La diputada María Esther López Callejas, integrante
del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó la
iniciativa que reforma la Ley de Premios del Estado con la finalidad de
instaurar “La Medalla al Mérito por la Defensa y Mejora del Medio Ambiente” como un reconocimiento
del Estado a quienes destacan en la protección y mejora del medio ambiente,
evidenciando públicamente a personas, instituciones o empresas que mantengan un
compromiso con el entorno ecológico.

Al hacer
uso de la voz, durante la séptima sesión ordinaria, la legisladora subrayó que
este reconocimiento favorecerá significativamente las acciones
que se habrán de generar para el cuidado y la protección del entorno natural,
“veo con agrado como cada día surgen personas o diversos grupos preocupados por
el medio ambiente, creo que esta distinción que hoy propongo, servirá para
impulsar el trabajo que ya vienen desarrollando”, abundó.

En la
iniciativa, la diputada plantea un procedimiento similar a los Premios “Adolfo
Ruiz Cortines” y “Estatal a la Mujer”, que abarcaría, previo al Día Mundial del
Medio Ambiente, la creación de una comisión de diputados que se encargue de
hacer los trabajos para la elección de la persona, institución o empresa, que
cuente con los méritos para recibir la distinción por sus acciones a favor del
medio ambiente.

En su
intervención, la también presidenta de la Comisión de Turismo recordó que de
los premios ambientales el considerado “Nobel de Ecología” es el Premio
Goldman, que se instituyó desde 1990 por Richard y Rhoda Goldman en la ciudad
de San Francisco, California.

Agregó que
esta pareja de filantrópicos estadounidenses
tuvieron la visión de hacer esta presea como una forma de demostrar las grandes
dificultades ambientales a nivel mundial y llamar la atención de la sociedad
sobre la situación crítica de algunos de estos problemas.

La
legisladora se dijo convencida que en la sociedad veracruzana se hacen diferentes esfuerzos para la conservación del medio ambiente, y
es necesario que esas acciones sean conocidas y, sobre todo, encuentren eco
para posibilitar una mayor concientización en la materia, con el fin de
preservar los recursos naturales para la actual y generaciones futuras.

Por otra
parte destacó que los Congresos de los Estados de México, Tabasco y Zacatecas
ya cuentan en su legislación con un Premio con el que galardonan y reconocen
las aportaciones de ciudadanos o instituciones que han
destacado por su lucha en favor del medio ambiente.

Además,
expuso que en México la máxima presea es el premio al Mérito
Ecológico que otorga anualmente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, a través del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo
Sustentable y de un proceso de una convocatoria que se publica cada año.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para su estudio y
dictamen correspondiente. Además fue enviada a la Comisión Especial para el
Seguimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que
ésta emita su opinión.

En
voz de la diputada Erika Ayala Ríos, diputados integrantes del Grupo
Legislativo Mixto “Partido Revolucionario Institucional (PRI) – Partido Verde
Ecologista de México (PVEM)”, presentaron una Iniciativa de Decreto para
reformar el Código Penal para el Estado de Veracruz y con ello, ampliar el
listado de circunstancias agravantes de la penalidad en casos de violación y
pederastia.

La
propuesta, explicó la legisladora, responde a la justa demanda ciudadana de
castigar ejemplarmente a quienes atentan contra la libertad sexual, el libre
desarrollo de la personalidad y la integridad física de todas las personas, y
más aún, cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes, sin importar
también la edad de mujeres adultas y jóvenes.

Concretamente,
el Grupo Legislativo propone que sean agravantes de la pena si dichos delitos
se realizan en:

• Vehículos de transporte público de
pasajeros o en otros que presten un servicio similar;

• En lugares despoblados o solitarios;

• Derivado del allanamiento de la morada
de la víctima; y

• Al interior de instituciones
educativas o en establecimientos públicos o privados en los que se preste el
servicio de auxilio o refugio o tratamiento de personas, si dichos delitos son
cometidos por personal de las mismas.

La
diputada Erika Ayala precisó que en todos esos casos, existe mayor ventaja de
los delincuentes sobre las víctimas y,
por lo tanto, las penas deben ser mayores.

De
igual forma, la iniciativa plantea homologar, en la mayor medida posible, los
supuestos de agravamiento de la pena existentes en los delitos referidos, ya
que de su revisión se advierte que si bien los bienes jurídicos tutelados son distintos
(la libertad y la seguridad sexual, en el caso de violación, y el libre y sano
desarrollo de la personalidad, para el de pederastia), en algunos casos existe
una descripción de supuestos más amplia, que permitiría la aplicación de penas
más altas.

