El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados, realizó el foro “El Congreso de la Unión en el concierto internacional”, para analizar con especialistas y docentes los compromisos del Legislativo en el contexto mundial.

El encargado de la dirección general del CEDIP, Juan Carlos Cervantes Gómez, consideró importante las aportaciones de maestros y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sobre las problemáticas que se derivan del contexto internacional, porque “los problemas de México también son de los universitarios”.

Consideró que el Poder Legislativo requiere de mayor interacción y participación activa en la negociación de tratados internacionales, lo que permitiría mejores productos normativos.

Destacó que el trabajo parlamentario del Congreso de la Unión ha ayudado a denunciar delitos y presionar a las autoridades de procuración de justicia a que tomen acciones, así como hacer diagnósticos para saber si las leyes cumplen con su objetivo y, en su caso, modificarlas.

De la Facultad de Estudios Superiores-Aragón de la UNAM, María Guadalupe Durán Alvarado señaló que la función de control que tiene el Congreso de la Unión lo hace a través de sus dos cámaras y de manera interna y con miras a verificar que el trabajo del Ejecutivo federal tenga sustento en la legalidad.

Mencionó que los acuerdos comerciales del país han influido en los cambios económicos de los últimos 30 años, desde la firma del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para la máxima integración económica, que actualmente espera su ratificación como T-MEC, de cuyo éxito dependen 14 millones de empleos. “Hemos dado cumplimiento a peticiones de Estados Unidos en materia laboral, y el Congreso de la Unión se puso a trabajar para cumplir con esa exigencia para la ratificación”.

Expresó que México tiene 11 acuerdos comerciales que le permiten comercializar con 46 países y acceder a un mercado de consumo de mil 500 millones de personas, que lo han posicionado como la cuarta potencia económica en el Continente Americano, segunda en América Latina y en el sitio 15 a nivel mundial. “La agenda de política exterior es amplia; debe tocar temas como migración, cooperación internacional, derechos humanos, régimen multilateral de control de drogas, comercio, inversión y cambio climático, entre otros”.

Isidro Mendoza García, especialista en justicia constitucional y derechos humanos y docente de la Facultad de Estudios Superiores-Aragón de la UNAM, sostuvo que entre mejores sean las adecuaciones legislativas del Congreso habrá mayor armonía jurídica entre el sistema normativo mexicano y el ámbito internacional en materia de derechos humanos.

Cuestionó que se haya dejado fuera a la Cámara de Diputados en la ratificación de tratados internacionales en derechos humanos, cuando tienen implicaciones para los gobernados. Los retos del Congreso de la Unión en el plano mundial, añadió, radican en dar cumplimiento a las resoluciones, entre ellas, la emitida por países europeos sobre el caso Ayotzinapa.

Se manifestó para que el Congreso, e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tengan el control previo de convencionalidad o constitucionalidad para que antes de que empiece un tratado internacional en materia de derechos humanos, el Estado faculte a las cámaras del Congreso un instrumento que permita armonizarlo previamente con la Constitución Política y prevenir la responsabilidad que tiene a la postre por violación de garantías del Estado mexicano.

El académico de la Facultad de Estudios Superiores-Aragón de la UNAM, Antonio Reyes Cortés, puntualizó que no es suficiente un sólo órgano administrativo como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para cuidar el cumplimiento de las garantías individuales, pues existen 210 tratados mundiales en esta materia.

Precisó que los únicos violadores de derechos humanos son las autoridades y quienes ejercen el poder, “no los particulares, porque nosotros cometemos delitos”. Además, hizo votos para crear los mecanismos jurídicos que permitan llegar a una mejor sociedad y ciudadanía.

Se pronunció para que en la educación media superior se contemple -de manera obligatoria- una materia en derechos humanos, pues es el nivel donde los próximos ciudadanos se preparan. “Ése es uno de los mayores retos que tiene el Congreso de la Unión en la política actual e incluso no se prevé este tema en la licenciatura de derecho”.

