A nombre de los integrantes del Grupo Legislativo Mixto
PRI-PVEM, la diputada Erika Ayala Ríos, presentó una Iniciativa de Decreto que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política
del Estado, para que las personas responsables de evaluar el desempeño de los
juzgadores tengan los conocimientos y capacidad indispensables para realizar la
función encomendada en la Constitución.
Que se traduzca -destacó ante el Pleno la
legisladora-, en una impartición de justicia eficiente, y con ello se dé
respuesta a una de las demandas más recurrentes de la sociedad, que es la de
acceder a una justicia pronta y expedita.
Ante la importancia de las funciones del Consejo de
la Judicatura, continuó, se propone retomar la disposición original referente a
los requisitos para ser consejero, que sean estos los mismos que se señalan
para ser magistrado del Poder Judicial y prohibir expresamente la dispensa de
ley de alguno de los requisitos.
Lo anterior, señaló, para garantizar que los
integrantes del Consejo cuenten con la experiencia, vinculación con la realidad
estatal, preparación académica y buena reputación, necesarias para evaluar el
quehacer jurisdiccional de los servidores de ese Poder.
Con lo anterior, dijo la diputada Erika Ayala, se
homologaría la disposición constitucional local con la establecida para el
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, que en el
artículo 100 de la Carta Magna Federal señala que todos los consejeros deberán
reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de la misma, los previstos
para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de
haberse distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y
honorabilidad en el ejercicio de sus actividades.
Finalmente, para concluir su intervención, considera necesario adicionar un párrafo al artículo 58
constitucional estatal, en el que se señalan los requisitos para ser magistrado
del Poder Judicial del Estado, a efecto de establecer expresamente la
prohibición de dispensar alguno de dichos requisitos en el proceso de
designación de magistrados.
La Iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Justicia y Puntos Constitucionales, para continuar su trámite legislativo.
