La diputada María Josefina Gamboa Torales, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo en materia de seguridad pública.

Durante la novena sesión de la Diputación Permanente, la legisladora por el distrito XIV Veracruz I, propuso que se cite al Poder Ejecutivo del Estado por conducto de los titulares de las Secretarías de Gobierno (Segob) y de Seguridad Pública (SSP), del Consejo Estatal de Seguridad Pública y al Fiscal General de Estado, a fin de conocer un diagnóstico, la estrategia de seguridad pública, sus avances y resultados.

Recordó que la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública señala que son autoridades en materia de seguridad pública, el Gobernador, el Secretario de Gobierno, el Secretario de Seguridad Pública y la Fiscalía General.

Mencionó que el artículo 16 señala que el Consejo Estatal de Seguridad Pública está integrado por las mismas autoridades y en el mismo orden, y el artículo 11 de la citada ley de seguridad define a este Consejo Estatal como la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas. “El propio Código Nacional de Procedimientos Penales nos debe hacer ver, que policías y fiscales deben trabajar coordinados”, subrayó.

En ese contexto, dijo que como representantes populares, como Poder Soberano, los diputados tienen la obligación de sentarlos a la mesa para que den a conocer la estrategia de seguridad.

El Anteproyecto de Punto de Acuerdo fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su análisis y dictamen.

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a fin de ofrecer más opciones de inversión, lograr mayores rendimientos, menos comisiones, que las utilidades se reflejen en las pensiones de los trabajadores cuando se retiren y fomentar el ahorro.

El documento aprobado en lo general, con 294 votos a favor, 11 abstenciones y 142 en contra, sustituye el término “sociedades de inversión” por el de “Fondos de inversión especializados para el retiro” de la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), lo que conlleva a una simplificación en la operación y carga comparativa.

Se establece que los Fondos de Inversión se constituirán por un sólo socio fundador ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y sin necesidad de acreditar su acta constitutiva y estatutos sociales ante notario o corredor público, ni su inscripción en el Registro Público de Comercio. Los fondos se constituirán como sociedades anónimas y deberán inscribirse en el Registro Nacional de Valores.

Para organizarse y operar como Fondo de Inversión se requiere autorización de la Consar, que será otorgada discrecionalmente, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Además, los Fondos deberán operar con valores, documentos, efectivo y los demás instrumentos previstos en el régimen de inversión que se establezca mediante disposiciones de carácter general que emita la Comisión, previa opinión del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la SHCP y del Comité Consultivo y de Vigilancia.

En lo particular, se aprobó con 250 votos a favor, 192 en contra y 16 abstenciones, y en términos del dictamen, las reservas a los artículos 5, 18, 33, 37, 40, 47, 48 y 106 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Se modificó el artículo 43, segundo párrafo, con el objetivo de transparentar el proceso de operación de los Fondos de Inversión y establecer que en caso de que la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y del Banco de México no sea favorable, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) deberá justificar su decisión e incluir ésta en el informe trimestral que rinde al Congreso de la Unión. La reserva fue impulsada por la diputada Cecilia Patrón Laviada (PAN).

También se reformaron los artículos Séptimo y Octavo Transitorios, y se adicionaron el Noveno y el Décimo Transitorios, impulsados por la diputada Alejandra Pani Barragán (Morena).

El objetivo es que los recursos de los trabajadores no muestren decremento en sus rendimientos, al establecer un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor del decreto, para emitir nuevas disposiciones de carácter general, las cuales determinarán, con la metodología previamente aprobada, el componente adicional en la comisión cobrada por las Afores.

Las mismas disposiciones preverán que las comisiones no sean excesivas y propicien su disminución progresiva de las mismas, con la finalidad de incrementar la pensión de los trabajadores.

Se compromete al Ejecutivo federal a generar una transformación profunda de los sistemas de pensiones, con la finalidad de que se conviertan en pilares de corresponsabilidad social entre el gobierno, los trabajadores y las empresas. Para ello, el Ejecutivo, por conducto de la SHCP, y en un plazo no mayor a seis meses a partir de la entrada en vigor del decreto, convoque a la integración de un grupo de trabajo para el diagnóstico y propuesta de reforma integral de los sistemas de pensiones en el país.

De igual modo, se busca que la suma de los componentes que integran la comisión única no podrá ser superior a la comisión que a la fecha de publicación del decreto se encuentre autorizada. Se plantea que la Junta de Gobierno de la comisión deberá considerar que para autorizar las comisiones que cobren las Afores, las comisiones deberán disminuir en proporción al incremento que registren los saldos administrados.

En la fundamentación del documento,remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), expresó que si bien el dictamen no constituye la gran reforma integral en materia de Afores, representa un avance.

Ello, en temas como: apertura de otros instrumentos de inversión y mayores facilidades administrativas para una sana competencia, a efecto de alcanzar mejores rendimientos en los ahorros de los trabajadores vinculado a la disminución que año con año ha presentado las comisiones.

