El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados, realizó el foro “El Congreso de la Unión en el concierto internacional”, para analizar con especialistas y docentes los compromisos del Legislativo en el contexto mundial.
El encargado de la dirección general del CEDIP, Juan Carlos Cervantes Gómez, consideró importante las aportaciones de maestros y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sobre las problemáticas que se derivan del contexto internacional, porque “los problemas de México también son de los universitarios”.
Consideró que el Poder Legislativo requiere de mayor interacción y participación activa en la negociación de tratados internacionales, lo que permitiría mejores productos normativos.
Destacó que el trabajo parlamentario del Congreso de la Unión ha ayudado a denunciar delitos y presionar a las autoridades de procuración de justicia a que tomen acciones, así como hacer diagnósticos para saber si las leyes cumplen con su objetivo y, en su caso, modificarlas.
De la Facultad de Estudios Superiores-Aragón de la UNAM, María Guadalupe Durán Alvarado señaló que la función de control que tiene el Congreso de la Unión lo hace a través de sus dos cámaras y de manera interna y con miras a verificar que el trabajo del Ejecutivo federal tenga sustento en la legalidad.
Mencionó que los acuerdos comerciales del país han influido en los cambios económicos de los últimos 30 años, desde la firma del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para la máxima integración económica, que actualmente espera su ratificación como T-MEC, de cuyo éxito dependen 14 millones de empleos. “Hemos dado cumplimiento a peticiones de Estados Unidos en materia laboral, y el Congreso de la Unión se puso a trabajar para cumplir con esa exigencia para la ratificación”.
Expresó que México tiene 11 acuerdos comerciales que le permiten comercializar con 46 países y acceder a un mercado de consumo de mil 500 millones de personas, que lo han posicionado como la cuarta potencia económica en el Continente Americano, segunda en América Latina y en el sitio 15 a nivel mundial. “La agenda de política exterior es amplia; debe tocar temas como migración, cooperación internacional, derechos humanos, régimen multilateral de control de drogas, comercio, inversión y cambio climático, entre otros”.
Isidro Mendoza García, especialista en justicia constitucional y derechos humanos y docente de la Facultad de Estudios Superiores-Aragón de la UNAM, sostuvo que entre mejores sean las adecuaciones legislativas del Congreso habrá mayor armonía jurídica entre el sistema normativo mexicano y el ámbito internacional en materia de derechos humanos.
Cuestionó que se haya dejado fuera a la Cámara de Diputados en la ratificación de tratados internacionales en derechos humanos, cuando tienen implicaciones para los gobernados. Los retos del Congreso de la Unión en el plano mundial, añadió, radican en dar cumplimiento a las resoluciones, entre ellas, la emitida por países europeos sobre el caso Ayotzinapa.
Se manifestó para que el Congreso, e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tengan el control previo de convencionalidad o constitucionalidad para que antes de que empiece un tratado internacional en materia de derechos humanos, el Estado faculte a las cámaras del Congreso un instrumento que permita armonizarlo previamente con la Constitución Política y prevenir la responsabilidad que tiene a la postre por violación de garantías del Estado mexicano.
El académico de la Facultad de Estudios Superiores-Aragón de la UNAM, Antonio Reyes Cortés, puntualizó que no es suficiente un sólo órgano administrativo como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para cuidar el cumplimiento de las garantías individuales, pues existen 210 tratados mundiales en esta materia.
Precisó que los únicos violadores de derechos humanos son las autoridades y quienes ejercen el poder, “no los particulares, porque nosotros cometemos delitos”. Además, hizo votos para crear los mecanismos jurídicos que permitan llegar a una mejor sociedad y ciudadanía.
Se pronunció para que en la educación media superior se contemple -de manera obligatoria- una materia en derechos humanos, pues es el nivel donde los próximos ciudadanos se preparan. “Ése es uno de los mayores retos que tiene el Congreso de la Unión en la política actual e incluso no se prevé este tema en la licenciatura de derecho”.
