El gobierno federal está haciendo su “vaquita” al obligar al subejercicio en Estados gobernados por Morena, para luego usar el dinero de manera discrecional, denunció el panista Bingen Rementería Molina.

El legislador planteó que al menos en Veracruz las dependencias aplicaron como una regla general la no aplicación de los fondos públicos, lo que tarde o temprano los obligará a regresar el dinero a la tesorería federal.

Es por eso que -consideró- es un “plan con maña” del gobierno de Morena generar el no ejercicio de los fondos, para luego obligar a la presidencia a disponer del dinero sin el control o contrapeso del Congreso.

A pesar de que tendrá que ser fiscalizado, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo podrá destinar a cualquier rubro, incluso, programas populistas o electoreros, que no se pueden medir.

“Yo creo que ya no es un tema de ineficiencia, yo creo que ya es un tema de estrategia donde se les está pidiendo desde la propia federación no acabarse el recurso, para que regrese a la federación, yo creo que es plan con maña, es un ejercicio de todas las dependencias”.

Reconoció que si hay fondos que si se pueden ejercer el año próximo, siempre y cuando se contrate antes del 31 de diciembre, pero eso tendría que ser la excepción y no la regla, como ocurre en este momento.

No son carteles los que operan en la ciudad de Xalapa, sino
bandas delincuenciales, asevero el titular de la Secretaría de Gobierno, Eric
Patrocinio Cisneros Burgos, quién contradijo lo dicho el viernes por el de
Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado.

Entrevistado previo a la entrega de premios de de literatura
infantil, el funcionario estatal rechazó lo dicho por el encargado de la
seguridad estatal así como por el alcalde Hipólito Rodriguez Herrero, en el
sentido de que en Xalapa operan dos carteles disputándose la plaza, Los Zetas y
Jalisco Nueva Generación.

El funcionario estatal manifestó «lamentó mucho las
declaraciones que dio el alcalde de Xalapa, no se que datos tenga él que
nosotros no tenemos. No es así, no son grupos delincuenciales son bandas de
personas que se han dedicado a una cosa u otra».

Cuestionado sobre la contradicción con Hugo Gutiérrez
Maldonado afirmó que se reúnen todos los días y hablan constantemente, pero
insistió que no es asi, es decir no hay presencia de carteles.

Aprovechó para presumir que en la conferencia de prensa de
hoy del presidente de la República, el secretario de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana, destacó que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y él
son los que más asisten a reuniones de seguridad.

«Son bandas, no es lo mismo una banda que un cartel un grupo
organizado nacional» respondió.

Los municipios de Xalapa, Veracruz, Coatepec y Poza Rica
concentran el mayor número de denuncias por violencia física y psicológica
contra menores de edad.

La Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes de Veracruz (Sipinna), María del Pilar Paz
Villafuerte, explicó que en lo que va del año se han presentado 188 denuncias,
de esas 87 son de maltrato infantil.

De las 188 denuncias, en Xalapa se reportaron 51; en
Veracruz 25; en Coatepec 10, y tras ello, otros municipios de la entidad,
“tenemos reportados 21 casos en la edad de ocho años, se ahí se derivan los de
seis años y de ahí nueve años, la mayoría son pequeños”, dijo.

El maltrato infantil radica en medidas disciplinarias
violentas, “cuando se llega a un uso de la fuerza fuerte, que lastima
psicológicamente y físicamente (…) el reporte que tenemos es casi siempre la
madre, a veces la madre está sola, sale a trabajar y cuando sale a trabajar en
las tardes los deja solos (a los hijos), y los vecinos, que es la mayoría de
quienes hacen las denuncias, escuchan el llanto.

“El tipo de delito puede ser encadenamiento, con cables, los
dejan amarrados, a veces los muerden, los dejan sin comer, es muy abundante
este tipo de maltrato, abarca muchas acciones”, concluyó.

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez aclaró el organismo no tienen competencia para determinar si una persona sujeta a un proceso penal es o no responsable del delito que se le imputa y advirtió que no puede pronunciarse al respecto, pues no es competente.

Esto, luego de la recomendación que se emitió a la Fiscalía General del Estado por agravios en los derecho humanos del ex fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras.

En entrevista, Namiko Matzumoto sostuvo que se analiza si las autoridades administrativas violaron o no los derechos humanos, en tanto, la determinación de si una persona es culpable o no de un delito es un juez y nadie más.

