La LXIV
Legislatura del Estado de Veracruz, a través de su Diputación Permanente, declaró
aprobados en lo general tres decretos de reforma a la Constitución Política del
Estado de Veracruz relacionados con las sesiones foráneas de este Poder, las
declaraciones patrimoniales que recibirá el Congreso sólo será de sus
servidores públicos y los Ayuntamientos tendrán que crear sus contralorías
internas y el relacionas con la agilización de las reformas a la Carta Magna.

Lo
anterior tras la lectura de los informes, remitidos por la Secretaría General
de este Congreso del Estado.

En primera
instancia fue informado que el decreto que reforma el artículo 28 de la
Constitución Política del Estado, relativo a que las sesiones foráneas se
podrán realizar únicamente por acuerdo de las dos terceras partes del total de
los diputados presentes, fue respaldado por 161 ayuntamientos; de estos 43
fueron por Cabildos que mandaron su acta a favor y en los 118 restantes se
configuró la figura de “Afirmativa Ficta”.

Por otra
parte el Decreto que reforma la fracción XVII del artículo 33, la fracción IX
del artículo 71 y el segundo párrafo del artículo 76 de la Constitución
Política del Estado registró el respaldo de 163 Ayuntamientos; de estos 45
fueron por Cabildos que enviaron su acta en sentido positivo y en los 118
restantes se configuró la “Afirmativa Ficta”.

Este
decreto señala que el Poder Legislativo de Veracruz recibirá únicamente las
declaraciones patrimoniales de sus servidores públicos y en tanto los
Ayuntamientos deberán establecer sus propios órganos internos de control
autónomos, los cuales deberán llevar el registro de la situación patrimonial de
los servidores públicos municipales.

Por
último, el Decreto que reforma el artículo 84, párrafos primero y segundo, de
la Constitución Política del Estado fue avalado por 153 Ayuntamientos; de estos
43 fueron por Cabildos que mandaron su acta en sentido positivo y los 110
restantes fueron por la figura de “Afirmativa Ficta”.

Este
Decreto tiene como propósito agilizar los procesos relacionados con las
reformas constitucionales.

Tras
ser declarados aprobados en lo General por el Congreso de Veracruz, estos
decretos serán enviados al Poder Ejecutivo Estatal a fin que sean publicados en
la Gaceta Oficial del Estado y por ende su entrada en vigencia.

El
diputado Ernesto Cuevas Hernández presentó la iniciativa de decreto que adiciona
y reforma las Leyes de Responsabilidades Administrativas; de Fiscalización Superior
y Rendición de Cuentas; del Sistema Estatal Anticorrupción; las Orgánicas del
Poder Ejecutivo y del Legislativo, todo ello con el objetivo de garantizar que
las autoridades del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) cuenten con recursos
ya etiquetados para operar adecuadamente, mismos que deberán ser contemplados
en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado.

En tribuna,
el integrante del Grupo Legislativo Mixto, Juntos por Veracruz, señaló que la
iniciativa busca que las y los veracruzanos conozcan el costo que tendrá
prevenir, detectar, combatir y sancionar los eventuales actos de corrupción
provenientes de servidores públicos.

Para lo
cual se deberá etiquetar los recursos destinados al Sistema Estatal
Anticorrupción, cuyo fin será contar con información que permita analizar el
costo-beneficio de este Sistema.

El
legislador Cuevas Hernández destacó la importancia que todo recurso, que sea
aprobado por el Congreso de Veracruz y que tenga como destino combatir la
corrupción, sea etiquetado en el presupuesto de egresos de cada año.

La
iniciativa se turnó a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, para su
análisis y dictamen correspondiente.

Este mes patrio se conmemora un evento histórico que
nos dio identidad, libertad, patria y la oportunidad de erigirnos como pueblo
soberano, fueron las palabras que dio la presidenta de la Mesa Directiva de la
LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, la diputada María Elisa Manterola
Sainz, durante el 208 aniversario de la Independencia de México.