Por
tal razón, consideró pertinente incluir como una circunstancia agravante en el
delito de violación, la que se prevé para pederastia en la fracción cuarta del
artículo 190 Quinquies, consistente en que el sujeto activo se aproveche de la
confianza, ignorancia, extrema necesidad económica o alimentaria o
subordinación de la víctima, o de la relación de superioridad o de cualquier
índole que sobre ésta tenga.

“Estimamos
necesario que en el caso del delito de pederastia se agregue el supuesto de que
el sujeto activo “haya sido” y no sólo que “fuere” concubina, concubinario,
amasia, amasio o pareja sentimental del padre o de la madre del sujeto pasivo,
ya que en esos casos, por el tipo de relación existente en forma previa y por
el grado de confianza, la víctima no espera una agresión de esa naturaleza”,
enfatizó.

Durante
su intervención en Tribuna, la legisladora destacó que con mil 864 denuncias
por presuntos delitos contra la libertad y la seguridad sexual (314 de ellas
por violación), Veracruz ocupó el año pasado, el séptimo lugar nacional en ese
rubro.

Por
lo antes expuesto, se sometió a consideración del Pleno la iniciativa de
decreto que reformaría la fracción II del artículo 190 Quinquies; y adicionaría
las fracciones VI, VII, VIII, IX y X al artículo 185 y las fracciones VII,
VIII, IX y X al artículo 190 Quinquies, del Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La
iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales para
su análisis y dictamen.

En reunión de las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Educación y Cultura; presididas por la diputada Mónica Robles Barajas y el diputado León David Jiménez Reyes, respectivamente, la Rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara González acudió para ofrecer más detalles y debatir sobre el contenido de la iniciativa con proyecto de Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, presentada al Pleno durante la cuarta sesión ordinaria, celebrada el pasado 16 de mayo.

Tras saludar a los invitados de la comunidad universitaria, la presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, diputada Mónica Robles Barajas, reconoció el ejercicio que llevó a cabo la UV para la integración de éste documento, mismo que incluyó a la máxima Casa de Estudios en todos sus órganos.

En tanto, el diputado León David Jiménez Reyes, presidente de la Comisión de Educación y Cultura, aseguró que dentro del análisis que realizarán para dictaminar esta iniciativa se procurará el respeto a la autonomía de la UV. Además resaltó que ésta es una norma requerida, toda vez que había que armonizarse diversos aspectos que la legislación anterior no contemplaba.

Agregó que el ejercicio democrático que realizó el Consejo Universitario abonó a seguir avanzando en la Institución más importante de Educación Superior del estado.

“Estas Comisiones Unidas van a tratar ésta iniciativa con total seriedad e importancia, de ahí que habremos de escuchar de su propia voz los pormenores de la Ley Orgánica que están proponiendo y de esta manera dictaminar, respetando la autonomía, las ideas de los universitarios, y sus propias formas de gobierno”, dijo el legislador de Morena.

Al tomar la palabra la Rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara González, agradeció la oportunidad que le brinda el Congreso del Estado, a través de las Comisiones Unidas, en la presentación del proyecto de Ley.

Indicó que éste es un momento histórico ya que, en 75 años, la UV nunca había construido su propia norma, ya que las leyes que han regido a la máxima Casa de Estudios a lo largo de su historia, son producto de las iniciativas de gobernadores en turno. Asimismo, expuso que el ejercicio de conformación de la iniciativa les tomó un año con 3 meses y que fue aprobada el 13 mayo, con el 92 por ciento de los miembros del Consejo Universitario.

Además, continuó Ladrón de Guevara, “este gobierno de la Cuarta Transformación sigue considerando las autonomías de las Universidades y este es un mensaje muy claro de la LXV Legislatura ante la nación, en cuanto a la coordinación que puede haber entre las Instituciones de Educación Superior Públicas y las Legislaturas de los Estados”.

Afirmó que, de aprobarse ésta Ley, se le permitirá a la UV contar con una estructura orgánica más operativa, una organización académica y administrativa equilibrada, transparente representativa, descentralizada, flexible y dinámica; capaz de adaptarse y responder oportunamente a los cambios de la realidad social.

Algunos de los principales puntos que se presentan en la propuesta de Ley Orgánica de UV es la de establecer los requisitos para ser Rector, sus atribuciones y su facultad para designar a los titulares de las Secretarías Académica, de Administración y Finanzas y de Desarrollo Institucional, así como al Abogado General.

