En la comparecencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz (Sedesol) Indira de Jesús Rosales San Román, con motivo de la Glosa del Primer Informe, las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura preguntaron en relación a la forma de operar del Programa Veracruz Comienza Contigo, el padrón de beneficiarios, las acciones paralelas para combatir los índices de pobreza y marginación, entre otros.

En su exposición, la funcionaria detalló que el Gobierno del Estado ha logrado el orden en el programa Veracruz Comienza Contigo y a la fecha atiende a más de 300 mil familias y una proyección de incrementar a 600 mil las familias beneficiadas en diciembre próximo.

La Comisión Permanente de Desarrollo Social, Humano y Regional, integrada por los diputados Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, presidente; Marco Antonio Núñez López, secretario y Miriam Judith González Sheridan, vocal, dio inicio a las 17:11 horas la comparecencia; previamente hicieron del conocimiento de la funcionaria el reglamento a seguirse.

En la primera ronda, el diputado del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Marco Antonio Núñez preguntó de dónde se obtienen los recursos del programa Veracruz Comienza Contigo (VCC) y en cuántos municipios se atendió a viviendas que tenían piso de tierra y cuál es la meta en este ramo para 2018.

La secretaria respondió que los recursos del programa VCC son derivados de un convenio con el DIF Estatal y que las acciones de mejoramiento de vivienda (pisos firmes) son en 59 municipios clasificados como Zona de Atención Prioritaria, abarcando 279 localidades. Abundó que esta actividad prevé una inversión de 166 millones de pesos (MDP) y para 2018 se proyectan 15 mil acciones más.

A la segunda intervención del diputado Marco Núñez, en relación al arrendamiento de vehículos, la secretaria contestó que esta acción se implementa debido a que recibieron la dependencia con 23 vehículos, y que de éstos únicamente tres funcionaban, por lo que resultaba más barato rentar unidades.

La diputada del Grupo Legislativo de Morena, Miriam Judith González Sheridan, preguntó en relación al programa “Contigo Migrante”, cómo ha sido la transferencia de recursos a las ocho zonas metropolitanas en el año y las acciones de combate a la pobreza y atención a grupos indígenas, en especial del Municipio de Uxpanapa, así como el monto total para este año del programa VCC.

La titular de Sedesol enfatizó que en las ocho zonas metropolitanas está más del 50 por ciento de la población. El Fondo Metropolitano fue de 49 MDP y se instalaron los Comités de Zonas, se revisaron los proyectos y en este momento se espera la validación para iniciarlos. Dijo que la Secretaría implementa un programa integral con diversas instancias para el combate a la pobreza.

Abundó que en el Uxpanapa hay familias que reciben becas y un programa alimentario. Se comprometió a entregar un informe sobre las familias beneficiadas. En el programa de migrantes expuso que las atiende la Secretaría de Gobierno y que su dependencia apoya con algunos comedores.

Del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Janeth Garcia Cruz cuestionó sobre el monto erogado por la Sedesol en servicios personales, materiales y suministros; a qué se debió el ajuste de más de 600 MDP, las obras de inversión pública y las obligaciones de los beneficiarios del programa VCC al ser inscritos en el padrón.

La funcionaria contestó que el ajuste se debió al plan de austeridad aplicado por el Gobierno del Estado. Informó que al recibir la Sedesol tenían una orden de desalojo del edificio debido al incumplimiento con el pago de renta y –agregó- que todos los productos de los programas son totalmente gratuitos y no como anteriormente que las instancias pedían una cuota de recuperación.

Del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) la diputada María Adela Escamilla Moreno preguntó sobre el estado que guardan los comedores comunitarios y las irregularidades que encontró en ellos al llegar a la Sedesol.

La respuesta de la secretaria fue que con el apoyo del DIF estatal llevaron a cabo una auditoría para verificar que todos los comedores estén empadronados y esta administración entrega únicamente a los inscritos. Indicó que presentaron 12 demandas por empresas “fantasma” y 7 denuncias por pagos virtuales.

