El Pleno de la LXV legislatura aprobó, durante su décima sesión ordinaria, la reforma a los artículos 100 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder legislativo del Estado, propuesto por integrantes la Junta de Coordinación Política (Jucopo), con la cual se establece que los dictámenes con proyecto de Acuerdo presentados por las diferentes Comisiones y por la Jucopo, serán sometidos a votación económica, quedando sin efecto la votación nominal.

Esta disposición será exceptuada cuando haya una petición de un diputado, secundada por tres diputados más, en donde de ser el caso, se llevará a cabo la votación de manera nominal.

Asimismo, se determinó que los dictámenes con Proyecto de ley, Decreto o Iniciativa ante el Congreso de la Unión, continuarán siendo sometidos a votación nominal, tanto en lo general como en lo particular.

De igual forma se derogó la fracción V del artículo 101 del citado Reglamento, toda vez que ha perdido vigencia, debido a que actualmente para la aprobación de reformas constitucionales parciales sólo se requiere de un periodo ordinario, y no de dos, como se establecía anteriormente.

En su Dictamen, la Comisión Permanente de Gobernación afirmó que con estas reformas se busca el desempeño más ágil y dinámico de las sesiones legislativas, beneficiando el desahogo del orden del día.

El Dictamen registró 31 votos a favor, 3 en contra y sin abstenciones.

La diputada Jessica Ramírez Cisneros, integrante del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Penal de la entidad y que tiene como finalidad, entre otras, definir el término “ganado” para facilitar a los encargados de la Seguridad Pública y a los Agentes que forman parte de la impartición de Justicia el poder identificar con mayor precisión los elementos del delito de abigeato.

La iniciativa, presentada durante la décima sesión ordinaria, prevé considerar como ganado a las especies: bovina, caballar, asnal, mular, ovina, caprina, porcina, o de una o más colonias de abejas en un apiario, aves de cualquiera de sus especies, conejos y animales de peletería.

Así como aquél domesticado, bravo, de pezuña, ganado mayor o ganado menor, así como los animales que sean motivo de aprovechamiento zootécnico, independientemente de la actividad típica del animal, en términos de la Ley Ganadera para el Estado de Veracruz.

De igual forma, la legisladora Ramírez Cisneros propone modificar el artículo 210 Bis para que las sanciones se agraven, hasta en una mitad más, si el delito de abigeato es realizado por dos o más personas, pandillas o asociación delictuosa; sea ejecutado con cualquier tipo de violencia y si el sujeto activo se valiere de un desastre natural, una emergencia, accidente vehicular, disturbio civil o desorden público.

De lo anterior, la diputada del Distrito de Minatitlán recordó los hechos de “rapiña” suscitados en la carretera La Tinaja-Cosoleacaque donde algunas personas aprovecharon el percance para robar las reses que transportaba uno de los vehículos, apoderándose de los bovinos y hasta descuartizándolos en el lugar, para facilitar su traslado.

“Estos actos de rapiña son inaceptables, por lo que deben considerarse dentro de las agravantes del tipo penal de abigeato”, agregó.

Por otra parte, la propuesta legislativa contempla modificar el artículo 211 para imponer de seis a 15 años de prisión y multa de hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quien adquiera, sirva de intermediario, posea, transporte o aproveche ganado producto de abigeato o comercie con sus pieles, carne u otros derivados, obtenidos de dicho ilícito.

En su intervención en tribuna, la legisladora subrayó que de acuerdo a datos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), el Estado de Veracruz ocupa el primer nacional en ganado bovino a pie, con más de 480 mil toneladas, lo que representa el 16.4 por ciento de la producción del País, encontrando a los Municipios de Las Choapas, Minatitlán y Jesús Carranza como los de mayores índices de producción en la entidad.

Por último, indicó que las propuestas de modificación de esta iniciativa no sólo son importantes, si no que resultan necesarias para el sector ganadero; quienes representan un eje fundamental, no sólo de la economía estatal, sino también de la nacional.

