Al cierre del primer semestre de 2018 México mantuvo finanzas públicas sanas y sólidas, pues los principales balances fueron mejores a lo programado, por lo que mantiene su estimado de crecimiento para 2018 entre 2.0 y 3.0 por ciento, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los cambios en la dirigencia nacional del PRI continúan tras la derrota electoral del 1 de julio. Este martes Héctor Gutiérrez de la Garza fue designado secretario Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), lugar que ocupaba Rubén Moreira, hoy secretario general del partido.

A través de un comunicado, se informó que la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, instruyó al exdiputado local y federal a establecer “una estrecha relación con los 32 comités directivos estatales y fortalecer la organización y operación del instituto político en el territorio nacional, incluyendo a todos los priistas en este proceso”.

Ruiz Massieu Salinas confió estar segura de que la militancia de Gutiérrez de la Garza es garantía de que tiene un profundo conocimiento en el partido, “necesaria para llevar a buen puerto la integración y funcionamiento de los órganos del partido en el país, y tener un mayor contacto y cercanía con la ciudadanía”.

Héctor Gutiérrez, quien tomó protesta, resaltó que, con “honor”, asume la encomienda ante los nuevos retos que presenta el escenario político nacional, en que Morena se coloca como primera fuerza política y el PRI es desplazado a ser oposición y en tercera fuerza política en el país.

“El partido demanda de una nueva forma de hacer política que entienda a la unidad como un punto de llegada y no solo de partida, aquella política que concilia para avanzar, que tenga cercanía con las necesidades de la gente para presentarles una oferta con esperanza y visión de futuro”, reconoció.

El nuevo secretario de organización es licenciado en Derecho y cuenta con una amplia trayectoria político partidista.

Ha sido en dos ocasiones Diputado Local de mayoría en Nuevo León y coordinador del Grupo Parlamentario, Diputado Federal también en dos ocasiones, presidente de la Fundación Colosio Nuevo León A.C., Consejero Político Nacional e Integrante de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitirá
su informe sobre el Caso Iguala antes de que termine la actual administración,
aseguró su titular, Luis Raúl González Pérez, quien añadió que los trabajos
sobre el tema están muy avanzados.

Al terminar la presentación de Resultados de los Programas
Interinstitucionales de Maestría y Doctorado en Derechos Humanos a dos años de
su implementación, el ombudsperson indicó sobre el informe de la investigación
del caso Ayotzinapa: «Tengo la plena seguridad que antes de que termine
esta administración daremos a conocerlo. De hecho, he estado en reuniones
cercanas con todo el equipo. Vamos muy avanzados».

Recordó que el equipo que da seguimiento al Caso Iguala se
reunió la semana pasada con los padres de los 43 normalistas. «Refrendamos
el compromiso para que a la brevedad podamos hacer un pronunciamiento desde la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos a partir de la recomendación que
emitamos».

«Es la contribución de la CNDH para que no quede en la
impunidad, para que alcancemos a partir de lo que recomienden, líneas que
puedan contribuir a conocer la verdad, a que se finquen las responsabilidades
que correspondan, a que se busque la reparación integral y generar las
garantías de no repetición», informó.

Aseguró que «la CNDH sigue trabajando intensamente,
como no lo ha dejado de hacer, pero estamos ya en lo último de nuestro trabajo
para emitir el pronunciamiento que corresponda».

González Pérez encabezó la presentación de los avances de la
implementación de la maestría y el doctorado en derechos humanos, proyecto en
el que el organismo ha colaborado con las Universidades Autónoma de Baja
California Sur y sus homólogas en Campeche, Tlaxcala y Guanajuato, lista a la
que se incluirá la de Tamaulipas.

El Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos comenzó
con la firma del convenio el 24 de junio de 2016 y la primera generación de la
maestría va a egresar en octubre de este año en La Paz, Baja California, y en
enero de 2019 en la Ciudad de México. Mientras que el doctorado comenzó en
febrero pasado.

