Andrés Manuel López Obrador inauguró en Ciudad Juárez, Chihuahua, el primero de los Foros por la Pacificación, con los que se busca escuchar a los diferentes sectores de la población para identificar propuestas que respondan a las prioridades en materia de seguridad.

El ganador de la elección presidencial está acompañado por Alfonso Durazo, propuesto como secretario de Seguridad Pública, quien dijo que las propuestas que se realicen servirán para diseñar la ruta de pacificación y para elaborar el plan de reconciliación.

Dejó claro que bajo ningún supuesto, los crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada, masacres, ejecuciones y violaciones graves a derechos humanos serán sujetos de amnistía, y los únicos que se beneficiarían son los responsables de delitos no graves, en lo que no haya mediado violencia.

Aunque el color de piel no determina el futuro de una persona, en México, ser blanco ayuda considerablemente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Gráfica: Inegi

Gráfica: Inegi

La metodología de la Enadis 2017 consideró una entrevista cara a cara con cuestionario electrónico. La cobertura geográfica fue nacional, tanto urbana como rural. El tamaño de la muestra fue de 39,101 viviendas visitadas del 21 de agosto al 13 de octubre de 2017.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto, que incluye
una Legislatura del Senado y dos Legislaturas de la Cámara de Diputados, el
Gobierno federal le depositará al Congreso de la Unión más de 66 mil 522
millones de pesos para el gasto corriente y el pago de la nómina de los
senadores y diputados, incluyendo todos sus equipos. Esta cifra dividida entre
los 128 senadores y los 500 diputados arroja que cada legislador federal
costará 105.9 millones de pesos al erario en promedio en los últimos seis años.

Mientras tanto, existe un factor común en el trabajo
legislativo: si bien hay dos mil 96 leyes, reformas o decretos aprobados en las
dos Cámaras, existen otras cuatro mil 557 que están pendientes en temas
prioritarios para la población.

El ejemplo emblemático es el tema de la inseguridad y la
procuración de justicia. La reforma del mando mixto policial se encuentra
congelada desde hace cuatro años, la Ley de Seguridad Interior aún no entra en
vigor por las acciones de inconstitucionalidad promovidas en su contra. Las
reformas al nuevo sistema de justicia penal también están en el cajón, a pesar
de la inconformidad de gobernadores y alcaldes.

Lo que sigue en aumento es el gasto en los privilegios, como
el seguro de gastos médicos, las dietas, autos oficiales, celulares y el
desembolso discrecional en las asignaciones a los grupos parlamentarios, una
bolsa millonaria que algunos sectores de la sociedad civil han acusado de ser
la “caja chica” de los coordinadores.

El Partido Movimiento Ciudadano defiende el recorte a los
privilegios, pero el tema causa revuelo tras la propuesta emitida por la
bancada de Morena, que tendrá la mayoría en la siguiente legislatura. Pretende
una reducción de cuatro mil millones de pesos en el presupuesto anual del
Congreso de la Unión. En otras palabras, si este año se cuenta con un
presupuesto de 13 mil 344 millones de pesos, para el siguiente año quedaría en
nueve mil 344 millones de pesos en las dos Cámaras.

La propuesta del recorte va de la mano con el plan de
austeridad del virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Martí
Batres, próximo senador de Morena, explica que el ahorro se lograría a partir
de la eliminación de prestaciones o sueldos, la supresión de partidas a grupos
parlamentarios y comisiones, la disminución de viajes al extranjero, la
reducción de contratos por honorarios, la desaparición del seguro de gastos médicos
y la no adquisición de parque vehicular, entre otros.

El tema será discutido en los siguientes meses, de cara al
análisis y la aprobación del presupuesto federal 2019.

Estamos a favor de la austeridad: Esquer

Alberto Esquer, quien será coordinador de la bancada de
Movimiento Ciudadano en la próxima Legislatura en la Cámara de Diputados,
aseguró que el grupo parlamentario está de acuerdo en la eliminación de los
excesos. Y señaló que tienen una postura a favor de la austeridad.