En San Lázaro se inauguró la “Quinta Expo CENDI 2019”, del Centro de Desarrollo Infantil “Antonia Nava de Catalán”, de la Cámara de Diputados, la cual exhibe las diferentes actividades desarrolladas todos los días por hijas e hijos de las y los empleados de este recinto legislativo.

La diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra (Morena), mencionó que es importante como derecho a la educación, seguir reconociendo que las niñas y los niños deben crecer en un ambiente de felicidad, amor y comprensión en el seno familiar, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad.

Dijo que el Estado debe garantizar este derecho a la educación y agradeció a las maestras, autoridades y personal de este centro, por la atención a las niñas y niños y su cuidado necesario.

La directora del CENDI, Miriam Delgado Martínez, explicó que la exposición muestra las actividades y labores que día con día se realizan en este centro durante un ciclo escolar.

Agregó que en congruencia con las necesidades escolares que exige la Secretaría Educación Pública, se constituyeron grupos en los que los alumnos participan desarrollando alguna actividad, con la finalidad de reconocer fortalezas y oportunidades para seguir aprendiendo, mostrando capacidades y talentos específicos.

Con ello, se da respuesta a la implementación del nuevo modelo educativo que tiene como misión “Educar para la Libertad y la Creatividad”, incorporando grupos multigrados.

Los grupos denominados clubes son: Bailo y Juego; Tertulias Literarias; Artemáticas y Huerto Escolar, donde los niños participaron desarrollando alguna actividad.

También se realizó una muestra de experimentos por parte de alumnos de preescolar. Esta exposición se encuentra en el Lobby del edificio E, del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Se contó con la presencia de autoridades y el comité del Sindicato de la Cámara de Diputados, representantes del área de Recursos Humanos, padres de familia, y personal de este centro.

La directora del CENDI, agradeció a las autoridades de Recursos Humanos de este Congreso, a las maestras por la labor desarrollada, entrega y dedicación. Asimismo, a los padres de familia por su confianza, apoyo y compromiso.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, subrayó la importancia de definir el ejercicio del gasto, porque es algo que no se ha hecho. Afirmó que la Administración Pública es redundante y la mayor parte del presupuesto es para salarios, nómina, gastos y déficit, lo que deja al Ejecutivo con menos del 5 por ciento, haciendo que las variantes sean mínimas.

Al participar en la inauguración del coloquio “Política tributaria, ejercicio presupuestal, crecimiento económico y bienestar social”, sostuvo que es necesario crear un sólo circuito fiscal o hacendario; “es algo que hay que tomar en cuenta para el crecimiento económico”.

Destacó que la Cámara de Diputados recibió el pasado 30 de abril el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que tiene nada menos que una característica que lo hace diferente a los otros; teóricamente es de cumplimiento obligatorio.

“Nosotros vamos a estudiar el programa y lo vamos a pasar al Pleno de la Cámara; eso lo va a hacer la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, que es un órgano encabezado por el Presidente de la Cámara y los coordinadores de todos los partidos”, comentó.

Muñoz Ledo subrayó que en ese análisis se debe tratar “el tema que nunca se trata: quién cobra los impuestos, cuáles son los impuestos y cuáles las tasas; es decir, el principal tema es el federalismo”.

Recordó que en (1925) hubo convenciones nacionales fiscales, y sin existir la Comisión Nacional de Gobernadores, ahí estaban los ejecutivos locales, y realmente se pactaba.

Posteriormente, continuó, en tiempos de David Ibarra (secretario de Hacienda y Crédito Público, de 1977 a 1982), se creó la ley de coordinación y los estados quedaron en condición muy precaria, sujetos a las participaciones. “Ese ha sido un centralismo pavoroso”.

Como ustedes recuerdan, el artículo 26 que se redactó en la época de Miguel de la Madrid, estableció una serie de valores que son cualitativos de tener un crecimiento sostenido; es muy vago, regularmente escrito, pero lo que nosotros tenemos que hacer es que el programa corresponda –eso dice la ley- a los principios del artículo 26.