Resaltó que «educar es impulsar la dignidad humana y
prevenir las violaciones a los derechos humanos. Con base en ello y
respondiendo al objeto esencial de esta institución, establecido en el artículo
Segundo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, surgió hace
casi tres años el interés de diseñar y crear los programas académicos de los
que hoy rendimos cuentas».

Explicó que con base en la equidad de género, en la
maestría, que cuenta con 192 alumnos, 50.89% son mujeres y 49.11% hombres. En
el doctorado hay 63 estudiantes, 52.38% son mujeres y 47.61% son hombres.

Destacó que el pasado 6 de julio los programas de maestría y
doctorado fueron reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad,
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

González Pérez mencionó que se han logrado muchos avances a
través de la colaboración y que es necesario seguir trabajando en erradicar
tres binomios: pobreza-desigualdad, violencia-inseguridad y
corrupción-impunidad, relacionados con derechos económicos sociales y
culturales.

Luis Ponce Ramírez, director de Posgrado del Conacyt,
recordó que todas las sociedades del mundo comparten una cultura de la paz, la
salud y los derechos humanos, y que en la actualidad se necesita un trabajo
multidisciplinario para afrontar los retos que existen.

Manifestó que la maestría y el doctorado surgieron de la
demanda social qué hay en materia de derechos humanos y aseguró que el programa
está bien planteado y tiene una perspectiva de éxito.

El rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur,
Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, resaltó que en la institución que encabeza se
recibirán este año 34 maestrantes, pertenecientes a la primera generación,
mientras que al doctorado ingresaron 12 alumnos.

Afirmó que actualmente somos testigos de cómo una reforma
pública se ha fortalecido y está dando resultados y destacó que frente a la
amenaza, el incumplimiento de la ley y la impunidad, la educación es
fundamental para contrarrestar los problemas.

Por otra parte, el rector de la Universidad de Guanajuato,
Luis Felipe Guerrero Agripino, indicó que para México estos posgrados tienen un
papel trascendente porque un tema pendiente en el país es el fortalecimiento de
los derechos humanos.

Reconoció que los retos son altos, porque hablar de derechos
humanos es un proceso permanente y evolutivo, e incluye hacer frente a problemas
nuevos, como la reconfiguración de la población, el crecimiento humano y la
migración, entre otros.

El INE concluyó la fiscalización de lo gastado en las
campañas políticas de este año.

Luego de revisar las cuentas de 17 mil 699 candidatos, el
presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama, informó que los
partidos y candidatos ocultaron a esta autoridad el gasto de 368 millones de
pesos.

Es decir, trataron de ocultar el uso aproximado del 8% de lo
que sí reportaron al INE como parte de sus gastos.

“Encontramos que los candidatos dejaron de reportarnos 368
millones de pesos de los cuales 203 millones y medio corresponden a campañas
federales y 164 millones y medio campañas locales. Esta omisión que se reporta
va a tener una sanción equivalente de los mismos 368 millones de pesos”, dijo
Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE.

Sin embargo, el consejero Murayama no precisó qué partidos y
candidatos omitieron reportar gastos al INE y tampoco a cuanto ascendió en cada
caso esa falta de rendición de cuentas.

Dijo que esta información, así como las multas que se
impondrán por las irregularidades detectadas, se conocerán en los próximos
días.

Lo que sí aclaró es que hubo 79 candidatos que rebasaron el
tope de gastos de campaña y también serán sancionados.

“Hemos detectados 79 casos de rebases de topes de gastos de
campaña, estamos analizando si se trata de candidatos que hayan resultados
ganadores. En el ámbito federal fueron nueve rebases. Una fórmulaal Senado en
Tlaxcala que no quedó en primer lugar y 8 candidatos a diputados, pero de ellos
solo dos resultaron ganadores y un rebase es por 1.33%y el otro por 0.88%, es
decir, desde nuestra perspectiva no están en riesgo ningún cargo de elección
federal, también puedo decirles que no encontramos rebase de ningún candidato
ganador a las elecciones a alguna gubernatura el pasado 1 de julio, no quien
más gasta necesariamente es a quien mejor le va, eso es una buena noticia para
nuestra competencia democrática”, apuntó Ciro Murayama.

