Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz aprobaron en sus términos el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2019-2024, presentado a esta Soberanía por el Gobernador del Estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, en razón de apegarse a lo dispuesto en el artículo 21 y demás relativos de la Ley de Planeación estatal y, a su vez, se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

Lo anterior, tras aprobarse con 43 votos a favor de diputados de los Grupos Legislativos de Morena, PAN, PRI-PVEM, “Del Lado Correcto de la Historia”, Movimiento Ciudadano-PRD y del legislador independiente Juan Carlos Molina Palacios. Asimismo se registró un voto en contra (diputado Enrique Cambranis Torres, del PAN) y dos abstenciones (de los diputados Omar Miranda Romero y Bingen Rementería Molina, del PAN).

Este acuerdo, presentado durante la sexta sesión ordinaria, exhorta al Ejecutivo del Estado a tomar en cuenta, en términos de la normativa aplicable, las propuestas que un grupo de representantes del sector empresarial presentó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en las que se asienta que la intención final es que dicho documento sea considerado como una herramienta para enriquecer el Plan Veracruzano de Desarrollo.

Además se ordena la inmediata publicación del PVD 2019-2024 en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

La exposición de motivos del documento de la Jucopo refiere que esta aprobación está en razón de lo establecido en el artículo 33 de la Constitución Política local, en su fracción XXXIX Bis, el cual confiere al Congreso del Estado la atribución de aprobar el Plan Veracruzano de Desarrollo, en los términos de la ley respectiva.

Advierte que a través del PVD 2019-2024 se pretende impulsar el bienestar de la población en general, con especial interés en el mejoramiento del nivel de vida de la niñez y la juventud de la entidad, con base en propuestas que buscan soluciones prácticas a realidades concretas, a partir de un amplio diagnóstico sobre las condiciones actuales del Estado y las perspectivas que permitan delinear un futuro acorde con las aspiraciones de los veracruzanos.

Añade que se trata -en sus términos- de un conjunto de programas con una visión de planificación institucional para implementar políticas públicas articuladas, a partir de un modelo de gestión gubernamental que busca transformar la situación actual del Estado.

Refiere que constituye un Plan estructurado con líneas de acción comprendidas dentro de cuatro bloques temáticos: Política y Gobierno, Política Económica, Educación y Bienestar Social.

Indica que en materia de crecimiento económico, se pretendepromover la competitividad estatal a partir de una política de desarrollo regional sostenible, con la participación de los diferentes actores económicos y sociales; impulsar proyectos gubernamentales en conjunto con la iniciativa privada; incentivar la asociación entre inversionistas extranjeros y el empresariado local para consolidar sociedades comerciales.

Destaca el impulso a los sectores turístico y agropecuario y enfatiza que para lograr el desarrollo económico será indispensable la construcción de infraestructura relacionada con la transportación al servicio de los sectores productivos, lo que exige rehabilitar carreteras para la óptima movilidad de sus productos, pero también de la población y del turismo estatal y nacional; construir vías de comunicación que conecten las regiones del norte, centro y sur del Estado; reorientar el gasto de inversión mediante criterios transparentes para la asignación de obra.

Asimismo, detalla que se redoblarán esfuerzos para garantizar la educación obligatoria y gratuita como derecho universal; coordinarán acciones de colaboración con las instancias correspondientes para el ejercicio contextualizado de la docencia; instruirán la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de escuelas conforme con la situación de vulnerabilidad e implementarán políticas educativas para impulsar programas encaminados a disminuir el porcentaje de analfabetismo y rezago educativo.

En los posicionamientos y a nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Raymundo Andrade Rivera expresó que hoy más de ocho millones de veracruzanos tendrán la posibilidad de vivir en una Entidad cuyo desarrollo y progreso, estarán articulados con políticas públicas perfectamente diseñadas para prevenir, atender y solucionar los problemas que constituyen el día a día de nuestros representados.

