En aras de adecuar las normas constitucionales a las
necesidades que impone una realidad en constante evolución, el Grupo
Legislativo de los partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista
de México (PRI-PVEM), en voz del diputado Jorge Moreno Salinas, presentó la
iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política del
Estado de Veracruz, relativo a las funciones y atribuciones de la Diputación
Permanente.

Durante la cuarta sesión ordinaria, el legislador
Moreno Salinas detalló que la existencia de la Diputación Permanente, órgano
que funge durante los recesos del Congreso del Estado, es necesaria y se
justifica para no interrumpir los trabajos de este Poder; sin embargo –agregó-
esta figura está basada en circunstancias históricas muy distintas a las
actuales.

Dijo que anteriormente para los integrantes de un
Congreso representaba una mayor dificultad el trasladarse con prontitud de su
municipio a la sede del Poder Legislativo para reunirse en sesiones
extraordinarias, “en la actualidad esto ya no ocurre al contarse con mayores y
más rápidas vías de comunicación”.

Por lo anterior, los diputados del PRI-PVEM proponen
suprimir algunas atribuciones conferidas a la Diputación Permanente, sobre todo
por la naturaleza e importancia de las mismas en la vida institucional del
Estado, a fin de que sean de competencia exclusiva del Pleno del Congreso.

De esta manera se plantea eliminar la atribución de
la Diputación Permanente de nombrar provisionalmente a magistrados del Tribunal
Superior de Justicia.

Asimismo, quitar la facultad de este órgano
legislativo de nombrar de manera provisional a la persona que presida la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, y de designar también de forma
provisional a quien sustituya al Consejero de la Judicatura que hubiere
designado el Congreso y al Contralor General del Instituto Electoral
Veracruzano.

En contraparte se le adicionarían a la Diputación
Permanente algunas facultades de naturaleza eminentemente administrativa, que a
juicio de los proponentes no requerirían para su resolución que el Congreso
estuviese reunido. Ejemplo de esto sería las solicitudes de licencia o
ausencias definitivas de legisladores.

También se adicionarían dos fracciones al artículo
41, en la que se establecen facultades de la Diputación Permanente para el otorgamiento de licencias temporales por más
de 60 días a ediles, agentes y subagentes municipales y de los llamados, en ese
supuesto y en el de ausencias definitivas, a los suplentes respectivos y, por
otra, a la aprobación de los procedimientos de elección de agentes y subagentes
municipales, contenidos en las convocatorias emitidas por los ayuntamientos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen
correspondiente.

El
diputado Gonzalo Guízar Valladares, integrante del Grupo Legislativo Mixto “Del
Lado Correcto de la Historia”, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que
reformaría el Artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, sobre
la forma de designar a los magistrados del Poder Judicial del Estado, que
establecería un procedimiento y una división clara de poderes.

Desde
la Máxima Tribuna del Estado, expresó que las y los veracruzanos, aspiran a
vivir en un régimen de derecho, en el que el imperio de la ley sea lo que
prevalezca, más allá de coyunturas políticas, conveniencias de grupos,
intereses personales o caprichos cupulares.

Dijo
que como representantes de la sociedad, están llamados a realizar un análisis
claro de los caminos que permitan de mejor manera conducir a la sociedad por el
sendero correcto hacia el progreso y la paz social.

“Uno
de los temas que ocupan nuestra agenda, es la relación que debe existir hacía
el Poder Judicial, como uno de los tres pilares en los que descansa la división
de poderes, tan oportuna en los tiempos de la democracia, pero tan
indispensable en los tiempos del autoritarismo”, subrayó.

Actualmente
–citó-, el artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Veracruz
establece: Los magistrados serán nombrados por el Congreso, a propuesta del
Gobernador del Estado. En los recesos del Congreso la Diputación Permanente
hará el nombramiento, con carácter provisional, en tanto aquél se reúne y da la
aprobación definitiva. Los magistrados durarán en su cargo diez años
improrrogables, y sólo serán removidos de conformidad con lo dispuesto por esta
Constitución.

