Casi 60 por ciento de las denuncias por delitos patrimoniales han sido resueltos mediante diálogo, en donde se privilegia la reparación del daño, debido a que persiste voluntad de las partes, dio a conocer el director general del Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General del Estado, Victorino Álvarez Mendoza.

Precisó que tan solo en 2018, se recibieron 20 mil carpetas, de las cuales se resolvieron casi un 60 por ciento, lo que refleja que este mecanismo está funcionando.

Enfatizó que el órgano especializado en mecanismos alternativos de la Fiscalía es uno de los que mejores resultados tienen a nivel nacional.

«Por ejemplo, en 2018 se resolvieron seis mil 96 acuerdos reparatorios que representará una recuperación de casi 170 millones de pesos en reparación del daño y a nivel nacional nos coloca como uno de los mejores, de los 5 mejores a nivel nacional de 55 que existen en el país».

Entre los delitos que se denuncian está el robo sin violencia, fraude, abuso de confianza, abigeato, los delitos patrimoniales que representan decremento de patrimonio de una persona.

Precisó que la finalidad de los mecanismos alternativos de carpetas es que haya acuerdos reparatorios, es decir hay un protocolo especial, un trato especial precisamente regulado por la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que esos asuntos de menor impacto van a hacer resueltos a través del diálogo y justamente con el equipo de facilitadores en la Fiscalía General del estado que lo resuelve como son los mediadores.

De acuerdo con el dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en la zona centro, César Silva Reyes, tiene que haber utilidades sin pretexto ni incumplimiento, pues al momento no se han reportado despidos en la planta productiva.

Comentó que hasta hoy no se tiene reporte de que algún patrón no vaya a pagar las utilidades y en años anteriores se han pagado sin problema, por lo que se espera que en este año sea lo mismo.

Recordó que las utilidades que se pagan en esta ocasión corresponden al ejercicio fiscal 2018 y no hay pretexto para negarlo.

El líder croquista señaló sentirse tranquilo, pues no se han tenido recortes de personal, lo que habla de que no hay contractura de producción, sino que ésta sigue siendo la misma y en consecuencia hay utilidad.

Comentó que la ley señala que la fecha de vencimiento es el 20 de mayo, pero por convenio, contrato o costumbre, se da la oportunidad a las empresas de que paguen hasta el 30 de mayo en la quincena.

Precisó que si algún sindicato adherido a la CROC piensa que se le está engañando o defraudando con esta prestación y lo solicita, se recurrirá a las autoridades fiscales para que se haga la investigación, pero no cree que sea necesario, pues es una obligación que entienden los patrones y pagan de manera oportuna.

La salida de Luis Ángel Bravo Contreras del Penal de Pacho
Viejo, es muestra de la simulación con la que se impartió justicia desde la
Fiscalía General del Estado, “Y era de esperarse”, opinaron integrantes de
Colectivos de Búsqueda.

En entrevistas por separado Sara González y Lucía de los
Ángeles Díaz Genao, coincidieron que el Fiscal General, Jorge Winckler debe ser
destituido, pues las deficiencias de su trabajo hoy dejan en libertad a
exfuncionarios omisos y cómplices de las desapariciones sistemáticas, “es una
bofetada en la cara”.

El tema de desaparecidos se usó de manera política, para
mantenerse en la gubernatura, y no se ha garantizado la justicia a las familias
de desaparecidos.

La primera en hablar sobre el caso fue Sara González,
integrante de Colectivo por la Paz Xalapa, quien pidió que, así como fabricaron
delitos y fabricaron culpables, ahora ellos deberían ser encarcelados por
simular el proceso judicial contra los duartistas.

“Nos queda claro que es una muestra de que lo que hace
Winckler es pura simulación, él se dedicó a obedecer a Yunes para engañar al
Pueblo, pensando que con encarcelamientos de funcionarios ganarían la elección,
pero no les sirvió”.

Destacó que fue mayor el desprecio del pueblo que se negó a
mantenerlos en el gobierno, “y ahora lo que se percibe es que quienes deberían
ir a la cárcel son los que se encargaron de fabricar delitos graves (…) entre
ellos Winckler”.