Agregó que el PVD tuvo un costo de tan sólo 520 mil pesos, “el más bajo en su historia” y que fue creado con una estructura flexible, además de ir de la mano con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y con acciones subsecuentes en Programas Especiales, Prioritarios, Sectoriales e Institucionales para dirigir el rumbo del Estado.

Sostuvo que el Grupo Legislativo de Morena reconoce el interésde los Gobiernos de México y de Veracruz por la conjunción de acciones de inaplazable realización para el Pueblo y que han sido debidamente formuladas con base en una planeación integral e incluyente dado a que se escucharon opiniones e inquietudes ciudadanas de municipios donde principalmente existen niveles de alta marginación.

En tanto, el diputado Sergio Hernández Hernández, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) adelantó el voto a favor, “no sin antes manifestar nuestro respaldo a las observaciones de las asociaciones empresariales y esperando que el Ejecutivo recoja y haga suyas las aportaciones de este importante sector de la sociedad”.

Indicó que las políticas públicas del PVD pueden mejorarse responsablemente para garantizar un mejor futuro y –agregó- que la misma Constitución obliga a que la planeación sea democrática e incluyente, además de alentar y proteger la actividad económica de los veracruzanos.

La coordinadora del Grupo Legislativo PRI-PVEM, diputada Erika Ayala Ríos, detalló que del análisis al PVD han concluido que los objetivos, estrategias, metas y prioridades plasmados corresponden, en lo general, con la aspiración de la mayoría de los veracruzanos de lograr el desarrollo sostenible.

“Desde luego que estamos conscientes de que en el Plan pueden existir omisiones sobre temas que para algunos sectores de la sociedad debieron señalarse, por lo que, en todo caso, corresponderá al Ejecutivo valorar la pertinencia de proponer posteriores modificaciones a partir de lo manifestado por esos grupos”, abundó.

Destacó que uno de los aspectos más relevantes que advierten en el documento es la inclusión de un enfoque de planeación basado en la Agenda 2030 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ya que considera los objetivos de desarrollo sostenible, primordialmente 9 de los 17, con sus metas e indicadores relacionados a los objetivos estratégicos y líneas de acción.

La coordinadora de la bancada Movimiento Ciudadano-PRD, diputada Brianda Kristel Hernández Topete, enfatizó que de acuerdo al documento entregado, el PVD fue resultado de consultas públicas realizadas en cuatro sedes regionales:Pueblo Viejo, Xalapa, Alvarado y Jáltipan.

Por lo anterior, consideró que “los habitantes de la Huasteca, de la zona Totonaca, del Sotavento, del Centro, de las Altas Montañas, de los Tuxtlas, de la zona del Papaloapan y de la zona Sur, debieron ser escuchados de viva voz y no solo haberse conformado con recibir sus planteamientos, propuestas o ideas de forma escrita o a través de terceros”.

Expuso que en un voto de confianza y en aras de transitar bajo un esquema democrático, el Grupo Legislativo MC-PRD avala el presente Plan Veracruzano de Desarrollo y confía en que las estrategias y líneas de acción planteadas sean eficaces y eficientes para lograr que Veracruz salga de esta inercia.

Por último, el coordinador del Grupo Legislativo “Del Lado Correcto de la Historia”, diputado Gonzalo Guízar Valladares señaló que apoyarán este Plan para que se consagren sus objetivos y que se vea la transversalidad de sus ejes rectores.

“Como Congreso vamos a favor por congruencia política, porque aquí autorizamos el presupuesto el pasado diciembre, de manera unánime y cada programa a implementar requerirá un presupuesto, además de las obras multianuales”, destacó.

El diputado Gonzalo Guízar agradeció la apertura de la Jucopo para incluir las propuestas del sector empresarial.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó la iniciativa, que presentó el 13 de diciembre de 2018 la diputada Erika Ayala Ríos, con lo que se reforma el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz con lo que se establece que la pensión alimenticia tendrá un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual del salario mínimo general diario que corresponda, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción.