La
iniciativa que reformaría el mismo artículo, propone lo siguiente:

I.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, en un plazo no mayor de cinco
días, comunicará al Congreso del Estado la existencia de una o más vacantes;

II.
Recibida la referida comunicación, el Secretario General del Congreso, sin
ulterior tramité remitirá la misma a la Comisión de Justicia y Puntos
Constitucionales;

III.
La citada Comisión, una vez informada de la ausencia o vacante de la
Magistratura, en un plazo no mayor a treinta días, emitirá la convocatoria
pública respectiva;

IV.
La Comisión se abstendrá de establecer mayores requisitos a los previstos en la
Constitución Federal y esta Constitución y, una vez fenecido el plazo de
registro, deberá hacer pública la lista correspondiente. En caso de objeción de
algunos de las o los candidatos, podrá iniciar un procedimiento abreviado de
investigación de ilegibilidad de las o el candidato impugnado, en el entendido
que dicho procedimiento no podrá ser mayor a treinta días naturales. Será la
Comisión encargada de resolver al momento de emitir el Dictamen de elegibilidad
e integración de las ternas respectivas;

V.
La Comisión deberá entrevistar en forma pública y mediante los procedimientos
más abiertos a las y los aspirantes a ocupar la Magistratura correspondiente;

VI.
Las Asociaciones, Barras y Colegios de Profesionistas del Estado y las
instituciones de educación superior podrán presentar a la Comisión convocante
todos los elementos que consideren necesarios para objetar una o más candidaturas
a las Magistraturas. Serán desechadas de plano aquellas que carezcan de
elementos mínimos de prueba;

VII.
Una vez concluidas las entrevistas y en un plazo no mayor a quince días, la
Comisión respectiva elaborará un dictamen de resolución de elegibilidad y
propondrá a la aprobación del Pleno, las ternas necesarias para ocupar la o las
Magistraturas vacantes;

VIII.
Será designado Magistrada o Magistrado quien obtenga las dos terceras partes de
los votos de los diputados integrantes de la Legislatura. La sesión respectiva
deberá celebrarse a más tardar quince días después de aprobado el dictamen en
Comisión y de ser necesario, se convocará a sesión extraordinaria para ese
único efecto.

IX.
Aprobada la designación, se remitirá al Ejecutivo, quien contará con un plazo
de diez días hábiles para objetar de manera fundada y motivada, pero sobre todo
acompañando los medios de prueba probatorios de sus argumentos, caso en el
cual, el Congreso, y de entre los aspirantes ya inscritos, con la misma mayoría
hará la designación respectiva. Si el Congreso, también de manera fundada y
razonada insistiere en la misma designación, el ejecutivo no podrá objetarla
nuevamente, a menos que se trate del incumplimiento de alguno de los requisitos
previstos en la constitución; y

X.
Si el Congreso optare por otra alternativa, se someterá al mismo procedimiento
señalado en fracciones anteriores. De no hacer el Ejecutivo ninguna observación
en el plazo señalado, se entenderá que acepta la designación realizada, la que
se comunicará de inmediato al Poder Judicial para que se proceda a la
adscripción de la o el Magistrado de que se trate.

El Presidente de la Mesa Directiva, diputado José
Manuel Pozos Castro, ordenó turnar la iniciativa a la Comisión Permanente de Justicia
y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.

El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) del Congreso de Veracruz, en voz de la diputada María Graciela Hernández Iñiguez, presentó la iniciativa de Ley para la Atención y el Desarrollo de la Juventud en el Estado de que tiene por objeto generar las medidas y el marco normativo que regulen las políticas públicas que permitan al Estado y a los municipios garantizar el desarrollo e inclusión de la juventud; así como la atención a sus necesidades sociales.