A la iniciativa se le adhirieron los Grupos Legislativos de Morena y “Del Lado Correcto de la Historia”, así como el legislador independiente Juan Carlos Molina Palacios. Para su estudio y dictamen fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

A nombre de los integrantes del Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM, la diputada Erika Ayala Ríos, presentó una Iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, para que las personas responsables de evaluar el desempeño de los juzgadores tengan los conocimientos y capacidad indispensables para realizar la función encomendada en la Constitución.

Que se traduzca -destacó ante el Pleno la legisladora-, en una impartición de justicia eficiente, y con ello se dé respuesta a una de las demandas más recurrentes de la sociedad, que es la de acceder a una justicia pronta y expedita.

Ante la importancia de las funciones del Consejo de la Judicatura, continuó, se propone retomar la disposición original referente a los requisitos para ser consejero, que sean estos los mismos que se señalan para ser magistrado del Poder Judicial y prohibir expresamente la dispensa de ley de alguno de los requisitos.

Lo anterior, señaló, para garantizar que los integrantes del Consejo cuenten con la experiencia, vinculación con la realidad estatal, preparación académica y buena reputación, necesarias para evaluar el quehacer jurisdiccional de los servidores de ese Poder.

Con lo anterior, dijo la diputada Erika Ayala, se homologaría la disposición constitucional local con la establecida para el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, que en el artículo 100 de la Carta Magna Federal señala que todos los consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de la misma, los previstos para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de haberse distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades.

Finalmente, para concluir su intervención, considera necesario adicionar un párrafo al artículo 58 constitucional estatal, en el que se señalan los requisitos para ser magistrado del Poder Judicial del Estado, a efecto de establecer expresamente la prohibición de dispensar alguno de dichos requisitos en el proceso de designación de magistrados.

La Iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, para continuar su trámite legislativo.

En el marco del Día Naranja (conmemorado cada 25 de mes), en el Congreso de Veracruz se llevó a cabo el Taller de Prevención y Atención de la Violencia Digital, organizado por el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos (CEIGDH) y en el cual participaron las diputadas Mónica Robles Barajas, Ivonne Trujillo Ortiz y Brianda Kristel Hernández Topete, así como los legisladores Juan Javier Gómez Cazarín y Alexis Sánchez García.

Este taller, realizado a partir de la reforma al Código Penal, aprobada por la LXV Legislatura el pasado 23 de mayo, y en el cual se incorporó el capítulo “Delitos contra la privacidad sexual”, conocido mediáticamente como “Ley Olimpia” se llevó a cabo dirigido a Unidades de Género de los tres poderes del Estado, sociedad en general y activistas, a fin de compartir experiencias y capacitarse para reconocer estos hechos y denunciarlos.

Tras agradecer la asistencia de diputadas y diputados, ciudadanas, expertas en la materia y servidoras públicas, la encargada del CEIGDH, Mónica Mendoza Madrigal destacó la integración paritaria de la LXV Legislatura de Veracruz y dijo que la “Violencia Digital” es un tema que está dándose de los Estados a la Federación, por lo que en la medida que vayan sumándose más entidades y aprueben esta ley, tomará “más fuerza” en el Congreso de la Unión, “para ello es fundamental el trabajo articulado y solidario de las diputadas y diputados locales”, abundó.

Acto seguido, cedió el uso de la voz a la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, diputada Ivonne Trujillo, quien subrayó que el delito ya está tipificado y ahora corresponde crear conciencia y evitar que esta práctica se multiplique.

Agregó que este Taller es una buena manera de fusionar el trabajo legislativo con las políticas públicas en favor de la sociedad, además que representa una excelente estrategia para emprender, sociedad y gobierno, acciones concretas que permitan abordar y resolver problemas específicos, tales como el que hoy ocupa, la violación a la intimidad sexual.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, diputada Mónica Robles Barajas hizo un reconocimiento público a la activista Olimpia Coral Melo, “ella no ha descansado para que se legisle en la materia y hoy reconozco a hombres y mujeres que han creído y se han sumado a su lucha”.

