Fue presuntamente privado de su libertad el director de
Obras Públicas de Sayula de Alemán, Noe Rufino Donaciano, la noche de ayer miércoles.
Autoridades confirmaron el hecho e iniciaron investigación,
sin especificar detalles al respecto.
Se espera que en las próximas horas la Fiscalía del estado
informe respecto al presunto rapto del funcionario municipal.
Diputados locales reprocharon al titular de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública, Elio Hernández Gutiérrez, la asignación
directas de obras a empresas de estados como Guanajuato, Puebla, Querétaro,
Hidalgo, Jalisco y Estado de México, dejando de lado a las locales; así como la
asignación de contratos a firmas que reportan domicilios fiscales de casas
habitación, lo que hace presumir que son fantasmas.
Durante la comparecencia de los resultados del primer año de
trabajo de la administración estatal, fueron preguntas constantes la forma de
asignar las obras, el poco recursos invertido, lo que representan un
subejercicio, incluso, el regalo que le enviaron Hernández Gutiérrez, y que
regresó.
Los diputados, incluidos de Morena, pidieron realizar obras
y acciones en sus distritos, pues muchos fueron marginados del programa de
obras de este año, a lo que el funcionario respondió que le den más dinero para
poder apoyar a más demarcaciones.
La priista Erika Ayala Ríos, cuestionó porque el 40 por
ciento de las obras programas para este año se concentra en cinco municipios
administrados por Morena entre ellos Agua Dulce, Moloacan, Xalapa, Poza Rica y
Emiliano Zapata.
“Mi preocupación radica en que se está dejando fuera a
municipios que son de los más empobrecidos y marginados de nuestro Estado, y
que no encuentro en los reportes nada que me haga pensar lo contrario, que es
el caso de Ilamatlán, Chiconamel, Chumatlán, Mecatlán, Xoxocotla, Astacinga,
Aquila, Tlalchichilco y Uxpanapa”.
Además, existe la queja de constructores locales que no hay
piso parejo para el apoyo de empresas estatales, “han hecho llamados públicos
al Gobernador (representantes) de CMIC, Coparmex y Canacintra, por esta
afectación”.
La SIOP es una dependencia obligada a generar un círculo
virtuoso, pues para que haya más presupuesto se necesita una mayor recaudación,
en ese sentido, se hace necesario dar obra pública a los locales, para que
tributen ante la hacienda estatal, eso generaría los ingresos necesarios para
dar más financiamiento a las dependencias estatales.
Por su parte, el diputado local Gonzalo Guízar Valladares,
pidió al funcionario dar prioridad a empresas locales, que están sufriendo los
estragos de la falta de reactivación económica, incluso, son extorsionados por
el cobro de piso de grupos delincuenciales.
“No hay empleo, los está extorsionado la delincuencia
organizada, están cerrando empresas constructoras, hay un doble juego, pago de
impuestos, al gobierno por su actividad económica, y por otro lado el pago de
piso.
“Los empresarios están pidiendo que se les den juego en las
asignaciones directas, entonces -se me hace un acto de cinismo- decirle a la
sociedad y los empresarios: en esta asignación no vas tú, pero va un poblano,
lastima por el clima que vivimos los veracruzanos”.
Se observó que el 60 por ciento de las obras municipales se
asignaron de manera directa, y que algunas de las empresas contratadas
despachas desde bodegas de Correos de México o en casas particulares, lo que
hacer presumir una irregularidad.
“Por ejemplo Grupo Constructor Tamasa está instalado en una
bodega; se le asignó 25 millones de pesos, su dirección es Mérida 928, Colonia,
Progreso Macultepetl, Xalapa, Veracruz; tengo varias.
“Por ejemplo Construcciones Macom, mantenimiento camino
Crucero, Puente Anáhuac, 15 millones de pesos, con domicilio Fiscal en Ignacio
Allende en Ciudad Madero, es decir, tan solo por la imagen nos podemos dar
cuenta si es una empresas debidamente instalada, sin prejuicio alguno”,
planteó.