El diputado Fernando Kuri Kuri, del Grupo Legislativo Juntos por Veracruz, preguntó sobre el criterio para determinar que una despensa alcanza para cubrir un mes las necesidades alimentarias de una familia y –subrayó- que con los recursos de la dependencia pudo haberse construido obras de drenaje y agua potable, así como mejoras a la vivienda y los servicios básicos.

La funcionaria contestó que el apoyo alimentario se entrega a 300 mil familias y se espera duplicar esta cifra próximamente. Destacó que los criterios para la alimentación son los establecidos en la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) del DIF Nacional y –destacó- representa una acción de responsabilidad social, pues los productos alimentarios deben ser para un sano desarrollo de las familias.

El diputado, Juan Manuel de Unánue Abascal, del PAN, cuestionó sobre dónde se encuentra el padrón de beneficiarios y quién puede acceder a él, además de cuál sería el presupuesto que necesita Veracruz para erradicar la pobreza; la secretaria refirió que a través del portal de internet de su dependencia se puede acceder y por la Ley de Transparencia y Acceso a la información todo ciudadano puede consultarlo, referente al monto para erradicar la pobreza mencionó que esa es el objetivo final de la dependencia.

Fernando Kuri Kuri, legislador de JPV, pidió el presupuesto basado en resultados que ejerce Veracruz, la titular de la Sedesol indicó que a través del Portal de Transparencia de la Secretaría se puede encontrar dicha información, además de acordar que se enviará la información detallada en un plazo no mayor a 48 horas como lo marca la Ley.

Asimismo el diputado Ernesto Cuevas Hernández de JPV, requirió información sobre el caso de un empleado que fue señalado por malversación de recursos en Puente Nacional, y qué sanciones ha recibido; Rosales San Román respondió que esa persona fue promotor de ese Municipio, y que al momento de descubrir las acciones, fue cesado de la dependencia y fue el Órgano Electoral el que procedió legalmente.

La legisladora María Josefina Gamboa Torales, del PAN, comentó si existe alguna diferencia al entregar apoyos con los delegados federales y estatales, a lo que la secretaria refirió que cualquier veracruzano puede acudir a la entrega de diversos programas, como Veracruz Comienza Contigo.

Juan Nicolás Callejas Roldán, diputado del PRI, solicitó detalles sobre el costo real de cada canasta que se entrega con el Programa Veracruz Comienza Contigo, cuántas canastas faltan por entregar y quiénes son los proveedores, Rosales San Román afirmó que es necesario que las familias veracruzanas cuenten con alimento en su mesa.

Abundó que a la fecha las despensas son adquiridas a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ejerciendo un monto de 761 millones 767 mil 169 pesos, entre desayunos y comidas frías y calientes.

A las preguntas del diputado del PAN, Gregorio Murillo Uscanga, en relación al incremento del padrón del programa VCC en 2018 y en cuál región del Estado tiene mayor presencia, la secretaria contestó que este año se logró incrementar el número de familias debido al ahorro presupuestal de este Gobierno y no descartó la posibilidad de aumentar la cifra de beneficiarios para 2018. Añadió que la cobertura de canastas alimentarias es en municipios de alta y muy alta marginación y en zonas consideradas como de alta prioridad.

La diputada del PRD, Dulce María García López, preguntó sobre las acciones de Sedesol para cambiar la política asistencialista que se vivía en la anterior administración; a lo que la funcionaria indicó que, además de la entrega de apoyos alimentarios, de manera paralela se trabaja con el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icatver) para brindar cursos gratuitos y de esta manera combatir la política asistencialista.

El legislador del PAN, Tito Delfín Cano, agradeció la atención brindada por la Sedesol y la forma en que ha conducido los trabajos de esta dependencia para combatir los índices de pobreza y marginación.

