La Fiscalía General de la República (FGR) alista órdenes de aprehensión contra ex funcionarios duartistas que desviaron recursos federales y estatales destinados a la Universidad Veracruzanas (UV), confirmó el abogado general de la institución, Alberto Islas Reyes.

En entrevista, indicó que las denuncias que se presentaron
en 2016 y fueron atraídas por la FGR, son por más de 900
millones de pesos presuntamente desviados, pero que la cifra es mayor por las actualizaciones generadas durante los años
siguientes.

“Nos ha hecho saber el coordinador de fiscales
especializados en temas financieros que siguen integrando las carpetas, esperemos que van a hacer las consignaciones, van a
solicitar las imputaciones, las órdenes de aprehensión y la comunidad universitaria ha confiado en ellos y espera que eso se pueda concretar pronto”.

Explicó que como parte de la investigación, se llamaron a ex secretarios de Finanzas y ex tesoreros durante los últimos
dos años del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa al frente de Veracruz.

Debido a que no hay una sentencia definitiva de los
Tribunales de Justicia, el ayuntamiento de Xalapa impedirá que la empresa
Veolia ingrese al terreno donde se ubica el relleno sanitario El Tronconal y lo
administre, afirmó la directora Jurídica del Ayuntamiento Local, Andrea Ortiz
Rodríguez.

En la entrada del relleno sanitario se dieron cita
autoridades del ayuntamiento local, así como abogados y personal administrativo
de la empresa Veolia, estos últimos llevaban una orden del Tribunal de Justicia
Administrativa de Veracruz, para poder hacerse cargo del espacio.

Ahí la directora jurídica del ayuntamiento dijo “no se
entrega, en tanto no exista una sentencia que sea definitiva. Cuando decimos
que hay una sentencia definitiva es porque no existe ningún medio de
impugnación en contra de la misma, esa situación no la tenemos en este
momento”.

Refirió que una sentencia se puede hacer efectiva o en este
caso la empresa Veolia podría obligar al ayuntamiento a entregar el relleno
sanitario en el momento que ya no hay ningún medio de defensa, y se
confirma la certeza jurídica.

Ortiz Rodríguez reconoció que el ayuntamiento local no
cuenta con un documento expedido por una autoridad jurisdiccional que impida el
ingreso de la empresa Veolia al relleno sanitario, porque está en curso el
expediente 470/2019 del juzgado décimo octavo local.

En Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), al resolver el recurso de revisión IVAI-REV/1987/2018/III, ordenó a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) entregue y/o ponga a disposición versión pública, en su caso, de cuáles son los bienes asegurados, declarados en abandono y decomisados de enero de 2014 al 31 de mayo de 2018.

La Fiscalía deberá precisar bajo qué carpetas de investigación se encuentran; estatus; cantidad; descripción, señalando si se trata de muebles, inmuebles, dinero en efectivo o cuentas bancarias; fecha en que fueron asegurados, declarados en abandono y/o decomisados; valor económico y monto en el que se valúan; y si fueron incorporados al patrimonio del Estado.

En el caso de los recursos en efectivo, las cuentas en que se depositaron. Tratándose de cuentas bancarias, cuál fue el monto, a nombre de quién estaban, si se transfirieron a cuentas del estado y a cuáles. Asimismo, qué bienes asegurados, declarados en abandono y decomisados no fueron incorporados al patrimonio estatal, la razón y destino que tuvieron.

Para ello, deberá acreditar haber realizado los trámites internos necesarios, ya que el director de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la FGE adjuntó las respuestas del Abogado General y de la jefa del Departamento de Bienes Asegurados sin acreditar haber requerido a todas las áreas que pudieran pronunciarse al respecto. En el caso, no procede instar al director de Transparencia en virtud de que actualmente una persona diversa ocupa el cargo.

Los servidores públicos que respondieron manifestaron que la solicitud de información se refería a “bienes incautados por el Gobierno del Estado” y que la Fiscalía era un órgano autónomo que no dependía de este. El Abogado General refirió, además, que era reiterativa, lo cual causaba incertidumbre de lo que el ciudadano deseaba obtener, y que la Dirección General Jurídica carecía de facultades para dar respuesta y no contaba con lo requerido. La jefa del Departamento de Bienes Asegurados dijo que dentro de sus controles tenía bienes incautados ni recuperados y que en caso de que el peticionario aclarara su solicitud, sería atendida dentro de sus atribuciones.

Contrario a lo manifestado, los comisionados Yolli García Alvarez, José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez valoraron que lo pedido corresponde a información que la FGE genera y/o posee, es pública y está obligado a entregar; que en la solicitud se indicó de forma clara y precisa la información requerida con datos que hacían factible su búsqueda, sin que la literalidad sea un obstáculo para atenderla, ya que ello implicaría una negativa en el acceso a la información. Si el solicitante hizo referencia a “carpetas de investigación” y a “bienes incautados o recuperados”, debió considerarse que se trataba de bienes asegurados, en abandono o decomisados, focalizando el tema a las atribuciones de la Fiscalía.

En su respuesta, el sujeto obligado también orientó al peticionario a dirigir su solicitud a la Oficina del Gobernador del Estado de Veracruz y proporcionó un enlace electrónico en el manifestó podría encontrar información de su interés (www.veracruz.gob.mx/finanzas/bienesrecuperados/), sin embargo, al realizar una inspección al vínculo el IVAI advirtió que no contenía información alguna.