El Dictamen, puesto a consideración por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Derechos de la Niñez y la Familia, registró 42 votos a favor de diputados y diputados de los Grupos Legislativos de Morena, PAN, “Del Lado Correcto de la Historia”, PRI-PVEM, Movimiento Ciudadano-PRD y del legislador independiente Juan Carlos Molina Palacios.

De igual forma, queda establecido también en el artículo 42 del Código Civil que el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente.

La exposición de motivos del Dictamen refiere la pertinencia de la regla de actualización sea aplicable para cualquier convenio o sentencia judicial a fin que no exista posibilidad de eludir el cumplimiento de la obligación de dar alimentos, ni de que los montos de las pensiones se queden desfasados de la realidad, al no estar acordes con los ingresos del deudor alimentario.

Tras haberse aprobado por esta Soberanía, el presidente del Congreso del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro, instruyó remitir este Decreto al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

La diputada María Esther López Callejas, integrante del Grupo Legislativo de Morena, presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto para reformar distintos artículos de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz, reformas que entre otras cosas, prohibirían el uso de bolsas y popotes de plástico, así como recipientes de unicel o poliestireno expandido.

Durante su intervención en la Sexta Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias, la legisladora del Distrito XIII de Emiliano Zapata, subrayó que todos los días se utilizan contaminantes plásticos, sin tener mayor idea de las consecuencias negativas que pueden ocasionar.

Se pronunció por concientizar a la población sobre el uso racional de material degradable o biodegradable, para el envase, contención y movilización de los productos que adquieran en los diferentes establecimientos; y en su caso, fomentar la utilización de recipientes de materiales reutilizables.

Del mismo modo, propuso se realicen campañas en las que se fomente: “sin bolsa está bien”, “sin popotes está bien”, “sin unicel está bien”.

La iniciativa propone reformar los artículos 1, en sus fracciones XIII y XIV, 23 Bis, 23 Ter y adiciona los artículos 23 Quáter y 23 Quinquies, a la referida Ley.

De aprobarse la iniciativa, la Ley contemplaría sancionar a los establecimientos mercantiles que, para prestar sus servicios en territorio veracruzano, utilicen bolsas o popotes de plástico no reutilizables, así como recipientes de unicel.

Para la protección ambiental del Estado de Veracruz, se prohibiría la venta, dádiva y uso de bolsas en supermercados, tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia, mercados y demás similares elaboradas con polietileno, polipropileno, polímero de plástico y cualquier otro de sus derivados.

Del mismo modo, prohibiría el uso de popotes en los restaurantes, bares, cafeterías o establecimientos comerciales similares y el empaque de alimentos y bebidas en recipientes de unicel.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz, integrante del Grupo Legislativo de los Partidos Movimiento Ciudadano–De la Revolución Democrática (MC-PRD), al hacer uso de la tribuna presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, además de reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Municipio.

A más de dos años de haberse declarado la primera, de las dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres para Veracruz, señaló la legisladora, ha existido un incremento considerable de casos; sin que a la fecha, destacó, se haya visto alguna acción clara y contundente, por parte de las diferentes instancias de Gobierno, para erradicar el feminicidio.

Es por ello que todas las acciones, abundó, encaminadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres deben partir de un enfoque multidimensional, para poder incidir en las numerosas formas que originan la violencia.

Asimismo, continuó, éstas deben considerar el involucramiento, no solo de las instituciones estatales, sino de las sobrevivientes de la violencia, de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, del sector privado y de la comunidad en su conjunto.

Si bien existe, abundó, un amplio marco normativo para proteger los derechos humanos de las mujeres, la falta de armonización de las leyes estatales de violencia contra las mujeres y de la Ley Orgánica del Municipio ha dado lugar a vacíos y tratamientos diferenciados que constituyen un obstáculo para garantizar su derecho a vivir una vida libre de violencia.

Sigue estando pendiente, destacó la diputada Trujillo Ortiz, establecer como un mandato en la Ley Orgánica del Municipio, la integración del Sistema Municipal para la Igualdad y el Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, previstos ambos en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia respectivamente; así como la estructura del mismo.

