En cumplimiento a lo establecido en los artículo 40 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 153 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo Poder, la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto recibió la comparecencia del comisionado presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección a Datos Personales (IVAI), José Rubén Mendoza Hernández.

En la segunda jornada de Comparecencias de los Órganos Autónomos, en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, el diputado Henri Christophe Gómez Sánchez y la legisladora Adriana Paola Linares Capitanachi, presidente y vocal de la referida comisión, coordinaron los trabajos consistentes en la presentación del informe a cargo del servidor público y las dos rondas de preguntas y respuestas.

El titular del IVAI informó que, durante 2019, de los 329 entes públicos obligados a constituir su Comité de Transparencia, el 87 por ciento cumplió con dicha obligación, un porcentaje mayor al del año anterior en el que cumplió el 84 por ciento, es decir, 279.

Se logró que en 2019 aumentara la participación de la sociedad en la cultura de transparencia y rendición de cuentas. A diferencia de 2018, en que se recibieron 101 denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia, en 2019 llegaron 930, nueve veces más.

En este rubro, los ayuntamientos fueron los sujetos obligados más denunciados, con el 28 por ciento, seguidos de las entidades paraestatales, con 24 por ciento, y los organismos autónomos con 20 por ciento.

Destacó que se resolvieron 203 denuncias, atendiendo parte de las que quedaron pendientes en 2018 y de las que se presentaron en 2019 y que el número de denuncias resueltas este año fue el doble que las del año anterior.

Luego de los requerimientos realizados por el IVAI en 2018, añadió, se sancionó a 27 sujetos obligados con amonestación pública por incumplimiento en generar y remitir sus avisos de privacidad y a 23 por no remitir su informe anual en materia de datos personales.

En el mismo periodo, la sociedad utilizó su derecho presentando 36 mil 383 solicitudes de información más que en 2018, por Infomex y PNT y se presentaron ante el IVAI un total de seis mil 671 solicitudes de acceso a la información pública, cuatro veces lo recibido en 2018, donde se tuvieron mil 637. Un aumento de 308 por ciento.

De las seis mil 671 solicitudes recibidas, seis mil 633 fueron atendidas en términos de la ley, y solo en 38 solicitudes se ejerció el derecho a la prórroga, lo que representa el 0.57 por ciento, cifra menor a la solicitada el año anterior que fue de 4 por ciento.

Rubén Mendoza informó que el IVAI ha promovido el ejercicio del derecho de protección de datos personales, por lo que durante 2019 se recibieron 134 denuncias relacionadas con diversas temáticas.

En cuanto al fomento a la cultura de autocuidado y respeto, a través de conferencias el IVAI se acercó a cuatro mil 301 personas, 33 por ciento más que el año anterior.

Por otra parte, el Instituto elaboró el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2019, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia.

Como parte del cumplimiento en materia de archivos y transparencia, el 30 de abril del

2019 se validó por parte del Archivo General del Estado la actualización del Cuadro General de Clasificación Archivística, del Catálogo de Disposición Documental y de la Guía de Archivo Documental.

De acuerdo con el Consejero Presidente del IVAI, Veracruz destacó en la región sureste como uno de los estados donde más personas se interesaron y comprometieron en capacitarse en materia de archivos a través del curso en línea puesto a disposición por la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia y el Archivo General de la Nación.

Precisó también que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas es el sujeto obligado en contra del cual se interpusieron más recursos de revisión durante 2019. De los 20 mil 105 asuntos recibidos, el 85 por ciento fueron por inconformidad con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, 9 por ciento por la falta de respuesta a su solicitud y en el 6 por ciento restante el inconforme manifestó posteriormente estar satisfecho con la respuesta.

Dentro de las acciones tomadas por este órgano, se determinó instar a servidores públicos en 491 expedientes, en 157 se ordenó dar vista al contralor interno del ente obligado, en 32 se impuso apercibimiento y en 2 se dio vista al Cabildo.

El servidor público explicó la dinámica de los Jueves de Capacitación, donde se impartieron 78 sesiones, a las cuales asistieron dos mil 730 personas, 533 más que en 2018. Eso significó un incremento del 24 por ciento.

Con el programa de certificaciones Sujeto Obligado 100 % Capacitado y Comité de Transparencia 100 Capacitado, se lograron impartir 294 cursos a 42 sujetos obligados con un total de 23 mil 172 asistentes.

Refirió también que, a raíz de un convenio específico de colaboración, el IVAI y El Colegio de Veracruz lanzaron, el 5 de noviembre de 2019, el Diplomado denominado Transparencia, Acceso a la Información y Gobierno Abierto. Además, se han llevado a cabo reuniones de los capítulos Sistemas educativos / PREPArate y Construyendo ciudadanía en Veracruz.

En materia de actualización, todo el personal del IVAI tomó el curso en línea Sistema Nacional Anticorrupción-El nuevo régimen de responsabilidades administrativas y penales vinculadas a hechos de corrupción.

