El embajador de México en Uruguay, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, ocultó 1.2 millones de dólares en una cuenta de la Banca Privada d’Andorra (BPA), informó el diario El País.
Arroyo Vieyra, quien está afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y fuera presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados entre 2012 y 2013, cobró el dinero de un trabajo que realizó con el despacho de abogados Salinas Arrambide y Asociados.
De acuerdo con la investigación del diario español, los documentos de la BPA –que fue intervenida en 2015 tras una denuncia de Estados Unidos sobre el uso de la institución por parte de cárteles de droga mexicanos y de compañías como la brasileña Odebrecht para blanquear capitales–, señalan que la operación está registrada con el nombre “Solicitud de apertura de Cuentas de PEP”, es decir, personas políticamente expuestas, término utilizado por los bancos para referirse a clientes con cargos públicos.
En el documento se detalla que el despacho dirigido por Pedro Raymundo Salinas Arrambide, tenía «pendiente un cobro correspondiente a su actividad de unos 3 millones de dólares”.
Al respecto, la entidad bancaria precisó que el cobro pretendía hacerlo en dos transferencias a dos cuentas: una a nombre del propio Salinas Arrambide, por el importe de 1.8 millones de dólares y otra para Francisco Agustín Arroyo Vieyra, por el monto de 1.2 millones de dólares.
“Según el señor Salinas, el señor Arroyo es un asociado del bufete, si bien no consta en el acta constitutiva. El problema es que el señor Arroyo es el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, si bien nos manifiesta que al margen de su actividad política tiene otras actividades empresariales, dos hoteles en Guanajuato y asociado al bufete mencionado”, detalla el expediente de la BPA al que tuvo acceso El País.
En la investigación del periódico, misma que fue realizada por José María Irujo, hace referencia a dos conversaciones telefónicas con Arroyo Vieyra, quien en primera instancia aseguró que era socio del despacho de Salinas Arrambide, lo cual fue negado por el abogado, y la segunda en la que mencionó que ambos trabajaron como asociados y litigaron en conjunto diversos casos.
“Hubo un contrato de asociación profesional. El origen del dinero es lícito, mis impuestos están pagados y mi conciencia tranquila”, explicó el diplomático, quien argumentó que “no puedo revelar los nombres de los clientes ni de qué se trata por secreto profesional”.
El embajador de México en Uruguay reconoció a El País que un promotor de la BPA “nos embaucó en este asunto. Era lícito, pero fue un error. No lo volvería a hacer, se lo aseguro”.
