El
diputado José Magdaleno Rosales Torres, integrante del Grupo Legislativo de
Morena, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo donde exhorta al titular de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) del Gobierno Federal para que
atienda de manera urgente la problemática que enfrenta el Registro Agrario
Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria en el estado de Veracruz, por la falta
de recursos materiales, humanos y de infraestructura tecnológica necesarios
para garantizar una atención eficiente a los ejidatarios y representantes de
los núcleos de población ejidal de la entidad.

Como
es de conocimiento, dijo el legislador, la SEDATU está orientada a la
planeación, ordenamiento y desarrollo territorial y de vivienda, apoyando los
programas de modernización de los registros públicos de propiedad, aportando
diagnósticos en materia de crecimiento demográfico y control territorial. Asimismo,
con funciones administrativas el RAN, resolverá las cuestiones relacionadas con
los problemas de los núcleos de población ejidal y de bienes comunales con la
participación de las autoridades estatales y municipales.

El
objetivo real y funcional de estos organismos, aseveró Rosales Torres, es que
se cuenten con los recursos suficientes para que sean atendidas las solicitudes
que día a día realizan los ejidatarios en estas dependencias, para que den
pronta solución a la regularización de sus trámites.

Aseguró
que dentro del Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, se contempla impulsar
la competitividad del sector primario, elevando la calidad de los productos del
campo, logrando con ello el crecimiento, la sostenibilidad y fortalecimiento de
infraestructura rural e hidroagrícola, atrayendo con ello fuerza productiva al
campo.

El
legislador dijo que los ejidatarios de la entidad están complacidos con las
estrategias que el Gobierno actual ha creado respecto a financiamientos y
programas de desarrollo social para el campo, proveyendo acceso a créditos con
bajas tasas de interés, entre otros beneficios; sin embargo, agregó, uno de los
problemas con los que se enfrentan es que deben contar con certeza jurídica,
traducida en un título de propiedad, certificado parcelario o escritura
pública.

Día
a día cientos de veracruzanos asisten a la RAN para realizar los diversos trámites, continuó,
que va desde la inscripción de lista de
sucesión hasta la expedición de constancias, certificados parcelarios y títulos
de propiedad, pues al día de hoy no cuentan con certeza jurídica sobre su
propiedad.

“La
problemática que ha enfrentado por años el RAN y la Procuraduría Agraria en el estado
de Veracruz, es la corrupción, pues éstas dependencias han sido olvidadas, la
falta de recursos en sus instalaciones, el deficiente y obsoleto equipo de
trabajo y personal insuficiente, son factores que determinan que los trámites
sean olvidados y no les den seguimiento por la falta de recursos”, puntualizó
el legislador del distrito de Medellín.

Finalmente,
expuso que la SEDATU, requiere de una alta cantidad de recursos humanos,
institucionales y técnicos, ya que debe enfrentar retos de administración como
la administración de terrenos de la Nación.

Pero
sobre todo, debe trabajar y dotar de recursos materiales y humanos e
infraestructura técnica, a sus organismos como lo son el RAN y la Procuraduría
Agraria, a fin de hacer accesibles la tramitación de los documentos con el fin
de garantizar una atención de calidad.

En el marco del Día Naranja (conmemorado cada 25 de
mes), en el Congreso de Veracruz se llevó a cabo el Taller de Prevención y
Atención de la Violencia Digital, organizado por el Centro de Estudios para la
Igualdad de Género y los Derechos Humanos (CEIGDH) y en el cual participaron
las diputadas Mónica Robles Barajas, Ivonne Trujillo Ortiz y Brianda Kristel
Hernández Topete, así como los legisladores Juan Javier Gómez Cazarín y Alexis
Sánchez García.

