Con el objeto de adecuar las leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas, la Orgánica del Municipio Libre, la Orgánica del Poder Ejecutivo y la que Regula las Construcciones Públicas y Privadas para el Estado con la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado, la diputada Regina Vázquez Saut presentó la iniciativa que prevé garantizar el derecho a la no discriminación, estableciendo mecanismos para evitar su vulneración por parte de las autoridades y particulares. La legisladora destacó que deben adecuarse los citados ordenamientos para cumplir lo señalado en el artículo 28 de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad, con respecto a que el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, a través de sus dependencias y entidades relacionadas, establecerán programas de obras públicas y desarrollo urbano, tendientes a vigilar la aplicación de la Norma Oficial Mexicana que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos e instituciones públicas, privadas y sociales. Así como a lograr la accesibilidad en la vía pública, con base en las normas internacionales y nacionales, en cuanto a su diseño y señalización universal. En la sexta sesión ordinaria, del segundo receso, la diputada propone incluir que los entes públicos que realicen obras y servicios relacionados con ellas, sea por contrato o por administración directa, así como los contratistas con quienes aquellos contraten, observarán las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, accesibilidad para personas con discapacidad, medio ambiente y construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal. Concluida la obra, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, la falta de espacios destinados para la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo.
Para garantizar las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad, funcionamiento, higiene, acondicionamiento ambiental, comunicación, seguridad en emergencias, seguridad estructural e integración al contexto e imagen urbana en la entidad, los proyectos arquitectónicos deberán cumplir con los requerimientos establecidos y las demás disposiciones legales aplicables.
Las edificaciones plurifamiliares y las de comercio y servicios deberán contar con espacios para la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad, así como un sistema de almacenamiento y eliminación de basura. La diputada del Grupo Legislativo del PAN subrayó que el Estado de Veracruz, registra el 6.7 por ciento de población con algún tipo de discapacidad, siendo así una de las entidades que supera ligeramente la media nacional, posicionándose como el octavo estado, de los 32 que existen en el país. Por ende –añadió- es indispensable reforzar acciones legislativas que promuevan políticas públicas para garantizar el derecho de igualdad de las personas con discapacidad y así facilitar su desarrollo humano.