“Todos estos presupuestos deben ser en beneficio de los
mexicanos, quitando el derroche económico que se ha venido dando en la Cámara
de Diputados. En esa misma agenda estamos proponiendo que se quiten las
pensiones a los ex presidentes, el gasto excesivo en la imagen pública de los
funcionarios federales y que todo ese dinero de ahorros se vaya a una pensión
para los jornaleros agrícolas y para que puedan tener una pensión digna para el
retiro”.

Explicó que impulsarán una agenda para nombrar a un fiscal
autónomo y llevarán al Congreso los mecanismos de participación ciudadana que
impulsó el partido en Jalisco, con la intención de legislar la revocación de
mandato, el presupuesto participativo y el gobierno abierto.

“La participación ciudadana debe ser un verdadero ejercicio
de Gobierno tanto en lo federal, en lo estatal y en lo municipal. Esa agenda
ciudadana la vamos a estar impulsando en lo federal”.

Señaló que su compromiso es sacar de la congeladora la
reforma para eliminar el fuero a todos los funcionarios. Acentuó que también
impulsarán una agenda verde que privilegie las energías limpias y sustentables
en el país.

En materia del campo buscarán que los programas sean
transparentes y el dinero llegue a quienes verdaderamente lo necesitan.

Morena va por recorte de 4 mil millones

La bancada de Morena en el Congreso de la Unión pretende
replicar el plan de austeridad del Presidente electo Andrés Manuel López
Obrador en el Legislativo federal. Proponen ahorros por cuatro mil millones de
pesos cada año en la Cámara de Diputados y en el Senado.

Los morenistas pretenden recortar dos mil millones del
presupuesto anual de cada Cámara. Con ese planteamiento, la bolsa anual del
Senado pasaría a dos mil 905 millones y la Cámara de Diputados bajaría a seis
mil 439 millones de pesos.

El senador electo Martí Batres explicó que en la Cámara
Alta, los ahorros se lograrían aplicando fuertes recortes a las dietas,
prestaciones, salarios de altos mandos, estructura administrativa, contrato por
honorarios, aportaciones a grupos parlamentarios y comisiones, pasajes,
viáticos y en materiales y suministros.

“Ya estamos hablando de los privilegios de los senadores,
pero ahora también vamos a hablar de los privilegios de los altos mandos de la
Cámara de Senadores”.

En una década, fracasan cinco intentos para recortar a los
“pluris”

Durante una década se han presentado varias iniciativas para
recortar el gasto del Congreso de la Unión mediante la disminución de
legisladores plurinominales. Sin embargo, ninguna ha prosperado.

En 2009, el entonces Presidente Felipe Calderón envió una iniciativa
para reducir de 200 a 100 los diputados plurinominales. La propuesta fue
rechazada por la bancada del PRI, al señalar que se necesitaba una reforma al
Congreso para volver funcional al Poder Legislativo. El PAN insistió en el tema
en mayo de 2011, pero de nueva cuenta se topó con pared.

En octubre de ese mismo año, el entonces aspirante a la
Presidencia de la República Enrique Peña Nieto propuso eliminar 100 diputados
plurinominales, poco antes de ganar la candidatura del tricolor.

En 2014, el PRI retomó la propuesta y lanzó una consulta
popular para disminuir 100 diputados federales y 32 senadurías por el principio
de representación proporcional. La consulta fue declarada inconstitucional por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Casi tres años más tarde, en enero de 2017, en medio de las
protestas por el aumento de los combustibles, el PRI insistió en el tema una
vez más y el Grupo Parlamentario del tricolor presentó ante la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Constitución
para disminuir el número de legisladores federales.

La propuesta de la bancada priista, que tampoco vería la
luz, explicaba que se lograrían ahorros de 178 millones de pesos al año en la
Cámara de Diputados y de 62 millones en el Senado de la República.

En su momento, el vicecoordinador parlamentario Jorge Carlos
Ramírez Marín aseguró que el Congreso se había convertido en una onerosa
burocracia que dificultaba el trabajo legislativo. Además, pidió no caer en el
simplismo de recortar viajes o seguros de vida.