De cualquier modo ocurrirá, porque el artículo 26, insisto, es sumamente general y no hay ningún valor que esté ahí que no se perciba.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), destacó que antes de concluir el mes de junio, en periodo extraordinario, se va a discutir y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Mencionó que un tema urgente es la debilidad fiscal y financiera del Estado mexicano, en sus tres órdenes de gobierno: municipio, entidad federativa y Federación. “Si no se soluciona este flagelo tendremos complicaciones para reconstruir el Estado de bienestar que anhelamos e invertir de manera decisiva en infraestructura, en la generación de empleos y salir del estancamiento económico generado por décadas”.

Hoy, dijo, se tiene una base importante que ha sido decisión del nuevo gobierno: mayor racionalidad del gasto, manejo escrupulosamente honesto de las finanzas, superávit fiscal y estabilidad económica y financiera.

Ramírez Cuéllar expuso que la expectativa para septiembre es presentar un paquete de reformas que atiendan el problema de la debilidad fiscal en todos los órdenes del gobierno.

“Quisiéramos una política que refuerce la recaudación del predial; que discuta los temas ambientales en las entidades federativas; que sea más homogénea, transparente, equitativa y sin competencias desleales para federalizar cobros como la tenencia, y que ataque un problema muy grave de evasión, quizás el mayor boquete, que es el de la facturación falsa”, añadió.

Puntualizó que se busca reducir el margen entre las tasas legalmente establecidas del Impuesto Sobre la Renta y las efectivamente pagadas. Además, regular el comercio electrónico y la economía digital.

Se pronunció por atender a las enfermedades catastróficas que constituyen una epidemia que no sólo exige inversiones millonarias de recursos en materia de salud, sino representan pérdidas humanas y de productividad, como son “la fuerte inversión que se requiere para atender cánceres, diabetes, obesidad y padecimientos cardiovasculares; por eso, el tema del tabaco, el de las bebidas azucaradas, de la comida chatarra y del alcohol tienen que ser nuevamente puestos a discusión”.

El diputado hizo votos para que este esfuerzo tributario se pueda aprobar en septiembre. “Estamos buscando que en 2020 alcancemos un incremento en la recaudación de aproximadamente dos puntos del Producto Interno Bruto; si logramos recaudar 480 mil millones de pesos, podremos realizar muchas de las necesidades de inversión que se requieren en infraestructura, salud, en los estados y en municipios”.

Sostuvo que el tema de fiscalidad es difícil y complicado, por ello, “se tiene que articular y construir mucho consenso. Es el tema que decidirá el futuro de la Cuarta Transformación”.

Al inaugurar el foro, Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que es inadmisible que más de 100 millones de mexicanos vivan en pobreza extrema y otros en vulnerabilidad social o económica; es prioritario construir un programa nacional de desarrollo que permita abatir los lacerantes índices de desigualdad.

Puntualizó que la universidad hablará con verdad y soberanía y trabajará para lograr distribuir mejor el ingreso, a fin de propiciar una mejor situación fiscal al Estado.

“Cuenten con ello, por supuesto; seguiremos trabajando y ampliaremos la capacidad de tener convenios con los representantes de la nación para propiciar esto que estamos buscando. Es un deseo, no sólo del actual gobierno, sino de todos los mexicanos, el que tengamos un país más justo y más equitativo”, subrayó.

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena Ibarra, consideró que entre los instrumentos que requieren aplicarse está una mayor recaudación del Impuesto Sobre la Renta y de los impuestos sobre el patrimonio, porque sigue siendo muy débil en la región, así como eficientes políticas de gasto público.

A través de un videomensaje enviado al coloquio, aseguró que “México no es ajeno a las tendencias mundiales”, aunque ha mostrado fortalezas, pues la carga tributaria aumentó de 8.7 del PIB en 2000, a 13 por ciento en 2017, aunque, aclaró, sigue estando por debajo del nivel regional. Destacó que la recaudación del Impuesto Sobre la Renta ha crecido, pasando del 2.6 por ciento del PIB en 2013 a 3.5 en 2017.