Además, se amplían los periodos del ejercicio de funciones de los integrantes de la Junta de Gobierno, las Comisiones Permanentes de Consejo Universitario General y la representación de los Consejeros Académicos y Alumnos. La Junta de Gobierno conserva la relevante función de designar al Rector, adicionándole la atribución de hacer lo propio en el caso de los Vicerrectores, por mencionar algunos.

Por su parte la diputada Erika Ayala, vocal de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, reconoció el trabajo efectuado por la UV en la formulación de esta Iniciativa, ya que beneficiará directamente a la comunidad universitaria y por ende derogaría las que rigen a esta Institución educativa.

Asimismo, la legisladora del Distrito X, Xalapa I, Rosalinda Galindo Silva, y secretaria de la misma Comisión, destacó que ésta Ley permitirá la agilización trámites, desconcentrando atribuciones de algunos órganos, otorgando un mejor servicio a los estudiantes de ésta casa de estudios.

Por parte de la UV asistieron a esta reunión Alberto Salas Reyes, Abogado General; María del Rocío Ojeda Callado, Alejandro de la Fuente Alonso y Emil Award Aded, miembros del Consejo Universitario General, Jorge Manzo Denes Coordinador del Centro de Investigaciones Cerebrales y Paulina Lisset Alejandro Trujillo, Consejera Alumna, entre otros.

Mediante exhortos dirigidos a las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el diputado Wenceslao González Martínez propuso la actualización de las tarifas eléctricas para Veracruz.

El integrante del Grupo Legislativo de MORENA presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo durante la Séptima Sesión Ordinaria del Segundo Período del Primer Año de Ejercicio Constitucional, donde explicó que la aplicación de dichas tarifas se define o clasifica de acuerdo con la temperatura mínima promedio de verano.

En su exposición, detalló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atiende en Veracruz a unos tres millones de usuarios de tipo doméstico y, según las temperaturas de cada región, aplica las tarifas 01, 1A, 1B, 1C, 1D y Doméstica de Alto Consumo (DAC).

En su propuesta, el legislador exhorta a SHCP a que, en ejercicio de sus facultades, gestione los mecanismos necesarios para determinar la tarifa doméstica de energía eléctrica acorde con las temperaturas que prevalecen en el estado de Veracruz.

El exhorto se dirige también a la SHCP y a la CRE para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, modifiquen la normativa vigente, en la que se considere la sensación térmica como factor determinante para el establecimiento de las tarifas eléctricas, y se proceda a su reclasificación.

Señaló también que las estaciones de monitoreo no están ubicadas en la mayoría de las áreas de influencia, sino cerca de las cuencas hidrológicas. Por lo que las tarifas no necesariamente corresponden a la sensación de calor que los usuarios perciben, perjudicándolos al pagar mayor cuota por el servicio que reciben; lo que provoca una indebida medición de las temperaturas sin tomar en consideración la sensación térmica.

Por esto último, el anteproyecto incluye un exhorto a la SEMARNAT a que replantee la ubicación de las estaciones de monitoreo meteorológico existentes en Veracruz y, en su caso, se instalen las necesarias, con el propósito de eficientar las mediciones de las temperaturas que son base para la clasificación tarifaria.

El legislador concluyó enfatizando que, “es sumamente importante trabajar en la cultura del ahorro de energía y hacer conciencia en torno al uso eficiente y racional de la energía eléctrica”.

El legislador concluyó enfatizando que, “es sumamente importante trabajar en la cultura del ahorro de la electricidad y hacer conciencia en torno al uso eficiente y racional de la energía eléctrica”. La propuesta, a la que se adhirieron los grupos legislativos de MORENA, Acción Nacional y PRI-PVEM, se turnó a la Junta de Coordinación Política.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó por unanimidad, en sus términos, la Minuta Proyecto de Decreto, remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que se reforman los artículos 2o, 4o, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en materia de Paridad entre Géneros.

El Dictamen, aprobado con los 50 votos de las y los integrantes del Congreso de Veracruz, reforma la fracción VII del apartado A del artículo 2o de la CPEUM con la intención de incluir el principio de paridad de género en las elecciones de representantes ante los ayuntamientos en los municipios y poblaciones indígenas, siempre atendiendo a la normatividad aplicable, que reconoce los sistemas normativos indígenas y la gradualidad referida en el régimen transitorio.