A pesar de que dichos Sistemas, agregó, se encuentran comprendidos en los dos ordenamientos antes citados y la obligación que en ambos ordenamientos existe para su constitución, “son contados los Ayuntamientos que han instalado sus Sistemas Municipales; de ahí que es fundamental para cumplir con estas obligaciones legales, la creación de un solo Sistema Municipal que atienda ambas obligaciones: impulsar la igualdad de género y prevenir y atender la violencia contra las mujeres”.

Asimismo, hizo notar, que pese a que el artículo Segundo Transitorio del Decreto publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el 17 de febrero de 2016 de la Ley Orgánica del Municipio, que establece que: “Los ayuntamientos tendrán un plazo no mayor a seis meses…, para la creación del Instituto Municipal de las Mujeres, como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal…”, únicamente se han constituido 205 institutos, de los cuales solo 98 son descentralizados de la administración pública municipal.

Es muy necesario, enfatizó, que se establezca en la Ley Orgánica del Municipio un porcentaje etiquetado del presupuesto municipal, para las actividades que realizan los Institutos Municipales de las Mujeres; y planteó que el Sistema Municipal sea de composición única, para así evitar múltiples entes jurídicos que tendrían objetivos en común.

Propuso, también, que el Sistema Municipal se denomine Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres, y se integre a las obligaciones que tienen los Ayuntamientos en la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Esta Iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y para la Igualdad de Género.

La Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, integrada por la diputada Margarita Corro Mendoza y los legisladores Juan Manuel de Unánue Abascal y Juan Carlos Molina Palacios, presidenta, secretario y vocal, respectivamente, propusieron al Pleno un anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) para que realice una revisión y estudio requiriendo a los Ayuntamientos información sobre los basureros a cielo abierto.

A nombre de sus compañeros de comisión, la diputada Margarita Corro subrayó que este anteproyecto tiene como finalidad solicitar al Orfis requiera información a los Ayuntamientos respecto a la localización y/o ubicación geo-referenciada del sitio de disposición final dentro o fuera de su municipio donde deposite sus residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Además que señalen los tiraderos clandestinos, basureros a cielo abierto o lugares contaminados por residuos que dañen al medio ambiente y que se encuentren dentro de su territorio municipal; presenten un informe detallado de los Ayuntamientos que tengan celebrado algún tipo de convenio con empresas públicas o de particulares para el tratamiento o destino final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Así como un informe del Ejercicio Público Fiscal 2018 sobre gastos o inversión generada por: limpia, recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Asimismo, se solicita que de los resultados obtenidos el Orfis emita un informe a esta Soberanía, que permita coordinar acciones entre las diferentes instituciones con facultades y atribuciones en la materia, con la finalidad de que participen en el diseño de una Política Ambiental que involucre a los municipios del Estado de Veracruz, y que contribuya a fomentar un desarrollo sostenible, a través de su implementación, así como la concientización de la ciudadanía en el cuidado del medio ambiente.

La legisladora subrayó que esta Comisión analizó, en coordinación con la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, la problemática existente sobre los “basureros a cielo abierto”, y detectaron que se encuentran funcionando sin ningún control ni tratamiento previo de la basura, violando sistemáticamente la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz.

Agregó que la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), en su base de datos informa que hay en Veracruz, aproximadamente 126 tiraderos a cielo abierto y 28 rellenos sanitarios que operan de forma irregular.

Lo anterior, sostuvo la legisladora, a pesar de que la Ley Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención, de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, evitando la contaminación del ambiente y llevando a cabo su remediación en caso de contaminación, sancionando, además, al responsable.

Refirió que estas omisiones y acciones han causado incendios que contaminan la atmósfera con gases de efecto invernadero, incrementando el calentamiento global; contaminación de mantos freáticos causando graves daños a la salud a través de diferentes tipos de enfermedades por ingerir o tener contacto con agua contaminada y desequilibrio y daño ecológico, ya que al ser sitios irregulares y a cielo abierto los residuos se esparcen fácilmente contaminando y alterando el agua, suelo, aire y fauna.