La diputada Manterola Sainz subrayó que es momento
que las y los diputados que integran al Congreso del Estado, reflexionen sobre
los avances que han logrado y los que les faltan por hacer, ya que es momento
de refrendar el compromiso con la sociedad y con el respeto a nuestras leyes, a
fin de retomar los ideales históricos que nos enseñaron la ruta para ser una
república democrática y representativa.

Dijo que en esta conmemoración se firma y ratifica
el compromiso por las y los veracruzanos.

A la guardia de honor asistieron las diputadas
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, María Josefina Gamboa Torales, Luisa Ángela
Soto Maldonado, Judith Pineda Andrade, María del Rocío Pérez Pérez y Patricia
Rodríguez Cueto.

Así como los legisladores Sergio Hernández
Hernández, Fernando Kuri Kuri, Ángel Armando López Contreras, José Manuel
Sánchez Martínez, Marco Antonio Núñez López, Juan Manuel de Unánue Abascal, José
Luis Enríquez Ambell, Sergio Rodríguez Cortés, Emiliano López Cruz, Rodrigo
García Escalante y Gregorio Murillo Uscanga.

Del área administrativa el Secretario General del
Congreso del Estado, Juan José Rivera Castellanos; el Secretario General del
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, José de
Jesús Rodríguez Hernández, directivos y personal administrativo.

La LXIV
Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el Acuerdo por el cual se exhorta al
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a que instruya lo
conducente para considerar nuevos reactivos y sus correspondientes variables
para generar información estadística en materia del trastorno del espectro
autista, a efecto de tener el primer comparativo histórico nacional de este
sector de la población, para el diseño e implementación de programas y
políticas públicas para su debida atención.

Este
documento, resultado del anteproyecto que presentó el pasado 28 de mayo el
diputado del PAN, Gregorio Murillo Uscanga, señala que las personas con
discapacidad en México siguen conformando uno de los grupos sociales más
desprotegidos, vulnerables y discriminados que no disfrutan de la totalidad de
sus derechos civiles, políticos, económicos, culturales y lingüísticos, al ser
relegados del bienestar y desarrollo nacional.

-Llama Congreso al
Senado a firmar tratado relativo al trabajo doméstico-

En la
sesión, tercera del segundo receso, las diputadas y diputados aprobaron el
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) por el cual se exhorta al
Senado de la República para que ratifique el Convenio de la Organización
Internacional del Trabajo, número 189, sobre el trabajo decente para las
trabajadoras y los trabajadores domésticos.

Este
Acuerdo, resultado del anteproyecto presentado el pasado 28 de agosto por la
diputada Miriam Judith González Sheridan, señala que en México, alrededor del 60 por ciento de la población
económicamente activa se ubica en la informalidad.

Entre los
empleos informales está el trabajo doméstico que son quienes registran una
mayor vulnerabilidad, porque es infravalorado y en muchas ocasiones pesa la
condición migratoria o el grupo étnico de la persona que lo presta para que se
abuse de ella en su relación laboral.

-Órganos autónomos y
Ayuntamientos deberán fortalecer sus contralorías-

Las y los
diputados también aprobaron el Acuerdo por el cual se exhorta a los titulares
de los Organismos Autónomos del Estado y a los ayuntamientos de la Entidad a
dotar a sus órganos internos de control de autonomía técnica, de gestión y
presupuestal.

Lo
anterior, mediante la creación de una unidad presupuestal específica, cuyo
titular tenga el nivel de director general o su equivalente y cuente, como
mínimo, con áreas de auditoría, substanciación y de autoridad investigadora,
así como con el personal necesario para el cumplimiento de sus atribuciones,
mismo que será designado por el titular del órgano interno de control.

La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot
presentó un anteproyecto con punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de
Educación de Veracruz (SEV) a que, en ejercicio de sus atribuciones legales,
instruya al área competente e implemente disposiciones sobre el uso de
teléfonos móviles en las aulas de clase en las Escuelas de Educación Básica y
Media Superior de la entidad.