De igual forma se modifica el término “varón” por “hombre”, esto, en el tenor de que a nivel mundial se ha generado una construcción social acerca de lo que significa ser hombre y ser mujer, reproduciendo estereotipos de género que establecen los atributos, características, habilidades, tareas, espacios y actividades que se consideran como apropiados para los hombres y para las mujeres.

Además se reforma el primer párrafo y fracción II del artículo 35, para cambiar el vocablo “ciudadano” por el de “ciudadanía”, con la finalidad de dar a entender que en dicha palabra se encuentran incluidas todas las personas que cuentan con el carácter de ciudadana o ciudadano mexicano y se especifica que el derecho a ser votado o votada será con base en el principio de paridad.

Asimismo, se establece la obligatoriedad de la aplicación del principio de paridad en puestos específicos dentro del Poder Ejecutivo, y sus homólogos en las Entidades Federativas.

Se incluye agregar los términos “Diputadas”, “Senadoras”, “Candidatas”, lo que haría visible el trabajo que realizan las mujeres en la sociedad y la necesidad de equilibrar la balanza en la apertura que debe haber en los cargos del ejercicio del poder público.

El documento, puesto a consideración del Pleno por la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, señala el interés de esta LXV Legislatura, por fortalecer la paridad de género como política pública en el estado de Veracruz, impulsando reformas estructurales para generar espacios en igualdad de condiciones para hombres y mujeres.

En los posicionamientos, la diputada del Grupo Legislativo de Morena, Mónica Robles Bajaras indicó que este día, con los votos y la voluntad política y el deber social de cada una y uno los integrantes del Congreso local, se podrá robustecer la democracia política y afianzarla, “porque ahora sí, incluirá a la mitad de la población en las esferas de la toma de decisiones, por rango constitucional”.

Abundó que la paridad de Género en la Constitución federal garantizará la trascendencia de la Igualdad formal, es decir la jurídica, entre hombres y mujeres, a la Igualdad Sustantiva, concreta en la realidad, para que las mujeres gocen plenamente del ejercicio y respeto de sus derechos, sin discriminación, con acceso parejo a las oportunidades y a la toma de decisiones.

La integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Montserrat Ortega Ruiz, detalló el proceso legislativo y cómo se han logrado avances para la igualdad de género y destacó que con esta reforma constitucional se garantiza a las mujeres y hombres el mismo número de espacios en la vida pública, “vamos a pasar de la igualdad forma a la igualdad real”.

De igual forma ocuparon la tribuna del Pleno la diputada del Grupo Legislativo “Del Lado Correcto de la Historia”, Florencia Martínez Rivera y la legisladora de la bancada Movimiento Ciudadano-PRD, Ivonne Trujillo Ortiz, quienes emitieron sus comentarios a favor de la Minuta y se pronunciaron por trabajar para consolidar la paridad de género en todos los niveles de gobierno.

La diputada Magaly Armenta Oliveros, integrante del
Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó la iniciativa
que modificaría el artículo 16 del Código de Derechos para el Estado y que
tiene como propósito disminuir un 50 por ciento el costo por registro y el
derecho de control vehicular para los usuarios de motocicletas.

De esta manera, agregó la legisladora, se prevé
regular este medio de transporte y se apoya la economía familiar de los
ciudadanos que utilizan una motocicleta.

Durante la séptima sesión ordinaria, del segundo
periodo, la también presidenta de la Comisión Permanente de Transporte,
Tránsito y Vialidad subrayó que el uso de la motocicleta en la entidad se ha
incrementado, principalmente, en venta de comida rápida y además ha permitido a
un gran número de maestros rurales llegar a tiempo a sus centros de trabajo,
evitando con ello caminar largas distancias.

En tribuna, la diputada significó que el número de
motocicletas registradas en Veracruz aumentó exponencialmente y recordó que de
acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en
los últimos 16 años el número de motocicletas registradas en el país aumentó en
un 916 por ciento, “en el 2000 había únicamente 293 mil 834 motos registradas
en todo el territorio nacional y para 2016 el número subió a dos millones 987 mil 57”, citó.

Asimismo, refirió que en Veracruz están registradas
155 mil motocicletas y que circulan una cantidad similar sin registrar, aunado
a que la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz reveló que se vendieron
alrededor de 700 mil motocicletas, de las cuales la mayor parte son modelos de
bajo costo.

La legisladora Armenta Oliveros dijo que el uso de
motocicletas va en aumento debido a que es un medio rápido y económico, aunado
a su bajo consumo de combustible y precio accesible de mantenimiento.