Recordó que esta reforma, puesta a consideración del Pleno por la Comisión que ella preside, registró 42 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, “todas las fuerzas políticas se sumaron, porque no hay banderas de partidos, nos une avanzar en la protección de los derechos humanos de las mujeres”.

Asimismo, recordó el trabajo de sus homólogas Rosalinda Galindo Silva, Erika Ayala Ríos y Montserrat Ortega Ruiz, toda vez que coinciden con ella en que esta reforma es el primer paso y ahora corresponde continuar fortaleciendo la legislación para contar una plena libertad sexual, “sigue el tema del ciberacoso e incluir la violencia digital en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como una de sus formas”, adelantó la legisladora por Coatzacoalcos.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, diputada Brianda Kristel Hernández Topete celebró la realización de este foro e indicó que las nuevas tecnologías permite una comunicación más rápida y fácil entre la sociedad, sin embargo –añadió- es necesario contar con una legislación de vanguardia que prevenga el uso inadecuado de la misma, para no dejar a la impunidad aquellos actos que vulneran la dignidad y los derechos humanos de la sociedad.

La Fundadora del Frente Nacional por la Sororidad, Olimpia Coral Melo informó que este 27 de junio el Congreso de Coahuila votará la reforma para tipificar este delito y, de aprobarse, sería la novena entidad de la República en contar con un mecanismo de este tipo. Además anunció que en breve se reunirán con la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, diputada María Wendy Briceño Zuloaga con el propósito de trabajar en una reforma en la materia.

Este evento fue inaugurado a las 10:15 horas por el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez Cazarín y asistieron la diputada María Esther López Callejas; la encargada del Instituto Veracruzano de las Mujeres, María del Rocío Villafuerte Martínez; la Subdirectora de Servicio Público de Carrera de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, Ana Elena Portilla Palacios y en representación del Secretario General, Domingo Bahena Corbalá, acudió David Castañeda Polanco, así como la activista Martha Mendoza Parissi, entre otros.

Las diputadas Brianda Kristel Hernández Topete y
Montserrat Ortega Ruiz, presidenta y vocal, respectivamente, de la Comisión
Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, sostuvieron una
reunión con la presidenta de la Fundación “Gilberto Rincón Gallardo”, Lídice
Rincón Gallardo y la activista en pro de los derechos humanos de las personas
con discapacidad, Ana Ruth Ferrer Rivera, en la cual analizaron diversas
disposiciones de la Ley 822 para la Integración de las Personas con
Discapacidad del Estado de Veracruz.

Con la participación de la diputada federal Dulce
María Méndez de la Luz Dauzón, secretaria de la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la legisladora
Kristel Hernández informó que preparan un exhorto al Gobierno del Estado a fin
de que cumpla con la reglamentación de la Ley 822, así como para que sea
entregado a este poder el dictamen de impacto presupuestal de la creación del
Instituto, señalado en la ley antes citada.

La legisladora Montserrat Ortega dijo que existe un
rezago en el cumplimiento de la ley, toda vez que además del Reglamento, aún no
se han concretado avances del tema de movilidad. Al respecto ejemplificó el
caso del transporte público, que a la fecha no cuenta con las condiciones
necesarias.

De igual forma recordó que la legisladora Deisy Juan
Antonio celebró, el pasado 5 de junio, mesas de trabajo para analizar la Ley
822 y en la que expertos en la materia aportaron sus propuestas.

Por otra parte, las diputadas Brianda Kristel y
Montserrat Ortega refirieron que trabajan en el consenso con los grupos
legislativos del Congreso del Estado para que cuando sea presentada la
iniciativa, ésta ya cuente con el conocimiento previo en relación a que se
plantearía que el Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad sea un
órgano con mayor participación ciudadana y que el Instituto cuente con un
presupuesto, mismo que sería progresivo.

El
Pleno de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, aprobó la iniciativa de
decreto presentada por el Grupo Legislativo Mixto “Partido Revolucionario
Institucional (PRI) – Partido Verde Ecologista de México (PVEM)”, con la que se
reforma y adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de
Veracruz, para ampliar el listado de circunstancias agravantes de la penalidad
en casos de violación y pederastia.