Este taller, realizado a partir de la reforma al
Código Penal, aprobada por la LXV Legislatura el pasado 23 de mayo, y en el
cual se incorporó el capítulo “Delitos contra la privacidad sexual”, conocido
mediáticamente como “Ley Olimpia” se llevó a cabo dirigido a Unidades de Género
de los tres poderes del Estado, sociedad en general y activistas, a fin de
compartir experiencias y capacitarse para reconocer estos hechos y
denunciarlos.

Tras agradecer la asistencia de diputadas y
diputados, ciudadanas, expertas en la materia y servidoras públicas, la
encargada del CEIGDH, Mónica Mendoza Madrigal destacó la integración paritaria
de la LXV Legislatura de Veracruz y dijo que la “Violencia Digital” es un tema
que está dándose de los Estados a la Federación, por lo que en la medida que
vayan sumándose más entidades y aprueben esta ley, tomará “más fuerza” en el
Congreso de la Unión, “para ello es fundamental el trabajo articulado y
solidario de las diputadas y diputados locales”, abundó.

Acto seguido, cedió el uso de la voz a la presidenta
de la Comisión para la Igualdad de Género, diputada Ivonne Trujillo, quien
subrayó que el delito ya está tipificado y ahora corresponde crear conciencia y
evitar que esta práctica se multiplique.

Agregó que este Taller es una buena manera de
fusionar el trabajo legislativo con las políticas públicas en favor de la
sociedad, además que representa una excelente estrategia para emprender,
sociedad y gobierno, acciones concretas que permitan abordar y resolver
problemas específicos, tales como el que hoy ocupa, la violación a la intimidad
sexual.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Justicia y
Puntos Constitucionales, diputada Mónica Robles Barajas hizo un reconocimiento
público a la activista Olimpia Coral Melo, “ella no ha descansado para que se
legisle en la materia y hoy reconozco a hombres y mujeres que han creído y se
han sumado a su lucha”.

Recordó que esta reforma, puesta a consideración del
Pleno por la Comisión que ella preside, registró 42 votos a favor, sin
abstenciones o votos en contra, “todas las fuerzas políticas se sumaron, porque
no hay banderas de partidos, nos une avanzar en la protección de los derechos
humanos de las mujeres”.

Asimismo, recordó el trabajo de sus homólogas
Rosalinda Galindo Silva, Erika Ayala Ríos y Montserrat Ortega Ruiz, toda vez
que coinciden con ella en que esta reforma es el primer paso y ahora
corresponde continuar fortaleciendo la legislación para contar una plena
libertad sexual, “sigue el tema del ciberacoso e incluir la violencia digital
en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como una de
sus formas”, adelantó la legisladora por Coatzacoalcos.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y
Atención a Grupos Vulnerables, diputada Brianda Kristel Hernández Topete
celebró la realización de este foro e indicó que las nuevas tecnologías permite
una comunicación más rápida y fácil entre la sociedad, sin embargo –añadió- es
necesario contar con una legislación de vanguardia que prevenga el uso
inadecuado de la misma, para no dejar a la impunidad aquellos actos que vulneran
la dignidad y los derechos humanos de la sociedad.

La Fundadora del Frente Nacional por la Sororidad,
Olimpia Coral Melo informó que este 27 de junio el Congreso de Coahuila votará
la reforma para tipificar este delito y, de aprobarse, sería la novena entidad
de la República en contar con un mecanismo de este tipo. Además anunció que en
breve se reunirán con la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, diputada María Wendy Briceño
Zuloaga con el propósito de trabajar en una reforma en la materia.

Este evento fue inaugurado a las 10:15 horas por el
presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez
Cazarín y asistieron la diputada María Esther López Callejas; la encargada del
Instituto Veracruzano de las Mujeres, María del Rocío Villafuerte Martínez; la
Subdirectora de Servicio Público de Carrera de la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Estado, Ana Elena Portilla Palacios y en representación del
Secretario General, Domingo Bahena Corbalá, acudió David Castañeda Polanco, así
como la activista Martha Mendoza Parissi, entre otros.