En su intervención, la diputada del Grupo
Legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) indicó que de
acuerdo al estudio “Efectos de la Adicción al Celular en Colegios” realizado
por la Facultad de Comunicaciones
de la Universidad de los Andes, determina que los alumnos que utilizan con
mayor frecuencia su teléfono celular tienen un desempeño escolar bajo.

Derivado de lo anterior –agregó- se concluye que el uso del teléfono
celular representa el principal distractor para los alumnos en los diferentes
niveles educativos, y se ha convertido en una adicción y dependencia para
muchos niños y jóvenes; de educación básica y educación superior.

Tras reiterar su postura para que la SEV implemente
disposiciones para regular el uso de dispositivos móviles en las aulas, la
legisladora Copete Zapot subrayó que es responsabilidad de los padres de
familia identificar los riesgos y/o beneficios que pueden generar a los menores
el uso inadecuado de los teléfonos celulares en las aulas.

Esto, con la ayuda de profesores y autoridades académicas, “ya que un uso
moderado, adecuado y regulado de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC´s) y específicamente de los teléfonos celulares puede
coadyuvar al proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de que el
conocimiento pueda ser transmitido correctamente a los estudiantes y sean
formados con habilidades y capacidades en beneficio de la sociedad” manifestó.

En su discurso, la legisladora destacó que de
acuerdo a la Compañía de Investigación
de Marketing en Internet (Comscore),
revela que México cuenta con audiencia móvil compuesta del 70 por ciento de
usuarios entre 18 y 34 año; el resto son personas de más de 35 años de edad.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señaló que
existe un trastorno siquiátrico de adicción al teléfono celular conocido como nomofobia y puede generar malestares en
articulaciones, ojos, huesos y oídos, padecimiento de insomnio, depresión y
ansiedad, esto sin dejar de lado, el bajo rendimiento escolar que esto provoca
a los estudiantes.

La LXIV
Legislatura del Estado de Veracruz, a través de su Diputación Permanente,
aprobó el Acuerdo por el cual se exhorta al Congreso de la Unión y a la
Secretaría de Energía, a través de la Comisión Reguladora de Energía del
Gobierno Federal, para que se le requiera a la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) para que en 17 municipios veracruzanos, -que registran las temperaturas
más altas- se les otorgue un mayor subsidio en el pago del servicio, así como
se verifiquen, reclasifiquen y ajusten, a la baja, las tarifas domésticas de
energía eléctrica.

El Acuerdo,
resultado del anteproyecto que presentó el pasado 28 de agosto la diputada
María Elisa Manterola Sainz, señala a los municipios de Pánuco, Cerro Azul, Tuxpan, Álamo Temapache,
Castillo de Teayo, Poza Rica de Hidalgo, Coatzintla, Papantla, Espinal, Coyutla,
Martínez de la Torre, Tierra Blanca, Cosamaloapan, Tres Valles, Isla, Playa
Vicente y José Azueta.

El
documento enfatiza que Veracruz está entre las entidades federativas que más
generan, transmiten y suministran energía eléctrica en todo el país. Se ubica
como primer lugar nacional en producción nucleoeléctrica y termoeléctrica, en
segundo lugar, en el sector independiente de energía y en décimo lugar, en
generación proveniente de las plantas hidroeléctricas.

-Pide Congreso a la SEV
solucionar problemática de trabajadores de la educación defraudados-

En la
sesión, fue aprobado el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO)
por el cual se exhorta a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) a
procurar mecanismos de solución a la problemática que enfrentan los
trabajadores de la educación defraudados por diversas personas morales, al
amparo de convenios suscritos entre éstas y dicha dependencia, y que han
provocado que los ingresos percibidos sean insuficientes para su subsistencia.

De igual
forma se exhorta al titular de la SEV para que dé por terminado todos los
convenios con empresas, sociedades financieras y demás personas morales,
mediante los que actualmente se ofrecen bienes y servicios a los trabajadores
de la educación, así como a cancelar las claves de descuento respectivas.