Se cambia la figura de sociedades de inversión por los fondos de inversión, lo que conlleva a una simplificación en la operación y carga corporativa para las Afores; se permite la adquisición de nuevos valores de empresas privadas y la realización de nuevas operaciones financieras, y se logra que el régimen de inversión evolucione en razón de las condiciones vigentes y perspectivas de los mercados financieros.

El trabajador, dijo, se verá beneficiado en lo referente a su ahorro voluntario, porque contará con mayor libertad para realizar depósitos y retiros de los recursos que estén en su subcuenta de aportaciones voluntarias, debido a que se eliminan los requerimientos para que dicho ahorro permanezca por un tiempo determinado.

Terrazas Baca expuso que el trabajador podrá traspasar libremente su cuenta individual de una administradora a otra, antes del transcurso de un año. Se modifica la estructura de las comisiones pasando de una fija sobre saldos administrados, a una que contempla dos componentes: los recursos administrados y otra, calculados sobre el rendimiento obtenido por el buen manejo de los fondos que realicen cada una de las Afores.

Puntualizó que esta medida es un paso en la generación de mejores condiciones para el manejo de las Afores, que beneficien directamente a los trabajadores, mediante la obtención de rendimientos netos y para que reciban mayor pensión que les brinde calidad de vida digna al momento de su retiro.

Este dictamen, añadió, permite una competencia de las Afores, la disminución de las comisiones y la protección de los ahorros de los trabajadores. “Hoy se está logrando un avance en este tema. Ello nos debe llevar a los legisladores a comprometernos a seguir trabajando en una reforma que permita fortalecer y proteger el ahorro de los trabajadores para el bienestar de las y los mexicanos”.

La diputada afirmó que este documento es el resultado del consenso entre las distintas fuerzas parlamentarias después de una serie de trabajos al interior de la comisión, en la cual se escucharon las voces de los agentes involucrados en el tema.

Así como la participación de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y del Banco de México, para que resolvieran las dudas de las y los legisladores, con el objetivo de que se contaran con elementos suficientes y necesarios para dictaminar.

Indicó que se realizaron 22 cambios a la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal para precisar referencias y aspectos de la técnica legislativa, “con lo cual se le está dando el voto de confianza para impulsar con dicha reforma este tema de relevancia para las y los mexicanos”.

En los posicionamientos, el diputado Humberto Pedrero Moreno (Morena) expresó que la reforma busca generar mayor rendimiento en el ahorro de los trabajadores y esto se logrará flexibilizando el régimen de inversión de acuerdo con las condiciones del mercado como otros países lo han logrado, mejorando el rendimiento de sus trabajadores y con un riesgo muy acotado de las inversiones.

Indicó que se buscan mejores condiciones de inversión para lograr que los ahorros de los trabajadores crezcan de manera sostenible, además de pasar de una comisión única, fija, a una variable y que genere que las administradoras tengan el mejor incentivo, a fin de hacer crecer el ahorro de los trabajadores.

Su compañero de bancada, diputado Jorge Luis Montes Nieves, expuso que la reforma está alineada a las necesidades de los y las trabajadoras. “Es necesaria porque los instrumentos financieros a los que las Afores pueden acceder en la actualidad están prácticamente agotados, y porque los rendimientos de los ahorros de los trabajadores han mantenido una tendencia decreciente desde 1999”.

Mencionó que se obtendrán mayores recursos y con menor riesgo; habrá beneficios en cuanto a las comisiones que se les cobran; podrán retirar recursos, catalogados como ahorro voluntario, cuando se desee, y aumenta la inclusión financiera. “Propiciará una mayor inclusión financiera y una mejora en las pensiones de los trabajadores”.

José Isabel Trejo Reyes, diputado del PAN, indicó que estas reformas buscan flexibilizar el régimen de inversión de un mercado con escenarios cada vez más inciertos y adoptando mejores prácticas en la administración de riesgos; fomenta el ahorro voluntario con facilidades que permite el retiro voluntario cuando el trabajador lo necesite, y propicia que ahora los fondos se retiren en cualquier momento y se puedan cambiar de empresa sin que haya una fecha límite.

Se busca estimular a las empresas para que conformen portafolios más redituables y, a la vez, eviten inversiones especulativas riesgosas y que las ganancias para estimular el pago de estas comisiones sean claramente redituables para el trabajador. “Creemos que con esta reforma se pueden lograr mejores rendimientos a través de un verdadero mercado de competencia”.

Por el PRI, el diputado Isaías González Cuevas señaló que el dictamen puede poner los ahorros de los trabajadores en alto riesgo por las directrices nuevas que cambian al antiguo sistema de las Siefore. “Debemos estudiar a fondo estas reformas con los especialistas, alcaldes, gobernadores y todo mundo, porque hay problemas en el sistema de pensiones”.

