El consejero electoral Marco Antonio Baños, afirmó que el
INE avaló un acuerdo para sancionar a Morena por la operación irregular de un
fideicomiso para apoyar a damnificados de los sismos de septiembre de 2017,
basado en la evidencia y no de vilezas.

“Aquí no se trata de vilezas, se trata de evidencias, se
trata de pruebas y se trata de documentos que formalmente han sido discutidos
en sesión formal del INE”, afirmó en entrevista.

Explicó que el Instituto Nacional Electoral aprobó una
resolución que pone en “blanco y negro” lo que ha ocurrido con ese fideicomiso,
y se sostiene que hay al menos 44.5 millones de pesos que ingresaron de forma
irregular.

“Son depósitos en efectivo que están acreditados con
diversos videos, en los cuales se ven como las personas hacen el depósito por
sumas de hasta 50 mil pesos, y se vuelven a formar y vuelven hacer otros
depósitos”, indicó.

Afirmó que la integración del expediente y la investigación
de ese asunto no es ningún esquema improvisado por el INE, porque el instituto
trabaja con un criterio de absoluta imparcialidad. “Trabajamos con documentos
que muestran lo que está señalado en la resolución aprobada ayer”.

El consejero electoral respondió lo anterior al preguntarle
la opinión del candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel
López Obrador, quien en su cuenta de Twitter expuso que la multa por 197
millones de pesos que impuso el INE “es una venganza”.

Al respecto Baños Martínez apuntó que tanto el partido
Morena como el candidato ganador están en la posibilidad de presentar sus
argumentos, “que en mi opinión también los debieron presentar en el desahogo
del procedimiento”.

Afirmó que es un derecho legítimo de Morena acudir al
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recurrir para
impugnar la decisión que tomó ayer el INE; es parte del procedimiento, así está
establecido en la ley y ellos han anunciado formalmente que harán esta
impugnación”.

El expediente que integró el INE tiene las pruebas y es un
expediente sólido, por lo que el consejero electoral sostuvo que es falso que
esa investigación y el expediente se hayan preparado al vapor.

“Es falso es una investigación que lleva muchas semanas; es
una investigación que se realizó con todo el profesionalismo, la acuciosidad de
la Unidad Técnica de Fiscalización, y que tiene pruebas en el expediente
correspondiente, para que de ser el caso sean valoradas por el Tribunal
Electoral”, expuso.

El consejero Baños recordó que en la respuesta que López
Obrador emitió cuando fungió como dirigente de Morena con relación al
fideicomiso, se mencionó que él no había hecho declaraciones con relación a que
se aportarían recursos del financiamiento público para la constitución de un
fideicomiso.

“Dice que él (López Obrador) en rigor lo que había planteado
es que se invitaría a diversos legisladores y funcionarios públicos
provenientes del partido Morena para que hicieran depósitos que alcanzaran
hasta 50 por ciento de monto del financiamiento del partido por los gastos de
campaña de 2018″, detalló Baños Martínez.

“Pero esa parte hemos visto que ha ocurrido de otra manera,
es un fideicomiso que operó con personas vinculadas esencialmente al partido
Morena, que estuvieron en cargos importantes en este partido, y obviamente es
la parte que el instituto ha acreditado, y la multa se impuso desde la
perspectiva del INE y las atribuciones de instituto”, concluyó.

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,
calificó como un abuso y una vil venganza la multa que el Instituto Nacional
Electoral (INE) le impuso a Morena por el supuesto uso indebido de un
fideicomiso para los damnificados de los sismos, afirmando que ese dinero fue
aportado por la militancia y que él mismo entrego 500 mil pesos, recursos
obtenidos de la venta de su último libro.

Entrevistado en la terminal aérea de Villahermosa, luego de
pasar cuatro días descanso en su rancho «La Chingada» en Palenque,
Chiapas, López Obrador acusó a los consejeros del INE de haber cometido un
exceso en la aplicación de una multa, decisión que tomaron, dijo, porque son de
derecha, por lo que acudirán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) para impugnarla.

«Es exceso, es un abuso, como dije hoy, una vil
venganza de los consejeros del INE, no tienen ningún fundamento legal. Los
recursos de ese fideicomiso no tienen que ver con recursos aportados por el INE
a Morena», indicó.