La activista, no descartó que en lo sucesivo se denuncien
nuevos casos de delitos fabricados o de investigaciones que se basaron en
confesiones forzadas o que se lograron por tortura.

Comentó que en tanto no se remueva al Fiscal no se va a
avanzar en la impartición de Justicia, “yo creo que él no conoce la dignidad,
no se respeta ni a sí mismo, yo creo que está bien apadrinado para seguir en el
puesto, pero no merecemos a un Fiscal de esa índole”.

En el bienio de Yunes no se logró avanzar en la localización
de personas o la identificación de los restos, por lo que los Colectivos están
peor que antes.

Por su parte, Lucía de los Ángeles Díaz Genao, comentó que
ya se venía venir la salida de Luis Ángel Bravo, pues el caso se sostenía con
alfileres.

“Es escandalosa la ineptitud de los fiscales, ellos no
tienen que buscar a nadie más que a sí mismo, para culparse, porque es evidente
que son fallas de origen del caso, nosotros lo sabíamos”.

Comentó que los casos de la Fiscalía se sostienen en
declaraciones que no se obtienen por la vía legal, y es un tema que conocen los
Jueces, “y se veía venir (…) se continúa la tradición de impunidad, de manera
infinita”.

Las detenciones fueron solo mediáticas, de índole político
para mantener al PAN en la gubernatura, sin embargo, no obtuvieron el resultado
deseado, “pero trastocaron la justicia, la pervirtieron y personas que podrían
ser culpables hoy están en libertad”.

Pidió la salida de Winckler y que la Fiscalía recurra a los
mecanismos legales necesarios para que se garantice justicia a las familias de
desaparecidos.

El honorable cabildo del Ayuntamiento de Córdoba, llevó a cabo la Sexagésima Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo, en el Salón Central del Palacio Municipal, donde los ediles, síndico y alcaldesa de la ciudad debatieron solo un punto.

El punto del día comprendió la autorización que solicitaba el gobernador constitucional del Estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, para que sea autorizada la firma de contrato de comodato por parte de la alcaldesa, Leticia López Landero, y el síndico José Javier Medina Rahme, respecto del inmueble en el que se ubica la Aeropista de Córdoba.

El punto fue aprobado en su mayoría, luego de que se explicara y determinara que con este permiso, el aeródromo recibirá una primera inversión superior a los 10 millones de pesos, para poder arreglar los problemas que presenta y poder aplicar las adecuaciones necesarias.

Todo esto determinado en un listado que comprende 21 puntos y que será firmado por las autoridades municipales para poder transferirlo al Gobierno Estatal y se llegue al acuerdo total para que la ciudad reciba el beneficio y los cordobeses se puedan ver apoyados por una nueva fuente de ingresos.

Estudiantes antorchistas protestaron en el centro de esta
ciudad para denunciar que el programa de becas “Benito Juárez” está siendo
utilizado con fines políticos y electorales.

Los integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes
Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) hicieron una cadena humana en el parque
Benito Juárez, frente a Palacio Municipal.

En el lugar, Diana Aguilar Castillo, integrante de la Fnerrr
acusó que las becas sólo están siendo pagadas a los alumnos del nivel medio
superior.

Y es que el recurso económico no ha sido liberado para
beneficiar a los estudiantes de primaria y secundaria, en las distintas zonas
del estado.

A su juicio, dicha situación podría ser una estrategia del
actual gobierno federal para dar becas a jóvenes de preparatoria, rumbo a las
elecciones del año 2021, toda vez que en ese entonces serían mayores de edad y
podrían votar.

Los quejosos se sumaron a una marcha que se llevó a cabo en
la Ciudad de México, donde participaron más de 15 mil estudiantes.

El dirigente nacional ferrocarrilero, Víctor Félix Flores Morales, exigió al Gobierno que se brinde más seguridad al trabajador, pues los robos sobre las vías se mantienen.