La LXV Legislatura del Estado creó la Comisión
Especial para la Atención, Fomento,
Producción, Industrialización y Comercialización del Cultivo del Hule
Veracruzano a fin de promover un desarrollo integral de las regiones
productoras mediante la promoción de un Plan Integral de Crecimiento en el
Cultivo del Hule.

Lo anterior,
al aprobarse –con 36 votos- el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo), resultado del anteproyecto que presentó el pasado 13 de junio la
diputada del Grupo Legislativo de Morena, Deysi Juan Antonio.

De igual
forma se determinó que esta instancia legislativa estará conformada por:
diputada Deisy Juan Antonio, presidenta; diputado Alexis Sánchez García,
secretario y las legisladoras Jessica Ramírez Cisneros y Florencia Martínez
Rivera, como vocales.

El
documento alude a lo expuesto por la autora en relación a que los principales
municipios productores de hule son Uxpanapa, Las Choapas, Hidalgotitlán,
Tezonapa, Playa Vicente, Jesús Carranza, Minatitlán, Santiago Sochiapan, Agua
Dulce, José Azueta y Moloacán y que esta actividad genera ingresos y un mejor
nivel de vida a las familias que se dedican a esta industria, que constituye
una alternativa sustentable para el desarrollo del campo veracruzano.

El cultivo
del hule es una fuente permanente generadora de empleos, ya que por cada tres
hectáreas se crea un empleo directo durante 30 años, que es la vida útil de un
árbol, refiere el documento.

-Aprueban
ayuntamientos reforma al artículo 21 de la Carta Magna del Estado-

En la sesión se dio a conocer el Informe de la
Secretaría General, en relación a la aprobación por parte de 119 ayuntamientos
de la entidad, del Decreto que reforma el párrafo primero del artículo 21 de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con el cual
se garantiza la paridad de género en la integración del Congreso local.

Tras el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Reglamentaria, el presidente del H. Congreso del Estado, diputado José Manuel
Pozos Castro emitió la declaratoria correspondiente y ordenó remitir al
Ejecutivo estatal el Decreto para su publicación en la Gaceta Oficial del
Estado.

Con
31 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Sexagésima
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, aprobó la reforma al
artículo 230 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz, referente a
la concesión de tiendas de alimentos en las escuelas, presentada el pasado 20
de junio por el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, integrante del
Grupo Legislativo de MORENA.

La
Comisión Permanente de Educación y Cultura estimó procedente la iniciativa que
garantizará la transparencia y control de los ingresos que se capten por el otorgamiento
de las concesiones de las tiendas para venta de alimentos, dentro de los espacios
físicos de los planteles educativos.

Al
debatir el dictamen, en lo general y en lo particular, participaron como
oradores las y los diputados Judith Pineda Andrade, Rodrigo García Escalante, Víctor
Emmanuel Vargas Barrientos, Juan Carlos Molina Palacios, Bingen Rementería
Molina, Brianda Kristel Hernández Topete, Rubén Ríos Uribe, Montserrat Ortega
Ruiz, María Josefina Gamboa Torales, Ivonne Trujillo Ortiz y Deisy Juan
Antonio.

De
acuerdo con la reforma aprobada, el Código Financiero estatal fijará que las
licitaciones para las concesiones de estas tiendas, se apegarán a lo dispuesto en
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes
Muebles del Estado.

La
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) fijará los lineamientos y parámetros
para llevar a cabo tal procedimiento y un Comité de Licitaciones responsable de
la convocatoria, en términos de los criterios propuestos y el encargado de
emitir el fallo correspondiente en el respectivo proceso.

El
Comité de Licitaciones estará integrado por el Secretario de Educación;
subsecretario de Educación Básica; subsecretario de Educación Media Superior y
Superior; del Director Jurídico de la SEV, así como por un representante de la
sociedad de padres de familia y un representante del Consejo Estatal de
Participación Social.