Dijo que a los desafíos tradicionales que tiene la política fiscal en América Latina hay que sumarle los objetivos de la Agenda 20-30, en donde se le debe dar particular atención a la distribución personal del ingreso de los hogares, la distribución de la riqueza y el patrimonio, así como las disparidades sociales y económicas por territorio.

“Las últimas dos décadas han traído mejores tendencias distributivas a nivel regional, pero no ha cedido la alta concentración de la riqueza y el ingreso”.

Indicó que las capacidades fiscales tan diferentes en los distintos niveles de gobierno repercuten en la cobertura y calidad de los servicios públicos. Además, agregó, la revisión de las tareas pendientes en el rubro es de particular importancia en la actual coyuntura que “estremece al mundo”, pues por un lado hay un crecimiento lento, mientras que por el otro, tenemos un contexto macro caracterizado por la incertidumbre.

Entre los ponentes del acto, realizado en el Palacio de la Autonomía, estuvieron presentes economistas, académicos y especialistas de la CEPAL.

Miembros del Sindicato Único de Productores de Artesanías, Manualidades y Afines del Estado de Veracruz (SUPAMAEV), se instalaron en los pasillos del Palacio Legislativo para la exposición y venta de ropa de manta, ropa tejida a mano, cinturones en piel, salsas, joyería, dulces típicos, miel de abeja, medicina naturista, velas aromáticas y muñecos tejidos a mano.

El personal que labora en la LXV Legislatura del Congreso del Estado, diputados y visitantes, recorren el área de exposiciones, conociendo el trabajo que realizan los productores veracruzanos y adquiriendo diferentes productos a muy buen precio.

La Subcomisión de Seguimiento de la Acuacultura, presidida por el diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni (Morena), solicitará a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) combatir la corrupción en las ventanillas para otorgar permisos a los pescadores.

Pese a que el trámite es gratuito se les exige hasta siete mil 500 pesos para realizarlo, por lo que pedirán apoyo del titular, Raúl Elenes Angulo, y exhortarán a los acuacultores a denunciar para sustentar las prácticas ilícitas de esos funcionarios.

En reunión de trabajo, Ríos Fararoni sostuvo que la actuación de los inspectores y la corrupción son un tema muy delicado que debe atenderse. El objetivo es garantizar que el recurso llegue directamente a los productores, en virtud de que esta actividad tiene un potencial que no se ha aprovechado y, en el futuro será la base alimenticia porque ofrece una proteína muy barata.

Se ha detectado, aseguró, que en la oficina de Conapesca en Coatzacoalcos, Veracruz, “una serie de actos de corrupción con los inspectores, ya que por realizar el trámite para otorgarles el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA) les exigen siete mil 500 pesos, cuando no cuesta ni un solo peso y es gratuito”.

Refirió la importancia de combatir la corrupción en las ventanillas de trámites para que los pescadores presenten sus proyectos de infraestructura, cultivo de especies, pesca ribereña o de altura, servicio que inició el primero de abril y cerrará el próximo 10 de mayo.

Explicó que los pescadores para que accedan a un programa de apoyo financiero tienen que obtener un permiso, trámite que no tiene costo; sin embargo, funcionarios de la Conapesca, que han laborado mucho tiempo cobran el servicio. “Es una práctica que se ha hecho por muchos años y la gente tiene temor de denunciar, aunque lo manifiestan públicamente, por el riesgo de que en el futuro no tenga oportunidad de meter un proyecto”.

Apuntó que los diputados deben estar más pendientes y atender los problemas de los pescadores en las diversas regiones del país durante el receso legislativo, y aprovechar la apertura de nuevos funcionarios para agilizar muchos trámites que no se atendieron y se vencieron, este es uno de los objetivos del plan de trabajo de la subcomisión, a fin de establecer una estrecha vinculación con los acuacultores.

A través del Poder Legislativo dar facilidades e impulsar la acuacultura por el gran potencial que tiene para ofrecer alimento económico y de alta calidad; no obstante, no se les considera en igualdad de subsidios en el consumo de energía, porque sólo gozan del 50 por ciento, mientras que los agricultores del 90 por ciento, más el nutriente para criar las especies.