A nombre del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), el diputado Jorge Moreno Salinas presentó la iniciativa de decreto que reformas diversas disposiciones de la Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objeto de fortalecer al Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz (CEJAV) al destinarle los recursos presupuestales necesarios para que cumpla su función en la mediación y conciliación.

En la iniciativa, presentada durante la sexta sesión ordinaria, el legislador planteó modificar la naturaleza del CEJAV, para que ya no sea un organismo público descentralizado, sino un órgano del Poder Judicial de la entidad.

El diputado Moreno Salinas sostuvo que con esta reforma no se limitan las funciones del CEJAV sino, por el contrario, se le brindaría la oportunidad de fortalecer su importante labor, al poder destinarse los recursos presupuestales que actualmente se emplean para el pago de las remuneraciones de los consejeros a la contratación de personal capacitado en las tareas de mediación y conciliación.

Así como –agregó- para el incremento de unidades regionales en las que se ha descentralizado el servicio prestado a la población veracruzana.

De esta manera se prevé que el Estado proporcione, en forma gratuita, la mediación o la conciliación como medios alternativos para la solución de conflictos, a través del CEJAV del Poder Judicial. Instancia que tendrá su sede en la capital de la entidad y tantas unidades regionales como lo determine el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

Se plantea que este Centro tenga una Dirección General, cuyo titular sea designado, -para un periodo de tres años con posibilidad de ser ratificado para un segundo periodo- conforme a la normativa emitida por el Consejo de la Judicatura.

El Director General del Centro Estatal deberá reunir los mismos requisitos que los establecidos en la Constitución Política del Estado para ser Magistrado del Poder Judicial.

De igual forma, la propuesta legislativa contempla las atribuciones que tiene el Director del CEJAV, así como señala que el presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de que concluyan los períodos para los que fueron nombrados los actuales integrantes del Consejo Directivo del organismo público descentralizado denominado Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, previa publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

El diputado secretario de la Mesa Directiva dijo que los medios alternativos de solución de controversias constituyen, hoy en día, una opción real, ágil y eficiente para evitar procesos judiciales que desgastan en todos los sentidos a los que intervienen en los mismos.

“Consideramos indispensable que las instancias responsables de su aplicación tengan los suficientes apoyos institucionales y presupuestales para su actividad”, abundó.

El texto de la iniciativa refiere que al iniciar su vigencia el presente Decreto, en términos de lo señalado en el artículo anterior, se extinguirá el organismo público descentralizado denominado Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz e iniciará sus funciones, con el mismo nombre, el órgano del Poder Judicial del Estado previsto en este Decreto.

Los recursos humanos, materiales y financieros con los que actualmente cuenta el organismo público descentralizado denominado Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz pasarán, al inicio de la vigencia del presente Decreto, al órgano que tendrá esa misma denominación en el Poder Judicial del Estado, al que se refiere este Decreto, con pleno respeto a los derechos de sus trabajadores.

Para su estudio y dictamen, esta iniciativa fue enviada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

El diputado León David Jiménez Reyes, integrante del Grupo Legislativo de Morena de la LXV Legislatura, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que derogaría la fracción XLI del artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, referente a las sesiones foráneas.

En su exposición de motivos, el legislador recordó que la sede oficial del Congreso del Estado es la ciudad de Xalapa, pero se puede cambiar provisionalmente a otra ciudad del Estado, previo voto aprobatorio de las dos terceras partes del total de los diputados presentes en la sesión correspondiente, notificando esa determinación a los otros poderes.

Con la reforma integral a la Constitución Política del Estado, realizada en el año 2000, se estableció como una obligación del Poder Legislativo de nuestra entidad, sesionar por lo menos una vez al año, en la cabecera de algún municipio del norte, centro o sur del Estado, lo que se conocía comúnmente como «sesiones foráneas».

