El Gobierno de México reclamará los bienes que puedan
confiscarse a Joaquín Guzmán Loera, alias el «Chapo», ya que
legalmente le corresponden al país.

Así lo afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en
conferencia de prensa mañanera, luego de que la Corte de Estados Unidos condenó
a cadena perpetua al narcotraficante y también a pagar 12 mil 600 millones de
dólares.

Ante esto, el Presidente dijo que está de acuerdo con el
abogado del «Chapo» sobre que todo lo que se confisque debe ser para
México por ley y adelantó que en eso podrían estar de acuerdo las autoridades
de Estados Unidos y en todo caso, se harán los trámites que estarán a cargo del
canciller Marcelo Ebrard.

«Lo que están planteando de que se van a quedar con
bienes obtenidos de esta manera, no lo aceptamos sino hay un fundamento legal,
nosotros no vamos a dejar de atender estos asuntos por la vía legal».

«El abogado (del «Chapo») dijo una cosa
interesante sobre la confiscación de bienes, en todo caso esos bienes le
corresponden a México legalmente y se va a revisar el asunto, estoy de acuerdo
con lo que dijo el abogado de (Joaquín) Guzmán, estoy de acuerdo con eso»,
afirmó.

Sostuvo que eso puede significar ingresos adicionales para
los pueblos.

Y se le cuestionó: ¿ahora sí van a reclamar (esos recursos
de la confiscación)?

-«Claro que sí», respondió.

El Presidente argumentó que antes los bienes que se
confiscaban no se reclamaban.

Incluso ha ordenado una investigación del dinero confiscado
a Zhenli Ye Gon hace algunos años para conocer su destino.

Este miércoles, el subsecretario para América Latina y el
Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, dio a conocer acciones inmediatas en materia
de atención migratoria para garantizar flujos seguros, ordenados y regulares,
con un apoyo de 60 millones de pesos para mejorar albergues y estancias.

El funcionario explicó que las acciones harán énfasis en la
atención y protección de los menores centroamericanos acompañados y no
acompañados que transitan por México.

Reyes Zúñiga reiteró que por instrucción del presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador, la atención del gobierno mexicano debe
priorizar el respeto y cuidado de los derechos de las personas migrantes.

Sostuvo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha
asumido como tarea primordial la de apoyar a las autoridades migratorias
mexicanas en dicho respecto y se ha dedicado a buscar apoyo internacional para
este esfuerzo.

El funcionario informó que el martes se aprobó un proyecto
de cooperación de 60 millones de pesos que apoyará la rehabilitación de
estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM) y albergues
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en
Tabasco, Chiapas y Veracruz.

Dicho proyecto permitirá, sostuvo, permitirá la remodelación
de áreas comunes y privadas y el mejoramiento en la atención de los procesos de
solicitud de asilo.

Al mismo tiempo, la SRE, en conjunto con la oficina regional
de la Secretaría General de la Conferencia Iberoamericana (SEGIB) y Escuelas
Sustentables, asociación civil mexicana, rehabilitará y adaptará los espacios
libres de dos estaciones migratorias en Acayucan, Veracruz y Tapachula,
Chiapas, y en menor escala en cuatro albergues en Tapachula. Para ello se
utilizarán 200 mil euros del Fondo Mexicano de Cooperación Internacional para
el Desarrollo con Iberoamérica (FOMEXCIDI).

Por otra parte María del Rocío García Pérez, titular del
Sistema Nacional DIF, destacó el trabajo interinstitucional conjunto y
agradeció la coordinación de la Cancillería para hacer más eficientes los
procesos de atención a niños, niñas y adolescentes en situación de migración.

A su vez, el director general de Cooperación y Promoción
Económica Internacional, Carlos Castillo Pérez, hizo hincapié en el histórico
esfuerzo de cooperación hacia El Salvador, Guatemala y Honduras de 100 millones
de dólares destinados a proyectos de desarrollo y cooperación en la región
mesoamericana, incluido México.

