El H. Ayuntamiento de Veracruz, a través de las direcciones municipales de Protección Civil y del DIF porteño, informan a la ciudadanía que ponen a disposición nueve albergues, en caso de presentarse alguna contingencia debido a la Tormenta Tropical “Katia”.

En este sentido se habilitará primeramente el auditorio de módulo del DIF Ruiz Cortines, localizado en la calle Oriente 2 entre Sur 4 y Norte 1 en la colonia Adolfo Ruiz Cortines, en caso de alcanzar su cupo total, será habilitado el CAIC Lavaderos ubicado en avenida Veracruz esquina Fernando López Arias de la colonia del mismo nombre.

A causa de las condiciones climatológicas y conforme se vayan cubriendo los cupos totales de cada sitio, se activarán como albergues el CADI-CAIC Sixtita Bello que se encuentra en la calle Hernán Cortés entre Ignacio Allende y Netzahualcóyotl, en la colonia Centro; el CADI-CAIC José Guadalupe Zuno, en la calle Oriente 2 esquina Sur 4 en la colonia Ruiz Cortines, junto al módulo del DIF; el CADI-CAIC 21 de abril, localizado en Calle 6 entre J.B. Lobos y Campero, colonia 21 de abril; el CADI-CAIC Reserva 1 en calle Cigüeña entre Quiri y Faisán de colonia Reserva 1.

Asimismo estarían a disposicion el CADI-CAIC Campanita en calle Nogal entre Araucaria y Callejón Amate en la colonia Amapolas 1 y el CADI-CAIC María de Jesús Beltrán de Medina localizado en la calle Suárez Peredo esquina Netzahualcóyotl Norte, de la colonia Formando Hogar.

Cabe mencionar que la Casa Veracruz ubicada en Francisco Canal #2049 entre Pino Suárez y Jiménez, en la colonia Centro, también podrá recibir a personas que así lo requieran.

Se recuerda a la población estar atentos a los reportes que Protección Civil Estatal y Municipal emitan, igualmente se ponen a disposición los números de PC: 200 22 75 y 76, para atención inmediata de reportes ciudadanos; la Línea Veracruz al 200 2000; y la línea de atención virtual en la página www.veracruzmunicipio.gob.mx o a través de la APP “Veracruz CD”; en las redes sociales en Facebook “H. Ayuntamiento de Veracruz” y Twitter @VeracruzGob.

El delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga en Veracruz (Canacar), Luis Exsome Zapata, afirmó que se estableció a nivel nacional una estrategia para bajar los robos en carreteras, ya que este problema ha afectado al severamente al sector industrial.

Agregó que es todo un corredor en donde se registra un incremento de robos, se trata de Guanajuato, Querétaro, México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, en este última se documentaron siete robos diarios.

Aseveró que en la nueva estrategia participan diversas autoridades federales como es la Policía Federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Gobierno, así como dependencias estatales.

En el poblado indígena de Xocotla, dos adolescentes de 14 años de edad, Fermín y Benito, lograron cargar cada quien un bulto de 50 kilos de cemento. A partir de ese momento sus familias y su comunidad los consideraron aptos para irse a construir casas y edificios a la Ciudad de México.

“Aquí todos los que aguantan ese peso ya se empiezan a ir para allá”, contó Fermín, actualmente de 16 años de edad y con dos de experiencia trabajando y viviendo en la capital del país, yendo de aquí para allá en la urbe buscando emplearse en construcciones. Nunca con contrato. Siempre con algún patrón que actúa fuera de la ley.

Desde el momento de la cargada del bulto ocurrido hace dos años, ellos –como cientos de menores de edad que salen de zonas pobres de México a la capital del país- recibieron el apodo de “chalancitos”, diminutivo de chalán, término comúnmente empleado para identificar a un albañil principiante que ayuda a otros.