En las zonas desérticas del norte del país se han abierto canales para construir granjas de camarón de 500 o mil hectáreas, así como en Veracruz y Chiapas con embalses y jaulas flotantes para criar tilapia y lobina. Estimó que un millón de acuacultores laboran en el ámbito nacional.

Se necesita aumentar la producción acuícola del país para que se eviten trámites excesivos a través de un marco jurídico realista, destacó.

Además, que la Secretaría de Economía reduzca los porcentajes de la importación de 450 mil toneladas de tilapia proveniente de China, de mala calidad, pero que se consume por el déficit existente, ya que en el país sólo se producen 150 mil toneladas, igual situación se registra con el camarón proveniente de Centroamérica.

También sostendrán reuniones con Pablo Arenas Fuentes, director general del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca), para analizar y agilizar trámites y permisos que atiendan proyectos de transferencia de tecnología e investigación.

De Morena, el diputado Casimiro Zamora Valdez sostuvo que los inspectores reciben dádivas por parte de los pescadores. “Todo el personal que no ha sido cambiado está cayendo en vicios”, lamentó.

Propuso optimizar la entrega de financiamiento para evitar subejercicios y apoyar a mujeres dedicadas a la producción de rana, en Guasave, Sinaloa, ya que el proceso es muy lento y después de once años de trabajo requieren apoyo económico.

Pidió que el Inapesca emita recomendaciones de captura, ya que en once presas de riego en Sinaloa, se pesca tilapia y lobina con redes y enseres de tamaño inadecuado que arrastra las especies en crecimiento con el riesgo de que no se puedan repoblar los bancos en el corto plazo de forma adecuada, además de que los consumidores no compran piezas pequeñas y se respeten las vedas.

Del PT, la legisladora Ana Ruth García Grande señaló que durante las mesas de diálogo con los productores, refieren la necesidad de agilizar y destrabar los trámites y permisos específicos de la actividad pesquera, en especial de acuacultura.

Planteó la sistematización de este proceso y trabajar conjuntamente con el Inapesca, porque “una de las principales quejas de los pescadores es que los permisos no avanzan”. Indicó que se realizará una lista de esas peticiones.

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, presidida por la diputada María Marivel Solís Barrera (Morena), realizará una serie de foros regionales con el fin de tener la mayor información que sirva para crear una ley general de ciencia, tecnología e innovación.

El ordenamiento legislativo plasmará la política de Estado en la materia; diseño institucional; financiamiento y fiscalización; recursos humanos; vinculación académica; sector productivo; federalización y desarrollo regional; propiedad intelectual, así como divulgación científica.

Solís Barrera informó que serán seis foros durante la primera y segunda semana de junio y julio que se dividirán por regiones. En el noroeste la sede será Chihuahua y las entidades que participarán son: Baja California, Baja California sur, Sinaloa y Sonora.

La región noreste tendrá la sede en Nuevo León y asistirán Coahuila, Durango, San Luis Potosí y Tamaulipas. En Occidente se llevará a cabo en Jalisco, en donde participarán Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas.

Las entidades del centro tendrán dos sedes en Morelos y Texcoco, estado de México, y la región sureste se realizará en Yucatán, asistirán Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz.

“Lo importante es que los presidentes de comisiones de los estados participen. Tenemos que articular todas las actividades con la finalidad de integrar un atlas de ciencia y tecnología, aportar al PND y a la creación de la ley”, subrayó.

En estos foros se abordará también el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Poder Ejecutivo, con el objetivo de contar con información útil que ayude durante el análisis del Plan.

Se abordarán los ejes de justicia y estado de derecho, bienestar considerando medio ambiente, residuos sólidos, agua, educación, salud, seguridad alimentaria y residuos sólidos, y desarrollo económico analizará temas como ciencia, tecnología e innovación, productividad, energía y telecomunicaciones.

El diputado Manuel Iran Santiago (Morena) resaltó la importancia de que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, se realicen estos actos en el ámbito regional. De la misma fracción parlamentaria Alejandra Pani Barragán propuso incluir el tema de los residuos sólidos.