Sostuvo que con estas reformas los fondos no van a estar controlados. “El gobierno va a perder su rectoría. Los que van a manejar estos fondos son las Administradoras para la especulación y que sólo ganen ellos, no los trabajadores. Ellos saben cuánto van a ganar, no se nos dice cuánto van a ganar y cuánto se van a beneficiar las y los trabajadores”.

El diputado del PES, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz resaltó que se requiere una ley más moderna y entrarle a la reestructura de los sistemas de pensiones, pero con cuidado, responsabilidad y disciplina. “No podemos permitir que se estén desaprovechando las ventajas de un sistema económico mundial que finalmente ha abierto las fronteras y que hoy genera oportunidades a partir de la diversificación que se puede dar de las inversiones”.

Abundó que no se le puede regatear a los trabajadores la posibilidad de que sus recursos sean mejor invertidos, que tengan más rendimientos y con ello se genere una pensión digna. “Tenemos que aprovechar lo que hoy existe, no podemos dejar de lado una realidad, porque al final termina imponiéndose. Nos comprometimos a impulsar el desarrollo económico de México”.

Hildelisa González Morales, diputada del PT, resaltó que este documento es un instrumento neoliberal para privatizar el ahorro de los trabajadores. “Estamos en contra porque, de ser aprobada, sería la primera iniciativa que atacaría directamente a los trabajadores, al fortalecer el sistema financiero a costa de las pensiones”.

Se plantea, dijo, aumentar las comisiones, porque los únicos que ganarán serán las administradoras y no los trabajadores. “Con estos cambios se habrá pulverizado el ahorro. De aprobarse, las impactantes ganancias de las afores seguirán contrastando con la precariedad de los ahorros de los mexicanos. Los recursos que manejan llegan a 3.5 billones de pesos y más de 68 millones de cuentas individuales. El sistema de pensiones sí requiere una atención puntual y cuidadosa”.

De MC, el diputado Higinio Del Toro Pérez puntualizó que hoy la voz de los trabajadores en este dictamen no está representada y “no la escuchamos con la debida prontitud para que fueran ellos también los que opinaran acerca del tema. ¿En qué se mejora las condiciones laborales de ellos en este país?, en nada”.

Afirmó que se pasa de un esquema de cuota fija por servicios y un porcentaje sobre el saldo administrado, para llegar a una cuota por porcentaje de ganancias con el riesgo que se tiene de llevar a mercados volátiles los recursos de los trabajadores. “No podemos estar de acuerdo con esta falta de claridad en torno a cómo serán determinadas estas nuevas comisiones que pueden cobrar las Afores”.

El diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) expuso que con este dictamen persiste la política fracasada en materia de pensiones. A diciembre del 2018, las afores administran recursos por tres billones 312 mil 850 millones de pesos; sin embargo, las pensiones que recibirían los trabajadores apenas representarían el 22 por ciento del último salario devengado; los rendimientos promedio de las Afores han sido decrecientes, mientras las comisiones son altas.

Precisó que es necesario preservar el funcionamiento técnico de la Consar, alejándola de las tentaciones políticas y evitar destinar los ahorros de los trabajadores en los nuevos proyectos estratégicos del gobierno. “La esencia es apostar a la premisa neoliberal del mercado, lo más recomendable es realizar un balance de los resultados de este sistema y dotar de futuro pensionario a los jóvenes y garantizar los derechos de quienes pasarán a retiro”.

En la discusión en lo general, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) expresó su voto en contra porque aseguró que el dictamen pide resucitar una figura que no da resultados y no explica cuánto incrementará el rendimiento que el trabajador tendrá al momento de que se retire.

De Morena, el diputado Marco Antonio Medina Pérez dijo estar a favor porque de un tiempo para acá se tienen fondos de inversión que están en la inercia de las inversiones, en deuda pública y a largo plazo y lo que se pretende es hacer una reforma que impulse los rendimientos. “Estamos comprometidos con un esquema mayor, por eso buscaremos las reformas que provean mejores rendimientos y mayores tasas de pensiones. “Vamos a trabajar en ello”.

Al mencionar los motivos de su voto en contra, el diputado Armando Reyes Ledesma (PT) puntualizó que es un instrumento de ley que hoy se cocina para privatizar el ahorro; de ser aprobado el dictamen atentaría contra el patrimonio de los trabajadores porque dará más facultades al sistema financiero para jinetear el capital. “Estamos en contra porque estamos convencidos que cuando los trabajadores no participan en las decisiones de su bienestar nunca van a ser protegidos”.

Del PES, la legisladora Adriana Lozano Rodríguez expresó su posición a favor porque, dijo, es una medida social que da a los empleados más y mejores opciones para que el ahorro trabaje en su beneficio. “No es tema de izquierda o de derecha, es de responsabilidad y buena administración. Sabemos que todos somos el futuro y presente de México. Un mejor nivel de vida es lo que pretendemos para todos, con ahorro que otorguen mejores pensiones”.