“Efectivamente, el 21 de noviembre notificó a la FGE la recomendación 68/2019 por hechos que se logró acreditar que constituyeron violaciones a derechos humanos, respecto del señor Luis Ángel Bravo, a una protección judicial y libertad personal”, al ejecutar una orden de aprehensión en su contra, a pesar de contar con una suspensión de un juez federal.

Se acreditó, dijo, una vez solicitados los informes que dicha suspensión provisional había sido otorgada a Luis Ángel Bravo y no se había respetado por elementos de la Policía Ministerial, lo que vulnera su derecho a la protección judicial y a su libertad personal.

Sin embargo, insistió en que esta recomendación emitida a la FGE no determina si el ex funcionario es responsable de los delitos que le imputa la fiscalía, eso solo lo determina un juez.

“La Comisión Estatal de Derechos Humanos es un organismo que tiene encomendado por la Constitución y la ley, determinar si acciones u omisiones de autoridades violan derechos humanos, eso lo hacemos a través de una recomendación y eso lo seguiremos haciendo respecto de cualquier persona. No puede dejar de conocer de los hecho o violaciones a derechos humanos por un juicio social en contra de una persona”, finalizó.

El congreso de Veracruz también se sumará a laley que
prohíbe el castigo corporal mejor conocida como “Ley chanclazo”.

La diputada Cristina Alarcón quien explicó que en la
entidadsu iniciativa es más amplia y se denominó Ley contra las correcciones
violentas a menores.

Su propuesta dijo que incluye la sanción a la violencia
psicológica o el castillo humillante se presenta de diversas maneras, como la
discriminación y la ridiculización.

“Que además de la violencia física o psicológica también
abarca cualquier otra forma de violencia, la emocional, económica y que además
prevé un castigo como tal, sino también los de reprimendas correcciones
disciplinarias que se hagan en forma violenta cruel y degradante causando a la
niñez dolor, zozobra, denigración o humillación que atenten contra su
integridad este concepto se engloba todas estas formas se denomina en el
proyecto como correcciones disciplinarias violentas”

Cabe recordar que el senado aprobó que por Ley queda
prohibido castigar corporalmente a los menores de edad con el que los
cinturonazos, chanclazos, pellizcos, coscorrones y todas las formas físicas.

En la Ley que se propone en Veracruz quienes incumplan con
lo establecido, serían sancionados como violencia familiar.

“También consideramos necesario actualizar el concepto de
violencia familiar para incluir en esta las correcciones disciplinarias
violentas” concluyó.

Por órdenes de Jorge Winckler se cometieron violaciones a
los derechos humanos del Luis Ángel Bravo Contreras, ambos ex titulares de la
Fiscalía General del Estado.

Los hechos ocurrieron en junio de 2018 cuando Bravo
Contreras fue detenido en la Ciudad de México.

Al respecto, el abogado refirió que, con la determinación
que emitió Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se respalda que su caso
legal transcurrió con irregularidades.

“La detención había sido un ardid simulatorio para acreditar
no sé qué cosas, lo cierto es que con esto que hoy se da a conocer a la opinión
pública (a través de la CEDH), la recomendación en torno al hecho de mi
detención el 17 de junio de 2018 se comprueba que fui privado ilegalmente de la
libertad”.

En ese sentido, abundó que, “Gamaliel Hernández Sánchez fue
el policía que ejecutó la orden de aprehensión junto con otros elementos que
llevaba a su mando, con la orden que le dio Luis Eduardo Coronel Gamboa y Jorge
Winckler Ortiz y se habla también de que Marcos Even Torres Zamudio fue algo
excesivo, arbitrario, ilegal, inconstitucional y hasta delictuoso”.

Por lo anterior, enfatizó que, continuará pugnando porque se
ejerza la justicia hasta que quede claro que ha sido una víctima de los abusos
del poder.

“No voy a dejar de pelear por mi honor, el honor de mi
familia, por demostrar mi inocencia y de todo lo que expresé desde el principio
de este tortuoso asunto, nunca he mentido, todo ha sido verdad y la prueba la
están validando las instituciones como es la Comisión Estatal de Derechos Humanos”.

El exfiscal, aseveró que, de acuerdo con la CEDH ahora
corresponde que el inicio de investigaciones en contra de los exservidores
públicos involucrados en los hechos.

“La Comisión determina iniciar la investigación en contra de
los exfuncionarios y las consecuencias que apareje su ilícito actual, al margen
de ello, finalmente valida que se violó mi derecho humano a la libertad
personal y al de seguridad jurídica que es algo que siempre he estado
reclamando”.