Lo
anterior es resultado del anteproyecto que presentó el 7 de agosto de este año
el diputado Carlos Antonio Morales Guevara, a nombre del Grupo Legislativo del
PRI.

-Ayuntamientos deberán
integrar a la brevedad sus Órganos Internos de Control-

De igual
manera la Diputación Permanente avaló el Acuerdo por el cual se exhorta a los
Ayuntamientos de la entidad a que integren sus órganos internos de control, en
estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 115 de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas y 73 Quater de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Lo
anterior es resultado del anteproyecto que presentó el diputado del PAN, Juan
Manuel de Unánue Abascal, el pasado 2 de mayo.

La diputada del Grupo Legislativo de MORENA en el
Congreso de Veracruz, María del Rocío
Pérez Pérez, presentó un anteproyecto con punto de acuerdo en el que exhorta al
titular del Poder Ejecutivo del Estado y al secretario de Seguridad Pública
para que cancelen los operativos, implementados por elementos de seguridad
pública, en los que se ven involucrados
taxistas de la entidad.

En tribuna, la legisladora expuso que el
reordenamiento y regularización de transporte público tiene el propósito de
revisar la situación que guarda este servicio en la entidad, a fin de garantizar
que sea de calidad para los usuarios.

Dijo que a la fecha elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
llevan a cabo operativos, violando los artículos 146 y 149 de la Ley de
Tránsito y Seguridad Vial, que señala que las infracciones y sanciones se
realizarán únicamente cuando se presente una acción u omisión que contravenga
la misma Ley.

Actualmente –añadió- los operativos se realizan sin
haber incurrido en alguna falta, por lo que exhorta al Ejecutivo del Estado a
que gire las instrucciones necesarias y terminen con los operativos a los
concesionarios y conductores de transporte público, en especial a los taxistas.

De igual forma solicita que se amplíe a los concesionarios que recibieron
su aviso de emplacamiento después del 31 de julio del presente, a un periodo de
30 días el plazo de pago.

El anteproyecto se turnó a la Junta de Coordinación
Política para su análisis.

En
la sesión, la diputada del Grupo Legislativo del PAN, Miriam Judith González
Sheridan presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar a la
Secretaría de Fiscalización y a la Comisión Permanente de Vigilancia de este
Poder, para que tomen las medidas en razón de los actos político-administrativos
del presidente municipal de Minatitlán, denunciados por ediles de ese
Ayuntamiento.

Tras
señalar las diversas denuncias que ha recibido el Congreso local, la diputada
González Sheridan consideró que son muchas las violaciones a la ley por parte
del presidente municipal, Nicolás Reyes Álvarez, quien –indicó- en los últimos días ha sido de nueva cuenta
señalado verse inmerso en la liquidación de un embargo de propiedad superior al
millón y medio de pesos.

Por
último, expresó que como diputada y representante del Distrito XXVIII de
Minatitlán, estará atenta a las demandas de la población y a las solicitudes de
intervención de esta Soberanía a los hechos que prevalecen en el que
–consideró- desgobierno en este Ayuntamiento del sur de Veracruz.

“Exijo
de manera contundente que de haber responsabilidades por el multicitado
Alcalde, se actúe conforme a derecho y se promueva la destitución del
Presidente Municipal, Nicolás Reyes Álvarez”, concluyó.

La
diputada Miriam Judith González Sheridan presentó ante la Diputación Permanente
la iniciativa que adiciona la fracción VI al artículo 10 de la Ley número 483
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el Estado de Veracruz con el
propósito que este órgano autónomo tenga la obligación de elaborar y difundir
Informes Temáticos o diagnósticos respecto de la situación de los derechos humanos en la entidad, abordando problemas específicos,
emergentes o no, que afecten a la sociedad veracruzana.

En su intervención durante la tercera sesión
ordinaria, la legisladora destacó que dichos informes deberán contener, al
menos: presentación, metodología, antecedentes, acciones, hechos, conclusiones
y propuestas.