Del PRI, el diputado Ángel Armando López Contreras, preguntó el monto total de lo erogado por la renta de vehículos para llevar a cabo el programa VCC, a lo que la secretaria Indira Rosales reiteró que decidieron rentar debido a que el parque vehicular de la dependencia era inservible y –enfatizó- que el costo fue de 17 millones de pesos y en junio hicieron un aumento del 20 por ciento, permitido por la ley. Añadió que Custom Performance S. A de C.V es la empresa proveedora del servicio.

A las posturas del diputado de Morena, Rogelio Arturo Rodríguez García, en relación a la forma en que el Gobierno de Veracruz ha decidido llevar a cabo la política asistencial alimentaria, la secretaria contestó que en el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso del Estado está etiquetada la partida de recursos y la Sedesol únicamente lo coordina. Expuso que será el órgano correspondiente quien determine si ha incurrido en alguna ilegalidad.

El legislador de Morena, Isaías Pliego Mancilla, cuestionó si hay algún proyecto para que las viviendas que se otorgan sean de calidad, a lo que la servidora pública destacó que no son viviendas, sino cuartos dormitorios que buscan combatir el hacinamiento. Anunció que esperan en 2018 realizar obras de electrificación en zonas de mayor carencia.

Por último, la diputada del PRD, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, tras reconocer el trabajo de la titular de la Sedesol, preguntó sobre la existencia de un censo de familias perjudicadas por las recientes lluvias en la zona de Santiago Tuxtla y el apoyo que se les brindará, a lo que la secretaria respondió que si hay un censo, el cual arrojó datos de quienes perdieron la vivienda total y se contempla el apoyo para la rehabilitación.

A las 21:43 horas la diputada Yazmín Copete agradeció la asistencia de la secretaria Indira Rosales y concluyó la comparecencia.

En Chiconquiaco, después de las 7:00 de la noche los comercios cierran sus puertas y la población no sale de sus viviendas, las calles lucen vacías y la población evita a los extraños, por la inseguridad. En las principales avenidas apenas caminan algunas personas, que apresuran el paso para subir a sus vehículos o llegar a sus casas; esto es parte del temor en el que se encuentran desde hace un año, cuando la delincuencia se apoderó de la tranquilidad del pueblo y comenzaron los secuestros y ejecuciones.

La semana pasada, dos maestras iban a ser secuestradas al salir de sus centros de trabajo, pero lograron pedir auxilio y la Policía Municipal evitó la sustracción.

Dos meses antes un estudiante del Telebachillerato y uno de Telesecundaria fueron privados de su libertad, en el último caso se pagó una suma importante de dinero, pero el joven nunca fue liberado. Esta semana los docentes decidieron cerrar todos los planteles educativos, y a través de un comunicado que hicieron llegar al gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, informan que tras reuniones de directores y personal docente acordaron suspender las clases, por la inseguridad que prevalece en el municipio.

“Yo como ciudadana del pueblo, con perdón de usted, estamos de la pin… ma.., porque ni la policía ni la gente hace nada, tenemos una pin.. inseguridad donde en la calle, si no te matan, te secuestran o te tirotean”, dijo una pobladora del lugar. Las 27 escuelas de congregaciones, 18 rancherías y cabecera municipal no tienen clases desde el miércoles 22 de noviembre, y la exigencia de los docentes es que cesen los secuestros y ejecuciones; tan sólo en lo que va de 2017, la población reporta más de 40 delitos de alto impacto.

El último delito que conmocionó a Chiconquiaco fue la ejecución de un padre e hijo el 19 de noviembre, que respondían al nombre de Gabino Perea, de 36 años, quien recibió siete impactos de bala en la localidad Las Paredes; en la comunidad La Capilla fue ejecutado Isidoro Monfil Perea, de 15 años, de ocupación campesino, él recibió nueve impactos de arma de 9 milímetros. “Tenemos miedo de salir, por todas las cosas que se viven, ya no podemos hacer nuestras cosas, yo tengo un ranchito y a veces nos da miedo salir”, finalizó un habitante del lugar.