“Eso es responder a la coyuntura… eso es querer ponerse un
traje que no le queda hoy a nadie en esta generación de políticos, que han
visto pasar la transformación del país y no han intervenido para hacer la
transformación del Congreso, su real y auténtica transformación. No es
comprensible un Congreso de este tamaño en un país con este tamaño de
desigualdades. Tenemos un país que exige acciones más rápidas, determinaciones
más rápidas, legislaciones más eficientes”.

La propuesta fue calificada por expertos como un intento por
aprovecharse del descontento social y advirtieron que desaparecería del
espectro a las minorías en el Congreso al otorgarle una mayoría absoluta al
PRI. Finalmente, la iniciativa no pasó.

Opacidad en el gasto

Falta de transparencia en las asignaciones presupuestarias
para los grupos parlamentarios, el otorgamiento de bonos y recursos para
gestoría, son algunas de las prácticas opacas que prevalecen en el Congreso de
la Unión.

Así lo reveló el último Reporte Legislativo de Integralia,
donde se señala que en los últimos años hay un aumento sistemático del
presupuesto sin justificación alguna.

De acuerdo con el documento, que analiza el primer año de la
LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de 2000 a 2016, el presupuesto de
la Cámara de Diputados aumentó un 85%, al pasar de cuatro mil millones a siete
mil 559 millones de pesos. En el mismo periodo, en el Senado de la República
esta bolsa aumentó de dos mil 136 millones a cuatro mil 422 millones, un
incremento de 107 por ciento.

Mientras que en el último año de la Legislatura, los
incrementos no se han detenido. El presupuesto actual en ambas Cámaras es de
ocho mil 439 millones para los Diputados y de cuatro mil 905 millones para los
Senadores.

Por su parte, los incrementos en las asignaciones
presupuestarias para los grupos parlamentarios no paran. En la Cámara Baja
estas subvenciones se incrementaron 40% entre la Legislatura de 2009-2012 y
2012-2015, al pasar de dos mil 615 millones de pesos a tres mil 671 millones.

En el Senado, de enero de 2014 a junio de 2015 se gastaron
mil 848 millones de pesos por este concepto.

El problema con las asignaciones a los grupos parlamentarios
es la opacidad. Se buscó información actualizada a este año del gasto y en el
Senado no se localizó un documento que informara con precisión sobre la partida
3993, sólo se encontraron informes trimestrales del presupuesto ejercido que lo
incluyen de forma general en la partida de Otros servicios generales. Aunque
según varios medios nacionales, en 2018, las bancadas podrán disponer de mil 51
millones de pesos.

Por otro lado, en la Cámara de Diputados no se localizó
documento alguno que precisara este desembolso. La información presupuestaria
disponible en su página web sólo especifica por capítulo y lo mismo en el
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (Sipot).

De acuerdo con el estudio de Integralia, los vacíos legales
para justificar y transparentar el gasto de las bancadas ha permitido que estos
recursos funcionen en algunas ocasiones como la “caja chica” de los
coordinadores parlamentarios.

A principios de este año, la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) detectó en su revisión a la Cuenta Pública 2016 del Congreso
de la Unión, irregularidades por al menos mil 616 millones de pesos, en
particular en Subvenciones y otros conceptos asociados a la actividad
legislativa. En el Senado, los legisladores no aclararon ni justificaron el uso
de mil 16 millones de pesos en “Asignaciones a los grupos parlamentarios”.

En junio pasado se dio a conocer que la senadora con
licencia del PT, Layda Sansores, facturó a nombre del Senado gastos personales
que ascienden a 700 mil pesos durante 2016 y 2017. Tales como tintes para el
cabello, desodorantes, pasta de dientes y ropa, entre otros. La legisladora
negó que fueran gastos personales.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que la consigna de su próxima administración será hacer lo que le convenga a México, sin importar si eso le agrada o no a algún gobierno extranjero.