«Son aportaciones que hicieron los ciudadanos, que
hicieron todos. Yo aporte como 500 mil pesos a ese fideicomiso de lo que recibí
de mi nuevo libro, o parte de lo que me entregó la editorial Planeta lo aporté
a ese fideicomiso y así diputados, senadores, todos aportaron, pero no era
dinero que saliera del INE», replicó el presidente electo antes de abordar
un avión que lo lleva de regreso a la Ciudad de México.

Insistió que la multa es «arbitraria, una medida
draconiana y totalmente injusta» y acusó a todos los consejeros
electorales del INE: «Ellos son, hay algunos que no nos ven con buenos
ojos son muy de derecha. El encargado de la fiscalización, ese fue de los que
aprobó el fraude del 2006. Traen eso todavía; así es la derecha, el
conservadurismo, se me hizo un exceso, les toca a ellos probar si hubo
desviación de dinero porque es una acusación grave», apuntó.

Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador descartó que el
general Audomaro Martínez Zapata vaya a ser designado como el titular de la
Secretaría de la Defensa, ya que dijo, en ese cargo será nombrado un general
activo de división, en tanto que para la Secretaría de la Marina irá un
almirante.

Finalmente, López Obrador confirmó que no se usará el Estado
Mayor Presidencial. «Va haber una oficina, van haber ayudantes civiles,
una ayudantía, nada más», concluyó.

El Instituto Nacional Electoral (INE) analizará la manera de
hacer más expedito el procedimiento para la liquidación de partidos políticos
cuando pierdan su registro nacional al no alcanzar el tres por ciento de la
votación válida.

El presidente de la Comisión de Capacitación y Organización
Electoral del INE, Marco Antonio Baños, expuso que esperarán a que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPF) resuelva las impugnaciones
que interpusieron los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza, que en esta
elección federal no lograron el umbral de tres por ciento que exige la ley para
mantener el registro.

Se tiene como ejemplo
la liquidación del Partido Humanista, que es un procedimiento añejo, de hace
dos años, y tiene pendientes con acreedores por poco más de 30 millones de
pesos.

«Lamento mucho
que la legislación y los procedimientos que se han establecido para la
liquidación de los partidos haga que resulte más onerosa la liquidación que los
montos involucrados en el proceso de liquidación», apuntó en entrevista.

Precisó que parte de
que sea tardado ese procedimiento es porque se vinculan las demandas que
presentan los acreedores y los juicios laborales que se interponen, los cuales
por lo general son muy largos y esto «hace que el procedimiento sea
oneroso para el INE, para el pueblo de México y demasiado denso».

Es por ello que en el
INE, en un esquema autocrítico, plantearán la necesidad de modificar ese
procedimiento y hacerlo más expedito.

«Vamos a ver qué
ocurre después de que el Tribunal Electoral resuelva los medios de impugnación,
pero no podríamos llegar al mismo extremo, si alguno de los partidos políticos
pierde finalmente el registro y volver a implementar un procedimiento de más de
dos años, es algo verdaderamente insensato», dijo.

Detalló que los recursos que tienen los partidos políticos
son los que corresponden a los años en los cuales pierden el registro.

«Eso es lo que
tenía el Partido Humanista, lo único que ellos ganaron fue que el Tribunal
Electoral aceptara que se les entregara el financiamiento, recuerden que lo
perdieron en agosto, y el Tribunal dijo que se entregara hasta diciembre y es
el único monto que tienen», agregó.

Puntualizó que ahora,
en el caso de Nueva Alianza y Encuentro Social, los interventores que designó
el INE tienen la responsabilidad de revisar todas las deudas, los pagos que
hagan los partidos, pero la ley desde la etapa de intervención señala que no se
pueden hacer pagos a acreedores.

Añadió que ahora lo
único que se puede pagar es nómina y ese pago a las personas que trabajan para
esas fuerzas políticas tiene que ser con la autorización del interventor, no se
puede pagar a las empresas o a los proveedores de bienes y servicios de los
partidos, y así se expresa en la ley.

«Ya una vez que el Tribunal resuelva los medios de
impugnación entramos a la etapa de liquidación y procederemos a todo lo que
tiene que ver con la conclusión de las actividades de esos partidos»,
anotó.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) podría cambiar
de nombre y de siglas, si así se decide después del proceso de «reflexión
profunda» en la que entró el instituto político a raíz de las elecciones
del 1 de julio, advirtió su presidente Manuel Granados Covarrubias.