Como parte de los trabajos de la cuarta sesión ordinaria, del segundo periodo, la legisladora indicó que al día de hoy solamente se ha promovido el Parlamento Juvenil, dejando de lado las adecuaciones a los demás ordenamientos, que hagan efectivas políticas públicas orientadas a los jóvenes.

La iniciativa señala que la formulación e implementación de políticas públicas y programas para hacer efectiva la presente Ley, serán responsabilidad del Gobierno estatal y de los municipios, en el ámbito de su competencia, e incluirán los mecanismos de participación de las y los jóvenes en su diseño.

Refiere que todas las dependencias del Gobierno del Estado atenderán y apoyarán las iniciativas de participación social, colectivas o independientes, de las y los jóvenes. Las dependencias y organismos autónomos del Estado, deberán designar un servidor público de su adscripción en el que recaerá la responsabilidad de realizar las labores de enlace con la juventud, para procesar sus solicitudes de apoyo.

Los gobiernos estatal y municipal se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal para la Atención de la Juventud, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la atención de las demandas y problemática de la juventud veracruzana, de conformidad con el Programa Estratégico.

En su intervención en tribuna, la diputada subrayó que actualmente Veracruz atraviesa una profunda transición social, política y económica, por tanto, es necesario garantizar a las y los jóvenes el acceso a todos los servicios de salud, vivienda y educación, pero, sobre todo, a la participación democrática con el fin de sentar las bases para que la juventud veracruzana

sea un grupo productivo que participe activamente en el bienestar y desarrollo de todos los sectores que conforman la sociedad.

Dijo que los jóvenes quieren participar, “queremos planes reales de desarrollo con visión integral y no a corto plazo, por eso es que hoy estoy aquí para levantar la voz en nombre de miles de jóvenes misantecos y veracruzanos, para ahora contar con una ley que nos brinde oportunidades reales para aportar, sobre salir y poder contar con mejores condiciones económicas en nuestros hogares”, abundó.

Expuso que es urgente dotar a los jóvenes de certidumbre jurídica y de condiciones que les permitan, en igualdad de derechos, participar en el desarrollo estatal, al tiempo que se les garanticen las mejores condiciones de vida, mediante la presente ley.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad.

El diputado Omar Guillermo Miranda Romero, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), puso a consideración del Pleno, de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado, con la finalidad de concluir con la homologación de la legislación estatal con la federal, y poder realizar correctamente políticas públicas en concurrencia.

El Desarrollo Metropolitano, señala Miranda Romero, es un concepto establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano a nivel federal, que busca constituir un proceso de planeación, regulación, gestión, financiamiento y ejecución de acciones en zonas metropolitanas, que por su población, extensión y complejidad, deberán participar en forma coordinada los tres órdenes de gobierno de acuerdo a sus atribuciones.

A nivel estatal, Veracruz realizó diversas reformas en la materia, recordó Miranda Romero, a finales de la Legislatura pasada, otorgando herramientas y conceptos para crear Zonas Metropolitanas.

Estas reformas fueron encaminadas, continuó, para adecuar la Ley Estatal con la Federal, pero el proceso de reforma no se consideró el concepto de Desarrollo Metropolitano, necesario para coordinar la creación de estas Zonas en el Estado, acordes con la Legislación Federal. La Ley General establece que las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidas de manera concurrente.

Con estas adecuaciones propuestas a nuestra Ley Estatal, señaló el legislador, se busca lograr una eficaz gobernanza metropolitana, pues se considera establecer mecanismos e instrumentos de carácter obligatorio para asegurar la acción coordinada institucional de los tres órdenes de gobierno y la participación de la sociedad.

Derivado de lo anterior, agregó, se propone: Integrar el concepto de Desarrollo Metropolitano, en el Glosario; se adiciona una sección primera donde se establezcan regulaciones específicas para el Programa Estatal de Desarrollo Metropolitano; se integra dentro del articulado de la Ley el concepto de Desarrollo Metropolitano como política rectora para formar Zonas Metropolitanas, esto para homologar la Ley General en la materia con la Ley Estatal y poder aplicar políticas concurrentes en la materia.

La Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Metropolitano, y de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal.

Con el apoyo de la diputada Montserrat Ortega Ruiz, integrante de las comisiones permanentes de Derechos de la Niñez y la Familia, y de la de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, del Congreso del Estado, se llevó a cabo el foro Derechos Humanos, Ciudadanía y Discapacidad, en el lobby del Salón del Pleno, del Palacio Legislativo, mismo que encabezó la coordinadora del Programa de Género en Salud, de la Secretaría de Salud, del Gobierno del Estado, Edelmira Sánchez García.

Durante el desarrollo de los trabajos del foro, se contó con la participación de diversos ponentes, quienes abordaron los temas relacionados con la materia.

Durante su intervención en la cuarta sesión ordinaria de la LXV Legislatura, la diputada del Grupo Legislativo de Morena, Margarita Corro Mendoza, se pronunció por el rescate cultural y social de los pueblos Chinantecos y Mazatecos de la Cuenca del Papaloapan.

La legisladora por el Distrito XXIII de Cosamaloapan, dijo que estos pueblos bajo intereses gubernamentales de la federación de hace más de 60 años, se les ordenó abandonar sus tierras bajo el nombre de “reacomodo”, por lo que en entre la zona de Oaxaca y Veracruz aparecieron pueblos sin nombre, solo números con el objetivo de que sus habitantes perdieran las raíces de sus lenguas y cultura.

Asimismo, aseguró que tanto Chinantecos como Mazatecos, al paso de los años, recuperaron sus tradiciones y no perdieron su lengua; además comprendieron sus derechos como pueblos originarios exigiendo al gobierno federal, estatal y municipal el respeto a sus elementales derechos humanos: lengua, formas organizativas, representación y el reclamo constante para recibir los apoyos prometidos ante el reacomodo forzoso.

Afirmó que, hoy en día, el Congreso del Estado, siendo la “casa del pueblo”, rinde tributo a estos pueblos originarios abriendo sus puertas para exponer la policromía de sus artesanías y la música de su lengua, que denota al río, al ave, a la mariposa y a la libertad, y que artesanos de los cinco poblados de San José Independencia, trabajan diariamente preservando su cultura.

La legisladora, se sumó al reclamo de justicia para solicitar a los poderes del Estado, el cumplimiento cabal de la palabra empeñada hace más de seis décadas para que se diseñen políticas públicas o programas especiales que permitan un desarrollo sustentable a estos pueblos hermanos.

Previo a la cuarta sesión ordinaria se llevó a cabo la inauguración de la exposición de las artesanías de los pueblos Chinantecos y Mazatecos, en este evento estuvieron presentes el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, diputados integrantes del Grupo Legislativo de MORENA, así como Jorge Alberto Chávez Méndez, en representación del Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, además de regidores y agentes municipales de la zona.

La Dra. Mónica Mendoza Madrigal es la nueva encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos (CEIGDH) del Congreso del Estado.

Con cerca de 20 años trabajando en temas de género, específicamente en la línea de participación política femenina y el combate a la violencia de género, la Dra. Mónica Mendoza se convierte en la tercera encargada del CEIGDH desde su creación en el año 2014.

Ya integrada en las tareas legislativas, informó que estará pendiente de la aprobación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual en el Congreso del Estado, presentado el 4 de abril pasado, como parte de la Estrategia de Coordinación Estatal “Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz”.

Explicó que una vez aprobado, el CEIGDH deberá formar parte del comité responsable de instrumentar el Protocolo que permita regular la convivencia interna.

Otro asunto pendiente es la Iniciativa de Decreto presentada por la diputada Mónica Robles Barajas, que modificaría 52 artículos del Código Civil para el Estado de Veracruz, reformas que se traducirían en un avance significativo en la eliminación de actos discriminatorios y hacia el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas independientemente de su condición de género u orientación o preferencia sexual.