“Sí es bueno para México se va a llevar a la práctica (…) Si algo no le gusta a un gobierno extranjero, no nos importa”, dijo el ganador de las pasadas elecciones presidenciales durante la inauguración de los foros por la pacificación, que se realiza en Ciudad Juárez.

Ante una abarrotado auditorio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el tabasqueño dijo que la campaña electoral ya terminó y ya no debe actuar como dirigente o militante partidista, sino como un gobierno democrático: “El gobierno significa atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos”.

Asimismo, el virtual presidente electo reiteró el llamado a la unidad y la reconcialiación de los mexicanos a fin de sacar adelante al país.

Con el primero de los Foros por la Pacificación, AMLO busca escuchar a los diferentes sectores de la población para identificar propuestas que respondan a las prioridades en materia de seguridad.

Más de dos mil juicios e investigaciones por delitos fiscales y financieros serían echados abajo debido a un criterio dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en noviembre de 2017 que amenaza con daños cifrados en más de 44 mil millones de pesos y podría permitir la libertad a ex gobernadores actualmente presos como Andrés Granier, de Tabasco, y su hijo Fabián; Guillermo Padrés, de Sonora, y algunos coacusados de Javier Duarte, de Veracruz.

De acuerdo con publicación que realiza el diario Reforma, la Primera Sala de la Corte declaró inconstitucional el artículo de la Ley de Instituciones de Crédito que faculta a las procuradurías a acceder sin orden judicial a información bancaria de personas bajo investigación, no obstante, desde noviembre, jueces penales han aplicado retroactivamente otro criterio que establece que el secreto bancario es parte del derecho humano a la vida privada y sólo se puede acceder por orden de un juez.

Cabe señalar que mañana miércoles la SCJN analiza un amparo en favor de Pedro Guillén, un acusado de no declarar ingresos por 1.4 millones de pesos, en 2012 y el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito establece excepciones al secreto bancario para facilitar indagatorias penales, pero también administrativas en casos de corrupción de servidores públicos, partidos políticos y uso de recursos federales.

Es importante mencionar que con ello, el Instituto Nacional Electoral, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y la Tesorería de la Federación están facultados para obtener información bancaria sin orden judicial durante sus investigaciones, y de éstos, sólo la atribución para el INE está prevista también en la Constitución.

Asimismo, aunque no regulado por el artículo 142, el SAT también accede cotidianamente a información bancaria de los contribuyentes y desde noviembre pasado, la Corte falló contra esta facultad en el caso de las procuradurías locales.

El diario Reforma cita un párrafo del proyecto en el que destaca que “la permisión otorgada por el precepto impugnado (artículo 142) a la PGR es inconstitucional, pues la información bancaria no forma parte de la extensión de facultades de irrupción en la vida privada previstas en el artículo 16 de la Constitución ni tampoco se encuentra otorgada como parte de la facultad de investigación de delitos contenida en el artículo 21 de la misma Ley Fundamental; de ahí que la información bancaria que se solicita por parte de la autoridad ministerial sí debe estar precedida de autorización judicial».

Advierte Reforma que con este criterio, sumado a las reglas del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), un juez federal absolvió el 3 de abril de fraude fiscal equiparado a Álvaro Emir Garduño Montalvo, conocido como #LordRollsRoyce: “Si este caso se basa totalmente en información obtenida de su cuenta bancaria, señor Álvaro, pero sin haber pasado por el filtro del control judicial, esa información no es válida para sustentar una sentencia de condena», informó al respecto el juez Saúl Cota Murillo, del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya.

Rocío Nahle García, propuesta para ocupar la Secretaría de Energía (Sener) en la próxima administración federal, informó que el equipo de transición del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, inició la revisión detallada de 105 contratos de la reforma energética para tener un diagnóstico detallado a fines de noviembre.

Destacó que si bien aún no cuentan con los contratos originales, ya que dicha información la obtendrán a partir de que López Obrador sea declarado Presidente electo, ya comenzó la revisión en términos generales, y tardará de dos a tres meses dicho procedimiento.