Los
ingresos obtenidos por concepto de concesiones de tiendas para la venta de
alimentos, en las escuelas del sistema público del Estado, se destinarán al
mantenimiento y conservación de la infraestructura física de los mismos y servicios
correlacionados, así como para las consecuentes tareas de supervisión
educativa, apoyo a la gestión docente y programas que se determinen en los
Lineamientos que dicte la autoridad educativa local.

La
SEV será la que reciba, administre y realice la comprobación de los recursos a
los que se refiere el presente numeral, para estos efectos el 70 por ciento de
los recursos obtenidos se aplicará al mantenimiento y conservación de la
infraestructura física de los planteles educativos públicos; el 20 por ciento a
las tareas de supervisión educativa y apoyo a la gestión docente en los
sectores y zonas de las modalidades educativas públicas mencionadas; y el 10
por ciento restante, a programas que se determinen en los lineamientos que
dicte la autoridad educativa local.

El
Presidente de la Mesa Directiva, diputado José Manuel Pozos Castro, ordenó
emitir el Decreto correspondiente y enviarlo al Ejecutivo para su publicación
en la Gaceta Oficial del Estado.

El diputado Juan Carlos Molina Palacios, integrante
de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, puso a
consideración del Pleno un Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER),
y al del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA),
activen los protocolos sanitarios necesarios, para que los ganaderos mexicanos
puedan exportar ganado de registro en pie, semen y embriones.

Asimismo, al titular del Poder Ejecutivo Federal para
que instruya a la Guardia Nacional para que impida la entrada de ganado de
origen centroamericano a México, lo que se realiza de manera ilícita, sin
ningún control sanitario y que lastima la economía de los ganaderos mexicanos.
De igual forma, a las Cámaras de Senadores y de Diputados Federales, para que
en apoyo a los productores nacionales, den seguimiento a este tema.

El legislador Molina Palacios señaló que México es
un gran exportador de ganado para engorda e indicó que solo en el ciclo
2017-2018 se comercializó un millón 115 mil 860 becerros a Estados Unidos de
América, originarios primordialmente de los estados de Chihuahua, Coahuila,
Durango, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Veracruz; así como productos
cárnicos y ganados en pie a más de 15 países, destacando como destino, entre
otros, Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Egipto y Singapur.

México, destacó el diputado independiente, es líder
agroalimentario a nivel mundial, ocupando el onceavo lugar en producción
agropecuaria, lo que ha permitido un crecimiento constante. Las exportaciones
del sector agroalimentario aumentaron un 43 por ciento llegando a 35 mil
millones de dólares y el incremento de las exportaciones en el sector no solo
ha sido en volumen, sino con presencia en nuevos mercados como el Chino y el
europeo, agregó.

Gracias al esfuerzo de productores y ganaderos, subrayó,
el sector agroalimentario mexicano es una industria estratégica en la economía,
los productores y comercializadores de carne de res, cerdo y pollo y en algunos
casos pescado, tienen ya una ruta crítica definida, que les permite exportar a
cualquier parte del mundo, “gracias entre otras cosas, al cumplimiento de los
protocolos de sanidad, que México ha logrado consolidar a través del tiempo”.

El diputado Molina Palacios acotó que los ganaderos
y el gobierno de México tienen que trabajar urgentemente para contar y cumplir con
los protocolos sanitarios en la venta de genética, entendida como ganado de registro
en pie, semen y embriones.

El Anteproyecto de Punto de Acuerdo, se turnó a la
Junta de Coordinación Política, para el trámite legislativo correspondiente.

A nombre de los integrantes del Grupo Legislativo Mixto
PRI-PVEM, la diputada Erika Ayala Ríos, presentó una Iniciativa de Decreto que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política
del Estado, para que las personas responsables de evaluar el desempeño de los
juzgadores tengan los conocimientos y capacidad indispensables para realizar la
función encomendada en la Constitución.

Que se traduzca -destacó ante el Pleno la
legisladora-, en una impartición de justicia eficiente, y con ello se dé
respuesta a una de las demandas más recurrentes de la sociedad, que es la de
acceder a una justicia pronta y expedita.