A través de un comunicado la Fiscalía General del Estado
informó que don Ramón «N” quién fue
vinculado a proceso por su presunta participación en el asesinato de un sujeto
le fue otorgada prisión domiciliaria.

A continuación el comunicado:

«La Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía
Regional Zona Centro Córdoba, obtuvo la vinculación a proceso en contra de
Ramón “N” por el delito de homicidio en riña.

Originalmente, la Fiscalía había aportado los datos de
prueba para solicitar su vinculación por el delito de homicidio, y durante la
audiencia el Juez de Control resolvió variar el delito por el de homicidio en
riña.

Se fijó como plazo de investigación complementaria un
periodo de 3 meses, mientras que en la medida cautelar también se aprobó una
variación, y se resolvió otorgar la prisión domiciliaria por motivo de la
excepción prevista por el numeral 166 del Código Nacional de Procedimientos
Penales».

El representante de la Auditoria Superior de la Federación,
Emilio Barriga Delgado, dio a conocer que a partir de 2020, el 100 por ciento del ISR se destinará para
los municipios del estado de Veracruz.

«A partir del primer de enero de 2020, el 100 por
ciento del Impuesto Sobre la Renta que se pague por la enajenación de bienes se va a quedar en el estado y no se va
a compartir con el gobierno federal».

En este sentido, dijo que «por lo menos el 20 por
ciento del ISR que ya se se queda en el gobierno del estado se va a compartir
con los municipios»

«Va a haber recursos frescos para el estado y son
recursos de libre disposición».

Un total de 80 policías municipales de Perote se fueron a paro de labores, luego de que la administración del Juan Francisco Hervert Prado les depositara apenas 2 mil pesos por concepto de aguinaldo, cuando en años anteriores recibían hasta 7 mil pesos.

Uno de los inconformes, quien prefirió el anonimato por temor a represalias, reveló vía telefónica que a personal de otras áreas les deposito su quincena y dos más por concepto de aguinaldo y a los elementos de la Policía Municipal solo 2 mil pesos, sin darles mayor explicación.

“Cuando menos nos hubiera dicho porque nos depositan esta cantidad. El (alcalde) no se encuentra, dicen que está en Xalapa, estamos haciendo un paro laboral, ya subimos las unidades al parque hasta que llegue él y nos resuelva algo”.

Destacó que el salario de los policías municipales es de 3 mil 500 pesos quincenales, por lo que ni siquiera es una quincena.

Los policías se mantendrán en paro hasta que el presidente municipal de Perote les ofrezca una solución y sobre todo una explicación.

“No hay vigilancia, por nuestra parte, lo que vamos a hacer es que cuando soliciten un apoyo iremos, para no dejar a la ciudadanía sin apoyo, pero aquí vamos a permanecer”, finalizó.

Alcaldes y alcaldesas cuentan con el respaldo de Gobierno
del Estado para hacer frente a los pagos de fin de año a sus trabajadores
reiteró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Refirió que esta acción corresponde a los ajustes
financieros en las municipalidades.

“No es fácil cerrar el año, hay una reducción de algunas
fuentes de ingreso que se tenían planeadas, al cerrar el año hay que valorar si
llegaron los ingresos o no y ajustar, los ajustes se dan y este año no es la
excepción, hay un ajuste para los municipios este año”.

El titular del Poder Ejecutivo aseveró que, el cumplimiento
del pago de nóminas es una prioridad, “vamos a irlo solventando, vamos a apoyarlos”.

En ese sentido resaltó la importancia de este flujo
económico para el Estado, “el Estado seguirá en la misma política del uso
eficiente de los recursos, a través de una estrategia local, de cómo levantar
la economía local, por medio de obra pública, sin importar de que partidos
sean, así vamos a ir el próximo año”.

Por lo anterior, llamó a los ediles acercarse y trabajar en
la misma dinámica para combatir la corrupción.

“Hagamos una cruzada contra la corrupción (…) tenemos que
apoyarla. Esto no significa que vamos a hacer politiquería partidista con estas
acciones, el presidente no pretende esto, mucho menos un servidor, por eso
existen estos organismos autónomos (el ORFIS)”.

García Jiménez, enfatizó que, sin colores partidistas se
trabajará por el bienestar de Veracruz, “estamos en línea, así lo he observado.
Queremos que las cosas se hagan bien, sean transparente y vamos a tener
resultados en este combate contra la corrupción”.