El legislador comentó que no se puede decir diferentes a los
que se fueron, si siguen haciendo lo mismo y con menos eficiencia, “todos
llegamos por el efecto de Andrés Manuel (…) pero si nos toca dar resultado de
transparencia y honestidad al pueblo”.
En la sesión de presuntas se denunció un padrón claro para
entregar la obra a unos cuantos, pues se han asignado 120 millones de pesos, de
esos se declararon desiertas licitaciones públicas por 80 millones, y el resto,
40 millones de pesos, se asignarían por invitación a tres empresas, pero
tampoco se asignaron, “es una norma de conducta”.
La panista María Graciela Hernández Iñiguez reclamó que a
Misantla, municipio administrado por su papá Othón Hernández Candanedo, no recibió
ni una sola obra, a pesar de que presentó un proyecto, pero la SIOP determinó
declarar desierta la licitación y no se asignaron los recursos que se suman al
subejercicio de la dependencia estatal.
Se le cuestionó si hay veto a los alcaldes o diputados
locales, pues cuando van de visita a la Siop no se les atiende, pero descartó
el hecho al afirmar que se realiza obra en 81 municipios, sin importar su
filiación partidista.
Familiares de 16 personas desaparecidas en Ixtaczoquitlán,
marcharon desde la entrada a la localidad a la Presidencia Municipal, que
encabeza Miguel Ángel Castellán Crivelli (PAN-PRD), para exigir la presentación
con vida de sus familiares, y la sanción a los responsables de su ausencia.
Todos los desaparecidos estuvieron antes en la Comandancia
Municipal por “faltas administrativas”, y al salir fueron abordados por
desconocidos y desaparecidos.
La marcha comenzó alrededor de las 12:00 horas, y entre los
asistentes, destaca la presencia de familiares de siete personas –seis hombres
y una mujer-, que se dedicaban a la venta de ropa americana, y que
desaparecieron el 27 de octubre. También, estaba entre ellos, parientes de
otros tres jóvenes que fueron desaparecidos el 08 de octubre. Así como otros
seis más, que también estuvieron en manos de policías municipales, antes de que
se desconociera su paradero.
“Todo ellos estuvieron en manos de la Policía Municipal
antes de ser desaparecidos, los detenían supuestamente por “faltas
administrativas”, los llevaban a la comandancia municipal, ellos pagaban su
multa, y al salir de la cárcel, como por arte de magia, ya no volvieron a
aparecer”, denunció Ana Lilia Jiménez Sandoval, integrante del colectivo de
Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba que acompañó la marcha.
En los bajos del Palacio Municipal, los familiares fueron
atendidos por el Secretario del Ayuntamiento, Francisco Vázquez Portilla, quien
se comunicó vía telefónica con el Presidente Municipal, Miguel Ángel Castelán
Crivelli, mismo que se comprometió en recibirlos y a las 17:00 horas, debido a
que se encontraba en la capital del estado, atendiendo una diligencia.
Lo que provocó el enojo de las familias es que minutos
después de la llamada, se percataron de que el alcalde no estaba en Xalapa,
sino en el interior del Palacio Municipal. Y en un descuido de los
manifestantes, escoltado por una patrulla, salió “huyendo” por una puerta
lateral del Palacio Municipal.
“No tienen voluntad para darle la cara a las familias, vemos
que cuando matan a un diputado, entonces sí hacen un despliegue, ruedas de
prensa, y dan con los supuestos culpables, si es el hijo de un empresario o de
un político hay acciones muy rápidas, pero si es una persona común y corriente
de la sociedad, se nos dejan aun lado”.
Ante la incapacidad de las autoridades municipales para
atender la exigencia, Aracely Salcedo Jiménez, también integrante del colectivo
de Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, pidió la presencia del gobernador
Cuitláhuac García Jiménez.
“No nos vamos a quitar de aquí hasta que el gobernador venga
personalmente, no queremos intermediarios porque no resuelven nada”, exigió.
