“Fue el Estado”. El letrero quedaba colocado en alguna esquina del Zócalo hasta que el personal de limpia la borraba a punta de chorro de agua o barrido. Pero luego aparecía pintado en negro, sobre el Hemiciclo a Juárez o el suelo relumbrante de la Alameda Central. O se veía en pedazos de cartulina pisoteados que iban a dar a los amarillos botes de las empresas que levantan la basura en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Era la denuncia más indeleble en contra de las instituciones de Gobierno, así como de los partidos mayoritarios –PRI, PAN, PRD– quedel equipo de Aristegui Noticias reveló que el Jefe del Ejecutivo había adquirido una mansión en la exclusiva colonia Las Lomas de Chapultepec con un crédito con una tasa muy baja de uno de los contratistas del Gobierno.
La aceptación de la gestión de Peña Nieto descendió hasta 10 por ciento a principios de 2018 y se recuperó hasta 39 por ciento en los mejores meses.
A partir de entonces, la leyenda de “Fue el Estado”, aparece por aquí y por allá aunque la borren.
Crisis, descrédito, deficiente control para evitar la desigualdad social y vacío en el Estado de Derecho. Es la herencia que los especialistas académicos y observadores ven que dejará este Gobierno. No es que esta circunstancia haya nacido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero sí logró agudizarse.
Humberto Hernández Hadad, autor de “El Eslabón Perdido” sostiene que esta tragicomedia se inició en 1994, cuando el candidato del Partido Revolucionario Institucional fue asesinado. Según el ex cónsul, con ese evento se originó un trastorno muy profundo en la conducta social de México, una suerte de patrón antisocial que no se ha logrado revertir en dos décadas. En la Presidencia estaba Carlos Salinas de Gortari, el Mandatario más controvertido de la Historia de México.
Veintitres años después, si México es visto a través de sus instituciones, lo que se encuentra es un campo árido. Guillermina Paz Baena, especialista en hacer escenarios por la Universidad Nacional Autónoma de México, lo describe: “El sistema de salud ya colapsó con la quiebra del IMSS y el ISSSTE. La reforma en ese sector es imposible. La Educación ya tocó fondo. No hay un organismo que tenga la confianza de los ciudadanos para garantizar contiendas equitativas. No hay ningún órgano que persiga la corrupción. Nadie quiere ser transparente”.
Así es México mientras aguarda la elección de 2018, el más grande y costoso proceso electoral de la historia del país, con 3 mil 416 cargos por disputar y durante el cual, acaso, el electorado mexicano “toque fondo” para rescatar el déficit en la funcionalidad de las instituciones.
A nivel federal se elegirá Presidente de la República, las dos cámaras del Poder Legislativo y también 30 estados vivirán elecciones locales. Todo ello en una sola jornada y bajo la coordinación del INE y los organismos públicos locales.
Y el INE está reprobado en confianza, de acuerdo con las encuestas de Mitofsky, El Financiero y GEA-ISA. Su organismo antecesor, el Instituto Federal Electoral (IFE) llegó a ser una de las instituciones con mayor credibilidad del país. Pero hoy, el 42 por ciento cree que el INE no cumple su función, 45 por ciento desaprueba la labor realizada por los consejeros y sólo el 36 por ciento de los encuestados cree que ese organismo va a garantizar la imparcialidad en las próximas elecciones.
Para Camilo Saavedra, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, el INE es un nuevo órgano bajo una legislación muy diferente a la que tuvo en los noventa cuando logró su punto más alto de prestigio. Si antes sus sesiones eran esporádicas, hoy son dos veces por mes, lo que hace que su gestión esté más expuesta. Se trata de un nuevo organismo ante un país que también cambió.
En general, Eduardo Huchim May, especialista en el sistema electoral, sostiene que el sistema político mexicano está en agonía; pero se ha perdido la perspectiva de si esta crisis es origen o consecuencia de otras.
“Se gobierna siempre con miras en la próxima elección y se olvida el sentido del poder. La crisis institucional arroja varias crisis. Y es difícil escoger a una sobre la otra como más grave. Está la de la violencia que mata y desaparece, está la de la impunidad que despoja de confianza. Pero siempre está la de la pobreza, la de unos cuantos privilegiados sobre la mayoría de los gobernados”, plantea Huchim.
Pareciera que todo ha salido al revés. La Reforma Política y la que iba a servir para impulsar el Sistema Nacional Anticorrupción, promulgadas por el Presidente Enrique Peña Nieto, significaban un cambio en el funcionamiento en las instituciones, pero ninguna se pudo cumplir y más bien, aletargaron el nombramiento del Fiscal anticorrupción y del Fiscal General, bloquearon los procesos en el Congreso y sacaron a relucir una quiebra interna de los partidos.
En medio de esta maraña jurídica, Raúl Cervantes Andrade renunció el 16 de octubre a la Procuraduría General de la República. Desde su nombramiento, hace un año, se había propuesto convertirse en Fiscal, pero las organizaciones civiles se opusieron por su cercanía con el Presidente. Días después, el Fiscal para Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo y quien investigaba si Odebrecht entregó dinero a la campaña del PRI en 2012, fue destituido porque dio a conocer una carta que le envió uno de sus investigados, Emilio Lozoya Austin, el ex director general de Petróleos Mexicanos.
Así, mientras México se enfrenta a escándalos como nunca antes, México se quedó sin Procurador General de la República, no hay Fiscal para Delitos Electorales y en general, no hay encargados de perseguir la corrupción.
