Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), informó que se detectó una transferencia de dos mil millones
de pesos desde la Secretaría de Gobernación (Segob) hacia una empresa
relacionada con Genaro García Luna, y que es parte de las cuentas bloqueadas
luego de su aprehensión en Estados Unidos.

“Se le informó (al presidente) y el definió que
presentáramos la información a la Fiscalía General de la República, y esa
transferencia es lo que nos ampara, porque al final de cuentas tenemos una
triangulación entre recursos de Gobernación, una empresa en la que García Luna
es accionista”, señaló Nieto Castillo.

Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel
López Obrador reveló este miércoles que se investiga dicha transferencia de
dinero de la Segob.

Explicó que el caso involucra a la secretaría que estaba a
bajo la responsabilidad del senador Miguel Ángel Osorio Chong.

“Se conoció de una transferencia a una cuenta particular o
de la familia, de un recurso que surgió en Gobernación y al parecer se
transfirió una parte a una cuenta personal de un familiar de García Luna”, dijo
el presidente.

Añadió que en la investigación del exsecretario de Seguridad
Pública en Estados Unidos, colaboraran en brindar lo que se solicite.

“Lo que soliciten lo tenemos que hacer y hay una
comunicación permanente, sobre todo en el área de inteligencia financiera del
manejo del dinero”, detalló López Obrador.

La bancada de Morena propuso una reforma constitucional para
garantizar el derecho de todo ciudadano a contraer matrimonio sin
discriminación alguna, es decir entre personas del mismo sexo, con un régimen
transitorio que obligará a todas las entidades a adecuar sus legislaciones en
tres meses.

La propuesta presentada través de la diputada morenista
Reyna Celeste Ascencio Ortega establece que a diferencia de muchas otras
iniciativas, de aprobarse ésta se obligaría a generalizar la decisión en todo
el país y cobrarían vigencia las uniones que ya se hayan celebrado antes de la
entrada en vigor de estas enmiendas.

Expresamente se señala que, a partir de la entrada en vigor
de la reforma, las disposiciones federales y/o locales que limiten el derecho
de las personas a contraer matrimonio por condiciones de género, preferencias
sexuales, religión o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana no
serán aplicables en perjuicio de persona alguna.

También se establece que no serán aplicables las
disposiciones que restrinjan o anulen el ejercicio de algún derecho como
cónyuge de un matrimonio que se haya celebrado entre personas del mismo sexo.

La propuesta de reforma a la Constitución modifica el
artículo 4o. que indica que «la mujer y el hombre son iguales ante la ley.
Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia» y se agrega
que «toda persona mayor de edad tiene derecho a contraer libremente
matrimonio, sin discriminación alguna».

Se plantea un régimen transitorio en el que se obligaría a
esos cambios en todo el país, por lo que se establece que el Congreso de la
Unión y las legislaturas locales «deberán adecuar la legislación
correspondiente conforme lo previsto en este decreto, dentro de los tres meses
siguientes a su entrada en vigor».

En tanto, en un tercer transitorio se establece que a partir
de la entrada en vigor del decreto, las disposiciones federales o locales que
limiten el derecho de las personas a contraer matrimonio por condiciones de
género, preferencias sexuales, religión o cualquiera otra que atente contra la
dignidad humana «no serán aplicables en perjuicio de persona alguna».

Las uniones civiles entre personas del mismo sexo que no
tengan el carácter de matrimonio, cualquiera que sea su denominación y régimen
legal, que se hayan celebrado con anterioridad a la entrada en vigor del
decreto, «tendrán el carácter, derechos y obligaciones de un matrimonio
desde la fecha en que tales actos jurídicos fueron celebrados y gozarán de
plena validez en toda la República», indica la propuesta.

El Senado turnó a las comisiones de Gobernación y Estudios
Legislativos una iniciativa de reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y
Culto Público que plantea eliminar de la norma el principio histórico de la
separación del Estado e Iglesias, en la que está fundada.

La iniciativa presentada el pasado 11 de diciembre por
Soledad Luévano Cantú, senadora morenista por Zacatecas, propone modificaciones
a la ley en materia de acceso a medios de comunicación, justificar la objeción
de conciencia para abstenerse de actuar en aquello que contravenga a sus
convicciones éticas y colaboración Estado-Iglesias en materia de desarrollo
social, entre otros puntos.

Además, plantea que las autoridades municipales, estatales y
federales podrán asistir «en su carácter» a actos de culto público,
así como a las actividades que tengan motivos o propósitos similares, situación
prohibida por la ley vigente.

Pretende establecer que las organizaciones de culto puedan
«usar en forma exclusiva, para fines religiosos, bienes propiedad de la
nación y ofrecer asistencia espiritual en los centros de salud o de reinserción
social, instituciones de asistencia social, estancias o estaciones migratorias,
incluso en instalaciones de las Fuerzas Armadas», dice el texto.