“Acabamos de empezar, y nosotros calculamos que (tardará) dos o tres meses; son 105 contratos que se van a estudiar; esperamos que para finales de noviembre tengamos ya algún bosquejo en general. No tenemos, la gran mayoría, todavía, de los contratos originales, pero de los términos generales de los que se tiene acceso ya iniciamos con eso”, afirmó.

Nahle García mencionó que esta supervisión que acaba de iniciar, podría concluir a finales de noviembre y arrojará información detallada del verdadero estado de la reforma y un diagnóstico de todos sus aspectos.

Tras participar en el encuentro que tuvo López Obrador con ingenieros en el Palacio de Minería, puntualizó que con dicha información el nuevo gobierno de López Obrador podrá tomar decisiones importantes en esta materia.

Sobre privilegiar contratos con empresas de países que han sido exitosos en el combate a la corrupción, recientemente declarado por Andrés Manuel López Obrador, Rocío Nahle dijo que lo importante es mandar un claro mensaje de que no habrá este fenómeno, ni en el sector energético ni en ninguno otro.

La senadora electa, Rocío Nahle García aseguró que se combatirá de fondo la corrupción para evitar que vuelvan a ocurrir más casos como el de Odebrecht.

“Necesitamos también, tanto adentro como afuera, mandar la señala de que vamos a erradicar la corrupción en todos los sectores del gobierno pero este es uno de los temas, lo de la construcción, lo de la energía, que ha teñido escándalos bochornosos en México, y que tenemos que eliminar esto”, refirió.

Rocío Nahle, remarcó que en la próxima administración, se privilegiará elevar la producción petrolera, pues ha sido una exigencia del próximo Presidente de la República.

“No dijo que era buena, dijo que se iba a trabajar con la ley cómo está, eso fue lo que dijo. Entonces vamos a trabajar así cómo está, pero ya el mensaje del licenciado es de construcción, de producción y es un mensaje donde necesitamos potencializar la mano de obra y la ingeniería mexicana, principalmente”.

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Ante ingenieros de todo el país, Andrés Manuel López
Obrador, virtual presidente electo, aseguró que México se convertirá en una
potencia y así nadie amenazará al país con cerrar fronteras o construir muros.

En un largo discurso en el que resaltó 12 prioridades de su
gobierno con el sector de la ingeniería, sostuvo que el propósito del próximo
gobierno será convertirse en una potencia y cambiar la correlación de fuerzas.

«Nadie nos va a estar amenazando con que nos van a
cerrar las fronteras, que se van a militarizar las fronteras o se va a
construir un muro en la frontera, porque vamos a crecer en México, va a haber
trabajo en nuestro país, para eso todos los proyectos», sostuvo.

Después de un desayuno en el Palacio de Minería, López
Obrador pidió a los ingenieros que lo apoyen en la revisión del dictamen
técnico que realiza sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (NAICM).

En tono de broma, dijo que los ingenieros lo harán gratis
pero que será un apoyo importante para revisar la viabilidad del NAICM.

Los dictámenes técnicos serán entregados a los ingenieros el
15 de septiembre y tendrán un mes para analizar los documentos.

El candidato ganador de la elección presidencial, Andrés
Manuel López Obrador, valoró la madurez política de «quienes no votaron
por nosotros», la cual se ha reconocido en el mundo.

Al reunirse con ingenieros civiles, López Obrador reiteró su
propuesta de impulsar 25 proyectos prioritarios, incluyendo terminar programas
que están hoy en marcha, como el tren a Toluca y los 52 hospitales que están
inconclusos.

López Obrador señaló que existen varias obras sin terminar
en el país, las cuales no será posible concluir en un año, pero se irán
concretando a lo largo del sexenio.

Entre ellos, destacó el proyecto del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAICM), en cuya evaluación técnica pidió que
participen de manera gratuita los ingenieros del país, a lo que ellos
accedieron.

Recordó que el próximo 15 de agosto se presentará un primer
documento elaborado, entre otros, por los ingenieros Javier Jiménez Espriú,
futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, y José María Riobóo,
contratista que participó en la obra de los segundos pisos del Periférico, en
donde se incluirán las tres opciones principales.

