Vecinos de la segunda sección de Lomas Verdes denunciarán al alcalde Américo Zúñiga Martínez y al director de Desarrollo Urbano, Ramón Hernández Salas, por el intento de despojo de un terreno de más de 3 mil 72 metros cuadrados para entregárselo a la Iglesia católica.

Al respecto, la presidenta de la asociación de vecinos de Lomas Verdes, Hilda Hernández Moctezuma, aseguró que el estacionamiento de casi 200 familias ha sido invadido por la Iglesia, con el favor del Ayuntamiento, para construir en esta zona un templo.

“Él (alcalde) y el de Desarrollo Urbano, son las únicas personas en todo el Ayuntamiento que no aceptan por ningún motivo que esto es prioridad vecinal, que es un área común.

Esto, a pesar de que desde 1996 quedó establecido que esta área es propiedad de los vecinos (según información de Infonavit) y cuyos cajones de estacionamiento están marcados según el número de vivienda, tal como lo especificó la constructora.

Además, indicó que el Ayuntamiento de Xalapa no puede donar este terreno porque la colonia ni siquiera está municipalizada, por lo que no tiene injerencia en el lugar.

“Es una arbitrariedad por donde lo quieran ver; tenemos las pruebas de todo. Tenemos documentos firmados por el Ayuntamiento en donde nos dicen que no generan ningún tipo de antigüedad ni derechos”.

Añadió que desde febrero pasado la Iglesia ha intentado apoderarse del terreno propiedad de los vecinos del Andador Nochebuena, pues incluso ya llevó material de construcción, y que ahora el Ayuntamiento quiere ganar tiempo para que otras autoridades les concedan los permisos que necesitan para la construcción de su obra.

“Queremos que saquen a la Iglesia de ahí porque este será un problema de cada administración, van a seguir pidiendo y no estamos de acuerdo en que la Iglesia siga en ese sitio”.

Puso como ejemplo que en la pasada sesión de Cabildo, Zúñiga Martínez impidió que se votara por la revocación de la donación de este terreno y, en cambio, inició nuevas pláticas entre colonos y la Iglesia.

“El alcalde no permitió que los ediles dieran esa votación. Cerró la sesión, se levantó y dijo que quería hablar con nosotros, pero esa plática ya la habíamos tenido (…) Se aplazó el tema en Cabildo porque el alcalde no nos quiere devolver el espacio, a fuerza se lo quiere regalar a la Iglesia”.

Vecinos de la segunda sección de Lomas Verdes denunciaron el intento de despojo de un terreno de más de 3 mil 72 metros cuadrados para que la Iglesia católica construya un templo.

Encerrados en su propio pueblo, es así como se sienten las familias de esta comunidad, al evitar salir a las calles para protegerse de los amantes de lo ajeno, que empezaron por robar una pala, luego un tanque de gas y ahora hasta secuestros cometen en su contra.

Jilotepec es un municipio localizado a 40 minutos de la capital del estado, y en el pueblo de La Concha el trabajo se terminó cuando el ingenio La Concepción fue cerrado en el 2008 y a partir de ahí un promedio de 600 obreros se quedaron sin empleo.

La gente de esta comunidad desconoce que disparó la inseguridad, lo atribuyen a la falta de policías, pero también reconocen que “quienes roban, quienes secuestran es gente que sabe cómo está el pueblo, qué sabe quiénes tienen dinero, que sabe que en la secundaria hay aparatos para robar”.

La tranquilidad del pueblo, de la que antes presumían se terminó, por eso se conformaron en guardias vecinales que patrullas día y noche las calles del pueblo para evitar más violencia.

Señala que ahora ni siquiera son libres las madres de familia de mandar a sus hijos o hijas por el mandado a la tienda, a comprar el pollo con la mujer que lo vende en la siguiente esquina, ante el temor de que pudieran llevarse a su ser querido.

“Ora ya no podemos mandar a los hijos al mandando, no es justo que estemos encerrados en nuestro propio pueblo, le hablamos a la patrulla y no viene. Son las nueve de la noche y esto se acaba, no hay ni un alma en la calle, nadie sale”, expresó una madre de familia.

Son las comunidades de San Isidro, La Concha y San Martín en dónde más se han suscitado los asaltos a mano armada, así también los secuestros; por ello han decidido defenderse por “propia mano” para cuidarse unos a otros.

“Vecino cuida vecino, pueblo cuida pueblo”, dijo la mujer con una edad superior a los 40 años y que toda su vida la ha pasado en La Concha.

El director del Instituto de Ciencias Básicas y aspirante a Rectoría de la Universidad Veracruzana (UV), Josué Cortés Zárate, denunció supuestos bloqueos e intimidaciones con el objeto de hacerlo desistir de su deseo de dirigir los destinos de la casa de estudios.

Mediante un comunicado dirigido a medios de comunicación, acusó que la actual rectora y aspirante a un nuevo periodo, Sara Ladrón de Guevara González, actúa en calidad de juez y parte dentro del proceso de designación pues con el apoyo del aparato institucional prepara actos político-administrativos para denigrar su actuar como directivo y anular su participación como aspirante.

Como se recordará, Cortés Zárate ha denunciado en varias ocasiones que en la UV existe una ineficiente aplicación de fondos federales, que puede llevar a observaciones de los organismos fiscalizadores, inhabilitaciones o fincamiento de responsabilidades a varios servidores públicos universitarios.