El legislador Brasil Alberto Acosta Peña (PRI) planteó dar publicidad a la realización de estos foros, con el propósito de que asistan expertos en la materia. “Necesitamos que esta comisión trabaje en formular su propuesta de ley de ciencia, tecnología e innovación, para que esta sea la Cámara de origen, porque es aquí donde se aborda la parte social”.

La Comisión se reunió también con representantes de la empresa ORTMED, Tecnologías Médicas, con sede en Mérida, Yucatán, quienes presentaron un modelo de desarrollo social con programas enfocados en la niñez con alguna discapacidad, autismo, ceguera y auditiva.

Por su parte, la empresa INCyTU del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, dio cuenta a los legisladores de las investigaciones que realizan para contribuir con la generación de políticas públicas y la toma de decisiones basadas en evidencia científica.

La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina (Morena) aseguró que en México, especialmente en Chiapas, aún persiste la venta de mujeres, así como su intercambio por una dote como vacas y toros e, incluso, cartones de cerveza.

Durante la presentación del libro Balam Antsetik. La Segunda Era, de la escritora Margarita Aguilar, la legisladora destacó que este texto denuncia y retrata la vulnerabilidad de la mujer y la violencia de género por usos y costumbres.

Puntualizó que este libro es un texto que “no es fácil de soltar”, pues su origen viene de una nota periodística sobre el texto de una tumba en una zona arqueológica denominada Toniná, del municipio de Ocosingo, Chiapas, hecho que fue aprovechado por la escritora para crear sus personajes ficticios.

“El título Balam Antsetik proviene de un vocablo de origen tzeltal, que se refiere a una alegoría de jaguares, que es considerado una maldición para las mujeres, pues con ella se les aplicará toda la violencia en todos sus sentidos”.

María del Carmen Fernandez Benavente, presidenta municipal del Jaltenango, Chiapas, comentó que esta novela tiene entre sus hojas el tema de la muerte materna y “el amor en dos eras”, pero visto desde un ángulo diferente.

Hablar de la muerte materna es llegar a la conciencia de la gente, especialmente en la época (indígena) que relata el libro, donde fue más marginada la mujer.

En su turno, Margarita Aguilar explicó que su novela es un llamado urgente a la conciencia y al quehacer legislativo, porque por no tener acceso a métodos anticonceptivos las mujeres indígenas se embarazan sin planearlo.

“Por no poder decidir sobre su cuerpo hay muerte materna. Es posible cambiar la historia de cada niña, adolescente o mujer que vive en contexto de abusos, alcohol y el poder masculino”.

A la presentación del libro acudió la diputada Manuela del Carmen Obrador Narváez (Morena).

Durante la presentación del libro “Perspectivas sobre las mujeres en México: historia, administración pública y participación política”, editado por la UNAM, la diputada del PRD, Claudia Reyes Montiel convocó a incorporar e impulsar una visión de igualdad de género para revertir el patrón cultural patriarcal que condiciona a las mujeres a la discriminación y subordinación que la ancla en la desigualdad.

Afirmó que “las mujeres han liderado una gran lucha contra la cultura de discriminación que nos ha colocado en un plano de inferioridad”. En la administración pública se requiere incorporar una perspectiva de género, apoyada en las propuestas que ofrecen las investigaciones académicas universitarias, sobre las acciones femeninas para diseñar políticas públicas que reviertan la disparidad.

Sostuvo que este fenómeno prevalece por la falta de conciencia social y frena el que las mujeres ocupen altos cargos políticos, argumentándose que los varones tienen más capacidad y fuerza, alentando una violencia política que debe revertirse.

Llamó a concientizar a la sociedad para cambiar ese paradigma y la discriminación hacia este sector de la población, a partir de una nueva educación desde la familia, con el objetivo de alentar las mismas oportunidades en un ambiente de libertad y respeto.

La también secretaria de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, apuntó que la actual legislatura es histórica por la participación femenina que conlleva el compromiso a seguir esforzándose para que prevalezca la igualdad en la participación y toma de decisiones.