Entre los dictámenes que aprobó la Comisión de
Fiscalización, se hicieron 10 mil observaciones por irregularidades que los
candidatos no lograron justificar por lo que serán sancionados según la
gravedad de la falta.

Los 17 mil 699 candidatos reportaron un total de ingresos
que asciende a cinco mil 334 millones de pesos, así como gastos por cinco mil
192 millones de pesos.

Cuatro mil 709 millones de pesos provinieron del
financiamiento público a los partidos políticos, mientras que 625 millones de
pesos fueron de origen privado a partidos.

En su sesión del próximo lunes 6 de agosto, el Consejo
General del INE resolverá sobre las sanciones que aplicará a los candidatos que
cometieron irregularidades en sus gastos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitirá su informe sobre el Caso Iguala antes de que termine la actual administración, aseguró su titular, Luis Raúl González Pérez, quien añadió que los trabajos sobre el tema están muy avanzados.

Al terminar la presentación de Resultados de los Programas Interinstitucionales de Maestría y Doctorado en Derechos Humanos a dos años de su implementación, el ombudsperson indicó sobre el informe de la investigación del caso Ayotzinapa: «Tengo la plena seguridad que antes de que termine esta administración daremos a conocerlo. De hecho, he estado en reuniones cercanas con todo el equipo. Vamos muy avanzados».

Recordó que el equipo que da seguimiento al Caso Iguala se reunió la semana pasada con los padres de los 43 normalistas. «Refrendamos el compromiso para que a la brevedad podamos hacer un pronunciamiento desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a partir de la recomendación que emitamos».

«Es la contribución de la CNDH para que no quede en la impunidad, para que alcancemos a partir de lo que recomienden, líneas que puedan contribuir a conocer la verdad, a que se finquen las responsabilidades que correspondan, a que se busque la reparación integral y generar las garantías de no repetición», informó.

Aseguró que «la CNDH sigue trabajando intensamente, como no lo ha dejado de hacer, pero estamos ya en lo último de nuestro trabajo para emitir el pronunciamiento que corresponda».

González Pérez encabezó la presentación de los avances de la implementación de la maestría y el doctorado en derechos humanos, proyecto en el que el organismo ha colaborado con las Universidades Autónoma de Baja California Sur y sus homólogas en Campeche, Tlaxcala y Guanajuato, lista a la que se incluirá la de Tamaulipas.

El Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos comenzó con la firma del convenio el 24 de junio de 2016 y la primera generación de la maestría va a egresar en octubre de este año en La Paz, Baja California, y en enero de 2019 en la Ciudad de México. Mientras que el doctorado comenzó en febrero pasado.

Resaltó que «educar es impulsar la dignidad humana y prevenir las violaciones a los derechos humanos. Con base en ello y respondiendo al objeto esencial de esta institución, establecido en el artículo Segundo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, surgió hace casi tres años el interés de diseñar y crear los programas académicos de los que hoy rendimos cuentas».

Explicó que con base en la equidad de género, en la maestría, que cuenta con 192 alumnos, 50.89% son mujeres y 49.11% hombres. En el doctorado hay 63 estudiantes, 52.38% son mujeres y 47.61% son hombres.

Destacó que el pasado 6 de julio los programas de maestría y doctorado fueron reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

González Pérez mencionó que se han logrado muchos avances a través de la colaboración y que es necesario seguir trabajando en erradicar tres binomios: pobreza-desigualdad, violencia-inseguridad y corrupción-impunidad, relacionados con derechos económicos sociales y culturales.

Luis Ponce Ramírez, director de Posgrado del Conacyt, recordó que todas las sociedades del mundo comparten una cultura de la paz, la salud y los derechos humanos, y que en la actualidad se necesita un trabajo multidisciplinario para afrontar los retos que existen.

Manifestó que la maestría y el doctorado surgieron de la demanda social qué hay en materia de derechos humanos y aseguró que el programa está bien planteado y tiene una perspectiva de éxito.

El rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, resaltó que en la institución que encabeza se recibirán este año 34 maestrantes, pertenecientes a la primera generación, mientras que al doctorado ingresaron 12 alumnos.

Afirmó que actualmente somos testigos de cómo una reforma pública se ha fortalecido y está dando resultados y destacó que frente a la amenaza, el incumplimiento de la ley y la impunidad, la educación es fundamental para contrarrestar los problemas.

Por otra parte, el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, indicó que para México estos posgrados tienen un papel trascendente porque un tema pendiente en el país es el fortalecimiento de los derechos humanos.

Reconoció que los retos son altos, porque hablar de derechos humanos es un proceso permanente y evolutivo, e incluye hacer frente a problemas nuevos, como la reconfiguración de la población, el crecimiento humano y la migración, entre otros.

El 2017 fue el año más violento en la historia de México,
según los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), con 31 mil 174 homicidios, siendo los estados más violentos el Estado
de México, Guerrero, Guanajuato y Chihuahua.

En entrevista radiofónica con Luis Cárdenas, Adrián Franco
Barrios, director General de Estadísticas de Gobierno y Seguridad Pública del
Instituto, informó que las cifras preliminares arrojan que hubo 26.9% más
homicidios que en 2016.

Esto es, que ocurrieron 25 homicidios por cada 100 mil
habitantes, cinco más de los registrados en 2016.

La tasa actual supera a los dos picos anteriores con más
defunciones por asesinato, que fueron 2011 con 24 por cada 100 mil y 2010 con
23.

Respecto a la diferencia con las cifras del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que reporta poco más de 29
mil casos, declaró que siempre han discrepado en datos porque adquieren la
información de fuentes distintas, sin embargo, planteó que lo importante es que
los datos se mantienen en la misma tendencia.

Dijo que los datos recabados por el Inegi se sustentan en
los certificados de defunción emitidos por las dependencias gubernamentales.

El funcionario acotó que son siete las entidades concentran
casi la mitad de los homicidios a nivel nacional: Baja California, Michoacán,
Sinaloa, estado de México, Guerrero, Guanajuato y Chihuahua. Los últimos cuatro
estados registraron por sí mismos 32.4% de los 31 mil 174 homicidios, es decir,
uno de cada tres asesinatos.

En 27 entidades aumentaron los homicidios, en tanto que en
Yucatán, Campeche, Durango, Morelos y Guerrero decreció la cifra.

Barrios informó que en Baja California Sur, Nayarit y
Quintana Roo la cifra se elevó en números abruptos, casi triplicando las
anteriores.

El gobierno federal gasta 181 millones 622 mil pesos mensualmente en el pago de nóminas de 4 mil 604 empleados que conforman las delegaciones federales, quienes se quedarían desempleados con su desaparición, como la planteó el futuro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Según información de El Universal, eliminar la figura de los delegados federales en los estados, como lo planteó el futuro gobierno federal, no sólo implica a 32 funcionarios por secretaría, pues estos organismos cuentan además con subdelegados, jefes de departamentos de recursos humanos y de finanzas, coordinadores de área y directores de programas específicos, entre otros.

Cabe recordar que Andrés Manuel habló de la desaparición de las secretarías de Gobernación (Segob), de Relaciones Exteriores (SRE), de Desarrollo Social (Sedesol), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Economía (SE), de Educación Pública (SEP), de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); de Comunicaciones y Transportes (SCT), del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

También las procuradurías General de la República (PGR), Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Federal del Consumidor (Profeco), de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), así como el IMSS, ISSSTE y el Instituto Nacional de Migración (INM), según transparencia.

Tomando en cuenta a estos 17 organismos, el monto en sueldos que se podría ahorrar es de 2 mil 179 millones de pesos al año.

Los delegados federales de la PGR y el IMSS son los que tienen el sueldo más alto. Los representantes de la PGR en los estados tienen dos parámetros: los que están en Coahuila, San Luis Potosí, Chiapas, Sonora, Ciudad de México, Nayarit, Yucatán y Zacatecas tienen una percepción bruta de 178 mil 967 pesos; en el resto del país ganan 159 mil 555 pesos. Este organismo tiene una plantilla de 84 empleados; su sueldo más bajo es de 20 mil 623 pesos, de los jefes de recursos humanos.