Aunque el dirigente del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM) no entró en detalles, refirió que debido a esa situación se han tenido problemas y de ahí que se haga el llamado a que se busque alguna estrategia que permita dar la seguridad que requiere este sistema de transporte para evitar cualquier ilícito.

Indicó que debido a esos robos, la empresa es la única que afronta esas pérdidas, por ello están pidiendo más seguridad porque el Gobierno no les ha dado respuesta en este sentido.

En otro orden de ideas, fue cuestionado sobre la baja actividad que se registra con los maquinistas, y señaló que durante el mes pasado y el actual se ha tenido una baja en el traslado de la mercancía, lo que ha generado que no haya mucho trabajo, aunque esto es algo que pasa cada año en esta temporada.

El dirigente del STFRM se reunió en las instalaciones de la Sección 20 con trabajadores jubilados, a quienes se explicó la situación por la que pasa este gremio, ya que hay quienes no respetan la autonomía sindical.

En el distrito judicial de Orizaba hay peritos «todólogos», es decir que hacen de todo, son criminalistas, dactiloscopistas, caligrafistas, de parte, y de esos se desconoce si están certificados, señaló el presidente del Colegio de Abogados de Orizaba-Altas Montañas, Juan Oropeza Flores.

Dijo que en base al Sistema Penal Acusatorio, se exige la presencia de Peritos Especializados.

“En el estado se carece de peritos, la misma Dirección General de Servicios Periciales tiene carencia de peritos certificados como tal; con este Sistema Penal Acusatorio ya no pueden estar los peritos todólogos, debe haber peritos especializados en cada materia, cualquier perito que emita un dictamen va a ser interrogado y si no acredita lo que sabe, puede ser retirado o no contemplado dentro del proceso penal”.

Apuntó que en el caso de la Fiscalía Regional de Orizaba, se tiene el conocimiento de que existen alrededor de ocho peritos algunos en dactiloscopia, documentoscopia, tránsito terrestre, sin embargo se desconoce si están certificados.

“Aquí sí existen peritos, desconozco si están certificados, no podría decir que son los suficientes, pero habrá alguna especialidad que no existe en la ciudad y se tenga que mandar a Xalapa, pero yo insisto: los peritos no pueden ser todólogos, sino deben ser especialistas”.

Por ello, reconoció la necesidad de que exista un mayor número de peritos especializados con certificación, ya que el número existente actualmente, es insuficiente, además de que se desconoce si están certificados o no.

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, a través de su titular, el Ing. Sergio Rodríguez Cortés, se pronunció con respecto al caso del cocodrilo que murió asfixiado por estar ensartado con una llanta, en el municipio de Tuxpán, Veracruz y dijo que se abrirá un expediente con respecto al asunto, ya que la especie se encuentra en peligro de extinción de acuerdo a la norma 059 por parte de la SEMARNAT.

Rodríguez Cortés explicó que la apertura del expediente también se debe a que el cuerpo de agua donde se encontraba la especie (Crocodylus Moreletti), mejor conocido como El Estero, se encuentra contaminada y esta fue la causa principal que le provocó la muerte.

“A simple vista, por las fotografías que nos proporcionaron, se ve que la especie forcejeó varios días con este residuo de manejo especial y tiene varios daños”, mencionó el procurador Sergio Rodríguez, que a su vez añadió que el cocodrilo sufrió mucho.

Otro dato que mencionó el procurador fue que la especie no es endémica del lugar dónde se ubica, “por lo tanto presumimos que el ser humano lo soltó a este hábitat o por falta de alimento buscó acercarse al Estero”.

Para terminar, el Procurador determinó que se debe trabajar con las autoridades de Tuxpan y de haber responsables, sancionarlos con el objeto de que no se puede verter un residuo sólido de manejo especial (como una llanta) en un cuerpo de agua y, a su vez, proceder con la ley 876 de Protección a los Animales, ya que marca que se debe investigar la muerte de la especie cuando hay sufrimiento.

“En la PMA nos comprometemos a proteger los derechos de los animales y proceder con las leyes para que este tipo de situaciones no se repitan”, concluyó.