Ante la importancia de las funciones del Consejo de
la Judicatura, continuó, se propone retomar la disposición original referente a
los requisitos para ser consejero, que sean estos los mismos que se señalan
para ser magistrado del Poder Judicial y prohibir expresamente la dispensa de
ley de alguno de los requisitos.

Lo anterior, señaló, para garantizar que los
integrantes del Consejo cuenten con la experiencia, vinculación con la realidad
estatal, preparación académica y buena reputación, necesarias para evaluar el
quehacer jurisdiccional de los servidores de ese Poder.

Con lo anterior, dijo la diputada Erika Ayala, se
homologaría la disposición constitucional local con la establecida para el
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, que en el
artículo 100 de la Carta Magna Federal señala que todos los consejeros deberán
reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de la misma, los previstos
para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de
haberse distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y
honorabilidad en el ejercicio de sus actividades.

Finalmente, para concluir su intervención, considera necesario adicionar un párrafo al artículo 58
constitucional estatal, en el que se señalan los requisitos para ser magistrado
del Poder Judicial del Estado, a efecto de establecer expresamente la
prohibición de dispensar alguno de dichos requisitos en el proceso de
designación de magistrados.

La Iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Justicia y Puntos Constitucionales, para continuar su trámite legislativo.

El
diputado Sergio Hernández Hernández, coordinador del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional (PAN) de la LXV Legislatura,
presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 70 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, que
permitiría la reelección de ediles y que la primera diputación por el principio
de representación proporcional de cada fuerza política, recayera en el
candidato que no resulte ganador pero que obtenga el mejor resultado entre los
candidatos de su partido.

La
Iniciativa propone reformar la fracción II y el primer párrafo de la fracción
III del artículo 21, así como el primer párrafo del artículo 70; y adicionar
los incisos a) y b) a la fracción III del artículo 21 y un segundo párrafo al
artículo 70 de la Constitución Política del Estado.

Al
hacer uso de la voz, el diputado Sergio Hernández reconoció que hablar de
reelección siempre ha sido polémico y aunque en el país ya se han dado los
primeros pasos, en Veracruz todavía quedan pendientes.

Destacó
que en el ámbito municipal y legislativo, las elecciones consecutivas son de
suma relevancia y trascendencia para la vida democrática del país y sobre todo
del municipio, toda vez que permiten a los ciudadanos evaluar la gestión,
resultados y administración de las autoridades municipales.

«De
aprobarse esta reforma podríamos tener elecciones cada tres años a partir del
año 2021», expuso.

Por
otro lado, con la finalidad de fortalecer la representación de las distintas
fuerzas políticas en el Congreso, y en aras de fomentar la competencia de los
candidatos a diputados de mayoría relativa en los distritos es que se propone
que la primera diputación por el principio de representación proporcional de
cada fuerza política, recaiga en el candidato que estando registrado para
competir en un distrito, no resulte ganador pero obtenga el mejor desempeño de
entre los candidatos de ese partido.

De
esta forma, el candidato o candidata que a pesar de haber realizado una campaña
exitosa y haber ganado la confianza de los ciudadanos, no haya obtenido la
mayoría en su distrito, podrá llegar a ocupar una curul por la vía plurinominal,
al haber obtenido el mejor resultado de entre todos los candidatos de ese
partido político que en una elección determinada, no hayan alcanzado el
triunfo.

La
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales para su análisis y dictamen.

Al participar en el Foro de Resultados del Proyecto
“Acciones legales eficaces contra la violencia política” la diputada Mónica
Robles Barajas, presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales del Congreso de Veracruz, expresó que aún cuando han habido
avances, en materia de participación igualitaria de las mujeres en la vida
pública, sigue habiendo grandes retos para consolidar una sociedad justa y
democrática en este aspecto.