El diputado de Morena, Carlos Javier Lamarque Cano, afirmó que el propósito es actualizar el régimen de inversiones de las Afores, con el fin de que dispongan de mayor flexibilidad en la elección de instrumentos financieros que maximicen el rendimiento y mejoren el saldo acumulado de las cuentas de ahorro para el retiro. Pidió aprobar el dictamen porque se evitará que siga cayendo la productividad de los ahorros y dinamice parte importante de la economía del país.

Ruth Salinas Reyes, diputada de MC, reiteró que su fracción parlamentaria está en contra porque pretende generar un fondo para el gobierno, deja en total incertidumbre al trabajador y no otorga certeza, ya que los rendimientos son mínimos. “La reforma va en contra de la clase trabajadora y busca beneficiar a las empresas privadas, lo que redundará en rendimientos negativos de los trabajadores en contra de su patrimonio”.

La diputada Lilia Villafuerte Zavala (sin partido) afirmó que la propuesta es un pequeño pero significativo paso porque al invertir parte de los fondos en deuda gubernamental e infraestructura, se logra que las pequeñas y medianas empresas tengan mayores beneficios, y agregó que al modificar las comisiones que se pagan por el manejo de cuentas, eventualmente se reflejará en comisiones más bajas, pasando de una comisión tasada de manera fija a la comisión única.

José Luis Montalvo Luna, legislador del PT, exhortó a sus colegas a votar en contra de la iniciativa y puntualizó: “No votemos a favor, no golpeemos el bolsillo de las y los mexicanos; démosle certidumbre a sus ahorros”. Enumeró las razones por las cuales no se debe votar a favor y subrayó: “Es un instrumento neoliberal para privatizar el ahorro; da más facultades al sistema financiero para jinetear el ahorro de los trabajadores y permite regalarle el ahorro de toda la vida de un trabajador a un administrador”.

Para hablar a favor, la diputada Dolores Padierna Luna (Morena) recordó que en 1997 cuando se crearon las afores votaron en contra, por lo que ahora, esta iniciativa tiene cinco importantes cambios en la ley que buscan mejores rendimientos. Destacó que la reforma establece que las comisiones se cobrarán en función de los resultados. “Ya no es como está ahorita que las afores cobran la comisión, independientemente de los resultados y de las minusvalías, ya no. Obtendrán comisiones si, y sólo si, aumentan los rendimientos”.

Del PRI, el legislador Carlos Pavón Campos consideró que no es positivo permitir que las Afores tengan mayor participación en los mercados porque pone en riesgo los recursos de millones de personas y compromete el futuro del país, y afirmó: “deberíamos de generar los mecanismos para que los trabajadores tengan un retiro digno, decoroso durante su vejez”.

Por Morena, el diputado Marco Antonio Andrade Zavala reiteró su voto a favor porque apoyan la reducción en las comisiones al incentivar la búsqueda de instrumentos con mayores rendimientos. “Desde ahora los jubilados podrán tener un retiro digno y decoroso. En Morena nos hemos comprometido con el bienestar de los trabajadores. Con esta propuesta refrendamos nuestro compromiso y responsabilidad”.

Previamente, se rechazó una moción suspensiva de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) para que se convocara a un ejercicio de parlamento abierto a todos los interesados en el tema de seguridad social y pensiones, pues la reforma atenta contra los 62 millones de trabajadores que tienen cuenta individualizada para el retiro.

Los diputados de la Diputación Permanente aprobaron el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que se exhorta al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), para que, en uso de sus atribuciones, realice una revisión de la situación que guardan los Institutos Municipales de las Mujeres de los 212 ayuntamientos de la entidad veracruzana y emita a esta soberanía un informe de los resultados obtenidos.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, que a la letra dice: “El Congreso podrá ordenar al Órgano, que durante el ejercicio fiscal en curso, requiera información y vigile la realización de obras y acciones respecto de la aplicación de recursos públicos que hagan los Entes Fiscalizables, aplicando en lo conducente las disposiciones de la ley de la materia y le informe debidamente de los resultados obtenidos”.

Derivado esto del anteproyecto, que presentara la diputada Mónica Robles Barajas, integrante del Grupo Legislativo de Morena, el pasado 5 de abril del presente año, y mediante el cual se pedía la intervención del ORFIS, para que realice una revisión de la situación que guardan los Institutos de las Mujeres, en los 212 municipios veracruzanos, en cuanto a la infraestructura y bienes materiales, presupuesto asignado, personal que labora en ellos, así como grado de colaboración con el ayuntamiento.