Los prestadores de servicios turísticos de Veracruz perdieron la oportunidad de capacitación por parte de la Secretaría de Turismo en los años 2014, 2015, 2016 y 2017, debido a que la anterior administración estatal dejo sin comprobar ante el gobierno federal en que gastó los recursos, afirmó el director de Servicios Turísticos de la Secretaría de Turismo estatal, Enrique Pérez Domínguez.

Refirió que en enero solicitaron recursos para el sector turístico en Veracruz, pero el gobierno federal les respondió que no podían acceder hasta que comprobaran que había pasado con los años 2014, 2015 y 2016.

Explicó que este año la secretaría de Turismo se dio a la tarea de solventar la documentación pendiente de los años 2014, 2015 y 2016 que debía entregar el gobierno federal con el propósito de acceder a los fondos del gobierno federal.

Sin embargo, reunir la información les llevó los primeros meses del año, la entregaron en junio y fue hasta finales de septiembre cuando el gobierno federal les informó que Veracruz era aceptado para obtener una vez más los recursos para turismo.

“Hicimos todas las comprobaciones que nos pidieron, la liberación del recurso fue muy tarde, y al final del cuentas cuando le piden la aportación al gobierno del estado, nuestro presupuesto ya estaba comprometido, fue en finales septiembre, cuando es un requisito que se debió acceder en marzo. No se pudo acceder porque la liberación del gobierno federal llegó muy tarde” dijo.

La entidad veracruzana perdió en capacitación a prestadores de servicios, “Se dejó aportar el recurso por la federación y se dejó de capacitar en esos tres años ” indicó.

Ahora, la secretaría de Turismo propondrá al gobierno federal nuevos proyectos para el próximo año, a fin de poder acceder a los recursos, y dar los cursos de capacitación a los prestadores de turismo en Veracruz.

Pérez Domínguez acudió al XXII Congreso de Oficiales de Sanidad, Cambio Climático, Desastres y Atención Médica, organizado por la Asociación de Egresados de la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, A.C. en coordinación con la secretaría de Turismo y Cultura de Veracruz.

En la misma forma como sucedió a escala nacional, en Veracruz, las autoridades de los tres órdenes de gobierno celebraron el Día de la Armada de México, fecha coincidente con la hazaña lograda por el capitán de fragata Pedro Saínz de Baranda el 23 de noviembre de 1825 con la capitulación del último reducto español apostado en la Fortaleza de San Juan de Ulúa.

La directora de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV) “Enrique C. Rebsamen”, Norma Lobato García, congratuló que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se comprometió a saldar adeudos heredados por la administración pasada.

La entrevistada infirió que también se requiere de certeza y negociación para contar con los recursos en el próximo año.

Los pagos pendientes corresponden a recursos del estímulo al desempeño docente que se dejaron de pagar desde el 2015, aún sin entregar a un grupo de maestros.

Lobato García recordó que también están en espera de recursos federales depositados a cuentas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en el 2016, mismos que jamás fueron radicados.

Además del adeudo superior a los 400 mil pesos correspondiente a honorarios para maestros que dieron clases durante un tiempo dentro de la BENV, que se debe desde el 2013.

“Actualmente con la SEV logramos que se pagara una parte a nuestra escuela y ya estamos en ese proceso de pagarlo, esperamos que sea antes de diciembre”

La no entregar d los citados montos

La no entrega de citados montos económicos mantiene un desequilibrio financiero de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana en los últimos tres años escolares, lapso donde el priista Javier Duarte de Ochoa gobernó.

El regidor con la comisión de hacienda del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Felipe Ángel Hernández Pulido, dijo que desconoce a cuánto asciende el adeudo con proveedores.

A 40 días de que finalice la administración municipal, el edil priista explicó que las cifras en torno a pasivos serán presentadas ante el cabildo poco antes del último informe de labores, es decir, en diciembre.