Con
41 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprobó el dictamen
emitido por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

De
acuerdo con las consideraciones del dictamen, publicado en la Gaceta
Legislativa número 42, esta reforma contribuirá a disminuir y erradicar
conductas lesivas para el conjunto social, a través de fijar sanciones más
severas para los que cometan los mencionados delitos de naturaleza sexual.

El
6 de junio pasado, a nombre de su Grupo Legislativo, la diputada Erika Ayala
Ríos, presentó la iniciativa que, en sus palabras, responde a la justa demanda
ciudadana de castigar ejemplarmente a quienes atentan contra la libertad
sexual, el libre desarrollo de la personalidad y la integridad física de todas
las personas, y más aún, cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes,
sin importar también la edad de mujeres adultas y jóvenes.

A
partir de la entrada en vigencia de este Decreto se considerarán agravantes de
la pena, si dichos delitos se realizan en vehículos de transporte público de
pasajeros o en otros que presten un servicio similar; en lugares despoblados o
solitarios; derivado del allanamiento de la morada de la víctima; y al interior
de instituciones educativas o en establecimientos públicos o privados en los que
se preste el servicio de auxilio o refugio o tratamiento de personas, si dichos
delitos son cometidos por personal de las mismas.

El diputado Enrique Cambranis Torres, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Veracruz,
presentó la iniciativa de reforma al artículo 74 de la Constitución Política de
Estado para establecer la prohibición de discriminación en la contratación de
cualquier persona en razón de la edad, origen étnico, sexo, discapacidades,
doctrina política, condición social, religión, estado civil, gravidez o
cualquier otra que atente contra los derechos laborales fundamentales en las
relaciones de trabajo.

En su intervención, durante la novena sesión
ordinaria, el diputado recalcó que su propuesta legislativa busca que ninguna
veracruzana o veracruzano, de cualquier edad, género o condición, que pretenda
obtener un trabajo, no sea discriminado por las organizaciones, públicas o
privadas, antes o después de obtener un empleo.

Subrayó que la discriminación en materia laboral
puede ocurrir en los avisos de empleo, en la selección, evaluación,
contratación y despido del personal. “También suele aparecer en los términos y
en las condiciones del empleo, así como en la remuneración, los beneficios y en
las decisiones sobre quién recibe capacitación y qué tipo de capacitación se
brinda”, ejemplificó.

En tribuna, Cambranis Torres indicó que de acuerdo
al último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2015 (INEGI),
hay en Veracruz 499 mil 689 personas en edad laboral que no trabaja y no busca
empleo, “muchas veces no lo hace por
desaliento o porque piensan que no lo conseguirán por la edad o porque no tienen
estudios, no obstante están dispuestas a trabajar”, abundó.

Asimismo, refirió que como legisladores deben
trabajar para proteger y garantizar que las personas adultas mayores, que estén
todavía activos, puedan encontrar espacios de trabajo, sobre todo cuando,
conforme a la esperanza de vida, aún quedan muchos años por delante.

Por otra parte, manifestó, los jóvenes también
encuentran constantemente obstáculos y limitantes cuando se trata de buscar
trabajo, toda vez que las empresas por lo regular exigen puestos con
experiencia y con cierta edad para desempeñar el cargo, “a todas luces
representa una discriminación, pues el joven, sea recién graduado o no, está
impedido a obtener un primer empleo porque falta de experiencia, que es lo
primero que exigen las empresas”.

El diputado Enrique Cambranis aseguró que con esta
reforma Veracruz sería de los primeros Estados en reconocer, de manera textual
en su Constitución, el derecho a obtener un trabajo digno y bajo ninguna
circunstancia, discriminar a quien legítimamente pretende ser contratado y
desarrollarse dentro de alguna organización laboral.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones
Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Trabajo y
Previsión Social para su estudio y dictamen correspondiente.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura
aprobaron la iniciativa, presentada el 9 de mayo pasado por la diputada Magaly
Armenta Oliveros, por la cual se reforma el artículo 67 de la Constitución
Política del Estado y se establece que los órganos autónomos de la entidad
tendrán la obligación de presentar, dentro de los primeros 15 días de cada año,
a los Poderes Ejecutivo y Legislativo un informe de actividades.