Así, plantea cambios al primer artículo de la ley para
eliminar la frase «principio histórico de la separación del Estado y las
Iglesias». Propone que la ley esté fundada «en el derecho humano a la
libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión».

La iniciativa prevé que se pueda justificar «motivos
religiosos» para evadir responsabilidades civiles y pretende que cualquier
persona pueda expresar sus creencias religiosas en asuntos con carácter social
y difundir las mismas «a través de cualquier medio de comunicación».

Mantiene la disposición de que las asociaciones religiosas
«no podrán poseer o administrar concesiones para la explotación de
estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación»,
excepto publicaciones impresas y digitales.

Pero garantiza que «las asociaciones religiosas podrán
transmitir o difundir mensajes para su promoción, así como actos de culto
religioso a través de cualquier tipo de medios masivos de comunicación. En
ningún caso éstos podrán difundirse en los tiempos de radio y televisión del
Estado».

La ley vigente establece que lo anterior sólo lo pueden
hacer, «de manera extraordinaria», previa autorización de la
Secretaría de Gobernación. Este precepto es eliminado de la propuesta que será
debatida en el próximo periodo de sesiones.

Plantea que en todo el país cualquier persona pueda
justificar objeción de conciencia para abstenerse de actuar en aquello
«que contravenga a sus convicciones éticas», y que sólo en caso de
que se trate de trabajadores del Estado, éste garantizará el acceso a derechos
humanos de terceras personas afectadas por la objeción de conciencia.

Aunque señala que el Estado no podrá establecer ninguna
preferencia por una religión, eso «no impedirá la colaboración entre éstas
y el gobierno para la promoción conjunta de desarrollo cultural y social».

Otro aspecto que pretende reformar la iniciativa es que el
Estado garantice el derecho a toda persona a «prestar servicios
voluntarios y contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de cualquier
asociación religiosa».

Se busca garantizar el derecho a las organizaciones
religiosas para que la formación de sus asociados y ministros de culto tenga
validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública.

La iniciativa mantiene que los ministros de culto no podrán
asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de
candidatos, partidos o asociaciones políticas.

Es decir, las asociaciones religiosas no podrán inducir a
sus fieles de manera expresa «a votar por un candidato o partido político,
o a no hacerlo por cualquiera de ellos, en los lugares destinados al culto, en
los locales de uso público o en los medios de comunicación».

La propuesta flexibiliza que el patrimonio de las órdenes
religiosas pase de ser «el exclusivamente necesario» a «el
necesario» para desempeñar sus labores.

Además, le resta funciones a la Secretaría de Gobernación
para poder autorizar la compra de bienes inmuebles a las organizaciones
religiosas, y sólo menciona que tendrán que darle aviso a la dependencia.

Y faculta a las autoridades para que brinden «el apoyo
necesario a las asociaciones religiosas, cuando así lo soliciten, para
preservar, salvaguardar, mejorar y conservar en su integridad dichos
bienes».

De igual manera facilita que las organizaciones de culto
puedan realizar eventos en lugares públicos sin tener que pedir permiso, sólo
notificando a la entidad federativa donde se vaya a realizar el evento, en un
plazo mínimo de cinco días hábiles.

Ante el rechazo que académicos y personajes de la sociedad
civil mostraron en redes sociales a la propuesta, el coordinador de Morena en
la Cámara Alta, Ricardo Monreal, dijo que «todas las voces serán
escuchadas» y que los senadores sólo «ejercen su derecho de
iniciativa, pero éste tiene que ser discutido en el grupo legislativo para su
aval.

«Así sucederá con la iniciativa presentada por la
senadora Soledad Luévano sobre libertad religiosa, sin precipitación ni
regresión, todas las voces serán escuchadas», señaló Monreal Ávila.

La senadora advierte que «la complejidad de la sociedad
y del contexto internacional que nos rodea exige un nuevo y respetuoso diálogo
intercultural, un reconocimiento más amplio de la libertad y también del
diálogo interreligioso».

Puntos destacados de la iniciativa:

Cambio al primer artículo de la Ley de Asociaciones
Religiosas y Culto Público para eliminar la separación del Estado e Iglesias.

Se podría justificar motivos religiosos para evadir
responsabilidades civiles.

Podrán transmitir mensajes para su promoción y actos de
culto religioso a través de cualquier tipo de medio de comunicación.

No podrán poseer o administrar concesiones para la
explotación de los medios.

Propone que se pueda justificar objeción de conciencia para
abstenerse de actuar en aquello contrarios a sus convicciones éticas.

No impide la colaboración entre Iglesias y gobierno para la
promoción de desarrollo social.