Además “por ser amigable con el medio ambiente, por
la facilidad de desplazarse en las grandes ciudades, en el campo, comunidades e
incluso transitar por caminos rurales de difícil acceso, en donde antes sólo se
ingresaba en caballos, burros, caminado o por medio de vías pluviales”,
refirió.

Por último manifestó que para combatir los graves
problemas ambientales que existen en la entidad, debe empezarse por cambiar los
hábitos, utilizando medios de transporte menos contaminante, más ágiles y que
sean más fáciles de desplazarse.

La
iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del
Estado y de Transporte, Tránsito y Vialidad, para su estudio y dictamen
correspondiente.

Durante
la séptima sesión ordinaria de la LXV Legislatura, la diputada Florencia
Martínez Rivera presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
adiciona la fracción XXVIII al artículo 36, y se reforma el artículo 67 de la
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, para promover la paridad de género en
puestos directivos dentro de la administración pública municipal.

En la
exposición de motivos de la iniciativa la legisladora aseguró que con la reforma
Constitucional, recién aprobada por la Cámara de Senadores y de Diputados
Federal, y en más de 16 legislaturas locales se establece la Paridad de Género
en todos los cargos públicos, lo que ha logrado un avance en la participación
política femenina, por lo que es de vital importancia que estas mismas reformas
se apliquen a las estructuras de mando en los municipios.

Destacó
la necesidad de continuar perfeccionando el marco legal, impulsando reformas a
la ley que garanticen el acceso y permanencia de las mujeres en los puestos de
dirección bajo las mismas condiciones y oportunidades que los hombres, sin
limitantes de carácter cultural, ideológica o derivada de usos y costumbres
todavía vigentes en algunos municipios, y que desafortunadamente tienden a
marginar a las mujeres de participar en las actividades políticas en sus
respectivos lugares de origen.

La
integrante del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia” recordó
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la
igualdad entre el hombre y la mujer, además de gozar de los derechos humanos
reconocidos por la misma Constitución y los Tratados Internacionales.

Asimismo,
agregó que gracias a las reformas realizadas a la Carta Magna en febrero de
2014, hoy se puede observar el principio de paridad de género en la asignación
de candidaturas a legisladores federales y locales, reflejándose en la ocupación
de curules en las Cámaras de Diputados, senadores, además de presidencias
municipales, por lo cual la importancia que estas mismas acciones se reflejen
en los cargos en el ámbito municipal.

La Iniciativa
fue turnada a la Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y para la Igualdad
de Género.

La diputada Magaly Armenta Oliveros, integrante del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó la iniciativa que modificaría el artículo 16 del Código de Derechos para el Estado y que tiene como propósito disminuir un 50 por ciento el costo por registro y el derecho de control vehicular para los usuarios de motocicletas.

De esta manera, agregó la legisladora, se prevé regular este medio de transporte y se apoya la economía familiar de los ciudadanos que utilizan una motocicleta.

Durante la séptima sesión ordinaria, del segundo periodo, la también presidenta de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad subrayó que el uso de la motocicleta en la entidad se ha incrementado, principalmente, en venta de comida rápida y además ha permitido a un gran número de maestros rurales llegar a tiempo a sus centros de trabajo, evitando con ello caminar largas distancias.

En tribuna, la diputada significó que el número de motocicletas registradas en Veracruz aumentó exponencialmente y recordó que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los últimos 16 años el número de motocicletas registradas en el país aumentó en un 916 por ciento, “en el 2000 había únicamente 293 mil 834 motos registradas en todo el territorio nacional y para 2016 el número subió a dos millones 987 mil 57”, citó.

Asimismo, refirió que en Veracruz están registradas 155 mil motocicletas y que circulan una cantidad similar sin registrar, aunado a que la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz reveló que se vendieron alrededor de 700 mil motocicletas, de las cuales la mayor parte son modelos de bajo costo.

La legisladora Armenta Oliveros dijo que el uso de motocicletas va en aumento debido a que es un medio rápido y económico, aunado a su bajo consumo de combustible y precio accesible de mantenimiento.

Además “por ser amigable con el medio ambiente, por la facilidad de desplazarse en las grandes ciudades, en el campo, comunidades e incluso transitar por caminos rurales de difícil acceso, en donde antes sólo se ingresaba en caballos, burros, caminado o por medio de vías pluviales”, refirió.