El IMSS tiene a 173 trabajadores. Las representaciones en la Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México y Jalisco tienen un sueldo bruto de 140 mil 685 pesos, el tercero más alto.

Cada uno de estos 17 organismos tiene, en promedio, 217 plazas en los estados. El INM es el que tiene la plantilla más grande: 710 empleados. Además de los delegados y subdelegados, cuentan con encargados de estadística y jefes de recursos materiales. Su nómina asciende a 20.9 millones de pesos mensuales; 96% de ellos están marcados como “puestos de confianza”, por lo que podrían entrar en el recorte que plantea López Obrador.

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,
defendió la designación del senador del Partido del Trabajo (PT), Manuel
Bartlett Díaz, como titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El tabasqueño afirmó que Bartlett cuenta con la experiencia
suficiente para este cargo, debido a que desde hace muchos años defiende la
industria eléctrica nacional.

Entrevistado en la terminal aérea, luego de visitar la Selva
Lacandona en Chiapas, el virtual presidente de la República, aseguró que este
nombramiento se debe a su paso por la Secretaría de Gobernación y de Educación
Pública.

«Ha estado defendiendo la industria eléctrica por lo
menos los últimos 15 años; desde hace algún tiempo se ha querido desmantelar la
CFE; hace 20 años éramos autosuficientes en energía eléctrica y ahora la CFE
compra la mitad de la energía eléctrica que consumimos», indicó.

López Obrador dijo que en los últimos tiempos han dejado que
se cierren las plantas de generación de energía de la CFE y las hidroeléctricas
están subutilizadas, por lo que no se genera toda la producción necesaria.
«Entonces cómo vamos a poner orden y se va a terminar todo ese atraco, no
les gustan algunas cosas. Yo los entiendo pero el pueblo votó porque haya un
cambio verdadero y yo no voy a ser tapadera de nadie, no voy a ser alcahuete,
yo voy a cumplirle a los mexicanos», refirió.

El virtual presidente electo aseguró que es natural que
existan las críticas a sus nombramientos, porque muchos años se hizo política
donde no contaba el pueblo. «Ahora el gobierno representará a todos, a
ricos y pobres, habrá un gobierno que cuidará que el patrimonio no beneficie a una
minoría», asentó.

Insistió que la Secretaría de Energía estará en Tabasco; la
Comisión Nacional del Agua en Chiapas y Petróleos Mexicanos en Ciudad del
Carmen, estados del sureste porque es donde se encuentra el petróleo y el agua.
«Voy a cumplir todos los compromisos», precisó.

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,
viajó a la selva Lacandona para realizar un trabajo de campo con el objeto de
revisar los terrenos donde pondrá en marcha el programa de siembra de un millón
de hectáreas de árboles maderables y frutales, con lo cual buscará generar 400
mil empleos durante su sexenio.

Acompañado por María Luisa Albores, futura secretaria de
Desarrollo Social, López Obrador dijo que la dependencia se llamará la
«Secretaría del Bienestar»; y designó al senador electo de Morena,
Javier May, como subsecretario y encargado del programa para la siembra; y al
agrónomo Hugo Chávez, como director técnico del programa.

«Estamos aquí en este trabajo de campo porque vamos a
iniciar en esta zona con el programa desde el inicio del nuevo gobierno, desde
el 1 de diciembre. Así como los mexicanos decidimos cambiar e iniciar una
transformación, así como 30 millones de mexicanos decidimos que vamos a
transformar al país, ahora todos tenemos que emprender la transformación de
México», dijo en un video de 10 minutos que subió a sus redes sociales.

López Obrador recordó que el programa de siembra de árboles
maderables y frutales es uno de los 25 programas estratégicos que se llevarán a
cabo durante su administración.

«Hay 100 millones de hectáreas de propiedad social,
mucha superficie abandonada, convertida en tierra ociosa, y en este periodo
neoliberal se abandonó al campo, tenemos que regresar al campo», dijo.