Antes de la revelación periodística de la “casa blanca”, el Presidente Peña Nieto se proponía desaparecer a la Secretaría de la Función Pública para sustituirla por una Comisión Nacional Anticorrupción, como prometió en campaña. En 2013, apenas con unos meses en el Gobierno, publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma de la Ley de la Administración Pública para desmantelar a la dependencia. Pero no ocurrió. El Senado de la República aprobó la enmienda el 13 de diciembre de 2013 y ese mismo día, la minuta llegó a la Cámara de Diputados y ahí se quedó en los cajones.
Ante la imposibilidad de la comisión, en 2014, mediante el Acuerdo A/011/14 en el Diario Oficial de la Federación quedó estipulado la creación de una Fiscalía Anticorrupción; pero desde entonces hasta el cierre de este texto, ha carecido de titular.
ES LA DESIGUALDAD, ESTÚPIDOS
Benjamin Cokelet, director ejecutivo de la organización Poder, afirma sin tapujos que no bastarán las instancias para combatir a la corrupción por más fortificadas que se encuentren.
“El Estado está capturado por intereses económicos. Tenemos un ejercicio revolvente entre la élite de los empresarios y el Gobierno. Son 49 billonarios que están muy lejos del resto de la población. Algunos ni siquiera viven en México. Por ejemplo, Germán Larrea, Emilio Azcárraga o Alberto Bailleres actúan siempre sobre los Gobiernos para obtener ganancia y les importa muy poco el interés nacional”, dice el también fundador de esa Organización No Gubernamental (ONG).
Es justo en la desigualdad social donde Camilo Saavedra Herrera, académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), observa el desempeño deficitario de las instituciones.
“La desequilibrada distribución de la riqueza y la desigualdad en México se ha agravado tanto que la violencia se crispó sin control, un factor que puede complicar la postulación de candidatos o el reclutamiento de funcionarios en el siguiente proceso electoral”, destaca.
Ni siquiera la medición de la pobreza está a cargo de una institución responsable.
En 2016, el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Sociales (Coneval) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) también entraron en crisis. Y lo hicieron por una discrepancia en cuanto al número de pobres que hay en el mapa mexicano.
Debatieron de manera pública sobre su forma de medir la pobreza. El Inegi informó que había modificado algunos criterios en el levantamiento y verificación en la información de campo respecto al ingreso que se da en los hogares mexicanos como parte de la encuesta Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015.
Con los resultados del Instituto se obtuvo que el ingreso de los sectores menos favorecidos había aumentado y por lo tanto había disminuido el índice de pobreza. El Inegi puntualizó que los nuevos datos no eran comparables con los de otros años.
El Coneval tenía previsto presentar la actualización de los niveles de pobreza en el país, pero anunció que debido a que no hay condiciones para comparar los datos con los de años anteriores.
Y entonces, ¿cuántos pobres hay en México? La discrepancia de las instituciones dio lugar a varios cálculos que van de 53 hasta 70 millones.
EPN Y EL ESTADO DE DERECHO
Un día después de que se cumplieron dos meses de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció 10 acciones para “mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho” en el país. Siete fueron en materia de seguridad pública y procuración y administración de justicia. Uno más en materia de derechos humanos. Otra respecto al combate a la corrupción. Y otra por Transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Pero casi tres años después, ese decálogo no fue cumplido. El propio Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, en el foro “Impulsando a México”, organizado por el periódico El Financiero, reconoció que en estos momentos y antes de las elecciones de 2018, uno de los retos era fortalecer justamente el Estado de Derecho. Uno de los punteros para tener la candidatura del Partido Revolucionario Institucional, Meade Kuribeña, dijo: “Si tuviéramos Estado de Derecho tendríamos inclusión y combate a la pobreza, con eso compramos seguridad y con eso compramos crecimiento. Si tuviéramos Estado de Derecho, al final del día, tendríamos acceso a lo que los mexicanos tienen derecho: salud, alimentación, educación, acceso a la vivienda”.
La tragedia de Ayotzinapa aún no fue resuelta. Y Enrique Toussaint, politólogo de la Universidad de Guadalajara, estima que la razón es que en el momento de la desaparición no hubo, como lo hay ahora, Estado de Derecho. “La resolución del caso de la desaparición de los 43 desafiará a las próximas administraciones porque no se puede hablar de Estado de Derecho en México sin hablar de Ayotzinapa, la herida más marcada para el país. Y en efecto, como sueña Meade, podrán comprarse otras cosas”.
En 2015, la misma Iglesia Católica puso de manifiesto el vínculo entre la tragedia de Ayotzinapa y el vacío del Estado de Derecho. En su editorial titulado “Vergüenza Internacional”, la Arquidiócesis de México consideró que los crímenes de los 43 destaparon “la gran vulnerabilidad en la que estamos los ciudadanos por la incapacidad y torpeza de las instituciones responsables de la impartición de justicia”.
Han pasado cinco años del Gobierno de Enrique Peña Nieto. El rostro del electorado es muy diferente. Los 83.5 millones de mexicanos inscritos en el padrón demuestran una fragmentación como nunca antes. Nicolás Loza Otero, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), dice que de ahora en adelante, los partidos tradicionales ya no concentrarán la votación y la preferencia tendrá que ser observada en los pedazos de un panorama cada vez más diverso. Ahora candidatos independientes lucharán por la Presidencia. 40 aspirantes fueron aprobados por el INE y se han abocado a recabar firmas de ciudadanos a partir del 16 de octubre.
Así, con heridas abiertas, sin cicatrización posible por falta de fortaleza institucional, México está por encontrar un nuevo destino.