Por último manifestó que para combatir los graves problemas ambientales que existen en la entidad, debe empezarse por cambiar los hábitos, utilizando medios de transporte menos contaminante, más ágiles y que sean más fáciles de desplazarse.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Transporte, Tránsito y Vialidad, para su estudio y dictamen correspondiente.

Los obstáculos que padecen las personas con discapacidad pueden superarse si existe colaboración de los Gobiernos con organizaciones civiles, profesionales y especialistas, expresó la diputada Deysi Juan Antonio, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, al participar en las Mesas de Trabajo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

En este evento, inaugurado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, la legisladora subrayó que el objetivo central de este espacio es revisar los artículos de la Ley 822 para la Integración de las Personas con Discapacidad para el Estado de Veracruz, “así con las valiosas aportaciones de ustedes podemos llevar a cabo la actualización de la misma, armonizándola con el marco jurídico nacional y los estándares internaciones en materia de discapacidad”.

Ante la presencia de la titular de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos del Estado, Mayra Ledesma Arronte, la diputada Deysi Juan Antonio indicó que las múltiples problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad son la falta de empleo, las pocas o nulas oportunidades económicas y la pésima situación de acceso a la educación; además como la carencia de servicios y, sobre el caso, ejemplificó el de transporte.

Destacó que el Estado de Veracruz es el tercero a nivel nacional con el mayor número de personas con discapacidad con un 6.7 por ciento del total de la población, siendo las principales discapacidades la motriz y visual.

Agregó que la prevalencia de la discapacidad va en aumento, por lo que considera que es deber del Estado implementar acciones encaminadas a contrarrestar los efectos negativos que de ello se derivan.

Por lo anterior, expresó que las diputadas y diputados de la LXV Legislatura de Veracruz tienen el firme compromiso y están convencidos que la mejor manera de cumplir a cabalidad con la materia de discapacidad es trabajar de la mano con las personas de este sector de la población, “con ustedes daremos una orientación exitosa a este proyecto y con sus aportaciones llenaremos de espíritu y de razón al quehacer legislativo y a las políticas públicas del Gobierno”, abundó.

La legisladora Montserrat Ortega Ruiz, vocal de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, explicó que la Ley 822 es inclusiva y de vanguardia, sin embargo aclaró que ésta no tiene cumplimiento. Confió en que las mesas de trabajo generen propuestas para llegar a hechos concretos y ver de qué forma se puede trabajar en la inclusión, “en tanto no se eliminen las barreras y estereotipos y no tengamos los mismos derechos todos, no se puede hablar de inclusión”.

Señaló que es de suma importancia que todos contribuyan a un Veracruz más inclusivo y revisar qué cosas de política pública pueden mejorarse y de qué forma se puede tranversalizar y hacer realidad.

Advirtió que hay un atraso muy severo en el tema de movilidad, toda vez que al aprobarse la ley se estableció un plazo de cinco años para que el transporte público, de manera gradual, se adaptara, “a la fecha no lo hemos visto y así como éste hay más pendientes”.

La directora General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, Mayra Ledesma, dijo que en el Gobierno del Estado están conscientes que los retos son múltiples y en diferentes dimensiones, desde cosas materiales tangibles, que tienen que ver con la accesibilidad y acondicionamiento de espacios, hasta la adaptación de mecanismos para garantizar el libre ejercicio de sus derechos a la participación política y pública, el acceso adaptado a la educación, al trabajo, capacitación y a la salud.

Sostuvo que hay sectores de la población que además padecen otras carencias estructurales como son pobreza, rezago educativo, acceso a la seguridad social, calidad en los espacios de vivienda, acceso a una alimentación adecuada, pero también –agregó- a la cohesión social y sobre todo un marco de vida que les garantice la no exclusión.

A este foro asistieron las diputadas Brianda Kristel Hernández Topete, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables; Ana Miriam Ferráez Centeno, presidenta de la Comisión de Protección Civil; Elizabeth Cervantes de la Cruz, presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad y María Candelas Francisco Doce, vocal de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

De igual forma la encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos del Congreso del Estado, Mónica Mendoza Madrigal; del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz, Mitzy Velay Velay y el representante del programa S.E Incluyente, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Aarón Ernesto Flores Velasco.

Además de integrantes de las asociaciones civiles: Asociación de Deportistas sobre Silla de Ruedas en Veracruz, Dando Cambios Contigo, A.C; Carrera por la Vida, Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral; Instituto Down Xalapa, Organización Mexicana de Viatusimo Incluyente A.C y personal de diversos organismos relacionados con discapacidad.