En las diez delegaciones y subdelegaciones de la Fiscalía
General del Estado (FGE) donde se cuenta con Servicio Médico Forense (Semefo)
hay un registro de 975 cuerpos de personas sin identificar, y algunos de estos
departamentos “están en condiciones inoperantes, sin condiciones adecuadas para
tener los cuerpos”, informó el encargado del despacho de la dirección general
de Servicios Periciales, Héctor Ronzón García.

En conferencia de prensa comentó que al arribo de la
Encargada de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns
se pudieron percatar que los cuerpos a resguardo no tienen las disposición
adecuada.

“Son contados los que tienen las condiciones adecuadas tanto
para el trabajo como para las condiciones de los cuerpos…(SIC)… Lamentablemente
las situaciones en las que están resguardados no son las idóneas, para eso se
hacen trabajos para que se tengan los resguardos adecuados”.

Informó que se asignaron cámaras frías a fin de disminuir la
degradación de los cuerpos.

“Las cámaras frías
están asignadas para eso, la degradación que han tenido hasta ahorita si ha
sido considerable. Están ahí desde hace cuatro años” dijo.

Mencionó que estos cuerpos estaban bajo resguardo en la
Semefo pero no cumplen con los protocolos de investigación, que las autoridades
desde hace cuatro años debieron hacer.

“Porque no se les realizó en su momento los protocolos para
establecer, no intervino en su momento el equipo de investigación
multidisciplinario”, expuso Ronzón García.

Este día en las instalaciones de la FGE, Ronzón García
ofreció una conferencia de prensa para desmentir la quema de cuerpos humanos
que se encontraban al interior de la Semefo de Coatzacoalcos.

Refirió que el edificio que alberga la Semefo en
Coatzacoalcos está en un proceso de modernización, por lo que los cuerpos que
se localizaban ahí, fueron trasladados a Las Choapas.

“En ningún momento se hizo una disposición inadecuada de
tales restos y mucho menos la quema de los mismos como circuló erróneamente en
redes sociales y algunos medios de comunicación” afirmó.

Vecinos de la colonia Agua Santa 1 exigieron a las
autoridades estatales y municipales que habiliten la caseta de policía que se
encuentra en la zona.

Los quejosos denunciaron que en los últimos meses han
repuntado los robos a casa habitación y asaltos a mano armada.

De acuerdo con Jaime López Sánchez, un señor de unos 65
años, la caseta de vigilancia ha estado sin funcionar más de dos años.

En ese sentido, indicó que se requiere vigilancia las 24
horas del día por parte de policías estatales o municiones.

Recordó que hace dos años, los vecinos cooperaron para dar
mantenimiento a la caseta.

Después de eso, tres elementos de la Fuerza Civil arribaron
al lugar para evitar los atracos; sin embargo, después de tres meses, se
retiraron del lugar.

La mañana de este jueves se llevó a cabo una sesión solemne
en memoria del diputado Juan Carlos Molina Palacios, quien fue asesinado el
pasado sábado en el municipio de Medellín, Veracruz.

Durante la sesión, diputados de diversos partidos políticos
se pronunciaron por la muerte del diputado, quien fue privado de la vida el
pasado nueve de noviembre en el municipio de Medellín.

En la sesión estuvieron presentes familiares del diputado,
amigos quienes recibieron las condolencias de los legisladores presentes.

Tras los abusos sexuales contra mujeres registrados en los
municipios de Veracruz y Boca del Río, el secretario de Gobierno, Erick
Patrocinio Cisneros Burgos informó que se han detenido a 14 personas por
presunto abuso sexual, al tiempo que exigió a los dos ayuntamientos “Ponerse a
trabajar” porque apenas tienen 80 policías municipales para resguardar a 400
mil ciudadanos.

“Hemos detenido a 14 que están en proceso, por esos casos son
14 detenidos. Y quiero decirlo que no es una tarea sólo del gobierno estatal,
quiero decir que el gobierno municipal tiene que ponerse a trabajar” señaló.

Agregó que el puerto de Veracruz apenas tiene 80 policías
municipales para dar seguridad a 400 mil ciudadanos y en el municipio de Boca
del Río ocurre la misma situación.

“No es pidiendo, es poniéndose a trabajar” afirmó el
secretario de Gobierno.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado 239
casos de desaparición forzada en Veracruz, donde ha señalado la participación
de alguna autoridad en los hechos, de los cuales 139 si fueron acreditados como
violación a los derechos humanos.

El Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y
Fallecidas No Identificadas (SINPEF) de la CNDH documentó 544 de desaparición
en Veracruz, de los cuales el 44 % de los casos, es decir, 239 se presumió la
participación algún servidor público de los tres niveles de gobierno del 2011 a
la 2018.

