En la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), si se decide modificar su contenido se abrirá una renegociación que implicaría requisitos adicionales en cada país; este escenario puede significar cambios sustanciales, refirieron especialistas de la UNAM en ocasión del ciclo de mesas redondas “El trabajo y los mercados laborales en perspectiva”.
El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Carlos Reyes Díaz, expuso que en ese proceso hay ambigüedad, pues no se sabe hasta dónde puede darse sin ser una modificación de fondo. Una reforma tendría que pasar a instancias legislativas nacionales; aquí la idea es corregir aspectos para dar continuidad al Tratado, y “eso debe quedar claro”.
Por primera vez en la historia del derecho comercial internacional las prerrogativas laborales están integradas al texto principal de un acuerdo de libre comercio con mecanismos de ejecución vinculantes y sanciones efectivas, en especial la libertad de asociación sindical y la negociación colectiva, recordó en la sesión “El T-MEC y los derechos laborales: Desafíos para su revisión”.
No obstante, destacó, hay brechas estructurales. El Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) fue diseñado para que México dé cumplimiento a la protección de esas garantías, y no tiene una aplicación simétrica para Estados Unidos y Canadá. Además, 61 por ciento de sus casos se ha concentrado en el sector automotriz. Hay que buscar que se proteja de manera más efectiva otros, como el agrícola y el minero.
Mencionó que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que las deficiencias del T-MEC son tales que una simple ratificación no está en el interés nacional. En consecuencia, ese país podría enfocarse en exigencias de convergencia salarial más agresivas y verificables.
“Es imposible equiparar los salarios mexicanos con los de los vecinos del norte; si eso se busca estaremos en un callejón sin salida”, precisó Reyes Díaz.
El experto manifestó: «Si no hay acuerdo entre las tres naciones antes del 1 de julio, se activará el mecanismo de revisión anual con la incertidumbre jurídica y de inversiones que conlleva y que afectaría las decisiones de inversión en la región, estimada en 1.4 billones de dólares de comercio trilateral anual. Aunque eso es poco probable, no es descartable».
Beneficiados
De acuerdo con la investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Aleida Hernández Cervantes, a partir de que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos hemos estado en una situación de convulsión en la que el T-MEC se constituye en una forma hasta de chantaje en la política económica.
Puntualizó que de 2019 a 2024 las exportaciones de México hacia la Unión Americana crecieron 38 por ciento, y 32 por ciento para Canadá; los socios también registraron aumentos relevantes. Es decir, existe un alto nivel de integración regional bajo el T-MEC, donde dos de los sectores estratégicos son el automotriz, con 167 mil millones de dólares en 2024, y el electrónico, 88.6 mil millones.
En 2025 nuestro país se consolidó por primera vez como el principal destino de las exportaciones estadounidenses, superando a Canadá y ubicándose por encima de otros socios destacados como China o Reino Unido; además, se mantiene como el proveedor primario en las importaciones de Estados Unidos. Mientras que Canadá fue nuestro segundo mercado de exportación, detalló.
Gracias al T-MEC y la reforma laboral, hay avances en la materia: ha habido un cambio sustantivo en áreas como libertad y democracia sindical, o en la impartición de justicia laboral con la creación de los tribunales laborales y los centros de conciliación, planteó Hernández Cervantes.
En la sesión a distancia -coordinada por Enrique Mauricio Padrón Innamorato, Jorge Rubén Afarian y Nina Castro Méndez, del IIJ- reconoció que si el acuerdo continúa se requiere fortalecer el MLRR, agilizar y flexibilizar sus procedimientos y que también exista para Estados Unidos y Canadá, no solo para México.
En nuestro caso habrá que insistir en el fortalecimiento de los sistemas de justicia laboral e inspección, incluyendo la consolidación de los tribunales laborales en las entidades, así como de las políticas de igualdad de género, entre otros aspectos, concluyó Hernández Cervantes.