En conferencia de prensa donde estuvo acompañado por algunos
integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional, dijo que son necesarios los
análisis serios, además de una reconciliación social y un «corte de
caja», cuyo resultado también puede ser que el partido conserve su nombre
y siglas.

Adelantó que se trata de un examen «estrictamente
electoral», habida cuenta de que el PRD participó solo en un tercio de las
candidaturas a nivel nacional con candidatos propios y obtuvo varias alcaldías,
diputaciones y senadurías.

Esto habla de que en todo el país hay militantes leales y
comprometidos con el partido, «y eso es lo que se tiene que
rescatar», al analizar los hechos desde el punto de vista de las cosas
positivas que se hicieron durante el proceso electoral.

Sobre el recorte de gastos del próximo gobierno federal, el
dirigente perredista recordó que su partido ha luchado siempre por la clase
trabajadora.

De ahí que «en el PRD seremos solidarios siempre con el
derecho a los trabajadores por una vida digna, por un salario digno».

También presente en la conferencia, Ángel Ávila Romero,
secretario general del partido, advirtió que el PRD estará en los temas de
discusión que el gobierno entrante presente, pese a que aparentemente el futuro
gobierno federal no escucha las propuestas de los demás partidos.

«Hay que decirle que el PRD también tiene una agenda
sobre el tema de seguridad y estamos listos para el debate y que en este país
va haber una oposición constructiva, inteligente y responsable» señaló.

En la conferencia de prensa estuvieron también los
secretarios del Comité Ejecutivo Nacional, Rogelia González, Adriana Díaz,
María de los Ángeles Sánchez, Manuel Cifuentes, Brisa Gallegos, Irán Moreno,
Antonio Medina, Julieta Camacho, Melva Aidé, Monserrat López, Estephany
Santiago y Camerino Eleazar, representante del PRD ante el Instituto Nacional
Electoral.

El candidato ganador de la elección presidencial, Andrés
Manuel López Obrador, anunció que acudirán a tribunales, luego de que el
Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una multa de 197 millones de pesos a
Morena por presuntas irregularidades en la operación de un fideicomiso para
apoyar a los damnificados de los sismos de septiembre de 2017.

A través de su cuenta de Twitter, López Obrador consideró
como «una vil venganza» la decisión que tomó ayer la autoridad
electoral en sesión ordinaria.

Afirmó además que ellos (Morena) no son corruptos ni
cometieron alguna ilegalidad, «no existe ningún acto inmoral», y que
con este caso sólo se busca «enlodar una acción humanitaria».

«La multa impuesta por INE a Morena por 197 mdp es una
vil venganza. No existe ningún acto inmoral con el fideicomiso a damnificados
por el sismo. Nosotros no somos corruptos ni cometimos ilegalidad. Por el
contrario, buscan enlodar una acción humanitaria. Acudiremos a
tribunales», indicó en su cuenta.

Entre los temas que trató el presidente Enrique Peña Nieto
con su Gabinete el pasado martes, sin duda, estuvo el de la transición y en
este tenor, pidió a los secretarios que tomen medidas para no dejar una carga
financiera extra al próximo gobierno federal.

De acuerdo con Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de
la República, entre otras cosas, se solicitó liquidar a trabajadores
eventuales, colaborar y brindar toda la información existente para facilitar la
elaboración de los nuevos programas.

Dijo que para “cerrar fuerte” el sexenio que concluye el 30
de noviembre entre las medidas que planteó el primer mandatario está el que
personal eventual contratado para tareas específicas se vaya finiquitando, para
que la estructura de gobierno que reciba la próxima administración, que
encabezará Andrés Manuel López Obrador, no tenga cargas adicionales.

Tanto Sánchez como la Secretaría de Hacienda resaltaron que
lo que importa es que el cierre de administración sea con finanzas públicas
sanas.

En la reunión con el Gabinete, Peña Nieto también pidió
hacer un balance de los 266 compromisos que adquirió durante su campaña, sobre
lo cual presentará próximamente las conclusiones.

Legisladores del PAN, PRI y PRD piden a Andrés Manuel López
Obrador revisar con seriedad las propuestas de austeridad que presentó el fin
de semana, pues hay quien señala que, entre sus medidas de austeridad podría
caer en populismo, mientras que otros se han manifestado a favor de la
austeridad en el ejercicio de los tres poderes sin vulnerar a las instituciones
del Estado Mexicano y a trabajadores.

