El Pleno de la LXIV Legislatura aprobó, por mayoría de votos, el Dictamen de la nueva Ley de Atención a Personas Migrantes y sus Familias para el Estado de Veracruz cuyo objeto es garantizar la protección y promoción de los derechos de todas las personas migrantes que salen, retornan, se establecen o transitan por el Estado, con independencia de su situación migratoria.
Se prevén las bases de la política en materia de atención a migrantes y sus familias en el Estado, la cual estará centrada en el respeto irrestricto a sus derechos humanos; organiza la estructura y atribuciones del Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes; define las atribuciones de las autoridades estatales auxiliares en la atención a migrantes y delimita las atribuciones de los ayuntamientos en la atención a migrantes.
Esta ley, resultado de la iniciativa que presentó, el 14 de diciembre de 2017, la diputada independiente Miriam Judith González Sheridan, fue aprobada con 45 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.
El documento señala que todos los migrantes veracruzanos y sus familias que salgan o retornen al territorio del Estado, así como los migrantes extranjeros y sus familias que se asienten de manera temporal o permanente en la entidad, o transiten por la misma, gozarán de los derechos humanos que se reconocen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Veracruz y en los tratados internacionales en la materia de los que México es parte.
Los migrantes, con independencia de su situación migratoria, tendrán derecho a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida y la de sus familias, en cuyo caso, los encargados de prestar el servicio médico informarán de inmediato, para su conocimiento y apoyo, al Instituto y al titular del país, del cuerpo consular acreditado en el Estado, al que pertenezca el migrante.
Las dependencias y entidades de la administración pública estatal diseñarán e implementarán políticas públicas y programas especiales para la atención de las necesidades de las personas migrantes y sus familias en cuanto a salud, educación, cultura, impartición y administración de justicia, desarrollo laboral y económico, y todas aquellas destinadas a crear condiciones que favorezcan el debido ejercicio de sus derechos.
En la repatriación de personas migrantes de origen veracruzano, el Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes colaborará con las autoridades federales competentes, cuidando que en todo momento se respeten a los repatriados sus derechos y que cuenten con acceso a los servicios públicos que esta Ley y la demás legislación les garantizan.
Se consideran autoridades en materia de atención a migrantes en Veracruz: el Gobernador del Estado; el Secretario de Gobierno; el Consejo Consultivo de Atención a Migrantes; el Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes y los ayuntamientos a través de sus Comisiones de Población y de sus Direcciones de Atención a Migrantes.
El Consejo Consultivo de Atención a Migrantes del Estado de Veracruz, es el órgano de consulta que asesora y apoya al Instituto en la delineación y ejecución de sus actividades, promoviendo una colaboración intersectorial entre los diversos órganos que lo integran en beneficio de la atención que se brinde a las personas migrantes y sus familias en la entidad.
Los ayuntamientos diseñarán y mantendrán un Padrón Municipal de Personas Migrantes, el cual tendrá como objetivo registrar el número y características de los migrantes y sus familiares en ese municipio. El Padrón funcionará mediante un sistema electrónico conforme a lo que se establezca en el Reglamento.
El Registro Estatal de Personas Migrantes será público y estará a cargo del Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes; el cual contará con el apoyo de todos los ayuntamientos del Estado.
Dentro de los treinta días siguientes a su nombramiento, el Director del Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes hará llegar a los integrantes de la Consejo Consultivo su Proyecto de Plan Anual de Trabajo.
En los posicionamientos, la diputada Miriam Judith González Sheridan señaló que esta ley dota a las autoridades estatal y municipales para la instrumentación de políticas a favor de personas migrantes, en especial cuando se trate de niñas y niños. Agregó que el Registro Estatal de Personas Migrantes vendrá a mejorar el diseño de acciones y políticas para la debida atención a este sector.