De acuerdo a la iniciativa la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH) deberá elaborar por lo menos tres de estos documentos
al año y éstos podrán ser a iniciativa de la propia Comisión o a solicitud
conjunta, o separada, de por lo menos 10 organizaciones civiles con presencia
en la entidad.

La diputada González Sheridan consideró de suma
importancia que el contenido de los Informes deberá verse como un medio para
incidir de manera proactiva en la agenda gubernamental, que permita exigir el
despliegue de políticas públicas concretas para atender de manera focalizada
problemas emergentes que afectan a la sociedad veracruzana.

En la tribuna, subrayó que han sido pocos los
Estados de la República que, a través de la elaboración de diagnósticos o
informes temáticos, se han dado a la tarea de dar a conocer los problemas
reales y urgentes que afectan a la sociedad en su ámbito estatal, pues ello se
ha interpretado como una abierta afrenta a los poderes públicos en turno.

Ejemplificó el caso de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Jalisco, que en este periodo ha emitido varios de estos
informes temáticos de relevante impacto social: Diagnóstico y Pronunciamiento
sobre la situación de las personas con discapacidad en Jalisco (2012);
Diagnóstico y pronunciamiento sobre el ejercicio y garantía de los derechos
humanos de las personas migrantes (2013) y el Diagnóstico comparativo y
pronunciamiento sobre la situación de las personas con discapacidad en Jalisco
(2015).

Así como el Diagnóstico y pronunciamiento sobre la
observancia del derecho a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres en el ámbito de los derechos humanos en el estado de Jalisco (2015) y
el Diagnóstico y pronunciamiento sobre el respeto, protección y garantía de los
derechos de las personas migrantes que se encuentran en una situación irregular
(2017).

El
diputado Sebastián Reyes Arellano, presentó la iniciativa que reforma el tercer párrafo del artículo 13 de la Ley de Educación del Estado para que
el Gobierno estatal destine un presupuesto que dote de un paquete de útiles
escolares y un par de zapatos por cada
alumno inscrito en las escuelas de educación básica; así como un paquete de
útiles escolares y uniforme escolar para cada alumno inscrito en escuelas de
educación media superior, de los municipios que se encuentren dentro de la
Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria.

Lo anterior con base en los Criterios Generales para
la Determinación de las Zonas de Atención Prioritaria, emitidos por
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL).

En la tribuna, el integrante del Grupo Legislativo
del Partido Acción Nacional (PAN) consideró necesario complementar la reforma
aprobada por esta Legislatura el 1 de febrero de este año (propuesta del
diputado Vicente Benítez González) que señala la obligación del Gobierno
estatal de asignar un Presupuesto anual para dotar de un juego de uniforme gratuito
a alumnos de educación básica, inscritos en escuelas asentadas en los
municipios de la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria.

Añadió que la educación de las niñas y los niños no
sólo requiere de infraestructura adecuada, de programas educativos de calidad,
de profesores bien capacitados, sino de generar las condiciones para lograr que
la educación no sea una carga económica para las familias, en especial para
aquellas que se encuentran en situación vulnerable.

Indicó que en varios municipios de Veracruz el
analfabetismo, la migración y la pobreza son el pan de cada día de miles de
personas que aquí habitan. Por lo que la escuela no se ha vuelto una verdadera
prioridad para miles de familias veracruzanas.

Los jóvenes se han visto obligados a dejar la
educación escolar para ir a trabajar al campo, a las grandes ciudades o hasta
otros países, expuso el legislador Reyes Arellano, quien agregó que esto lo
hacen para generar ingresos que alivien la economía familiar, “en esta
situación hay miles de niños y niñas que incursionan en la vida laboral sin
haber concluido la educación primaria” refirió.

Detalló que un ejemplo claro es la sierra de
Zongolica, la cual está dentro de las regiones con mayores índices de pobreza
del país, donde alrededor del 46 por ciento de la población mayor de 15 años ni
siquiera saben leer ni escribir.