Ya han trabajado con empresas que violan las leyes laborales vigentes que fueron anunciadas el 11 de junio de 2015 por el gobierno mexicano en Ginebra, Suiza, ante dignatarios de la comunidad internacional, en el Día Internacional Contra el Trabajo Infantil.

Ahí, México dio a conocer que mediante un decreto presidencial prohibió la contratación de menores de 18 años de edad en 12 actividades consideradas “peligrosas o insalubres” para los adolescentes. En la lista figuraban las “obras de construcción” como en las que se han desempeñado Benito y Fermín.

Para Fermín, sin embargo, no hay duda de lo que está decretado en materia laboral en su pueblo: “Ya cuando aguanta uno allá para trabajar, ya se va uno”.

Él y Benito comenzaron a sus labores cuando no llegaban a 15 años de edad. Dejaron sus estudios de nivel secundario y se mudaron a la Ciudad de México, a 320 kilómetros de casa. Ambos personifican la violación de las leyes y son sólo una pequeña muestra dentro del flujo constante de menores que salen de Xocotla antes y después del decreto.

Ruta 35 -en alianza con la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS y con el apoyo del International Center for Journalists – ICFJ- reconstruyó de principio a fin el ciclo que comienza en el momento de la cargada del bulto de 50 kilos, continúa con la llegada a ciegas a la Ciudad de México y la entrada a un mundo donde trabajan con riesgos, viven hacinados, suelen ser estafados y se vuelven adictos a los inhalantes.

El ciclo termina, en algunos casos, con escenas de chicos que perdieron el uso de la razón: la dependencia de ese tipo de sustancias, según las autoridades locales, se ha convertido en una epidemia entre los adolescentes en esa comunidad veracruzana.

La cadena revelada refleja un problema que aún desborda al Estado mexicano. Aunque los datos oficiales más recientes indican una reducción del número de afectados, en 2015 había 2,4 millones de niños y adolescentes en tareas que eran consideradas prohibidas o peligrosas por las autoridades. La cantidad es suficiente para no mirarla de soslayo.

La cuna de los “chalancitos”

Xocotla, del municipio de Coscomatepec (52.000 habitantes), es una comunidad serrana en la región central de Veracruz, en las faldas del Volcán Pico de Orizaba. Su economía se sostiene principalmente del trabajo en la albañilería en la Ciudad de México, que atrae no solo a adultos sino también a jóvenes que como Benito y Fermín abandonan sus estudios y no aspiran a una vida trabajando en el campo o el comercio. En esas actividades, según sus testimonios, sólo pueden ganar 25 por ciento de lo que obtienen al ejecutar labores de construcción en la capital del país.

“Yo estudiaba la primaria, el quinto grado, pero aquí no cae chamba” contó Fermín, frente a su casa de Xocotla. “Llegué al metro Hidalgo en el centro de la Ciudad de México y desde aquí ya te dicen a qué parte vas a trabajar. Yo me fui a la colonia Portales, trabajé en un edificio de seis niveles, era chalancito. Ahí estuve dos meses. No firmé ningún documento. Los patrones me vieron y dijeron a `ver si no hay problema y ya me metieron a chambear”.

Él y Benito se fueron juntos. Se los llevó uno de los hombres que cada semana buscan mano de obra en esa comunidad. A estos personajes les llaman “contratistas”, pero, en realidad, no ofrecen contratos formales.

José Luis Montalvo es uno de esos contratistas. Habitante de Xocotla, comenzó su carrera como chalancito en Ciudad de México hace 15 años. En ese período nunca recibió un contrato legal. Ahora se dedica a reclutar a otros albañiles para llevarlos a la capital.

Durante una tarde de domingo, desde una esquina de Xocotla, Montalvo contó: “Sí, se llevan a menores de edad y los llaman chalancitos. Ganan 1.400 pesos semanales (78 dólares). Se les hace una constancia de la empresa que no se hace responsable y se ponen a trabajar”.

Minutos después, el agente municipal, máxima autoridad de Xocotla, Carlos Martínez Ramos, reveló que suele recibir peticiones de firmas de padres de familia “para deslindar a las empresas de posibles accidentes de trabajo”.