Tanto Aracely Salcedo como Ana Lilia Jiménez criticaron la
postura del Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisnero Burgos y la
encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica
Hernández Giadáns, que se empeñan en decir que la inseguridad va a la baja.
“¡Ya basta de las burlas del secretario Eric Cisneros, que
dice que la inseguridad va a la baja, cuando siguen matando personas. Basta de
que la encargada de FGE, Verónica Hernández, diga que tienen éxito porque
libera secuestrados, cuando nos cancelan las búsquedas de desaparecidos, o
proporcionan coordinadas diferentes al momento de realizar la búsqueda”.
También reprocharon la actuación de la titular de la
Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), Brenda Cerón Chagoya, quien se ha negado a
desarrollar diligencias de búsqueda previamente programadas, al al grado de
decir que “son algo irrelevante, pura pérdida de tiempo”.
«Imagínense cómo se sienten las familias con una
respuesta de esa magnitud, creo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, y la titular de la Comisión de Víctimas,
Lorena Mendoza Sánchez, y no están… A dónde están o a dónde está la
Comisionada de Búsqueda, porque no le ha dado la cara a los familiares»,
afirmó.
El coordinador del grupo legislativo de Morena,
Juan Javier Gómez Cazarín, anunció que se impugnará el resolutivo de la
Comisión de Justicia tras la expulsión de tres de sus legisladores.
Al respecto, dijo que sus homólogos acudirán
ante las instancias correspondientes para hacer valer sus derechos políticos y
de representantes populares, pues no están de acuerdo con el fallo.
Dijo que como representantespopulares el
ejercicio de los diputados no está dictado por el partido.
En ese sentido, subrayó que esta situación en
nada cambia el trabajo que estarán realizando al interior de la fracción en la
LXV Legislatura.
“Soy respetuoso de la decisión de Comisión de
Honor y Justicia, para nada, lo único que puedo decir, yo no veo mano negra,
hubo algún descuido de parte de nosotros propiamente en el caso, pero sabemos
que tiene una solución.
Hay que recordar que la Comisión resolvió quitar
del padrón nacional de afiliados y del grupo legislativo a los diputados
Jessica Ramírez Cisneros, José Magdaleno Rosales Torres y Augusto Nahúm Álvarez
Pellico.
Lo anterior por ir en contra del Movimiento de
Regeneración Nacional, al intentar formar su bancada en Congreso local y
también por calumniar públicamente al instituto y otros militantes, tal es el
caso del propio Gómez Cazarín.
El consejero presidente del
Organismo Público Local Electoral (OPLE), José Alejandro Bonilla Bonilla
solicitó a los representantes de los partidos que intercedan ante los diputados
locales de sus partidos para evitar la reducción de 194 millones de pesos que
pretende la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), aplicarle al
Organismo.
Al respecto, recordó que uno
de los rubros donde se busca hacer recortes, esto es, de 22 millones de pesos
en prerrogativas, significa que no habría un solo centavo para apoyar a los
representantes de los partidos y a las asociaciones políticas estatales.
En el caso de los 171
millones directamente recortados al OPLE, sentenció que «nos pega en el
incio del proceso electoral. Más allá de hablar de austeridad es un exceso esta
reducción. No tiene la más elemental lógica que nos den menos que 2019, solo
habría dinero para nómina y servicios básicos, dejando de lado las actividades
que el código electoral nos mandata».
Por ello, Bonilla hizo un
llamado a los partidos políticos «a que ustedes consideren la posibilidad
de hablar con sus diputados en el Congreso del Estado para la autorización de
las partidas adecuadas».
Señaló que se les está
avisando los representantes a tiempo de lo que puede ocurrir si no se detiene
el recorte y pidió acercarse igualmente a los presidentes de los partidos para
el mismo fin.
«Está en sus manos
poder ayudarnos; no queremos un presupuesto que ahorque al organismo (…) está
en sus manos defender sus propios recursos», acotó.