Por parte de la oficina del canciller, Ximena Escobedo
detalló que la SRE brindará apoyo al DIF con equipos multidisciplinarios
compuestos por profesionistas calificados, incluidos trabajadores sociales,
abogados, psicólogos y coordinadores para la atención de niñas, niños y
adolescentes.

El director general de Comunicación Social, Roberto Velasco,
sostuvo que la Secretaría de Relaciones Exteriores agradece el apoyo invaluable
y la solidaridad del sector privado y social.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que
aunque no se ha logrado avanzar en materia de seguridad, la violencia es un
problema complejo que preocupa y ocupa a su administración, luego que durante
años se simuló su atención y si acaso, se ocuparon de los efectos operativos.

«En el caso de la violencia, no hemos podido avanzar,
porque es un asunto complejo. Se dedicaron nuestros adversarios a saquear, a
robar y no atendieron las causas», expresó tras asegurar que tiene el respaldo
de más mexicanos en las acciones para erradicar la pobreza, la corrupción y la
impunidad.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional,
recordó que el 1 de julio de 2018 «votaron por nosotros 30 (millones de
mexicanos) y ahora deben estar a favor de lo que estamos haciendo entre 50
millones y 60 millones, más de los que votaron por nosotros».

El Ejecutivo federal indicó que el incremento de la pobreza,
la desigualdad y la corrupción «desató la inseguridad y la violencia, pero
ya estamos trabajando todos los días para entregar buenas cuentas en el corto,
mediano y largo plazos. Vamos bien», enfatizó.

«Yo siento que la gente nos está apoyando, no está
respaldando; les agradezco mucho a los mexicanos que nos están apoyando y nos
están apoyando más de los que votaron por nosotros» porque ven el esfuerzo
que se lleva a cabo, sostuvo.

López Obrador se dijo satisfecho con los resultados y confió
en que este año se sienten las bases para la transformación de México, las
nuevas políticas para la patria nueva.

«Vamos muy bien en todos los campos. Tengo preocupación
y ocupación en el tema de seguridad», puntualizó.

Un Juez de Control vinculó a proceso a un individuo con
iniciales ‘DBC‘ por el delito de secuestro agravado en contra del estudiante
Norberto Ronquillo, de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de junio sobre la calle El
Arenal de la colonia Del Bosque, en la alcaldía Tlalpan.

El impartidor de justicia impuso la medida cautelar de
prisión preventiva oficiosa, la cual deberá cumplir en el Reclusorio
Preventivo Varonil Oriente.

El Ministerio Público imputó al individuo identificado
como ‘DBC’, detenido el pasado mes de junio, la privación de la libertad del
estudiante de la Universidad del Pedregal, Norberto Ronquillo, cuando salía
del plantel.

El joven fue encontrado sin vida el 9 de junio, en la calle
Prolongación y Avenida del Campo, Barrio de las Cruces, alcaldía Xochimilco.

El Juez de Control estableció como plazo cuatro meses para
el cierre de la investigación complementaria, mismos que deberá cumplir en
dicho reclusorio.

El narcotraficante mexicano, Joaquín Guzmán Loera, mejor
conocido como El Chapo Guzmán, fue condenado a cadena perpetua este miércoles
por el tribunal de Nueva York.

En la audiencia de la sentencia estuvo presente
la esposa del narcotraficante, Emma Coronel Aispuro, quien asistió a las
sesiones del juicio incluso cuando las declaraciones de testigos se referían a
ella.

Antes de escuchar la sentencia,
Guzmán se quejó de las condiciones de su encarcelamiento y dijo al juez que se
le negó un juicio justo. Dijo que el juez federal Brian Cogan no investigó
exhaustivamente las denuncias de faltas de conducta de los jurados. Guzmán dijo
a través de un intérprete que el caso estaba contaminado, se le negó un juicio
justo a los ojos del mundo entero. Añadió que cuando lo extraditaron a Estados
Unidos, esperaba tener un juicio justo, pero sucedió exactamente lo contrario.