El alcalde de Coscomatepec, Manuel Álvarez Sánchez, dijo a Ruta 35 que en su administración se calcula una circulación de 3.500 trabajadores de la construcción que viajan constantemente yendo y viniendo entre ese municipio y la Ciudad de México, y que la mayoría son de la comunidad de Xocotla.

“La población que se va a la Ciudad de México está entre los 13 y 25 años”, añadió el funcionario, quien calcula que la mitad de ellos podría ser menor de 18 años.

Entre esos grupos de personas que salen cada semana desde distintos puntos de ese municipio serrano, van los menores de edad, sin control oficial, sin que el gobierno lo note y sin entrar siquiera en una estadística.

“Entre los líderes comunitarios hay una red de complicidades”, afirmó Hugo González Saavedra, diputado por el distrito XVIII, al que pertenece Coscomatepec, y quien reconoció el éxodo de jóvenes hacia la Ciudad de México. La cadena informal que los lleva a la capital incluye no solo reclutadores, sino unidades de transporte, espacios para brindar alojamiento y contactos en obras específicas.

Es un negocio irregular con un engranaje que aparentemente funciona bien para todos, pues el objetivo de obtener recursos se cumple. El precio que pagan los menores por exponerse a un trabajo y un entorno riesgosos, es lo que le roba la calma al pueblo.

González Saavedra, al igual que el alcalde, dijo no tener responsabilidad en el problema ni herramientas para solucionarlo.

Las autoridades de Veracruz tienen las manos afuera y a las compañías constructoras les conviene la llegada de jóvenes –menores y mayores de edad- porque “saben que ellos vienen a trabajar de verdad y necesitan el trabajo”, según un contratista de la capital del país que habló con Ruta 35 bajo condición de anonimato.

El decreto de Xocotla

El 11 de junio de 2015, en Ginebra, Suiza, el secretario (ministro) del Trabajo de México, Alfonso Navarrete Prida se sentó en una mesa llamada “No al trabajo infantil, Sí a la educación de calidad”, junto al Premio Nobel de la Paz, Kailash Satyarthi.

Dice el comunicado emitido por el gobierno ese día: “El futuro en materia de trabajo infantil depende de la eficacia de las acciones del presente por los niños que serán los protagonistas del México del mañana”, y siguió un fragmento de lo dicho por Navarrete ante la comunidad internacional:

“Vencer esta batalla significa devolverles el derecho básico de vivir plenamente la infancia y la adolescencia, periodos fundamentales para el desarrollo individual y para lograr su inserción plena en la sociedad”.

Un día después, fue publicado el decreto presidencial en México.

Los domingos en Xocotla, a miles de de kilómetros de Ginebra, Fermín, Benito y los demás chalancitos siguen con su tren de vida alejados de las palabras del secretario del Trabajo.

Ése es un día cuando la gente suele despertar temprano porque están atentos a don Ricardo Alejo, quien recibe los anuncios de oferta de trabajo en su casa y los vocea con los tres altoparlantes que se levantan sobre el techo de su casa entre la fría neblina de la montaña.

“Se necesitan cuatro ayudantes. Contactar con….” fue una de las ofertas de trabajo que se difundió el domingo 22 de enero. Otros anuncios provenientes de contratistas corrieron de boca en boca o de celular en celular y antes del medio día las decisiones estaban tomadas. Sólo quedaba alistar el equipaje en una mochila y esperar a las camionetas de transporte rural. Aquí es donde comienza la salida en masa desde la sierra hasta la capital del país

Consultada sobre el fenómeno, Alicia Athie, consultora sobre trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirmó que esa organización no ha recibido información específica sobre el caso, pero anticipó una hipótesis basada en su conocimiento general del tema: cree que los menores de edad son reclutados por intermediarios que los ponen al servicio de constructores grandes, que usualmente tienen buenas prácticas como empleadores. En el esquema que opera en Xocotla, sin embargo, no se observó la verificación rigurosa del personal reclutado por parte de las compañías beneficiadas.