Ante la presencia de la diputada Montserrat Ortega
Ruiz, vocal de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables,
y de la presidenta de la Asociación “Hagamos Algo”, Rosa Aurora García Luna, la
legisladora Robles Barajas dijo que cada logro en materia de paridad de género
no ha sido fácil y que representa no solo el trabajo de mujeres, sino también
de hombres que se han sumado a la lucha, “estamos a 96 años de la primer mujer
votada, Elvia Carrillo Puerto, originaria de Yucatán”.

Tras la presentación del presídium y de la
proyección de un video con testimoniales de violencia política, la diputada del
Grupo Legislativo de Morena, recordó que fue en 1996 cuando se estableció la
cuota de género del 30 por ciento y en el que se planteó que las candidaturas
fueran para un mismo género, a fin de evitar cualquier “trampa” que pudiera
generarse al interior de los partidos políticos.

Asimismo, enfatizó que en 2013 se reformó el Código
Electoral federal y al mismo tiempo se trabajó en Veracruz las reformas para
incluir esta paridad, “pero fuimos más allá, establecimos la paridad horizontal
y vertical, porque de lo contrario íbamos a tener 212 candidatos a presidencias
municipales y 212 candidatas a síndicas”, detalló.

Por otra parte, agregó que el tema de violencia es
algo evidente y que existe un gran desafió ante una sociedad que se le
dificulta compartir el poder, “creo que como sociedad la participación
igualitaria de las mujeres es en beneficio de todos”.

La legisladora Montserrat Ortega anunció su respaldo
a la iniciativa que resultó de este Foro e indicó que desde el Congreso local
se pueden impulsar legislaciones para generar mecanismos para afianzar los
modelos de participación igualitaria, “de esta manera vamos a construir una
sociedad, justa, democrática y un mejor país”.

A este evento acudieron la encargada del Centro de
Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos del Congreso del
Estado, Mónica Mendoza Madrigal; la encargada del Instituto Veracruzano de las
Mujeres, María del Rocío Villafuerte Martínez y el investigador Jacobo
Domínguez Gudini, así como servidoras públicas municipales y del Instituto Nacional
Electoral, delegación Veracruz.

El
Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó el Dictamen, puesto a
consideración por la Comisión Permanente de Gobernación, por el cual se concede
el cambio de denominación de la Congregación “Barragantitlán” por el de “Villa
Espíritu Santo”, perteneciente al municipio de Ixhuatlán del Sureste del estado
de Veracruz.

En
la sesión ordinaria, décima del segundo periodo ordinario, fue aprobado con 47
votos a favor, sin votos en contra o abstenciones este Dictamen.

El
documento señala que esta modificación es resultado de la iniciativa promovida
por Wilbert Luis y Víctor Manuel Antonio Vázquez, presidente y secretario,
respectivamente, de este municipio del sur de la entidad. La cual se encuentra
fundamentada en sesión de cabildo del Ayuntamiento de Ixhuacán del Sureste y cuyo
acuerdo fue tomado por unanimidad.

Las
consideraciones planteadas refieren a los antecedentes históricos de la
Congregación, así como la voluntad de los habitantes, a través de un documento
firmado en original, quienes se manifiestan en aprobar la modificación del
nombre, para denominar a este lugar como antiguamente era llamado: “Villa del
Espíritu Santo”.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el Dictamen,
resultado de la iniciativa presentada el pasado 23 de mayo por el gobernador
Cuitláhuac García Jiménez, por el que se reforman diversas disposiciones del
Código Financiero de la entidad relativas a incorporar a la base gravable a los
prestadores de servicios digitales de hospedaje y actualizar las tasas tributarias
de impuestos por concepto de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y
concursos.

El Dictamen, puesto a consideración del Pleno por la
Comisión de Hacienda del Estado, registró 45 votos a favor y tres en contra.

De esta manera se establece que son objetos del
Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje los departamentos, casas,
total o parcialmente utilizados para
estos servicios, incluyendo los ofertados por medio de aplicaciones, redes
sociales, plataforma digital o cualquier otro medio de aplicación similar.