Mediante el Decreto 759, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 8 de octubre de 2018, entró en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política del Estado, es necesario adecuar la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, específicamente para derogar la fracción XLI del artículo 18, que actualmente establece como una obligación del Congreso sesionar por lo menos una vez cada año en la cabecera de algún municipio del norte, centro o sur del Estado, notificando su determinación a los otros dos Poderes.

Destacó que de aprobarse la Iniciativa presentada, la Ley Orgánica del Poder Legislativo estaría en concordancia con la reforma constitucional referida.

El diputado José Manuel Pozos Castro, presidente de la Mesa Directiva, ordenó turnar la iniciativa a la Comisión Permanente de Gobernación, para su análisis y dictamen.

Durante la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado, que preside el diputado Eric Domínguez Vázquez, se dio cuenta sobre los informes enviados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), en los que solicita la intervención de la Comisión por diversos asuntos de la Cuenta Pública 2016.

Los asuntos están relacionados con 13 obras de infraestructura hospitalaria en diversos municipios, el presunto daño patrimonial en el municipio de Chinameca, relacionado con la reconstrucción del camino Jobo-Cerritos-Taller Viejo; y la extinción del Sistema de Agua y Saneamiento de Veracruz, Boca del Río y Medellín.

A petición del diputado Rodrigo García Escalante, se retiró el punto del Orden del Día, para dar oportunidad a los diferentes integrantes de la Comisión, revisar los documentos y retomar el tema en la siguiente sesión.

Por otra parte, se notificó que a través de la Secretaría de Fiscalización, se recibieron y remitieron al ORFIS 212 Cuentas Públicas de Ayuntamientos y 20 Cuentas Públicas de Organismos Paramunicipales.

Se aprobó el Dictamen de Comisiones Unidas de Vigilancia y Hacienda Municipal, mediante el cual se informa al municipio de Cosautlán de Carvajal que el Congreso del Estado no tiene facultades para autorizar la contratación de despachos externos de auditoría.

En otro tema, las y los legisladores, acordaron remitir las siete quejas y dos informes presentados por diversos municipios ante la Comisión de Vigilancia, a la Secretaría de Fiscalización para su análisis.

En tanto, las cinco nuevas quejas presentadas por los municipios de Cazones de Herrera, Chalma, Lerdo de Tejada, Minatitlán y Perote, serán enviadas a cada uno de los integrantes de la Comisión, para en la próxima sesión, acordar su trámite a la Secretaría de Fiscalización.

Estuvieron presentes la diputada Mónica Robles Barajas, secretaria de la Comisión y los legisladores Vocales: Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Henri Christophe Gómez

Sánchez, Wenceslao González Martínez, María Esther López Callejas, Magaly Armenta Oliveros, Rodrigo García Escalante, Juan Manuel De Unánue Abascal, María Graciela Hernández Iñiguez y Jessica Ramírez Cisneros, todos integrantes de la Comisión de Vigilancia.

El presidente del Congreso del Estado de Veracruz, diputado José Manuel Pozos Castro recibió de la titular del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Yolli García Álvarez, el Informe de labores 2019 de este órgano autónomo, –el décimo segundo desde su creación- en cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El legislador Pozos Castro reconoció el trabajo del IVAI y felicitó a la comisionada presidenta, Yolli García Álvarez, así a los comisionados José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez; al Secretario Ejecutivo Miguel Ángel Apodaca Martínez y a la Secretaria de Acuerdos, María Yannet Paredes Cabrera.

Dijo que Veracruz demanda resultados y todos deben sumarse a estas labores para consolidar un Estado con mayor transparencia y rendición de cuentas, “me congratulo con los resultados que ustedes hoy presentan, porque es lo reclama el pueblo veracruzano”, afirmó.

Por otra parte, Pozos Castro informó que de acuerdo a la normatividad interna de este Poder, este documento será notificado en la sesión ordinaria de este jueves 30 de mayo y puesto a disposición de las y los integrantes de la LXV Legislatura para su consulta.

En tanto la comisionada Yolli García subrayó que el IVAI recibió durante 2018 cuatro mil 30 recursos de revisión más que en 2008, lo cual significa un incremento de mil 300 por ciento de la carga jurisdiccional a 12 años de su creación, “en aquella época solo se resolvía el siete por ciento de lo que se atiende ahora”, abundó.