Faculta a las personas a contribuir con dinero al
sostenimiento de cualquier asociación

Garantiza que la formación religiosa de sus ministros tenga
validez oficial ante la SEP.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los
gobernadores levantarse más temprano para atender el problema de inseguridad
que hay en cada estado, así como participar con más frecuencia en las Mesas de
Coordinación Estatal de Seguridad.

El titular del Ejecutivo Federal respondió así a los
gobernadores que aseguraron que no participar en las Mesas de Coordinación no
afecta su estrategia de seguridad. Así lo advirtió, por ejemplo, el gobernador
de Guanajuato, Diego Sinhue, quien dijo que en esas reuniones «no se toman
las decisiones».

En respuesta, López Obrador mencionó en su conferencia
matutina que respeta mucho esas ideas, sin embargo dijo que «por la mañana
se reparten pedacitos de suerte y el que se levanta tarde ya no alcanza
boleto».

Dijo que asistir a las Mesas de Coordinación es una decisión
de cada quien y voluntaria. Además defendió las cifras presentadas el día de
ayer martes en torno a que los mandatarios de Campeche, Guanajuato, Tamaulipas,
Michoacán, Aguascalientes y Querétaro son quienes menos asisten a estas
reuniones.

El exsecretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García
Luna, seguirá en una prisión del sureño estado de Texas desde donde será
trasladado a Nueva York, para enfrentar tres cargos en una corte federal de
distrito.

El exfuncionario que perteneció al gabinete del expresidente
mexicano Felipe Calderón, compareció este martes en una corte local tras su
detención justo hace una semana por agentes de la agencia antinarcóticos
estadunidense (DEA).

En la audiencia de este martes al acusado de 51 años de edad
se le negó la posibilidad de seguir en libertad su proceso, por lo que deberá
esperar en prisión su traslado a Nueva York, donde iniciará el proceso.

García Luna enfrenta tres cargos de conspiración para
tráfico de cocaína así como por falsas declaraciones. Antes ya había renunciado
a la audiencia para certificar su identidad, recordaron medios locales.

El derecho a fianza le fue negado luego de que los
funcionarios judiciales estadunidenses encargados del caso, alegaron ante el
juez que representaba un peligro de fuga por la posible protección de
funcionarios, exfuncionarios y miembros del cártel de Sinaloa.

El juez David Horan en vista de la evidencia rechazó darle
la libertad bajo fianza y ordenó que siga en prisión hasta su traslado a la
corte del distrito este de Brooklyn.

Esa corte es la misma donde se enjuició a Joaquín “El Chapo”
Guzmán este mismo año, fue encontrado culpable y condenado a cadena perpetua.

Será el juez Brian Cogan, quien llevó el juicio contra
Guzmán, el que ahora se haga cargo de este proceso.

Guanajuato castigará con arrestos y multas de hasta 5 mil
pesos el acoso callejero, entendido como agresiones verbales como piropos,
acercamiento insistente y/o contacto físico.

El Ayuntamiento de Guanajuato realizó modificaciones al
reglamento de Policía y buen gobierno, con penas de hasta 36 horas de arresto y
multas económicas por cometer acoso en cualquier lugar público del municipio.

Dicha medida busca evitar conductas antisociales, como los
piropos obscenos, que pudieran tener consecuencias más graves.

La regidora María Esther Garza, quien presentó la propuesta,
dijo que “no estoy en contra de un silbido o un ‘qué bonita estás’; yo creo que
hasta nos halaga a las mujeres, pero ya cuando son obscenos, con tocamientos y
eso, creo que no es correcto (…) porque estas personas que acosan de esta
manera a las jóvenes en las calles son los que después golpean, los que después
delinquen”.

Además, los infractores a esta medida deberán tomar cursos
para frenar dichos comportamientos, e incluso las sanciones podrían extenderse
a los acompañantes del acosador que no hagan nada por frenar la agresión.

Los instrumentos musicales de la banda filarmónica de la
comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla, en la sierra mixe de Oaxaca, fueron
robados del lugar donde eran guardados.

Pablo Vásquez Ramírez, presidente del comité de la Banda
Filarmónica Municipal, aseguró que se percataron del robo aproximadamente a las
14:00 h del viernes 13 de diciembre, y que el valor de los instrumentos es de
más de medio millón de pesos.

Indicó que muchos de los instrumentos robados habían sido
donados durante la fiesta de Santa Cecilia el pasado 22 de noviembre.

Alejandro Alfonso Ramírez, vicefiscal de zona Centro en
Oaxaca, indicó que para robar los instrumentos, los responsables forzaron la
cerradura del lugar donde eran guardados.

Durante el fin de semana, habitantes e integrantes de la
banda de San Pedro y San Pablo se manifestaron en el centro de Ayutla para
exigir a las autoridades municipales una solución y una investigación que dé
con los responsables del robo, sin embargo, las autoridades les indicaron que
no cuentan con recursos para recuperar los instrumentos.