Resaltó que esta obra, a través de once capítulos, reseña diversas actividades que han realizado las mujeres en diferentes épocas de México en la vida pública. Ofrece importantes reflexiones como las de Patricia Galena en torno a la participación femenina por sus derechos políticos.

Fernando Pérez Correa, coordinador del libro, autor de la introducción “La mujer, protagonista de la vida política en las historias de España y México”, y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, aseveró que la situación contemporánea de las mujeres en el país no es satisfactoria, porque hay una diferencia brutal en el comportamiento social y en la capacidad de controlar los recursos de la familia.

El también integrante del Sistema Nacional de Investigadores, sostuvo que es un hecho incuestionable la desigualdad entre hombres y mujeres. Consideró que “tampoco hay condiciones para revertir la tendencia en el corto plazo” a menos que se reconozca la participación decisiva y el potencial irrenunciable y fundamental que tiene la aportación femenina en el futuro de México.

Lamentó la falta de acceso femenino en áreas donde se toman las decisiones. Por ello, destacó el interés de la UNAM por analizar e investigar a través de este libro, la problemática de las mexicanas, con el propósito de que la igualdad de género sea una realidad, cuya tarea no es sólo de una institución o sector sino de toda la sociedad.

En el país los hombres trabajan muy duro al igual que las mujeres, pero ellas, además tienen que atender la casa, hacer la comida y ayudarle a los hijos hasta con las tareas, en una lacerante desigualdad en la repartición de las responsabilidades domésticas que sólo recae en esta población. La igualdad es tan remota como lo estuvo la Conquista de México, consideró.

Gloria Luz Alejandre Ramírez, coordinador de la obra y autora del capítulo “Administración pública y estudios de género: retos de un constructor interdisciplinario”, afirmó que prevalece un desprecio del trabajo de las mujeres en el espacio público, por eso la igualdad de género tiene el objetivo de revertir el patrón cultural, donde los roles femenino y masculino están interiorizados como parte de la cultura machista y un sistema patriarcal que lo sostiene y fomenta profundas desigualdades.

La también profesora de la FCPyS de la UNAM e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, comentó que en esta perspectiva, donde los varones son los fuertes y las mujeres se someten, requiere modificarse con leyes y políticas públicas que reviertan estos patrones culturales.

El problema es que esos esquemas están arraigados y se necesita “reeducar a la sociedad mexicana” para adquirir condiciones de igualdad y saber en qué momento surgen las diversas formas de violencia que ejecutan los hombres.

Se requiere enseñar a niñas y niños la igualdad entre ellos, con la intención de cambiar el paradigma de que sean las mujeres las que se ocupen de las labores domésticas sin remuneración, por el hecho de haber nacido mujeres, además de una doble jornada en un empleo en el ámbito público.

Eduardo Torres Alonso, autor del capítulo “Panorama, obstáculos y oportunidades de las mujeres en la administración pública”, apuntó la posición inequitativa de la mujer en los cargos públicos, porque no se le reconoce su incuestionable aportación a la economía y sociedad, alentando discriminación educativa, desvalorización de capacidades, ausencia en la promoción laboral y falta de participación en las decisiones.

Consideró que con la apertura democrática debe visibilizarse dicha situación, a fin de que esta población goce de una ciudadanía completa, mediante una reforma del contrato social para equilibrar las actividades de hombres y mujeres.

Propuso repensar la política para atender la igualdad de género, donde los varones también se beneficiarán, pese a las condiciones adversas que han enfrentado las mujeres, se han obtenido espacios públicos, generando un debate profundo de los temas colectivos.

La Cámara de Diputados aprobó por 420 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, un dictamen de la Comisión de Justicia, que reforma la fracción V del artículo 102 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, para establecer entre las condiciones para que un juez pueda suspender el proceso judicial, que el adolescente acusado se abstenga de consumir bebidas alcohólicas.

Actualmente la ley señala que para tener este beneficio el adolescente no debe de abusar de esas bebidas. En el artículo no se modifica la condición de que el acusado se abstenga de consumir drogas o estupefacientes.