El gobierno lo acusa de traficar o intentar traficar mil 213 toneladas de
drogas a Estados Unidos a lo largo de un cuarto de siglo, así como mil 44
toneladas de base de cocaína, 222 kg de heroína, casi 50 toneladas de marihuana
y «cantidades» de metanfetaminas. Durante el juicio, la acusación
presentó pruebas de que ordenó la muerte o torturó y mató él mismo a por lo
menos 26 personas o grupos de personas, incluidos supuestos informantes, narcos
rivales, policías, socios y hasta familiares.

El Chapo, de 62 años y exjefe del
cartel de Sinaloa, llegó a ser el hombre más buscado en Estados Unidos tras la
muerte de Osama Bin Laden y es el mayor capo del narcotráfico extraditado y
enjuiciado por el país norteamericano. Está previsto que Joaquín Guzmán Loera
cumpla su condena en una prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado,
la»Supermax», conocida como la «Alcatraz de las
Rocallosas».

A la mayoría de los reclusos de Supermax se les da un
televisor, pero su única vista real del mundo exterior es una ventana de 10
centímetros. Tienen una interacción mínima con otras personas y tienen todos
sus alimentos en sus celdas.

Un grupo de 108 migrantes
de nacionalidad hondureña fue rescatado cuando era trasladado a bordo de un
autobús sobre la carretera federal Villahermosa-Coatzacoalcos, reportó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A través de la 30 Zona Militar, expuso que fueron 47
hombres, 38 mujeres, 13 niños y 10 niñas las personas rescatadas en apoyo al Instituto
Nacional de Migración (INM).

En un comunicado, apuntó que en la víspera los migrantes
viajaban en una unidad de línea turismo TOURD, placas 52ORR5, el cual fue
asegurado en un operativo en el que participó parte del personal de la 30 Zona
Militar y elementos de la Guardia Nacional, en el marco del Plan de Migración y
Desarrollo de la Frontera Sur.

De esta manera, apuntó, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
contribuye a la estrategia del gobierno federal para atender y controlar el
flujo migratorio en el país.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que habrá
un castigo ejemplar contra los tres policías militares detenidos ayer por el
secuestro de un menor y que pasarían a formar parte de la Guardia Nacional
(GN).

«Va a haber castigo, sí, ejemplar. No se tolera a nadie
un delito», señaló.

En conferencia de prensa, el Mandatario detalló que hay dos
militares y un civil más prófugos de la justicia por el secuestro del menor.

Aseveró que no se tolerarán los delitos y el tema de los
militares detenidos lo retomó en su reunión de gabinete de hoy y advirtió que
en el gobierno «vamos a tener deserciones, traiciones, actos de
deslealtad, de delincuencia de los servidores públicos».

«Hay sectores echados a perder en todos los campos en
todos los terrenos. Lo que no podemos permitir es el que haya impunidad, el que
se proteja a quien cometa un ilícito, no podemos tapar nada. El que no entienda
de que ya son otros tiempos y que no habrá impunidad y se va a castigar por
parejo a todos», reiteró.

El reporte que le dio el secretario de la Defensa Nacional,
Luis Cresencio Sandoval, al Presidente es que los detenidos eran policías
militares que pasarían a la Guardia Nacional y que hay tres prófugos, dos de
ellos militares.

Las fiscalías antisecuestro del Estado de México y de
Guerrero desarticularon una banda de presuntos secuestradores integrada por
tres militares adscritos a la recién creada Guardia Nacional (GN) y un civil.

En un operativo conjunto, elementos de la Fiscalía Especializada
de Secuestro del Valle de México y de la Fiscalía Especializada Contra el
Secuestro de Guerrero liberaron ayer en el municipio de Huehuetoca, Estado de
México, al joven de 14 años de edad, Ernesto Pérez Arellano, quien fue privado
de su libertad el 18 de junio en la comunidad de la Molonga, en el municipio de
Petatlán, Guerrero.