Además de los obstáculos que encontró para su registro como aspirante, el académico asegura en el comunicado que ‘se prepara una farsa que permita el proceso político-administrativo contra mi persona, con la finalidad de desacreditarme y con ello cumplir el objetivo de evitar que, voces críticas como la de un servidor y que aspira a ejercer el derecho a contender por le honroso cargo de Rector, sigan teniendo foro en los medios de comunicación y llegue su mensaje y propuestas a la comunidad universitaria. ´

Y añade: “Este mismo martes 8 de agosto en que se cierra la posibilidad de que los simpatizantes de cada aspirante envíen solicitudes para participar en la auscultación directa con la Junta de Gobierno, amenazan con levantarme un acta circunstanciada y manchar así mi expediente”.

Por último, expresa que dichos actos buscan también intimidar a sus simpatizantes y quienes le respaldan en sus aspiraciones por el solo hecho de opinar diferente a las actuales autoridades.

“El evidente nerviosismo de parte de la rectora y su equipo cercano en esta contienda, y su comportamiento fuera del marco institucional, hace desigual la competencia para los que contamos con una genuina intención de trabajar arduamente en pro de nuestra universidad”.

El Gobierno del Estado debe reforzar la vigilancia en los puntos turísticos durante lo que resta de la temporada vacacional para evitar que sean víctimas de algún delito, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Veracruz, Jesús Muñoz de Cote Sampieri.

Señaló que hechos como el robo a mano armada de una joyería en una plaza comercial puede inhibir la llegada de turistas, así como la salida de las familias locales para recrearse.

Un grupo de personas impidió que un sujeto fuera privado de su libertad durante la tarde de este domingo.

Los hechos acontecieron frente a una iglesia que se encuentra sobre la avenida Lerdo de Tejada entre las calles Pedro Moreno y Matamoros.

Hasta ahí llegaron hombres armados que trataron de llevarse a un ciudadano a bordo de un vehículo.

Sin embargo, la víctima puso resistencia y a gritos pidió auxilio.

Al percatarse de los hechos, los civiles intervinieron y los delincuentes huyeron con rumbo desconocido.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tomaron conocimiento de los hechos.

El director del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Hilario Barcelata Chávez, está imposibilitado para resolver el problema del sistema de pensiones en Veracruz.

Así lo expresó la presidenta de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev), Adriana Chávez Tejeda, quien añadió que los jubilados y pensionados han sostenido reuniones con el Director.

«Hoy mucha disposición por parte del Instituto de Pensiones del Estado. Hemos sostenido reuniones con él, hemos expuesto nuestras inquietudes, él coincide con nosotros, pero está impedido por el mismo aparato gubernamental».

La entrevistada consideró que dependerá de Hilario Barcelata permanecer o no en el cargo que le ha sido asignado por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

«Ya será decisión del Director si renuncia o no a ese cargo. Hay demasiadas irregularidades».

Hasta el momento, el Director del IPE ha desempeñado un papel positivo, toda vez que el pago de las pensiones no ha presentado atrasos, como sucedía durante el gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa.

«Nos han pagado nuestra pensión en tiempo y forma. El problema es la crisis del Instituto de Pensiones, en cualquier momento podría colapsar. Mucha gente está cotizando al IPE y presenta graves problemas financieros. Sin duda tiene qué ver con los malos manejos de los recursos en gobiernos anteriores».

Y es que durante los gobiernos de Miguel Alemán, Fidel Herrera y Javier Duarte fueron saqueados hasta 7 mil millones de pesos de la Reserva Técnica del IPE, lo que ha dificultado su operación.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Jorge Winckler Ortiz, no ha dado seguimiento al proceso penal correspondiente.

Situación que obligó a los jubilados y pensionados a marchar el pasado martes 1 de agosto, de las oficinas del IPE a la FGE, ambas dependencias ubicadas en la avenida Arco Sur.

Los pensionados interpusieron una denuncia contra los 13 integrantes del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado por desvío de recursos.

Así lo denunció el abogado de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev), Juan José Llanes Gil del Ángel, quien añadió que ha vencido el término constitucional.

«Está retrasado por supuesto, pero todos esos son cuestionamientos que tendría que responder el Fiscal General del Estado. Tiene un año la denuncia, este régimen comenzó a pasarle la factura a los duartistas en enero y ya estamos en agosto. No entendemos por qué a los miembros del Consejo Directivo del IPE ni con el pétalo de una rosa se les quiere procesar».

El representante legal acudió a las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE), en espera de los jubilados y pensionados que marcharon del IPE a ese lugar.

A su juicio, los miembros del Consejo Directivo del IPE están siendo encubiertos por las actuales autoridades.

Entre los denunciados se encuentra el exdirector del IPE, Octavio Antonio Gil García; exsecretario técnico, José Adán Córdoba Morales y el excomisario propietario, Ricardo García Guzmán.

Así como también, los consejeros Alfredo Ferrari Saavedra, Gerardo Mancilla Arteaga, Manuel Arellano Méndez, Acela Servín Murrieta, Enrique Levet Gorozpe, Enrique Cruz Canseco Ricardo Diz Herlindo y Faustino García Hernández.

«Yo creo que están incurriendo en encubrimiento (autoridades). Este régimen ha estimado que el trasiego de dinero de los organismos descentralizados a Finanzas es delito, eso está demostrado, porque algunos servidores públicos que estuvieron al frente de organismos descentralizados están siendo procesados, no entendemos por qué en el caso del IPE continúa un esquema de impunidad», apuntó.

Llames Gil del Ángel comentó que también se ha detectado un trato «diferenciado», que beneficia a los señalados.

«Aquí el detalle es que no hay un trato equitativo, es diferenciado, se trata de adultos mayores, deberían tener un trato diferenciado, definitivamente, pero a su favor», remató.