Además se establece que los titulares de los órganos
autónomos deberán comparecer ante el Poder Legislativo del Estado, en sesión
pública, durante la última quincena del mes de enero, conforme al formato que
establezca la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su respectivo Reglamento.

Asimismo, se determina que el Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa (TEJAV), solo estará obligado a presentar el informe de
actividades.

El Dictamen, puesto a consideración por la Comisión
de Justicia y Puntos Constitucionales, destaca que la rendición de cuentas y la
transparencia son dos componentes
esenciales en los que se fundamenta un Gobierno democrático y que, mediante la
rendición de cuentas, es como éste explica a la sociedad sus acciones y acepta
consecuentemente la responsabilidad de estas.

Refiere que la transparencia abre la información al
escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla
y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar.

En consecuencia –añade- el Gobierno democrático debe
rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse
para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos.

El Dictamen registró 41 votos a favor, sin
abstenciones o votos en contra.

Tras aprobarse el Dictamen y conforme a lo
establecido en la Ley Reglamentaria del artículo 84 de la Constitución Política
del Estado en materia de reformas parciales, la Mesa Directiva, presidida por
el diputado José Manuel Pozos Castro, instruyó a la Secretaría General remitir
el Decreto a los ayuntamientos de la entidad para su consideración.

El
diputado José Manuel Pozos Castro, presidente del H. Congreso del Estado de
Veracruz, dio la bienvenida a la juventud veracruzana que participó en el Foro
sobre la Ley General de las Juventudes en su capítulo Veracruz, titulado
“Jóvenes, cámara y acción”.

Durante
el evento convocado por la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual de la
Cámara de Diputados federal, el diputado Pozos Castro consideró que el Foro es
un acto de justicia para con los jóvenes de México y de Veracruz.

“Estoy
absolutamente seguro de que el talento, la audacia y la gran capacidad de
nuestros jóvenes abonarán a dar certidumbre jurídica y a la igualdad de
derechos que garanticen sus mejores condiciones de vida”, expresó ante un
auditorio conformado por decenas de participantes.

El
legislador resaltó el gran compromiso con los jóvenes de México por parte del
presidente Andrés Manuel López Obrador, así como el trabajo que realiza el
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al brindar oportunidades e implementar
programas que les van a permitir desarrollarse y gozar de un mejor nivel de
vida. “Hoy nos es grato decirles que los jóvenes en Veracruz están participando”.

Al
hacer uso de la voz, el representante del gobernador Cuitláhuac García Jiménez,
el subsecretario de Gobierno, Carlos Alberto Juárez Gil, uno de los servidores
públicos más jóvenes del Estado y de México, dijo que con hechos, no con
palabras, se ha tomado en cuenta a un sector que lamentablemente fue
menospreciado y olvidado por los anteriores gobiernos.

Como
presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte y Atletas con discapacidad de
la LXV Legislatura, la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, confió en que
el resultado de las mesas de trabajo se verá materializado en una nueva Ley que
será punta de lanza para hacer realidad los sueños de millones de jóvenes que
anhelan un mejor país.

La
diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, Presidenta de la Comisión de Juventud y
Diversidad Sexual en la Cámara de Diputados federal, agradeció el apoyo de las
diputadas integrantes de la Comisión, quienes solicitaron que Veracruz pudiera
ser sede del Foro “Jóvenes, cámara y acción”.

Dijo
que la construcción y elaboración de esta ley es un camino para que los jóvenes
opinen; además, informó que la comisión redactora ya está construyendo avances
de la misma y que seguramente durante el Foro en Veracruz, la séptima edición,
recogerían muchísimas propuestas.

A
las 17:58 horas de este jueves, la diputada federal Dorheny García Cayetano
inauguró el Foro “Jóvenes, cámara y acción”, no sin antes destacar que con este
tipo de acciones, se demuestra a los jóvenes que son parte de la toma de
decisiones en este país.