De acuerdo con autoridades, los presuntos plagiarios fueron
identificados como Diana Paola M, de 23 años, soldado de la Policía Militar en
activo, perteneciente al 20/o Batallón de la Guardia Nacional, ubicado en San
Miguel de los Jagüeyes.

Jorge Luis «B», de 25 años, posteriormente
identificado como Cabo motociclista, en activo, perteneciente al 19/o. Batallón
de Guardia Nacional, San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México.

Everardo «S», de 28 años, identificado como Cabo
activo del 20/o Batallón de Guardia Nacional y Atilano «M», de 26
años, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para
determinar su situación jurídica.

El gobierno federal ofrecerá respaldo a las acciones de
rescate a la industria petrolera nacional durante la primera mitad de la
administración, de tal manera que se alcance una producción superior a 2
millones 600 mil barriles diarios de petróleo hacia el fin de la
administración, momento en el que Pemex podrá fortalecer a México.

Al presentar el Plan de Negocios 2019-2023 de Petróleos
Mexicanos (Pemex), el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que
nuestro país concluyó una etapa que dejó como saldo una industria petrolera en
ruinas con riesgo de crisis mayor por el descenso en la producción hasta un
millón 650 mil barriles con tendencia a la baja

Por ello, la intervención del Gobierno de México en torno al
rescate de la industria petrolera se detalla en el Plan de Negocios Pemex
2019-2023, aprobado por unanimidad el día de ayer durante la sesión ordinaria
del Consejo de Administración.

El primer mandatario informó al pueblo de México:

“En esencia consiste en seguir apoyando a Pemex en los primeros
tres años de gobierno con presupuesto y reducción de impuestos para que tenga
recursos, pueda invertir, y en los últimos tres años del gobierno, ya con más
producción, con los excedentes que se van a obtener, Pemex va a contribuir al
desarrollo de México.

“Tres años para rescatar a Pemex y que aumente la
producción, y tres años para destinar inversiones al desarrollo nacional,
sembrar el petróleo.”

Una nueva visión en materia energética

Durante su intervención, el director general de Pemex,
Octavio Romero Oropeza, informó que durante la sesión del Consejo de
Administración también fue aprobado el presupuesto 2020, por lo que se enviará
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para su inclusión en el
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del próximo ejercicio fiscal.

Dijo que el Plan de Negocios “muestra la nueva visión
estratégica de la empresa en línea con la política del Gobierno de México en
materia energética y de desarrollo económico”.

Expuso que el punto de partida fue un diagnóstico que dio
cuenta de la caída en la producción petrolera durante los últimos 14 años por
más de 1 millón 800 mil barriles, cifra que ha empezado a revertirse con un
ligero repunte.

Inversión será para explorar aguas someras y terrestres; se
duplicará exploración

Destacó que se dará un cambio en las políticas de inversión
de la empresa, en vista de que no produjo un solo barril orientar los proyectos
hacia aguas profundas.

“Ahora nos vamos a concentrar en el desarrollo de aguas
someras y áreas terrestres, lo que nos va a permitir, dado sus menores costos,
duplicar la actividad exploratoria con los mismos recursos.”

Romero Oropeza agregó que la caída en la producción petrolera
estuvo acompañada por mínimos históricos en refinación y que “en sólo tres
años, de 2013 a 2016, la deuda de Pemex se duplicó al pasar poco más de un
billón a más de dos billones de pesos”, por lo que ya suma una década que la
empresa presenta déficits financieros.

Pese a lo anterior, “es relevante señalar que la principal
variable que determina dichos resultados es la elevada carga fiscal de la
empresa”, de tal manera que los tres grandes problemas de Pemex son: la elevada
carga impositiva, la deuda y los bajos niveles de inversión.