Como parte de los ejercicios
que fomentan una cultura democrática el Instituto Nacional Electoral (INE)
realizará el Parlamento de las Niñas y los Niños de México en su edición número
11, en la que se contará con la participación de 20 pequeños que representarán
los distritos electorales que integran en el estado de Veracruz.
Asdrubal Rafael Guillen Lugo
quien es Vocal de capacitación electoral de la junta local ejecutiva informó
que el plazo para el registro se ha extendido hasta el 9 de diciembre para que
de manera interna los chicos y chicas de quinto año de primaria (o su
equivalente en alguna otra modalidad educativa) realicen sus ejercicios
democráticos internos para después repetirlos a nivel distrital.
«Ellos deben presentar
ante sus compañeritos un fragmentode entre dos y cinco minutos que puede ser
una especie de cuento o escrito donde ellosdescriban alguna situación cotidiana
de las que están contempladas en la convocatoriay debe ser de manera oral,
también destacar que no es un concurso de oratoria, simplemente es una charla
entre iguales».
Recalcó que este ejercicio
es parte de los que se ejecutan con la intención de sentar las bases para crear
ciudadanos responsables, informados y proactivos.
El Congreso del Estado dará seguimiento a las observaciones que se han realizado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) a través de su titular, María Candelaria Ochoa Ávalos en su reciente visita a Veracruz, donde dijo se tenía pendiente la acción sobre la legislación de la interrupción legal del embarazo en la legislatura local.
El diputado presidente la Mesa Directiva del Congreso, Rubén Ríos Uribe, señaló que se es respetuoso de la libertad de culto, pero no se tiene miedo a ningún grupo religioso, por lo que una vez que se concluya con las comparecencias se podría revisar esta tema.
Sin embargo, manifestó que existe el compromiso de escuchar todas las voces, pero dejó en claro que la Legislatura no hace leyes para beneficiar a un determinado grupo, sino en bienestar de las y los veracruzanos.
“Creo que en un consenso se hará lo que diga la mayoría, la democracia es clara y mientras sea mayoría y democrática, y nos guste o no, se tiene que acatar lo que diga las mayoría”.
Ríos Uribe señaló que deberán ser las comisiones respectivas las que tendrán que hacer su trabajo en esta materia de la observación por Alerta de Género por Agravio Comparado, pero no descartó la realización de foros para analizar las opiniones a favor y en contra.
El dirigente estatal Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín
Rosendo Guzmán Avilés, informó que impugnaron la multa de 23 millones de pesos
que le fue impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntas
irregularidades en el manejo de los recursos.
Señaló que el recurso fue interpuesto en el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que consideran que el
INE no debió multarlos porque quisieron aplicar reglamentos que no se tenían.
«La impugnamos porque el recurso que se está señalando
se estaban entregando a los comités y ellos dicen que eran personas diferentes,
pero son a los mismos comités municipales y tenemos que buscar la manera para
comprobar adecuadamente este recurso».
Indicó que tienen 30 días para poder solventar está
irregularidad y confían en que puedan hacerlo porque insistió en que el recurso
se entregó a los tesorería de los comités municipales.
El diputado local José Manuel Pozos Castro, se dijo
respetuoso del actuar de la Comisión de Honor y Justicia del Comité Nacional de
Morena, que determinó borrar del padrón a los diputados José Magdaleno Rosales,
Augusto Nahúm Álvarez y Jesica Ramírez Cisneros.
“Es una acción que tendrá que reflexionarse, yo desconozco
el expedientes por el que fueron expulsados, pero hay que ver qué acciones van
a tomar ellos”, planteó el ex presidente de la Mesa Directiva.
Dentro de los partidos políticos se deben respetar los
estatutos y lineamientos, recomendó a sus compañeros al tiempo que reiteró que
es válida la autocrítica de la militancia, “(la expulsión) esa es una decisión
el Comité Nacional”.
Evadió responder si la expulsión le pega a la bancada, pero
consideró que se tendrá que dialogar con los tres legisladores, pues
representan votos importantes para Morena.