Es tarea de los municipios y obligación de todas sus autoridades, señala la Jucopo en su Punto de Acuerdo, comprender dónde se origina la violencia, como se aprende y se aprehende y cómo se reproduce y sostiene, pero sobre todo advertir las consecuencias de la violencia y cómo éstas afectan la vida y la libertad de las mujeres y las niñas, además de toda de la sociedad en su conjunto.

Estos institutos, destaca, deben funcionar en general como mecanismos para articular, en coordinación con todo el funcionariado del Ayuntamiento y con el respaldo de los ediles, las políticas públicas para la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres, para lo que la Ley Orgánica del Municipio Libre establece obligaciones a las autoridades municipales a fin de dar cumplimiento a estos compromisos previstos en las Leyes para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El Punto de Acuerdo, y al que se adhirieron en su momento los Diputados integrantes de los Grupos Legislativos de los Partidos Morena, Acción Nacional, así como los Mixtos “Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México” y “Movimiento Ciudadano-De la Revolución Democrática”, fue aprobado por el pleno de la Diputación Permanente, de la LXV Legislatura estatal.

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma el artículo 2º y 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para establecer el concepto de Inversión Pública Productiva Sustentable, y que los entes públicos puedan contraer financiamientos u obligaciones para ese tipo de proyectos.

El documento, avalado por 459 votos a favor, 1 abstención y ninguno en contra, turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, define este tipo de inversión a toda aquella que genere un beneficio social y cuya finalidad sea energías renovables, construcción sustentable, eficiencia energética, transporte limpio, agua, manejo de residuos y agricultura, forestación, bioenergía y cadena de abastecimiento de alimentos.

Refiere que para recurrir a esos proyectos se tendrá que acudir a la Banca Nacional de Desarrollo y ésta, a su vez, al financiamiento de organismos internacionales en los que el Estado ostente participación.

Se fijan tres requisitos para acceder a estos financiamientos: los recursos obtenidos deberán destinarse única y exclusivamente hacia inversión pública productiva sustentable.

La secretaría federal del ramo determinará las reglas a las cuales estarán sujetos dichos financiamientos, salvaguardando la viabilidad financiera y las mejores condiciones de acceso al crédito.

Previo al dictamen de la secretaría, los entes públicos podrán estar exentos de los procesos competitivos a que se refiere la ley.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Carlos Alberto Puente Salas (PVEM), subrayó que la reforma funciona para empoderar a los municipios y los estados, además de fortalecer las finanzas públicas. “Es una modificación que hace frente a la falta de recursos que se encuentran en los municipios y en nuestros estados para realizar inversiones sustentables”.

Explicó que el dictamen contempla exentar del proceso competitivo a los financiamientos otorgados por aquellos organismos financieros internacionales. De esta forma el financiamiento tendrá tasas de interés mucho más bajas y de acompañamiento técnico por parte de entidades mundiales.

Se trata de fijar candados para evitar endeudamiento innecesario, porque los recursos se destinarán única y exclusivamente para inversión pública productiva sustentable.

Además, la Secretaría de Hacienda emitirá las reglas a las cuales estarán sujetos los financiamientos. Analizará caso por caso y elaborará un dictamen de viabilidad para garantizar las mejores condiciones de acceso al crédito.

Puente Salas agregó que con estas reformas también se contribuye al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable y a la lucha contra el cambio climático.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 459 votos a favor y una abstención el dictamen que reforma el artículo 104 de la Ley Orgánica de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de facultar a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a proponer el incremento en el número de integrantes de las comisiones ordinarias.

El documento, que se pidió publicar en el Diario Oficial de la Federación, plantea que se podrá incrementar el número de miembros de las comisiones ordinarias, siempre que haya acuerdo de la mayoría de los integrantes de la Junta de Coordinación Política y sea aprobado por el Pleno.

El presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, explicó que la minuta administrativa aprobada es de naturaleza interna, toda vez que el objetivo es facultar a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a proponer el incremento en el número de integrantes de comisiones ordinarias. “Representa una esfera de organización propia de la Cámara de Senadores”.

“Dado que las comisiones son órganos que auxilian al Pleno en estado de resolución de aquellos asuntos que le compete a éste conocer y resolver bajo el criterio de la especialización por materia y conforme al principio de decisión mayoritaria, es que se vuelve necesario que en las mismas exista un número de integrantes que sea representativo de acuerdo a la propia conformación del Pleno”.

Señaló que en la actual Legislatura se redujo el número de comisiones en el Senado, pasando de 64 a 46, por lo que se anticipa que la carga de trabajo se incrementa en cada una de ellas.

Agregó que esta modificación jurídica no obliga, sino posibilita la variación de la integración de las comisiones bajo el criterio del órgano de gobierno quien propone a la mayoría plenaria.

“Se considera factible la modificación de carácter organizativo interno de la colegisladora; no implica una erogación económica y por tanto no tiene impacto presupuestal, además que por ser de naturaleza de régimen interno no tiene implicaciones regulatorias”, expuso.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 458 votos a favor, modificar el artículo 74 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para que en las oficinas de los tres órdenes de gobierno se instale mobiliario urbano para el estacionamiento de bicicletas y medios alternativos de movilidad.

El documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, indica que en la actualidad la movilidad ocupa la agenda nacional e internacional y tiene como objetivo que países con ciudades con características similares a las nuestras, transiten al uso de sistemas de transporte más seguros, ecológicos, eficientes y accesibles.

Destaca que de acuerdo con datos de las Naciones Unidas, para el 2030 la población mundial superará los ocho mil 500 millones de personas, y evidentemente las necesidades de movilidad no sólo incrementarán, sino que estas pueden colapsar de no implantarse acciones integrales y eficaces.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Adolfo Torres Ramírez (PAN) señaló que la reforma permitirá impulsar acciones a favor del medio ambiente; toda vez que México es cada vez más urbano, ya que tres cuartas partes de la población viven en alguna ciudad o zona metropolitana, lo cual se ve reflejado en el crecimiento desmedido del uso del auto. “En 1990 nuestro país tenía 6.5 millones de vehículos, para el 2018 contamos con más de 30 millones”.

Apuntó que con la aprobación de este dictamen, alrededor de 12 mil inmuebles gubernamentales contarán con estacionamientos para medios de transporte de propulsión humana, lo cual beneficiará a cerca de 5 millones de empleados federales, estatales y municipales. Esto sin considerar los miles de ciudadanos que a diario acuden a dichas oficinas.

Argumentó que hay incapacidad de repartir el gasto público de forma eficiente, porque cerca del 70 por ciento de éste se encuentra dirigido a los automóviles, a pesar que sólo el 22 por ciento de los ciudadanos cuenta con vehículo, lo cual hace escasa la infraestructura para el uso de la bicicleta.

“De ahí que necesitemos apostar más por modos de transporte sustentables para lograr ciudades más limpias, desplazamientos más sencillos, económicos, que beneficien nuestra salud y que contribuyan al bienestar social”.

Torres Ramírez, aseguró que apostar por el empleo de transporte de propulsión humana, así como adecuar el entorno urbano para promover su uso, disminuirá los principales inhibidores de la bicicleta, que son la inseguridad vial y la falta de espacios para resguardarlas.

Afirmó que los ciclopuertos son una estructura urbana básica que en comparación con los estacionamientos de automóviles, ofrecen mayores beneficios, ya que el mismo espacio puede alojar, por lo menos 12 bicicletas.

Quedan con trámite de declaratoria de publicidad nueve dictámenes

Con trámite de declaratoria de publicidad quedaron nueve dictámenes. El que reforma el artículo 211 bis 1 del Código Penal Federal; el que modifica diversas disposiciones del Código Civil Federal en materia de prohibición del matrimonio infantil; el que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de pensión alimenticia.

También el que reforma diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica; por el que se expide el Reglamento del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión; el que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales para Garantizar el Libre Acceso y Tránsito en las Playas; el que adiciona la fracción II del artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales; el que adiciona un párrafo al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social y el que modifica diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar mañana martes 30 de abril a las 11:00 horas.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por votación económica el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para conformar el grupo de trabajo para la Reforma del Estado y Electoral, que tendrá como objetivo integrar, sistematizar y generar una propuesta legislativa en la materia.

El documento aclara que de conformidad con los principios de austeridad de la Cámara de Diputados, el grupo de trabajo no contará con recursos humanos, materiales ni financieros propios.

Especifica que estará integrado hasta por tres diputados de cada grupo parlamentario, quienes serán propuestos por sus fracciones. En caso de ser solicitado, se podrá ubicar un espacio a una diputada o diputado sin partido.

Además, indica que el grupo de trabajo será coordinado por un diputado integrante, definido por la Jucopo, quien conducirá las acciones y establecerá la vinculación necesaria con otros órganos del Estado y la sociedad para efecto del objetivo del grupo.

Asimismo, el acuerdo establece que este equipo deberá determinar su calendario de reuniones, elaborar un programa de trabajo y acordará con la Junta de Coordinación Política los plazos de las tareas asignadas.

De igual manera, presentará un informe periódico del avance de sus actividades, el cual deberá ser enviado a la Jucopo y en el caso de que los integrantes de este grupo presenten propuestas para la realización de foros, talleres, capacitaciones, mesas de debate y cualquier otra actividad que promueva prácticas de parlamento abierto, requerirán ponerlas a consideración de este órgano de gobierno.

El texto subraya que el grupo de trabajo se deberá instalar al día siguiente de la aprobación del presente acuerdo y se extinguirá al cumplir con el objeto por el que fue creado o, en su caso, al momento que el Pleno considere concluidas sus actividades.