Al tener conocimiento de un caso de desaparición de
personas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del SINPEF en
integración, realiza, en el ámbito de sus facultades legales y de acuerdo a su
esfera de competencia, diversas gestiones administrativas ante autoridades
federales y locales tendentes a colaborar en su búsqueda.

La información se toma de los expedientes de queja que
levanta la CNDH y detalla que son Veracruz con 94 expedientes, Xalapa con 43,
Tierra Blanca con 16, La Antigua con 20, Coatzacoalcos con 31 casos, Córdoba
con 35, Cosamalopaan con 14 casos y Orizaba con 17 casos, los municipios con
más expedientes abiertos.

En cuanto a las autoridades estatales referidas por los
quejosos están la instancia de procuración de justicia del estado de Veracruz y
la Secretaría de Seguridad Pública, con 15 y 109 señalamientos,
respectivamente, la Fuerza Civil del estado de Veracruz, en 7 ocasiones;
mientras que en el ámbito municipal se mencionaron a las policías de los
municipios de Acayucan, Acultzingo, Boca del Río, Coxquihui, Gutiérrez Zamora,
Papantla y Veracruz, así como a las Secretarías de Seguridad Pública de
Acuyacan, Córdoba y Tres Valles .

En Veracruz hay casos emblematicos de desaparición forzada
donde policías municipales fueron los perpetradores de la desaparición de
jóvenes, que en algunos casos fueron entregados a la delincuencia organizada.

Ese el caso de la desaparición de cinco jóvenes en Tierra
Blanca en 2016, los cuales fueron entregados a un grupo delictivo en la zona.

Entre las recomendaciones, tambien se encuentra la 14/2015
por desaparición forzada el 7 de enero del 2014 de tres personas, entre las
cuales uno era menor de edad, de parte de siete agentes de la Secretaría de
Seguridad Pública del estado de Veracruz.

Los testigos señalan que los agentes detuvieron a las
víctimas en la colonia 7 de noviembre en Xalapa, los subieron a sus vehículos
oficiales y se los llevaron, no siendo puestos a disposición de la autoridad
ministerial competente, ni se elaboró el parte informativo correspondiente,
además de ser los últimos en tener la custodia de las víctimas y no haber
acreditado que los hubieren puesto en libertad.

Dos de las víctimas fueron encontradas sin vida y una más se
encuentra desaparecida.

La recomendación 6VG/2017 señala que el 19 de marzo de 2016,
en el municipio de Papantla, tres jóvenes fueron privados de su libertad por
elementos de la Inspección de Policía Municipal. Los jovenes fueron entregados
al grupo delictivo de los zetas, al momento se desconoce su ubicación.

Apenas en octubre, la Comisión Estatal de Derechos Humanos
emitió la recomendación 24VG/2019 a la Secretaría de Seguridad Pública de
Veracruz. La CNDH informó que presentará una denuncia en la Fiscalía de
Veracruz contra 15 agentes del “Grupo Tajín” de la SSP-Veracruz, y en contra de
quienes resulten responsables por haber participado en la desaparición de los
policias en 2013.

El informe, reconoce que en la Fiscalía Especializada en
Personas Desaparecidas actuó durante cierto periodo de tiempo como cómplice de
la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, para encubrir y garantizar
impunidad a los perpetradores del delito de desaparición forzada de personas en
contra de la población civil en diversas ocasiones.

A la fecha se han obtenido 76 órdenes de aprehensión
dictadas por la autoridad judicial, de las cuales se han cumplimentado 68 y en
el mismo número de casos se les ha vinculado a proceso, logrando 10 sentencias
condenatorias por el delito de desaparición forzada de personas.

El respecto, la FGE-Ver, señaló que a través de un trabajo
de investigación exhaustivo en el que se recabaron decenas de testimonios de ex
elementos de Seguridad Pública, de víctimas sobrevivientes y testigos, del
análisis de al menos 124 expedientes relacionados con la desaparición de 202
personas; así como dictámenes técnicos e informes de la policía ministerial “se
documentó la existencia de una política ilegal y clandestina dedicada a
detener, torturar y desaparecer personas con supuestos vínculos con la
delincuencia organizada, a través del aparato organizado del poder a su
disposición”.

En el informe, la CNDH considera insuficientes los esfuerzos
que las autoridades en el de Veracruz realizaron para abatir y aclarar la
desaparición forzada de personas y la cometida por particulares durante el
periodo enero 2011 a diciembre de 2018, así como los delitos vinculados, que de
acuerdo a las estadísticas, se han acumulado y la mayor parte no se han
resuelto.