Guanajuato es el estado de la República donde se ha
registrado mayor número de homicidios dolosos en lo que va de 2019, con un
total de tres mil 211, informó el secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana, Alfonso Durazo.

En la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés
Manuel López Obrador, el funcionadio detalló que en segundo lugar se ubica Baja
California con dos mil 657, en tercero el Estado de México con dos mil 603, en
cuarto Jalisco con dos mil 465 y en quinto sitio Chihuahua con dos mil 379.

En el país, la cifra total asciende a 31 mil 688, según las
cifras presentadas por el secretario Durazo.

En cuanto a la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil
habitantes, Colima encabeza la lista con 88, seguido de Baja California con
74.2, Chihuahua con 63.2, Guanajuato con 52 y Guerrero con 47.

Además de Durazo, en la conferencia de López Obrador se
encuentran la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el secretario de
la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; y el de Marina, Vidal Francisco
Soberón.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el
tema de seguridad pública su gobierno ha tenido que iniciar “de cero”.

Durante su tradicional conferencia de prensa matutina de
este martes, el mandatario aseguró que en las pasadas administraciones había
mucha corrupción y contubernio entre autoridades y delincuencia.

“Estamos resolviendo y avanzando”, aseveró.

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana, indicó que ha sido un año de mucho esfuerzo, pero que se ha logrado
la creación de la Guardia Nacional y se han instalado 32 mesas estatales.

“Ha sido un año de retos, pero también de avances
institucionales“, destacó.

Al compartir los resultados durante su gestión en materia de
seguridad, afirmó que se ha “hablado de un punto de inflexión”.

Agregó que en 2018, el 94 por ciento de delitos fueron del
fuero común, mientras que el otro 6 por ciento del fuero federal.

“El estado con mayor número de homicidios es Guanajuato,
seguido de Baja California y el Estado de México”, detalló.

Durazo señaló que Tijuana, Acapulco y Culiacán concentran el
13 por ciento de los homicidios dolosos del país.

Destacó una reducción en el robo a transportistas en México,
pues “a partir del 1 de diciembre, estamos a la baja”.

Explicó que Querétaro tiene la tasa más alta de policías
certificados, con 96.4 por ciento: mientras que San Luis Potosí tiene a los
uniformados mejor pagados, con un promedio salarial de más de 21 mil pesos.

Dijo que, según el estándar internacional, casi la mitad de
los estados cumplen con el promedio de policías por cada mil habitantes.

Agregó que en 2019 se bloquearon cuentas y montos 69 veces
más que lo asegurado en 2018.

El secretario de la Defensa Nacional, el general Luis
Cresencio Sandoval, detalló que en un año se han realizado 12 mil 158
aseguramientos en todo el país.

Agregó que se han reportado 3 mil 470 eventos de robo de hidrocarburo,
así como 357 agresiones a las instancias de seguridad de México.

Explicó que la corporación ha asegurado más de 51 mil
kilogramos de metanfetamina y ha erradicado más de 2 mil 522 hectáreas de
mariguana.

Agregó que en el tema de armamento asegurado, se han
confiscado 4 mil 427 armas cortas y 4 mil 852 armas largas.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó
que seis mil 200 personas podrían ser beneficiadas por la Ley de Amnistía que
deberá ser aprobada por el Senado en el próximo periodo de sesiones, que inicia
en enero de 2020.

“Los seis mil 200 son la población a la que creemos, podría
verse beneficiada”, subrayó la funcionaria federal, quien indicó que el
indiciado, sentenciado, representante legal o familiar, deberá hacer la
solicitud ante la comisión que se creará para tal fin, en aras de presentarla
ante el juez de Distrito, que resolverá la libertad inmediata o no.

En rueda de prensa y conforme al dictamen aprobado por el
Congreso, indicó que la amnistía se decretará a quienes cometieron el delito de
aborto, en cualquiera de sus modalidades, previsto en el Código Penal Federal,
cuando se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido.

Además, a las y los médicos, cirujanos, comadronas o
parteras, u otro personal autorizado de servicios de la salud, que hayan
auxiliado en la interrupción, siempre que la conducta delictiva fuera sin
violencia y con el consentimiento de la madre del producto; y a los familiares
de la madre que hayan auxiliado en la interrupción.

Sánchez Cordero precisó que “según la estadística de
población penitenciaria federal, no hay mujeres detenidas o sentenciadas por el
delito de aborto en el ámbito federal, dado que este delito generalmente es de
fuero común y está en la competencia de los Congresos locales”.

Empero, “sí las hay en el ámbito local, por lo que es
necesario contemplar esta hipótesis en la Ley de Amnistía aun bajo estudio de
Dictamen de la Cámara de Senadores, porque la Segob promoverá que los Congresos
locales, que las entidades federativas expidan sus respectivas Leyes de
Amnistía, tratándose de delitos del orden local”.