Pemex se libera de carga impositiva; se presentará reforma a
la LIH

Por ello, el primer componente del Plan de Negocios es el
apoyo del gobierno federal al haber anunciado, mediante decreto, un cambio en
el régimen fiscal de Pemex. Esto le permitirá contar con recursos para
inversión, de acuerdo con Romero Oropeza:

“Cabe señalar que, como una primera medida para este año
2019, se amplió el beneficio fiscal en el pago de los derechos de producción de
petróleo a través de la publicación de un decreto que resultó en un beneficio
del orden de 30 mil millones de pesos para este año.”

Con ello, los tres primeros años de la administración, el
gobierno federal apoyará a Pemex en un proceso de transición. La segunda mitad
será Pemex “quien apoye al gobierno federal para financiar el desarrollo y el
crecimiento económico de nuestro país”.

Esta medida se acompañará con una iniciativa de reforma a la
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos que plantea reducir del 7 al 4 por ciento
la tasa del Derecho de utilidad Compartida (DUC) entre 2020 y 2021.

Se logra equilibrio presupuestario para 2021

Otras de las acciones consideradas en el Plan de Negocios se
refieren al incremento en la producción de aceite y gas acelerando el
desarrollo de nuevos yacimientos; incrementar el factor de recuperación de
campos maduros; recuperación gradual de la capacidad de refinación conforme
aumente la inversión en la construcción de la refinería Dos Bocas, entre otras.

El titular de Pemex señaló con esta estrategia integral,
Petróleos Mexicanos logra su equilibrio presupuestario en el año 2021. En el
mediano plazo y en largo nuestro país se beneficia por mayores transferencias
de ingresos petroleros a la Hacienda pública federal.

El presidente López Obrador señaló:

“Me siento muy satisfecho, muy seguro, porque se ha actuado
bien en el rescate de la industria petrolera y estamos optimistas; a pesar de
que nuestros adversarios quisieran que nos fuese mal en esto y en otras cosas,
se van a quedar con las ganas porque vamos bien.”

El exabogado de Javier Duarte de Ochoa, Marco Antonio del
Toro Carazo confirmó, en una carta enviada a medios de comunicación, que el
vídeo revelado anoche por el periodista Ciro Gómez Leyva es apenas una parte de
todo lo que posee su excliente contra funcionarios de la pasada administración.

Asimismo, aseguró que todo el material que lograron recabar
para demostrar en su momento la «inocencia» del exgobernador, está
bajo absoluto resguardo.

Del Toro Carazo hizo llegar, esta mañana, la misiva a medios
de información, réplica exacta de la carta que mandó al medio nacional, donde
además de confirmar que él fue quien le pidió a Duarte que grabara el vídeo,
las presiones que hiciera el gobierno federal con amenazas directas a la
familia del exmandatario, terminaron por optar el abandono del caso.

A continuación, la carta íntegra:

A los medios de comunicación:

Me permito transcribir la carta que ayer por la noche le
hice llegar al periodista Ciro Gómez Leyva y su equipo de colaboradores con
relación a las revelaciones que hiciere el ex Gobernador de Veracruz, Javier
Duarte de Ochoa:

“Hice público el 16 de marzo de 2018 mi decisión de dejar la
defensa del Licenciado Javier Duarte de Ochoa. Por secrecía profesional no
proporcioné detalles precisos de los motivos que me llevaron a tomar esa
decisión. Únicamente señalé que ello obedeció a razones ajenas al cliente.
Agregué que deseaba que prevaleciera el Estado de Derecho por encima de
cualquier otra circunstancia, sin que ello se viera entorpecido por otras
motivaciones o prácticas viciadas (en esas líneas se asoma, como se narra
líneas abajo, lo substancial de lo ocurrido).