En el pueblo hay unas 60 camionetas de transporte rural que los fines de semana se dedican sólo a llevar trabajadores desde sus casas hacia abajo de la montaña a una estación de gasolina donde esperan los autobuses que los llevan a la ciudad de México. A cada camioneta le caben 15 personas y hacen hasta dos viajes los domingos. Ni las camionetas ni los autobuses tiene permisos oficiales.

“Nos distribuimos todos en pirata” dice Montalvo, el “contratista” que lleva 15 años yendo y viniendo entre la Ciudad de México y Xocotla y que nunca ha firmado un sólo contrato laboral.

Un domingo nublado cuando comenzaba a oscurecer comenzaron a bajar las camionetas con chalancitos, chalanes, albañiles y contratistas por las curvas que sortean los acantilados del territorio montañozo donde está Xocotla. A sus espaldas se iba alejando el Pico de Orizaba, la cumbre más alta de México.

Algunos vehículos con capacidad para 12 pasajeros se enfilaban directo hacia la Ciudad de México. Mientras tanto, otros se dirigían a distintos puntos de las cercanías donde los esperaban autobuses listos para tomar la carretera.

En la explanada de una estación de gasolina, uno de los puntos de reunión, ya estaban siete autobuses listos con capacidad para 45 pasajeros cada uno e iban llegando más personas de otras comunidades de Coscomatepec. Lo mismo ocurría en otros puntos estratégicos donde se anuncian salidas hacia la capital mexicana.

A los choferes de esos vehículos que esperan a los cientos de trabajadores en la estación de gasolina no les gusta que le tomen fotos a sus vehículos ni al suceso del embarque de los “chalancitos”. Forman un grupo, se tapan el rostro y amenazan, pero poco a poco aceptan dialogar y permiten la presencia de los reporteros.

Su actividad no cumple con las regulaciones oficiales. “Los trabajadores son trasladados en líneas fuera de control y no estamos facultados para ordenar la piratería en el transporte público”, aseguró Álvarez. “A los autobuses les dicen los turismo de terror”, dijo el diputado González Saavedra, quién también se declaró incapaz de intervenir.

“Siempre fallan los carros. Luego se descomponen y algunos quieren arder. Se encierra el humo adentro”, contó Benito, con un recuerdo relacionado en su memoria: un accidente ocurrido el lunes 4 de julio de 2016, en la carretera hacia la Ciudad de Puebla, en las inmediaciones de la ciudad de México, en el que murieron seis personas.

Fue una mañana cuando 11 albañiles procedentes de Xocotla viajaban hacia sus lugares de trabajo y fueron embestidos por un tráiler de transporte de carga. Entre las víctimas, la mayoría parientes entre sí, hubo un chico llamado Alfredo Hernández, de 16 años.

Poner el transporte bajo la regulación del gobierno aumentaría el precio drásticamente cerca de 200 por ciento, lo cual sería un obstáculo para ir a trabajar. Esto afectaría la principal circulación de dinero en Xocotla. Los “autobuses del terror”, por lo tanto, son necesarios. La policía municipal vigila mientras los albañiles suben a los vehículos y no cuestionan a los dueños del negocio pero sí a algún extraño que registre los hechos.

Buscar testimonios directos de los menores de edad se torna complicado en el lugar. Los chicos saben que su situación supone la violación de leyes por parte de sus empleadores, no quieren que les vean hablar con extraños, ni arriesgar sus posiciones de trabajo, que constituyen la principal alternativa para tener dinero. La actividad es vista con buenos ojos en Xocotla porque se ha convertido en un motor para sacar al pueblo y sus habitantes de la pobreza.

Los lunes en Xocotla son silenciosos después de que se han marchado las camionetas y los autobuses. Los chicos volverán de visita en una, dos o tres semanas después de haberse internado en la metrópoli más grande y poblada del continente: Ciudad de México.