Se entiende
por plataforma digital la aplicación tecnológica mediante la cual la
persona física o moral administradora opera en su carácter de gestor,
intermediario, promotor, facilitador o cualquier otra actividad análoga, que
permite a los usuarios contratar servicios de hospedaje.

Son objetos del impuesto sobre loterías, rifas,
sorteos, juegos con apuestas y concursos, además de los ya señalados, las
erogaciones que se realicen por participar en juegos con apuestas.

El impuesto se causa al momento en que se efectúe la
explotación de las actividades señaladas anteriormente, al instante del pago o
entrega del premio y en el momento en que se realicen las erogaciones por
participar en juegos con apuestas.

Para los efectos de este impuesto, se considera
apuesta el monto susceptible de apreciarse en moneda nacional que se arriesga
en un juego de los que requieran permiso de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, con la posibilidad de obtener
o ganar un premio, cuyo monto sumado a la cantidad arriesgada deberá ser
superior a ésta.

Quedan comprendidos en los juegos con apuestas,
independientemente del nombre con el que se les designe, aquéllos que requieran
permiso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal, así como la
realización de juegos y concursos en los que el premio se obtenga por la
destreza del participante en el uso de máquinas, independientemente de que en
el desarrollo de los mismos se utilicen imágenes visuales electrónicas como
números, símbolos, figuras u otras similares.

A las personas físicas o morales, relacionadas con
la materia, les será aplicable una tasa de 10 por ciento sobre el monto de las
erogaciones que efectúen para participar en juegos con apuestas, ya sean
pagados en efectivo, en especie o por cualquier otro medio que permita
participar en los mismos.

Asimismo, se establece como obligaciones de los
contribuyentes el calcular y retener el impuesto que corresponda a los premios
pagados, o entregados, así como el impuesto por las erogaciones que se realicen
por participar en juegos con apuestas, y enterarlo a las autoridades fiscales correspondientes mediante las formas
y conductos autorizados, y dentro de los plazos establecidos.

Además de dictaminar la determinación y pago de
este impuesto, por medio de un contador
público autorizado, a más tardar en el último día hábil del mes de julio de
cada ejercicio, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto
expidan las autoridades fiscales.

La exposición de motivos del Dictamen refiere que de
acuerdo a la información publicada en diciembre de 2018, por la Asociación de Permisionarios, Operadores y
Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México
A.C., a nivel nacional existen 353 salas de juego, de las cuales en el Estado de Veracruz operan 20, siendo
una de las siete Entidades con la mayor concentración de la industria.

A nombre
del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Rosalinda Galindo Silva dijo que
entidades como Quintana Roo, Yucatán, Sinaloa, Oaxaca y Ciudad de México,
legislaron sobre el pago de impuestos de los prestadores de servicios de
hospedaje a través de plataformas digitales, en todos estos casos regularizados
con una tasa del 3 por ciento.

En tanto
en Veracruz –agregó- y ante el justo reclamo de prestadores de servicios de
hospedaje tradicional se incorporan con una tasa del 2 por ciento a los
prestadores de servicio a través de las plataformas digitales de Internet.

En
relación a juegos y sorteos, explicó que es imperativo replantear de manera responsable
y equitativa, en beneficio del pueblo, el Impuesto sobre Loterías, Rifas y
Sorteos y se actualicen sus tasas del 3.5 al 6 por ciento para quien organiza,
del 5.21 al 6 por ciento para quien obtiene un premio y se adicione la tasa del
10 por ciento por la participación en los juegos.

Abundó que
con el fin de incentivar la actualización del Padrón Vehicular, y en beneficio
de la economía de los veracruzanos, se propone disminuir en un 70 por ciento
este impuesto, para quedar gravado en lugar del 2 por ciento del costo
vehicular por un .60 por ciento del pago vehicular por cambio de
propietario.