Sigo sujeto a la secrecía profesional. Sin embargo, me
encuentro autorizado para confirmar categóricamente lo que Javier Duarte de
Ochoa les reveló. Es cierto que realizó una videograbación -el 15 de abril de
2017-, de manera previa a que fuera “supuestamente detenido” en Guatemala.
Confirmo también que es cierto lo que Javier Duarte les manifestó a ustedes en
el sentido de que fui yo quien le pidió hiciera dicha videograbación en
Guatemala. Lo confirmo, ya que le indiqué entonces que debía generar una prueba
fehaciente de la existencia de presiones ilegales y probablemente delictivas
-que afectaban a su familia, incluyendo sus hijos-, por parte de las
autoridades federales involucradas en aquel momento. Y es que entonces no era
posible hacerlas públicas o siquiera pensar en denunciarlas, por razones
obvias. Hoy no me corresponde hacerlo.

Javier Duarte no fue detenido. La verdad es que tuvo que
sucumbir ante extraordinarias presiones para que se redujeran las ilegales
presiones a su familia. Ello, a fin de satisfacer exigencias, que de no
“aceptarse”, hubieren entonces acarreado consecuencias que ningún padre de
familia podría conocer y no sacrificarse para evitarlas. A partir de ese
momento decidió defenderse ante las autoridades judiciales -en lo que coincidí
ya que era evidente la fragilidad de las imputaciones-, sin en ese momento
contar que surgirían más dificultades a propósito de nuevas presiones de
funcionarios gubernamentales y otros, que se imprimieron en su contra.

De hecho, ese video no es el único medio de prueba que
acredita las ilegales presiones -que como dije ocurrieron antes y también
después de que se llevara a cabo la pseudo detención en Guatemala-. Existe
evidencia documental e informática -por llamarle de algún modo-, que así lo
acredita, la que por ahora se encuentra sujeta al secreto profesional y que
está debidamente resguardada.

Y es que incluso mi salida de su defensa también obedeció a
presiones ilegales que resintió Javier Duarte de Ochoa. Se le exigió mi salida
en tanto la defensa técnica planteada no cabía en el plan que se orquestó en su
contra para incriminarlo, haciendo de él un chivo expiatorio y enemigo público
en el ámbito mediático. Esto es, la actitud de mantener siempre una posición
jurídica y litigiosa que asumí en defensa de mi entonces representado frente a
los altos funcionarios en las diversas reuniones -con interlocutores de
Gobierno y otros-, “no les “gustaba”; así como la defensa material planteada
(incluyendo aquella relativa a que las pruebas en su contra se recabaron de
manera ilícita), les resultó sumamente “incómoda”.

Fue así que decidí dejar el caso, ya que las presiones que
enfrentó Javier Duarte y su familia eran de tal magnitud, que seguir actuando
como defensor les hubiera acarreado consecuencias indudablemente graves e
injustas. En ese momento fue sin asomo de duda la mejor decisión. Fue por ello
que de común acuerdo abandoné esa defensa jurídica, sucediéndome el colega
Ricardo Sánchez Reyes Retana, de probada capacidad profesional y que en algún
momento tuve directo conocimiento de un gesto que tuvo que denota además, su
calidad humana.

A partir de mi salida, no he intervenido en ningún asunto de
Javier Duarte en México (sea federal o local en Veracruz). Por tanto, no podría
naturalmente abordar aspectos que hayan acaecido en forma posterior. Desconozco
los planteamientos técnicos y el detalle del desarrollo mismo del caso.

Dentro de los límites éticos de la profesión, es sólo esto
lo que puedo confirmar, cerrando en definitiva así mi intervención, con la
anuencia de mi entonces cliente. Todo lo antes expuesto tiene sustento en los
artículos 16, 17, 18 y 22 de los Principios Básicos Sobre la Función de
Abogados, emitidos por la Organización de las Naciones Unidas el 7 de
septiembre de 1990 -siendo México parte-, así como 1, 2, 10, 11 y 31 del Código
de Ética de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.”