de
niñas y niños. Agregó que el Registro Estatal de Personas Migrantes vendrá a mejorar
el diseño de acciones y políticas para la debida atención a este sector.

En conferencia de Prensa, el coordinador del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Nicolás Callejas Roldán, afirmó categórico
que los diputados priístas no reconocen la forma arbitraria en que se llevó a
cabo el proceso de elección del Fiscal Anticorrupción en la sesión del día de
hoy.

Señaló
que son muchas las irregularidades e ilegalidades que se registraron en dicha
elección, donde se nombró a Marcos Even Torres Zamudio, como Fiscal
Anticorrupción de Veracruz, por un periodo de cinco años.

La
designación se llevó a cabo con tan solo 27 votos a favor y sin cumplir con el
requisito de ser aprobado por las dos terceras partes de los diputados
presentes de la LXIV Legislatura, por lo que no se registró un consenso
mayoritario, lo que incurre en una violación a la Constitución Política del
Estado de Veracruz.

Callejas
Roldán, acompañado por los coordinadores de los Grupos Legislativos de Juntos
por Veracruz, Fernando Kuri Kuri y de MORENA, Zenyazen Roberto Escobar Pérez,
además de diputados de las tres bancadas, manifestó que los diputados panistas
“se pasaron la ley por donde quisieron” en esta imposición a modo, que flagela
la democracia y legalidad del Congreso Estatal.

“Es
lamentable que se lleven a cabo este tipo de acciones que violentan los
derechos de todos los veracruzanos y pasan por alto la decisión de las
mayorías. Estamos aquí, juntos, sin fijarnos en partidos, pero sí viendo
siempre por el futuro de la entidad, pues es nuestro deber”, concluyó el diputado
Juan Nicolás Callejas Roldán.

El
Congreso del Estado de Veracruz reformó la Ley de Salud, con lo que se
impulsarán acciones encaminadas a generar un estilo de vida saludable,
basada en la alimentación, activación física y el cese de los hábitos de
consumo de tabaco y alcohol.

Esta
reforma, resultado de la iniciativa que presentó, el pasado 12 de julio, la
diputada del Grupo Legislativo de MORENA, Guadalupe Osorno Maldonado, fue
aprobada con 45 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

De esta manera, se incluye en la Ley el concepto
“estilo de vida saludable”, como el conjunto de actividades y elecciones
conscientes que una persona, pueblo, grupo social y familia realiza a diario,
con determinada frecuencia, para prevenir y conservar su salud; y que depende
de sus necesidades, y posibilidades económicas, entre otros factores.

Estas actividades de prevención, se planearán
enfocadas a establecer un estilo de vida saludable en la población, como
prevención general de las enfermedades no transmisibles, con excepción de los
casos especiales que requieran especificaciones más puntuales.

La Comisión de Salud y Asistencia estimó viable esta
modificación a la Ley, toda vez que se justifica la
prevención de enfermedades mediante la educación para la salud, que comprende
entre otros aspectos, la promoción de un estilo de vida saludable en la
población en general.

El
Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó el Dictamen por el que se crea
la nueva Ley de Control Constitucional para el Estado de Veracruz, cuyo objeto
es dirimir de manera definitiva e inatacable en el orden jurídico estatal, los
conflictos que por la Constitucionalidad de sus actos, normas generales o la
inexistencia de éstas, surjan en el ámbito interior del Estado entre el Poder
Ejecutivo y el Legislativo o entre uno de ellos y los municipios que conforman
el Estado.

Esta
ley, resultado de las iniciativas que presentó el diputado Carlos Antonio
Morales Guevara, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la diputada
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), fue avalada con 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

De
esta manera se señala que la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia
del Estado es competente para sustanciar, con base en las disposiciones de esta
Ley, el procedimiento que regule las Controversias Constitucionales, las
Acciones de Inconstitucionalidad y las Acciones por Omisión Legislativa.

Tendrán
el carácter de parte en las controversias Constitucionales: como actor, el o
los Municipios, el Poder Legislativo o el Ejecutivo que promueva la
controversia; como demandado, el o los Municipios, el Poder Legislativo o el
Ejecutivo, que hubiere emitido y promulgado la disposición general o
pronunciado el acto que sea objeto de la controversia y como tercero o terceros
interesados, el o los Municipios o los Poderes Ejecutivo y Legislativo en
aquellos casos en que, sin tener el carácter de actores o demandados, pudieran
resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse.

Tratándose
de controversias Constitucionales, el Magistrado ponente, a petición de parte o
de oficio, podrá conceder la suspensión del acto que las motivare, hasta antes
de que se dicte sentencia definitiva. La
suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por
las partes o recabados por el Magistrado ponente.

Al
dictar la sentencia, el Pleno deberá, en su caso, corregir los errores que
advierta en la cita de los preceptos invocados y examinará en su conjunto los
razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente
planteada.

Procede
la acción por omisión legislativa, cuando se considere que el Congreso del
Estado no ha aprobado alguna Ley o Decreto y que dicha omisión afecte el debido
cumplimiento de la Constitución Política del Estado.

El
Procedimiento de Protección para Pueblos y Comunidades Indígenas tiene como
propósito hacer eficaces los derechos humanos establecidos por la Constitución
del Estado, y los Tratados Internacionales firmados por el Estado mexicano; así
como, en su caso, reparar afectaciones a dichos derechos.

Los
Pueblos o Comunidades Indígenas que estimen vulneración a sus derechos humanos,
mediante escrito simple, podrán comparecer ante la Sala Constitucional y
detallar el motivo de su promoción, en la cual debe establecerse el acto u
omisión que se estiman causa agravio a sus intereses; así como la autoridad o
autoridades responsables de dicho acto u omisión.

En
los posicionamientos, la diputada del PRD, Yazmín Copete Zapot señaló que debe
fortalecerse al Poder Judicial para que actúe como contrapesos y dirimir
controversias entre el Ejecutivo, Legislativo o municipios. Este será uno de
los temas que tendrán que llevarse a cabo a partir de noviembre de este año,
añadió.