Fue aprobada la iniciativa presentada por la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, la cual propone reformar la Ley de Educación del Estado, a fin de establecer en la ley la obligatoriedad de las autoridades educativas estatales de publicar anualmente, no solamente en la Gaceta Oficial, sino además en sus portales electrónicos, una relación de las instituciones a las que se les haya concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.
La diputada del PAN, García Rojas dijo que dicha iniciativa nació ante el número incalculable de estudiantes que han sido defraudados en el Estado de Veracruz por pseudos instituciones educativas, quienes viven hoy el calvario de no poder obtener sus cédulas y títulos profesionales, todo ello a causa de escuelas particulares que operan en la ilegalidad y que han dado información falta de veracidad sobre sus autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios y en general sobre la calidad educativa de sus programas.
Expresó que a partir de la aprobación de esta iniciativa la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) contará con un área especial en sus instalaciones y con personal capacitado que asesore y brinde información a los usuarios que requieran datos relacionados con las autorizaciones o reconocimientos de validez oficial de estudios que se hayan concedido, negado o retirado a los particulares que impartan educación en el Estado. Lo anterior, a efecto de que los interesados en alguna oferta educativa, estén en condiciones de tomar decisiones informadas.
Mariana Dunyaska manifestó que para un mejor cumplimiento de esta responsabilidad, la autoridad educativa estatal deberá coordinarse con la Secretaria de Educación Pública de la Administración Pública Federal y con sus homólogas en los Estados, a efecto de facilitar la cooperación e intercambio de información en materia de autorizaciones o reconocimientos de validez oficial de estudios y por medio de los cuales se brinde certeza y una efectiva garantía de la calidad del programa o plan de estudios ofertado al interesado.
Por último, argumentó que en la actualidad la Ley prevé una sanción genérica por cualquiera de las infracciones previstas en la Ley, multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general vigente y/o revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios; sin embargo, considera que las acciones recién precisadas son de suma gravedad y por tanto requieren de una sanción proporcional al daño causado. De
esta manera, la sanción que se plantea consiste en una multa hasta por 725 mil 400 pesos y además contemplan la clausura del plantel donde se cometa la infracción.