La diputada Claudia Pérez Rodríguez (Morena), secretaria de la Comisión de Justicia y proponente de la iniciativa, aseguró que el 99 por ciento de adolescentes que cometieron un delito fue bajo los influjos de alguna droga o alcohol, que los lleva a infringir la ley, incluso con actos atroces.

Consideró que los jóvenes deben ser prioridad para las políticas públicas de reinserción social, por ello la necesidad de esta reforma, porque la dependencia a estas sustancias les genera la necesidad de consumirlas en cualquier momento, sin importar las circunstancias, incluso puede hacer cualquier acción para conseguirlo.

La reforma, indicó, se trata de un andamiaje jurídico con objeto de que los jóvenes cuenten con las herramientas necesarias para reinsertarse en la sociedad de manera integral, no sólo para cumplir las medidas impuestas por los jueces, sino que se debe detectar lo que dio origen a la conducta infractora.

El dictamen señala que uno de los problemas que interfiere con la reinserción es el consumo de alcohol, sustancia psicoactiva que desencadena trastornos que deterioran la salud física, psicológica y social de los adolescentes. A ello se suma la falta de información dirigida a esta población, lo que genera una falta de concientización.

Enfatiza que en los últimos años se ha venido dando un alza alarmante en el consumo, pues, además de ser una sustancia nociva para el entorno social y económico, es causante de más de 200 enfermedades cardiovasculares, que no sólo afectan al adolescente, pues trasgrede a terceros mediante accidentes viales o actos de violencia.

Por ello, la reforma tiene como fin inhibir el consumo de alguna droga, estupefaciente o bebida alcohólica, a fin de que sean cumplidos los plazos o condiciones que el juez haya ordenado al adolescente, con motivo de la suspensión condicional de un proceso de hechos que no requieran de una medida de internamiento.

Datos de la encuesta nacional de Consumo de Drogas, Tabaco o Alcohol (2016-2017) de la Secretaría de Salud, precisan que el 39.8 por ciento de adolescentes entre 12 y 17 años ha consumido alcohol alguna vez en su vida. Cifra que es escandalosa si se toma en consideración que este tipo de bebidas son de venta restringida.

“Los retos de reinserción social y familiar de esta población son enormes y de urgente atención, ya que existe la posibilidad de que estos jóvenes puedan lograr una reinserción de manera sana y productiva”, sostiene el dictamen.

La Cámara de Diputados aprobó, con 413 votos a favor y cinco abstenciones, adicionar un párrafo al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de que las reglas de operación de los programas en la materia se sujeten a los principios de la Política de Desarrollo Social.

El objetivo es posibilitarles a los beneficiarios, el pleno goce y ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política, así como en las demás disposiciones vigentes aplicables y en los instrumentos internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte.

El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, refiere que las reglas de operación son instrumentos jurídicos en donde se establecen criterios generales y específicos para la operación de los programas sociales del gobierno federal. Su objetivo fundamental es garantizar que dichos programas se apliquen de tal manera que permitan alcanzar las metas de la política social en aras de cumplir con los derechos de los mexicanos.

Precisa que los programas sujetos a reglas de operación no son exclusivos del gobierno federal, porque las entidades federativas también tienen la atribución de diseñar y desarrollar los que consideren pertinentes para apoyar a grupos poblacionales, sectoriales y actividades productivas particulares.

El dictamen considera que al elaborarse las reglas de operación de los programas sociales, debe existir un razonable equilibrio entre la rendición de cuentas sobre el uso y destino de los subsidios otorgados, así como una flexibilidad en los requisitos para con los beneficiarios de tales subsidios.

Subraya que el padrón de beneficiaros, más allá de ser un trámite burocrático, es una fuente de información que permite proyectar las políticas públicas de Desarrollo Social y por ende de los programas, resultando necesario que el personal a cargo de actualizarlo, tome en consideración la situación o caso especial de cada posible beneficiario para ayudarlo en su pre-registro o registro al padrón.