El delegado de la Sagarpa en Veracruz, Octavio Legarreta Guerrero, informó que en breve se iniciará el pago del seguro catastrófico para los productores afectados por pérdida total de sus producciones por el paso del huracán «Franklin», además indicó que se busca la forma de apoyar un “poco más” a los afectados a través de otros recursos.

El funcionario federal, entrevistado previo a la Guardia de Honor en el monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla aclaró que este seguro sólo cubre pérdidas totales de la producción, por lo que es importante buscar alternativas para aquellos que registraron pérdidas parciales con el paso del fenómeno.

“Estamos tramitando alguna otra posibilidad de apoyo para complementar, porque el seguro es de dos mil 500 pesos por hectárea y queremos apoyar un poco más, sobre todo a las personas que tuvieron pérdidas parciales y que también afectó y no están contemplados en el seguro”.

Asimismo Octavio Legarreta refirió que quien determina a quién se paga y cuánto es Agrosemex, la aseguradora, por lo que las autoridades estatales y federales están en espera de que terminen el dictamen para ver cuántos son los que consideran pérdidas parciales y totales.

Detalló que el seguro abarca casi 600 mil hectáreas y en caso de cultivos perennes como el plátano paga 2 mil 500 pesos por hectárea en apoyo.

Sin embargo, dijo, hay otros seguros donde la Sagarpa apoya con 60 por ciento del costo y Veracruz es el que más tiene, pero paga toda la inversión que ellos hagan.

El Dfederal adelantó que esta misma semana podría entregarse el recursos del seguro, de acuerdo a la información que les ha proporcionado Agrosemex, para productores de plátano, maíz, chayote, papaya, un poco de café y algo de cítricos.

Finalmente, sostuvo que para el caso de ganadería se tiene otro tipo de seguros que se podría usar.

Un total de 320 taxis fueron enviados al corralón durante el último mes debido a que circulaban sin placas o sus permisos estaban vencidos, informó el coordinador de Transporte Público en la zona sur de la entidad, Alejandro Wong Hernández.

En entrevista, comentó que a principios de mes fueron detenidas 128 unidades y días después la cifra aumentó a 192, para sumar 320 infracciones, de las cuales el 80 por ciento fueron recuperadas.

Detalló que en estas acciones participan diversas dependencias de seguridad pública en la ciudad.

“Solicitamos el apoyo de diferentes instituciones policíacas para que nos presten su apoyo en los puntos que estamos nosotros poniendo para llevar a cabo dichos operativos”, expresó.

Wong Hernández explicó que para recuperar su unidad los concesionarios deben inscribirse en el programa de reordenamiento, cuyo costo es de dos mil 71 pesos, cuya constancia sustituye el permiso vencido.

En ese sentido, reconoció que en un principio hubo molestia por parte de los taxistas, pero después los concesionarios y choferes mostraron otra actitud e incluso acudieron al módulo de reordenamiento.

“Hay muy buena participación, al día de hoy llevaban seis mil 543 con aproximadamente otros 70 para hacer su trámite, quiere decir que están dando resultados positivos estos operativos”, apuntó.

El delegado de Transporte Público recordó que el reordenamiento concluye el 30 de septiembre para que acudan y registren sus datos para no operar al margen de la ley.

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación denunciará penalmente a las administraciones de Javier Duarte de Ochoa y Fidel Herrera Beltrán por la falta de pago de 75 millones de pesos por concepto de Fondo de Beneficios Complementarios.

“Estamos preparando la denuncia penal para que se nos pague. No es un dinero que nos regale Gobierno, no es un subsidio, es el ahorro de todos los compañeros, de los más de 5 mil 500 socios que tenemos en todo el estado y que han estado ahorrando para su retiro”.