“Los números todavía no porque eso pasa por el cabildo, todavía el señor presidente municipal va a informar al cabildo cómo andan los pasivos y el pago a proveedores.

“Tenemos un compromiso ante el cabildo que antes del informe del presidente el equipo económico informará el pago a proveedores y los pasivos pendientes, sobre eso trabajar y anunciar”, expresó.

Hernández Pulido aclaró que los recursos federales y estatales han llegado en tiempo y forma a las arcas municipales, de tal suerte que sólo faltan las participaciones del último mes del año.

El regidor cuarto dio a conocer que el proceso de entrega-recepción registra un avance de casi el 80 por ciento y adelantó que los trabajos serán agilizados en lo que resta del año.

“Hay áreas con un trabajo enorme muy complejo por la cantidad de documentación que tienen que entregar, que es Obras Públicas, en cuestión de volumen las obras en proceso, los papeles ante el ORFIS, la secretaría de vigilancia del congreso”, manifestó.

Felipe Ángel Hernández Pulido agregó que no habrá contratiempos para el cierre de las cuentas y el pago del aguinaldo así como de las prestaciones de fin de año de los empleados municipales.

Una fuga de gas de la planta petroquímica Etileno XXI de la empresa Braskem Idesa provoco una nube toxica que enveneno a más de treinta estudiantes de la escuela primaria y 200 pobladores del Ejido “Lázaro Cárdenas”.

Hasta ahora las autoridades estatales se han mantenido indiferentes ante este nuevo accidente que provocó el funcionamiento de la planta petroquímica Braskem Idesa en el sur de Veracruz.

El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no ha considerado prioritario pagar la deuda que tiene con los 212 ayuntamientos, lamentó el alcalde de San Rafael, Héctor Lagunes Reyes. Entrevistado sobre el tema, reconoció que este año no ha habido abonos a la deuda que dejó el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa con los ayuntamientos y que corresponden a recursos federales, presuntamente desviados por la pasada administración.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el ahorro en el pago de intereses de la deuda pública puedan usarse para el pago de los pendientes con los ayuntamientos, señaló que eso debe decidirlo el gobierno del estado. «Los recursos de la reestructuración se utilizan en lo que el gobierno del estado considera prioritario, y yo creo que hasta ahora no ha considerado prioritario pagar a los ayuntamientos, yo creo que los ve fuertes».

No obstante, señaló que no tienen planeado tomar el palacio de gobierno para exigir el pago, como ocurrió hace más de un año, cuando los alcaldes panistas y perredistas, comandados por el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez.

A diferencia de ese momento, ahora el alcalde consideró que la falta de pago no les ha afectado tanto, porque tuvieron un año para reorganizar sus finanzas y ahorrar en gastos operativos. «Este año no ha habido ni un solo abono. A San Rafael no le afecta (la deuda) porque tenemos una administración sana y vimos de dónde tomar recursos y hacer ahorros para poder solventar lo que quedó pendiente, pero seguimos con la deuda registrada, esa no se puede borrar».

El edil admitió que hasta ahora la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) les ha dicho que no tiene dinero para pagar, a pesar de que el gobernador prometió antes de tomar el cargo que pagaría en el primer año los adeudos. «La promesa del gobernador era que al llegar iba a hacer una reconsideración, pero este año no ha habido para pagar, yo espero que aunque ya no sea alcalde le paguen a San Rafael, porque la deuda está registrada».

A San Rafael el gobierno del estado le debe 10 millones de pesos, pero recientemente el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, señaló que de manera general se les debe a los ayuntamientos más de 250 millones de pesos.

«Tenemos que entender que el gobierno del estado no tiene dinero, pero el gobernador está trabajando para tener la administración sana y ver más adelante que puede hacer. Es muy distinto a un Javier Duarte que andaba huyendo y ahora está en la cárcel, que el actual gobierno que está ordenando las finanzas».