El informe señala que el ejercicio del derecho de acceso a la información creció 54 por ciento, esto es, se presentaron nueve mil 228 solicitudes más que en 2017. Infomex y la Plataforma Nacional de Transparencia fueron el medio mayormente utilizado, lo que refleja que los servidores públicos y la sociedad siguen ocupando el uso de las herramientas tecnológicas.

Los temas más frecuentes de los recursos de revisión que recibió el IVAI fueron sobre información de servidores públicos como comprobantes fiscales digitales por internet, evaluaciones psicométricas y currículums.

La adopción es un tema que debe de ser puesto en un lugar destacado en la actual agenda pública nacional, y en este sentido es acertado estos espacios de diálogo para visibilizarlo y buscar mejores alternativas a fin de brindar a los niños, niñas y adolescentes, el derecho a tener una familia, expresó la diputada Cristina Alarcón Gutiérrez al participar en el Primer Conversatorio sobre Adopciones en el Estado de Veracruz.

En su intervención en este evento y ante la presencia de la diputada federal, Rosalba Valencia Cruz, presidenta de la Comisión de la Niñez y la Adolescencia, la legisladora Cristina Alarcón recordó que en México existen más de 30 mil niños, niñas y adolescentes que viven en albergues, orfanatos y casas hogar.

Agregó que el 70 por ciento de ellos tienen dificultades para encontrar un hogar porque sus edades van de los siete a los 18 años. El 80 por ciento se encuentran en algún albergue privado, y como se ha podido conocer por estudios, como el titulado: “Crecer en la espera: la adopción en México”, muchos albergues privados no reúnen las mejores condiciones para un sano desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.

La también presidenta de la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia enfatizó que actualmente se viven tiempos complejos donde la inseguridad ha provocado que haya más niños, niñas y adolescentes huérfanos, abandonados y violentados. “Atravesamos una brutal ruptura del tejido social, en la que la perversidad, la avaricia y el lucro, han provocado una lista de interminables dolores y sufrimientos, que resiente la niñez”, abundó.

Al recordar que la entidad cuenta con la Ley número 259 de Adopciones para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la diputada Alarcón Gutiérrez manifestó que hay un avance importante al existir leyes para la protección de las niñas, niños y adolescentes, “pero también hay voluntad y compromiso para mejorar el marco legal en la materia”, indicó.

Por su parte, la diputada federal, Rosalba Valencia señaló que desde el Congreso de la Unión impulsará una normativa que regula los procesos de adopción y que guíe a un mecanismo capaz de sobreponerse a los desafíos que pueden salir posteriormente.

Aseguró que Veracruz es un estado que contribuyó a apuntalar las prioridades que se deben seguir, así como de los cambios que se tienen que dar para continuar desarrollando un sistema que busque garantizar el interés superior de la infancia.

Aplaudió la existencia, desde hace ocho años, de la Ley 259 de Adopciones para el Estado de Veracruz y refirió que debe seguir manteniéndose el diálogo abierto con la ciudadanía para tener un análisis crítico de los alcances y balances que permitan dar certeza a miles de niñas, niños y adolescentes, que viven en desamparo y que por ende afecta su desarrollo integral.

Posteriormente se dio inicio a este Conversatorio en el que diversos ciudadanos platicaron sus experiencias en el proceso de adopción y señalaron diversas situaciones que podrían mejorarse.

Asistieron las diputadas Montserrat Ortega Ruiz, secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Familia; Brianda Kristel Hernández Topete, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, así como Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y María del Pilar Rosario Paz Villafuerte, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Este evento, conducido por la maestra Adelina Trujillo Landa, fue organizado por la Comisión de Derechos de la Niñez y la Familia del Congreso de Veracruz en coordinación con las asociaciones “Adopción México A.C”, “Ma y Pa, familias felices A.C” y “Destinados a Encontrarnos A.C”.