Entrevistado en la guardia de honor ante la efigie de Miguel Hidalgo y Costilla en el parque de Los Berros, el secretario general del Sindicato, Alberto Yepez Alfonso, señaló que será la próxima semana cuando acudan a la Fiscalía General del Estado (FGE) a interponer la denuncia contra los ex mandatarios y otros funcionarios como ex titulares de de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), como en el caso de Adolfo Mota Hernández, y ex oficiales mayores como Vicente Benítez y Edgar Spinoso, así como funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

“Van todos (incluidos en la denuncia), los secretarios, los oficiales, la Secretaría de Educación, el mismo Gobernador Javier Duarte y Fidel Herrera y hasta Sefiplan, todos están involucrados”.

Se quejó porque hasta ahora el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no ha pagado estos adeudos “heredados”, a pesar de que se trata de una deuda institucional con el Gobierno del estado.

“Ellos tienen la obligarse pagarle. Hemos buscado la manera de acercarnos con el Gobernador y hemos mandado oficios para que nos dé una reunión y hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta favorable”.

Recordó que la deuda se comenzó a acumular en la administración de Fidel Herrera Beltrán y que continuó creciendo durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa.

“Se hizo el reclamo necesario y se mandaron los oficios, pero como siempre delegaba todo y nunca se pagó nada. Nunca nos hicieron caso”.

Aseguró que la falta de pago afectó a por lo menos mil 500 docentes que en años anteriores se jubilados sin poder cobrar su ahorro y que en la misma situación estarán en breve otros mil 500 más que se jubilarán durante los próximos dos años.

“No tenemos el capital para poder entregar su dinero, eso es una molestia para ellos y después dicen que el dinero lo tiene uno en sus cuentas y ellos saben que el dinero está en las arcas de Gobierno del estado”.

Y es que lamentó que incluso durante la actual administración se han registrado retrasos en el pago de las cuotas sindicales que son descontadas a sus agremiados, pero señaló que “tratan de ir al corriente”.

Alrededor de 2 mil Antorchistas entre colonos, campesinos, maestros y estudiantes, realizaron una cadena humana en la calle Juan de la Luz Enríquez frente al palacio de gobierno, para denunciar la política represiva que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha ejercido desde el inicio de su administración.

Desde temprana hora cientos de integrantes del Movimiento Antorchista llegaron de todo el estado para iniciar una cadena humana en ambos laterales, con pancartas y lonas exigían al gobernador la conclusión de diversas obras que se encuentran pendientes en todo el estado.

Al respecto el ingeniero Guillermo Piña Mina, integrante del Comité Estatal del Movimiento Antorchista, señaló que el gobernador del estado no atiende solicitudes de servicios de salud, de agua, drenaje, pavimentos, apoyos al campo, espacios deportivos y culturales, que le fueron planteados al inicio de su administración.

Dijo, que en su inicio, Miguel Ángel Yunes Linares, se comprometió que las obras que llevaran un avance arriba del 80 por ciento de manera inmediata se concluirían, sin embargo, “han pasado 9 meses desde que Yunes Linares tomo el poder y no se han visto avances”.

Explicó que las obras inconclusas se presentan desde el norte del estado hasta sur y se trata de obras como pavimentaciones, caminos rurales, obras de infraestructura urbana, obras de salud, educativas, drenaje, agua potable, electrificaciones, entre otras.

“Nosotros estamos realizando una protesta, estamos denunciando públicamente esta actitud, porque hemos buscado reiteradas veces un dialogo con él, para que nos reciba y reciba al comité estatal y a su dirigente, el ingeniero Samuel Aguirre Ochoa, para analizar la situación y que determine qué es lo que se va hacer, sin embargo hemos encontrado la negativa como respuesta, y lo cierto es que no se nos ha atendido y estos problemas que afectan a miles de familias veracruzanas están sin resolverse”.

Por último dijo que existe el temor que el gobierno del estado intente ejercer la represión contra el Movimiento Antorchista ante la denuncia que están realizando, tal y como sucedió en Córdoba con los colonos que intentaron desalojarlos.