Del mismo modo, tiene como prioridad, dar curso a la agenda de género presentada por colectivos feministas a un grupo de legisladoras.

La nueva encargada de despacho es Doctora en Investigación de la Comunicación por la Universidad Anáhuac de México, Maestra en Comunicación Política, Licenciada en Ciencias de la Comunicación y especialista en Género por El Colegio de México.

Mónica Mendoza recibió el nombramiento de manos del Contralor Interno del Congreso, René Buenrostro Hernández; así como de Alfredo Corona Lizárraga, representante del Secretario General, Domingo Bahena Corbalá.

El diputado José Magdaleno Rosales Torres, integrante del Grupo Legislativo de Morena, presentó un Anteproyecto de punto de acuerdo, ante el Pleno de la LXV Legislatura por el que se exhorta a los Ayuntamientos con problemas de laudos laborales a realizar los convenios respectivos, con los trabajadores despedidos o cesados y con “el debido respeto a sus derechos humanos”.

Esto, por la vía de la “amigable composición”, asimismo, a prevenir en sus próximos proyectos de presupuestos de egresos los medios para cumplir con los laudos laborales que hayan perdido, afirmó el legislador al hacer uso de la tribuna.

En específico, se dirigió a los presidentes municipales de Atoyac, Huatusco y Manlio Fabio Altamirano, llamándolos a respetar el contrato colectivo que tienen con sus trabajadores, respetar los derechos laborales ganados, y que cualquier convenio sea basado en el respeto a la dignidad humana.

De igual manera, dirigió su llamado a las diputadas y diputados integrantes de esta LXV Legislatura para escuchar y apoyar la “amigable composición” entre los Ayuntamientos y sus trabajadores de los distritos a los que pertenecen, velando siempre por la aplicación de los derechos humanos.

Actualmente, de acuerdo a los registros que lleva este Congreso, apuntó Rosales Torres, el 95 por ciento de los Ayuntamientos veracruzanos han solicitado que se les autorice ampliación presupuestal para pagar laudos laborales, “siendo que la mayoría de las ocasiones es con efectos dilatorios, en perjuicio de los trabajadores que han ganado y sus laudos están en ejecución”.

La cantidad, en cuanto al dinero, que los ayuntamientos veracruzanos adeudan a trabajadores despedidos no se tiene con certeza, subraya en su participación el diputado de Morena, y agrega que el motivo del exhorto, son las diversas solicitudes recibidas de trabajadores despedidos de los Ayuntamientos y que buscan la mejor solución a sus conflictos.

En estos casos, señala Rosales Torres, no sólo se violenta el derecho al trabajo, sino a su pensión y demás derechos laborales, se ataca la dignidad humana en el más amplio sentido,

pues la dilación de la ejecución de los laudos, que emplean los Ayuntamientos, también ataca a las familias de estos trabajadores, por lo que se vulnera el sano desarrollo y la vida digna de sus integrantes.

El anteproyecto de punto de acuerdo fue turnado, para su estudio y análisis, a la Junta de Coordinación Política.

La diputada María Candelas Francisco Doce, presentó durante la cuarta sesión ordinaria de la LXV Legislatura, una Iniciativa de Decreto que faculta a la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) a diseñar un mecanismo administrativo, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, para la reducción y agilización de trámites que permitan el establecimiento de nuevas empresas.

Esta iniciativa, que reforma la fracción X del artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, se plantea con el objetivo de obtener un esquema de movilidad adecuada y desarrollo sustentable que beneficie la detonación de la economía en las diversas regiones de la entidad, principalmente en las ocho zonas metropolitanas: Acayucan, Xalapa, Veracruz, Córdoba, Coatzacoalcos, Orizaba, Minatitlán y Poza Rica.