Finalmente, indica que al término de sus trabajos el grupo creado presentará al Pleno de la Cámara de Diputados un informe de sus actividades.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, presidida por el diputado Feliciano Flores Anguiano, se reunió con representantes de organizaciones de la sociedad civil, a fin de conformar un grupo técnico para la elaboración de la nueva Ley General de Aguas.

El presidente de la instancia destacó la importancia de la participación de la sociedad civil y de diversas instituciones en diseño de esta norma nacional.

Explicó que se conformarán equipos de trabajo para que participen en los 19 foros que se realizarán en todo el país e integren las conclusiones, a fin de compilar la información y de ahí partir para la redacción de la nueva ley.

El diputado Casimiro Zamora Valdez (Morena) invitó a los participantes a ser coadyuvantes y aportar sus conocimientos para hacer de esta norma una ley con visión futurista, en donde estén incluidos los sectores económicos y productivos que dependen esencialmente de este líquido, sin olvidar, desde luego, el consumo humano.

En tanto, el diputado Héctor Joel Villegas González (PES) destacó la importancia de contar con una nueva ley de aguas, porque este recurso es vital para todos. Además, cada día hay menos recurso porque hay lugares sobreexplotados y se tienen deficiencias de abasto. Consideró que se debe tener cuidado en todos los puntos en la conformación de la ley.

Representantes de organizaciones, asociaciones e institutos relacionados con el tema del agua manifestaron su interés en participar en el proceso. Destacaron la importancia de contar con una norma que incorpore el derecho humano a este líquido y su saneamiento. Asimismo, señalaron que la ley debe ser operativa y aplicarse en todos los sectores.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 457 votos a favor, uno en contra y una abstención, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, a fin de eliminar la versión impresa para fines comerciales del Diario Oficial de la Federación pasando a un esquema electrónico.

El documento enviado al Ejecutivo para sus efectos constitucionales, sostiene que la modificación normativa beneficia a la ciudadanía, porque no tendrá que pagar por él, mientras que a la hacienda pública se le reducirá los costos de su edición, pues la venta de los ejemplares no cubre los costos de producción.

Se precisa que se expedirán seis copias certificadas que serán remitidas a la hemeroteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, al Archivo General de la Nación, a las presidencias de las Mesas Directivas de las cámaras de Diputados y del Senado, Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Oficina de la Presidencia de la República.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (Morena) dijo que es necesario que el DOF se actualice, pues de esta manera se puede garantizar el derecho a la información sobre el contenido y alcance de las determinaciones que toman los Poderes de la Unión y los entes públicos; por ello el Diario Oficial de la Federación es un instrumento privilegiado en la comunicación institucional.

Se debe actualizar de acuerdo a los nuevos avances tecnológicos y así agilizar su consulta desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a la red sin la necesidad de adquirir el ejemplar impreso.

El dictamen regula la edición electrónica como el principal medio jurídicamente válido de la difusión del DOF y reduce el deterioro ambiental que implica la impresión.

“La sociedad ya se transformó, es momento que el gobierno también lo haga que se adapte a los nuevo tiempos y sea más eficiente y accesible para la ciudadanía”.

Al inaugurar el foro “Feminicidios en México. Análisis y retos legislativos” el diputado Reginaldo Sandoval Flores, señaló que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros tres meses del 2019 fueron privadas de la vida 227 mujeres, siendo los estados con mayor incidencia Veracruz, México, Sonora, Puebla y Nuevo León.

El papel del Congreso, es generar reformas legislativas enfocadas para que las autoridades tengan mayor eficacia, pues en la actualidad el 80 por ciento de los casos de feminicidios se encuentran impunes, agregó el coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Dijo que el feminicidio es generado por la desigualdad de géneros; por ello, se debe cambiar el paradigma de la educación, a fin de generar ciudadanos sanos y respetuosos; asimismo que los niveles de gobierno asuman su compromiso para detener este delito “tan aberrante”.

La diputada María Teresa Marú Mejía (PT) sostuvo que es necesario erradicar la violencia de género y desarrollar acciones que pongan un alto al hecho de dejar en libertad, a quien comete un homicidio o ejerce maltrato en contra de una mujer.

Dijo que la justicia tiene tantas aristas que permite, por diversas circunstancias, liberar a quien atenta contra la vida de una mujer; por lo tanto, solicitó la participación de la sociedad, para fortalecer los valores del respeto y la empatía, a fin de que cuando vean conductas violentas las denuncien y no las dejen pasar.

El titular de la Unidad de Prevención de la Violencia y Delito, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Pablo Velázquez, manifestó que el problema de la violencia de género y los feminicidios son temas que preocupan al gobierno Federal.

Enfatizó que aunque la solución a este problema no es sencilla, se debe pensar en la construcción de esquemas de atención verticales, donde se trabaje de manera conjunta con los tres órdenes de gobierno, la sociedad y las víctimas.

