Las diputadas Brianda Kristel Hernández Topete y
Montserrat Ortega Ruiz, presidenta y vocal, respectivamente, de la Comisión
Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, sostuvieron una
reunión con la presidenta de la Fundación “Gilberto Rincón Gallardo”, Lídice
Rincón Gallardo y la activista en pro de los derechos humanos de las personas
con discapacidad, Ana Ruth Ferrer Rivera, en la cual analizaron diversas
disposiciones de la Ley 822 para la Integración de las Personas con
Discapacidad del Estado de Veracruz.
Con la participación de la diputada federal Dulce
María Méndez de la Luz Dauzón, secretaria de la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la legisladora
Kristel Hernández informó que preparan un exhorto al Gobierno del Estado a fin
de que cumpla con la reglamentación de la Ley 822, así como para que sea
entregado a este poder el dictamen de impacto presupuestal de la creación del
Instituto, señalado en la ley antes citada.
La legisladora Montserrat Ortega dijo que existe un
rezago en el cumplimiento de la ley, toda vez que además del Reglamento, aún no
se han concretado avances del tema de movilidad. Al respecto ejemplificó el
caso del transporte público, que a la fecha no cuenta con las condiciones
necesarias.
De igual forma recordó que la legisladora Deisy Juan
Antonio celebró, el pasado 5 de junio, mesas de trabajo para analizar la Ley
822 y en la que expertos en la materia aportaron sus propuestas.
Por otra parte, las diputadas Brianda Kristel y
Montserrat Ortega refirieron que trabajan en el consenso con los grupos
legislativos del Congreso del Estado para que cuando sea presentada la
iniciativa, ésta ya cuente con el conocimiento previo en relación a que se
plantearía que el Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad sea un
órgano con mayor participación ciudadana y que el Instituto cuente con un
presupuesto, mismo que sería progresivo.