Al
inicio de los trabajos acudieron también los diputados Juan Javier Gómez
Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso; Rubén
Ríos Uribe y las legisladoras María Graciela Hernández Íñiguez y Adriana Esther
Martínez Sánchez.

Asistieron
también la diputada federal Dulce María Méndez de la Luz; Samuel Torres Mendez,
representante del Instituto Mexicano de la Juventud; el secretario general del
Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá y el director del Instituto
Veracruzano de la Juventud, Jonathan Yunuel Ramírez Martínez.

El Pleno del Congreso del Estado, durante su novena
Sesión Ordinaria, dio entrada a una Iniciativa de Decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, que signan los integrantes de la Junta de Coordinación Política
(JUCOPO) de la LXV Legislatura del Estado.

La reforma integral de la Constitución Política del
Estado, realizada en el año 2000, significó una transformación del marco
normativo local, al establecer nuevas instituciones jurídicas, como el juicio
para la protección de los derechos humanos y los medios de control
constitucional, y con mayor sistematicidad, que en su texto anterior, las
atribuciones de los órganos depositarios del Poder Público, los organismos
autónomos del Estado y los ayuntamientos, entre otros aspectos.

El texto de la propuesta legislativa refiere que las
nuevas disposiciones constitucionales motivaron, en consecuencia, la adecuación
de la legislación ordinaria o secundaria, a fin de hacerla corresponder con lo
aprobado por el Poder Reformador Constitucional Local; y en ese contexto se
expidieron, principalmente, en las Legislaturas LVIII y LIX, diversos
ordenamientos, entre ellos los que regulan la organización y funcionamiento de
los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y del Municipio Libre.

Añade que la actual Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado fue publicada en la Gaceta Oficial el 6 de octubre del
año 2000, y que de conformidad con su Transitorio inició su vigencia hasta el 5
de noviembre de ese año e introdujo, entre otras innovaciones, agregó, la figura
de la Junta de Coordinación Política, como órgano de gobierno del Congreso;
creó la Junta de Trabajos Legislativos, como instancia de programación de las
labores plenarias y estableció que la duración en las funciones de la Mesa
Directiva sería de un año legislativo y ya no sólo de un mes como antes se
establecía.

Del mismo modo, se destaca, en semejanza a lo
señalado en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, el ordenamiento que regula al Poder Legislativo local determinó la
estructura administrativa de éste, encabezada por una Secretaría General, al
igual que sus atribuciones. Asimismo, en su artículo 18, replicó las
atribuciones del Congreso del Estado plasmadas en el artículo 33 constitucional
y, en el numeral 42, fijó las relativas a las de la Diputación Permanente, en
concordancia con lo que al efecto dispone el artículo 41 de la Ley Fundamental.

Sobre la base de que todo ordenamiento jurídico es
susceptible de modificaciones, se agrega, para adecuar su contenido a una
realidad en constante evolución, la Constitución Política Local ha registrado
múltiples reformas y adiciones —81 decretos, hasta la fecha, para tales
efectos, aunque algunos de éstos aún no se encuentran publicados—, entre ellas
a los artículos que establecen expresamente las atribuciones del Congreso y de
la Diputación Permanente, o a los que se relacionan directamente con el
ejercicio de estas.

Sin embargo, no en todos los casos, se han realizado
las adecuaciones en la Ley Orgánica del Poder Legislativo de lo modificado,
incorporado o suprimido del texto constitucional en los 19 años que han
transcurrido desde la reforma integral señalada, lo que ha provocado la
existencia de algunas antinomias entre ambos ordenamientos, abunda.

Si bien es cierto que, por jerarquía normativa, lo
establecido en la Constitución es lo aplicable aún cuando la legislación
secundaria disponga otra cosa, se estima necesario, apunta la JUCOPO, a fin de evitar esas contradicciones y posibles conflictos
interpretativos, efectuar la armonización correspondiente.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Gobernación.