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko
Cortés, dio la bienvenida a las medidas de austeridad planteadas por la próxima
administración federal en aras de suprimir privilegios, siempre y cuando no se
ponga en riesgo a las instituciones ni los derechos laborales.

«Estamos por supuesto a favor de eliminar privilegios,
de la reducción de gastos que no son necesarios y además de la disminución de
los sueldos, con esta simple acotación: no violar el derecho de los
trabajadores, y dos no vulnerar las instituciones del Estado mexicano»,
indicó.

Para el coordinador del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) en el Senado de la República, Emilio Gamboa, es necesario revisar con
mucho cuidado las medidas de austeridad presentadas por el candidato ganador de
la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

«Cualquier cuestión que signifique ahorro de recursos
públicos yo simpatizo con ello, cualquier acto donde haya algún recorte, donde
se permita ese recorte para hacer un acto de austeridad yo estoy profundamente
de acuerdo», resaltó en entrevista por separado.

«Lo que no puedo ver bien es que se den cifras sin
conocer de fondo qué es lo que se va a presentar», añadió el legislador
priista.

A juicio de Luis Sánchez, senador del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), las medidas anunciadas por la próxima
administración caen en lo que definió como un «peligroso populismo».

Expuso que las prestaciones de los ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los consejeros del Instituto Nacional
Electoral (INE) están protegidas por la carta magna.

«Yo quiero ver que a los ministros de la Corte les
bajen el salario, que a los consejeros del INE les bajen su salario. Ellos
siendo funcionarios públicos tienen un trato especial, tienen ya un mandato y
sus prestaciones económicas están protegidas por la Constitución», expuso.

En la sede del Senado de la República, Sánchez Jiménez
también defendió el fondo de ahorro que recibirán los legisladores al final de
su mandato, pues dijo que se trata de un concepto transparente, «no hay
ninguna cuestión oculta».

Tal y como lo argumentó la Procuraduría General de la
República, un tribunal federal determinó que es imposible jurídicamente cumplir
la sentencia que ordena la creación de una Comisión de la Verdad para
investigar el caso Iguala.

De acuerdo con las constancias judiciales, el Tercer
Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito emitió un acuerdo donde se señala
que existe la imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora
ordenada por el Primer Tribunal Colegiado a petición de Patricio Reyes Landa,
El Pato, identificado como supuesto sicario de los Guerreros Unidos, que habría
participado en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

“Se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir
la sentencia protectora pronunciada el 31 de mayo de 2018 dentro de los autos
del juicio de amparo en revisión 204/2017, en relación con el apartado donde se
ordenó la constitución de la Comisión de Investigación para la Verdad y la
Justicia (Caso Iguala) y las facultades concedidas, en la investigación de
delitos a dicha comisión”, indicó.

Es decir, el Tribunal reconoció que los argumentos de que el
ministerio público es quien tiene facultad exclusiva para investigar y
perseguir delitos, por lo que, las atribuciones contenidas en la sentencia que
ordena la creación de la Comisión, vulneran la naturaleza jurídica de la
autoridad investigadora.

La sentencia del Tercer Tribunal Unitario puede ser
impugnada por un recurso de inconformidad, que de acuerdo con la Ley de Amparo
en el artículo 203 deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN).

Tras las investigaciones de la PGR, algunos acusados
presentaron amparos al proceso al que eran sometidos. Uno de esos, el amparo
121/2015 promovido por Patricio Reyes Landa, derivó en la sentencia del Primer
Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, el cual ordenaba
la creación de la Comisión de Justicia.

Sin embargo, la PGR presentó “incidentes” que se referían a
la imposibilidad de cumplimiento para su creación. Luego, la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH) también refrendó estos argumentos, ya que el
ombudsman que llevaría la Comisión no está facultado, de acuerdo con la
Constitución, para indagar los delitos y presentar acusaciones legales.

La Comisión de la Verdad sería encabezada por representantes
de las víctimas y la CNDH, que determinarían las líneas de investigación, con
el Ministerio Público, peritos y la Procuraduría.

Además, los magistrados ordenaron reponer el procedimiento
de investigación y que el Ministerio Público presentará dictámenes hechos por
peritos independientes, en cumplimiento con el Protocolo de Estambul.