Por otro lado, si bien parte de la información pudiera estar en posesión la Oficina del Gobernador, otra podría tenerla la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado ya que, conforme al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, los bienes asegurados durante la investigación son administrados por una unidad de administración y enajenación de bienes asegurados adscrita a la Secretaría.

Asimismo, los comisionados determinaron que tratándose de información que forma parte de averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulten de una etapa de investigación, la Fiscalía debe –mediante su Comité de Transparencia– analizar y, en su caso, clasificar como reservada o confidencial la información que corresponda a alguno de los supuestos que señalan las leyes locales y/o generales y elaborar versión pública. Si parte de lo requerido se encuentra relacionada con violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad o actos de corrupción, no podrá clasificarse como reservada.

Finalmente, luego de una interpretación extensiva que exige el principio pro persona, el IVAI estableció que el sujeto obligado debe preparar versiones públicas de todas las carpetas de investigación, independientemente del estado procesal en que se encuentren, como lo exigen la ley general y local de transparencia, ya que lo previsto en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales –en cuanto a otorgar acceso a versiones públicas únicamente de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal y otros casos– no resulta compatible con el marco legal que protege el derecho de acceso a la información que, al haber sido expedido en fecha posterior, prevalece sobre las disposiciones que le sean total o parcialmente incompatibles, conforme a la tesis jurisprudencial número P./J. 32/98 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En la sesión pública de hoy se emitieron 73 sentencias, correspondientes a 71 recursos de revisión y 3 denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia; uno de los asuntos se recondujo para que en su lugar se integre expediente de recurso de revisión en materia de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

Jubilados y pensionados de la zona centro advierten que en caso de retirarles el subsidio del transporte público, llevarán a cabo acciones drásticas en contra de los concesionarios e incluso del Gobierno Estatal.

Julia Ramírez Aguilar, representante de los jubilados y pensionados del ISSSTE en la zona, dijo que “durante las últimas semanas a nosotros los usuarios de los autobuses ya no nos quieren respetar los descuentos, y constantemente los transportistas amenazan con retirar los subsidios porque ya no tienen ganancias, sin embargo nosotros como sector de la tercera edad vamos a defender este beneficio”.

En entrevista, refirió que son unos 3 mil 500 jubilados y pensionados de este instituto en la zona centro quienes en su mayoría hacen uso del transporte público en cualquiera de las modalidades, y que al igual que los estudiantes tienen necesidades y problemas económicos, por lo que requieren de los descuentos en el transporte.

“Otro problema que tenemos es la falta de rutas hacia la clínica del ISSSTE, por lo cual ya solicitamos la intervención del Gobierno Estatal a través de la Dirección General de Transporte Público”.

Los adultos mayores advierten que se unirán y no permitirán el retiro del descuento en las tarifas del transporte, por lo que esperan una respuesta del gobierno, y en que en algunos casos hay rutas que ya no les cobran las tarifas de 7 pesos correspondientes.

Tras tomar protesta este miércoles como senador por el Morena, Ernesto Pérez Astorga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), se reunió con sus homólogos senador Martí Batres y Ricardo Monreal.

“Ya estamos en funciones al cien por ciento para rendirle cuentas a los veracruzanos”, expresó al reconocer el trabajo llevado a cabo por el exsenador Ricardo Ahued.

Indicó que recibió una carpeta completa de las gestiones que se han realizado para darles continuidad. Aseveró que se vinculará de inmediato con los temas para generar agenda de trabajo. Uno de los más urgentes será trabajar para lograr la disminución de tarifas eléctricas en Veracruz, por lo que planea reunirse lo antes posible con el Director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Sobre el tema de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), indicó que a pesar de su desaparición el nuevo proyecto donde pasará el Tren Maya favorecerá a más municipios.

Enfatizó que no hay afectación para Veracruz por la desaparición de las ZEE, ya que el polígono era menor y había corrupción, derivado de la administración federal anterior, en comparación de los nuevos proyectos que se implementarán.

De varios disparos de arma fuego fue ejecutado el conductor del taxi CO-28, un Nissan March de la base Margaritas, en la comunidad San Matías Los Mangos.

El asesinato, uno más hacia los trabajadores del volante, originó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso, así como de elementos de la Policía Estatal y personal de la Fiscalía Regional de Justicia en turno y peritos en criminalística.

La ejecución del trabajador del volante se registró cerca de las 20:45 horas del miércoles, cuando circulaba en el camino hacia el campo de futbol, en donde fue interceptado por hombres armados que le dispararon en varias ocasiones.

A través de una llamada telefónica al número de emergencias 911, vecinos alertaron a las autoridades policiacas y a paramédicos de la Cruz Roja, quienes al llegar confirmaron que ya no tenía signos vitales.

Para acordar acciones y desarrollar obras de infraestructura vial que permitan mejorar la movilidad en diversas zonas de la ciudad y rescatar espacios públicos como parques y jardines, se instaló una mesa de trabajo entre autoridades del Gobierno Municipal y de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).

El presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero se reunió con el titular de la dependencia estatal, Elio Hernández Gutiérrez, a quien planteó una serie de proyectos a realizar este año con el apoyo del Gobierno del Estado.

Acudió la síndica única, Aurora Castillo Reyes; la directora de Obras Públicas, Sulekey Citlalli Hernández Garrido; el coordinador de asesores de Presidencia, Jorge Vilar Llorens y el subsecretario de Obras Públicas de la SIOP, José Luis Lee Requena.