Esto es, continuar con la obra del nuevo aeropuerto que ya
se inició, construir dos nuevas pistas en la Base Aérea de Santa Lucía, o bien
concesionar la obra del aeropuerto que se construye en Texcoco para que no haya
inversión pública.

Una vez que los ingenieros del país emitan su opinión
técnica, ésta se someterá a consulta pública que podría ser a través de mesas
colocadas en plazas públicas, pero en todo caso «con la intención de que
se tome una decisión estrictamente de carácter técnico y no político».

También se refirió al tema de la corrupción que debe ser
desterrada de la vida pública y reiteró su intención de que los contratos
públicos se otorguen en su mayoría a empresas mexicanas, aunque dijo que está
abierto a que participen compañías extranjeras siempre y cuando sean honestas y
no provengan de naciones que se caractericen por actos de corrupción.

En ese sentido, dijo que se buscará, sobre todo, tener
tratos con empresas de países donde se privilegie la honestidad y que no tengan
corrupción, como es el caso, por ejemplo, de Dinamarca o Noruega.

Sobre el tema del corredor industrial del Istmo de
Tehuantepec, expuso que se trata de generar desarrollo y opciones de trabajo en
esa zona para que las personas puedan ser felices donde nacieron y trabajen en
su lugar de origen, a fin de que la migración en todo caso sea voluntaria.

Al respecto, advirtió que México se va a convertir en una
potencia «y nadie nos va a estar amenazando con que se va a cerrar o
militarizar la frontera, o que se va a construir un muro».

Insistió en su proyecto de llevar Internet a todo el país,
pues en la actualidad sólo existe este servicio en 25 por ciento del territorio
y es necesario llevarlo al resto, porque se trata de una cuestión de justicia social.

Al finalizar su discurso, López Obrador pidió a los
ingenieros aceptar públicamente el compromiso de hacer la evaluación técnica
sobre el tema del aeropuerto de manera gratuita para ayudar al desarrollo del
país, acuerdo que se avaló de forma unánime por los presentes en el encuentro
que se desarrolló en el Palacio de Minería.

Entre el 27 de agosto y los últimos días de noviembre, se realizará una consulta abierta, democrática y en la que participen todos los interesados para proponer los cambios necesarios a la legislación en materia educativa, adelantó Esteban Moctezuma Barragán, propuesto para encabezar la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Entrevistado luego de participar en una reunión en las oficinas de transición del candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, Moctezuma Barragán adelantó que se presentaría en la primera semana del nuevo gobierno un paquete de reformas en leyes educativas.

Explicó que se trata de una convocatoria abierta para que participe todo aquel interesado en materia educativa, incluyendo la SEP, el sindicato de maestros y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Expuso que el interés central son los niños de México y el enfoque de esta consulta, que incluirá foros en las 32 entidades federativas, será precisamente favorecer lo más posible a los estudiantes.

Para realizar la consulta se prevé llevar a cabo eventos con el apoyo de universidades y otras instituciones educativas que presten los espacios, a fin de reducir el costo de la consulta.

Los resultados serán sistematizados para que el próximo presidente presente las iniciativas correspondientes a partir de la primera semana en el gobierno, incluyendo la posibilidad de reformar el Artículo Tercero Constitucional.

Se reformarán todas las leyes que sean necesarias en el grado que haya necesidad con la intención de darle a los niños mejores oportunidades e igualando el acceso en cantidad y calidad de escuelas, sobre todo a favor de los grupos más vulnerables, que por lo general son los que siempre quedan atrasados en los planes y programas.

Moctezuma Barragán dijo que no se ha reunido con el actual secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, porque el acuerdo establecido entre el presidente Enrique Peña Nieto y López Obrador consiste en iniciar las reuniones formales una vez que se le entregue al tabasqueño su constancia de mayoría.

Debido a que esto ocurrirá el próximo miércoles, estimó que ese mismo día buscará a Granados Roldán para dar inicio formal a la transición.