Señala que convergen otro problemas como violencia,
inseguridad, corrupción, impunidad y complicidad de algunas autoridades,
quienes con sus acciones u omisiones, permitieron que los perpetradores de
tales conductas actuaran deliberadamente y sin consecuencias, situación que
genera que los intentos por garantizar la procuración de la justicia estén de
antemano condenados a superar enormes obstáculos.

El Informe Especial sobre la situación de seguridad y
desaparición de personas en el Estado de Veracruz, pide a las autoridades de
los tres ámbitos de gobierno implementar acciones para erradicar tan
lamentables prácticas y realizar investigaciones exitosas para aprehender y
presentar ante la justicia a los responsables de tan aberrantes delitos en una
de las entidades federativas con más altos niveles de violencia en el país.

Según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas
Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), al 30 de abril de 2018, el estado de
Veracruz ocupe el lugar número catorce a nivel nacional en cuanto a personas
desaparecidas en su territorio, con 731 registros, de los cuales 207
corresponden al fuero federal y 524 al fuero común, cifra que contrasta con el
importante número de restos óseos encontrados hasta la fecha en fosas
clandestinas.

De los 207 casos del fuero federal señalados, 180 son del
género masculino y 27 del femenino; los municipios de esa entidad con mayor
incidencia en desapariciones de personas son: Veracruz (39), Xalapa (25),
Coatzacoalcos (21), Córdoba (14) y Poza Rica de Hidalgo (11), y en cuanto al
fuero común, de los 524 casos de personas desaparecidas en ese estado 388 son
hombres y 136 mujeres.

Los municipios con más casos de desaparición de personas
son: Xalapa (135), Veracruz (41), Córdoba (33), Poza Rica de Hidalgo (17) y
Orizaba (16).

Será hasta el próximo año cuando se nombre a la titular de
la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, antes se harán
adecuaciones de la ley, para permitir que personas no nacidas en Veracruz
puedan ocupar el cargo.

Para determinar las modificaciones se darán una reunión
entre colectivos de familiares de desaparecidos, diputados de la comisión
especial en el Congreso y el propio Gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Elizabeth Cervantes de la Cruz, presidente de la Comisión
Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas
en el Estado de Veracruz de la 65 Legislatura, consideró que la actual
encargada de despacho, Brenda Cerón, podría participar, pero lo más
recomendable es que se mantenga al margen del nuevo proceso.

“Se va a lanzar una nueva convocatoria en diciembre, se va a
tener una reunión con los colectivos porque me comentan que se quieren hacer
modificaciones respecto de los requisitos, uno de los principales es que entre
los requisitos nos piden que el titular sea de Veracruz, a veces eso se nos
complica un poco, entonces se busca modificar”.

Comentó que la revisión de los cambios de la ley será en
consenso con los colectivos, por lo que el tema se podrá revisar en breve,
para emitir la convocatoria a más tardar
en el mes de diciembre, e iniciar con el proceso administrativo para la
elección del titular.

Afirmó que a pesar de las quejas sobre la operación de la
comisión de búsqueda se ha dado avances en los trabajos de búsqueda de personas
no localizados; y adelantó que buscarán sensibilizar a los diputados de
oposición para incrementar el presupuesto de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Se solicitará al presidente municipal de Veracruz Puerto, Fernando Yunes Márquez que dé a conocer el protocolo de prevención en materia de seguridad que se sigue en su demarcación, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

En una breve entrevista, posterior a la Disculpa Pública que ofreció a pensionados y jubilados por las agresiones del 23 de diciembre de 2015, el mandatario señaló que se deberá incrementar también el número de policías municipales que tienen.

Lo anterior ante los 16 casos de agresiones sexuales en contra de mujeres que han ocurrido en la zona conurbada.

En ese sentido, aseveró que el Ayuntamiento está obligado a actuar en coordinación con al Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para atender el tema.

Por otra parte, cuestionado sobre el presunto robo de cuerpos en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Coatzacoalcos, aseveró que no sabía de la situación, pero instó a interponer una denuncia.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez rechazó de manera
tajante que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, gane más que él y
acusó a los medios de comunicación de mentir en este tema.

Esto a pesar de que se informó con documentos de
transparencia que su subordinado tiene un salario superior a los 76 mil pesos,
mientras que él gana 56 mil pesos mensuales.

Entrevistado luego de la disculpa pública que dio a
jubilados y pensionados agredidos en 2015 durante el Gobierno de Javier Duarte
de Ochoa, indicó que son mentiras.

“No, eso es falso. Es una mentira, ya no le den vuelo a las
mentiras”, contestó luego de que se le persiguió por los pasillos de Palacio
porque había negado a detenerse en varias ocasiones para dar una entrevista.