Apuntó que entre las acciones del Ejecutivo, está que las secretarías de Gobernación y la de Seguridad y Protección Ciudadana trabajen de la mano para fortalecer el modelo de atención al feminicidio, en el cual se tomen en cuenta todos los elementos del sistema de justicia; es decir, desde la prevención hasta la salvaguarda de las víctimas y con ello evitar su revictimización.

“Lo que deseamos es garantizar que cuando una persona comienza a sufrir violencia, existan mecanismos de denuncia, se les otorgue medidas de protección eficientes y se sancione a quienes atentan contra la integridad de las mujeres; además que existan espacios de protección para las víctimas”.

La fiscal especial en Feminicidios del estado de México, Irma Millán Velázquez, expuso que es fundamental que las autoridades les crean a las víctimas cuando afirman que su agresor las ha amenazado de muerte y les otorguen la protección necesaria para evitar que esto desencadene en un feminicidio.

Dijo que el reto del estado de México, es capacitar a un mayor número de elementos del Ministerio Público y que los Centros de Justicia para las mujeres les dé seguimiento a cada una de las denuncias que se presentan. “Hoy 56 por ciento de las denuncias de feminicidio se encuentran judicializadas”.

Pidió a los diputados construir políticas públicas orientadas a impulsar la participación activa de la ciudadanía, en el esclarecimiento de los feminicidios, pues muchas veces niegan las pruebas que podrían ser útiles para la impartición de justicia.

Alicia Rosas Rubí, subprocuradora de Procesos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, afirmó que el perfil psicológico del feminicida, tiene como particularidades su narcisismo, misoginia, machismo, baja autoestima; son manipuladores, dominantes y con un desprecio marcado hacia la figura femenina; además no asumen la responsabilidad de sus actos, externan indiferencia ante el hecho cometido.

Añadió que los factores criminógenos del feminicida, se deben a que han sido integrantes de núcleos familiares numerosos, inestables, conflictivos y disfuncionales; asimismo, presentan alcoholismo y drogadicción.

Ante este panorama, mencionó que los retos legislativos deben orientarse a un examen del orden normativo en materia de prevención social del delito del feminicidio, a fin de lograr su erradicación desde las causas que lo generan”.

Roxana Aguilar, representante de la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y las Drogas, especialista en feminicidio, subrayó que el 59 por ciento de las mujeres que tienen pareja, han presentado violencia física, emocional y sexual.

Relató que en 2017 México ocupó el segundo lugar en feminicidios en una relación de 24 naciones, tan sólo debajo de Brasil; sin embargo, en este 2019 ocupa el primer lugar; por lo que es necesario que se atienda, pues es un reflejo de la falta de derechos que tiene este sector.

“El odio y desprecio de los hombres hacia las mujeres, son plasmados con la saña de los asesinatos, pues ahora se utilizan métodos como el ahogamiento, sofocación, el uso de sustancias y el fuego. Estamos claramente frente al epicentro de la violencia, cuyo centro es el ejercicio de poder que funda un terror sistemático en el cuerpo femenino”.

Maricela Morales Ibañez, exprocuradora General de la República, expuso que para evitar la violencia de género, es fundamental impulsar la independencia económica de las mujeres, porque este factor es el causante de que se permita el maltrato.

Subrayó que los índices de los feminicidios crecen a la par que la inseguridad, siendo los focos rojos; Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León y el estado de México, aunque si bien es cierto que este delito está tipificado, sólo diez entidades federativas establecen la obligación de elaborar protocolos para la investigación.

Aseguró que la razón por la que los homicidios en contra de las mujeres quedan impunes, es por el limitado acceso que tienen las víctimas de violencia a la justicia y a los prejuicios de género durante la etapa de averiguación previa por parte de la policía, jueces y fiscales, los cuales archivan los casos, por supuestas faltas de prueba; por ello, propuso generar mejores mecanismos de capacitación de los servidores públicos.

Italy Ciani Sotomayor, ex subprocuradora para la atención de delitos cometidos contra la mujer del estado de México, destacó que para evitar los homicidios de género, es fundamental impulsar mecanismos de prevención, porque es imposible acabar con la violencia en contra de las mujeres desde el Sistema de Justicia Penal porque tan sólo se denuncia uno de cada cuatro delitos cometidos.

Manifestó que no se puede tener un modelo de agresor, pues estos pueden ser analfabetas o con estudios de posgrado, políticos, pobres o adinerados; es decir, más que hablar de un perfil, se debe hablar de un esquema de relaciones desiguales y es eso lo que se debe combatir y promover; que las mujeres conozcan sus derechos y la importancia de denunciar cualquier acto de violencia.

María Loeba Castañeda Rivas, directora en retiro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que los retos para legislar en materia de feminicidios es hacer efectivos los derechos humanos con progresividad y que se otorgue atención multidisciplinaria al agresor y víctima; además, se capacite a los impartidores de justicia con perspectiva de género.