De esta manera se prevé establecer como atribuciones del Secretario de Desarrollo Económico y Portuario, el diseñar y establecer, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, mecanismos administrativos tendientes a reducir y agilizar trámites en los procesos de establecimiento de nuevas empresas en un esquema de movilidad adecuada y desarrollo sustentable.

Las autoridades responsables que coincidan en cada proyecto, signarán los acuerdos de coordinación respectivos.

La legisladora Francisco Doce, dijo que como presidenta de la Comisión Permanente de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión, su compromiso es analizar la problemática para el crecimiento comercial, pues en diversas reuniones con empresarios de diferentes zonas han coincidido que Veracruz dista de otros estados en ver reflejado su organización y crecimiento, toda vez que está plagado de trámites y tiempos para la instalación de nuevas empresas.

Aseguró que se trata de corregir errores del pasado y que de alguna manera han frenado la inversión y promoción de Veracruz para captar nuevos capitales.

Agregó que con esta iniciativa podrá darse a inversionistas interesados en trabajar en la entidad, un clima de seguridad, confianza y certeza jurídica que respalde su llegada y permanencia en la entidad.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación; de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión y la de Zonas Especiales y Desarrollo Económico.

Durante la cuarta sesión ordinaria de la LXV Legislatura, la diputada Deisy Juan Antonio, integrante del Grupo Legislativo de Morena, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría del Salud del Estado (SSA), para que se adquieran equipos de diálisis y máquinas de hemodiálisis, para los distintos hospitales generales del Estado.

Destacó que existe una necesidad urgente en todo el territorio estatal derivado de los diferentes problemas renales de los veracruzanos, los cuales se han incrementado exponencialmente convirtiéndose en un problema de salud pública.

La también secretaria de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables aseguró que la adquisición de dispositivos y maquinaria para el equipamiento de los hospitales de la entidad, permitirá atender urgentemente y de manera adecuada a los enfermos con problemas renales, ya que es una prioridad debido al alto número de ciudadanos que se enfrentan con este problema diariamente.

Asimismo, dijo que una de las finalidades del Estado es brindar el derecho humano de la salud a la población, y que la falta de estos equipos en los diversos hospitales obliga que los afectados tengan que trasladarse a nosocomios de otras regiones o bien acudir a la iniciativa privada para su tratamiento, perjudicando con ello su estado de salud y por ende su economía.

La representante del Distrito XXVII de Acayucan indicó que como diputadas y diputados deben estar atentos a las necesidades apremiantes de los ciudadanos pues dentro de las atribuciones como legisladores es brindar atención y los apoyos necesarios en sus respectivas necesidades a los veracruzanos, y más aún si es para beneficio social y colectivo.

Este anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para su estudio y dictamen correspondiente.

-Se pronuncia diputada por los derechos de la población LGBTTTI-

Durante la sesión, la diputada Deysi Juan Antonio se pronunció a favor de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y las personas lesbianas, gay, homosexuales, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero e intersexuales, conocidas como población LGBTTTI.

Destacó que actualmente, este sector aún se enfrenta al estigma de la discriminación y a la violencia, debido a su orientación sexual e identidad de género, por lo que la llamada, LGBTTTIfobia, persiste en la sociedad.

Afirmó que en México se han dado algunos pasos para combatir la discriminación en contra de esta población asumiendo el compromiso de adoptar todas las medidas apropiadas, incluyendo programas de educación y capacitación, para alcanzar la eliminación de actitudes y prácticas pre juiciosas o discriminatorias basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual, identidad de género o expresión de género.

La legisladora no omitió mencionar que la violencia que enfrentan los jóvenes LGBTTTI tiene efectos negativos en su autoestima, actitudes discriminatorias de los profesionales de la salud y las restricciones en el acceso a la información, que crean barreras que obstaculizan el derecho a los servicios de salud, rechazo familiar, acoso escolar, entre otros.