Además, prosiguió el funcionario, el IVAI ha colaborado en la publicación y presentación de obras académicas que abordan el tema de la corrupción (causas, consecuencias y propuestas para su combate) y ha dado capacitación y orientación a los integrantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Como parte de su compromiso con las acciones a emprender, el Instituto ha asistido y participado de manera activa en las sesiones del Comité Coordinador del Sistema

Estatal Anticorrupción del estado de Veracruz.

Junto con el OPLE Veracruz, el Instituto Veracruzano de las Mujeres, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas y la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, el IVAI firmó un convenio de colaboración a favor de los grupos vulnerables.

En términos del inclusión, el órgano autónomo hizo entrega de una de las leyes 875 de transparencia en braille a la Sala Braille del Centro de Servicios Bibliotecarios y de Informática “José Mancisidor” de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, un ejemplar quedó en la biblioteca del IVAI para consulta del público en general y otro más se entregó a la Universidad Veracruzana.

Además, organizó el Encuentro Intercultural por el Derecho de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales e implementó la interpretación en Lengua de Señas Mexicana para la transmisión de sus sesiones públicas y acercar la materia a grupos vulnerables.

En el mismo sentido, el IVAI lanzó la convocatoria de su concurso de dibujo infantil en totonaco y náhuatl de la Sierra de Zongolica, a fin de acercarlo también a grupos vulnerables e incorporó a sus filas a una persona con discapacidad. En cuanto a su conformación, el Instituto está integrado por 94 personas: 49 mujeres y 45 hombres.

Mendoza Hernández concluyó su exposición ponderando que el IVAI ha obtenido resultados positivos durante los ejercicios 2017, 2018 y 2019 en los resultados del Sistema de Evaluación de Armonización Contable (Sevac), que contiene reactivos relativos a la transparencia, así como de las obligaciones de registros contables, presupuestales y administrativos.

El Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, atendió el informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), presentado a esta Soberanía, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 67 de la Constitución Política local, 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 154 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Poder.

Ante el diputado Alexis Sánchez García y las legisladoras Deisy Juan Antonio y Montserrat Ortega Ruiz, presidente, secretaria y vocal de dicha Comisión, la titular del organismo, Namiko Matzumoto Benítez, dio cuenta de las acciones y actividades llevadas a cabo durante 2019.

En el tema de igualdad entre mujeres y hombres, dijo que se actualizaron los instrumentos de recolección del monitoreo realizado durante 2018, lo que derivó en la modificación de 21 instrumentos de recolección, de los cuales se enviaron 20 a entidades de la administración pública estatal y uno a los 212 municipios del estado. A finales de diciembre de 2019, se contó con la respuesta de 55 municipios y de 20 entidades de la administración pública.

Además, con la finalidad de obtener información interseccional, se generó un instrumento para los 52 municipios con población mayoritariamente indígena, los cuales fueron enviados a los ayuntamientos. A finales de diciembre de 2019, se contó con la respuesta de 46 municipios.

Este año, la carga de trabajo de los visitadores de la CEDH fue en promedio de 359 solicitudes de intervención y 49 quejas por cada visitador.

Al hablar de la restructuración del organismo, destacó el inicio de operaciones de las áreas de Contención y Valoración de Impacto, Unidad para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes y la Unidad de Archivos, así como la regulación explícita de las atribuciones de áreas ya existentes en la estructura orgánica de la Comisión.

Expuso que, en 2019, la Unidad de Transparencia recibió tres mil 319 solicitudes de acceso a la información, que fueron atendidas a través de los procedimientos correspondientes, de acuerdo con la normatividad aplicable.

En materia de rendición de cuentas, señaló la funcionaria, la Contraloría Interna de la CEDH ejerció sus facultades legales para prevenir, corregir, investigar y sustanciar los actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas y, en su caso, sancionar aquellos distintos de las que son competencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Junto con esto, las correspondientes revisiones al ingreso, egreso, manejo y custodia en la aplicación de los recursos públicos, en apego a lo establecido en el artículo 76 Bis de la Constitución Política del estado.

En la defensa y protección de los derechos humanos, en 2019, la CEDH atendió un total de 10 mil 767 solicitudes de intervención: 40 por ciento en oficinas centrales y 60 por ciento en delegaciones regionales y étnicas, 65 por ciento correspondieron a orientaciones, 15 por ciento a gestiones, 14 por ciento a quejas y 6 por ciento a antecedentes y ayudas humanitarias.

De acuerdo con Matzumoto Benítez, en 2019, esta administración resolvió 81 quejas a través de recomendaciones que se encuentran en etapa de cumplimiento y recomendó a las autoridades la adopción de las medidas necesarias.

Mientras los derechos que acreditaron un mayor número de violaciones fueron: derecho a la integridad personal (50); derechos de la víctima o de la persona ofendida (37) y derecho a la seguridad jurídica (12), las recomendaciones fueron dirigidas a 26 autoridades, dentro de las cuales tuvieron mayor número de señalamientos: Fiscalía General del Estado (37), Secretaría de Seguridad Pública (18) y distintos ayuntamientos (16).

De los 81 casos determinados, en 66 se acreditaron violaciones a derechos de grupos en situación de vulnerabilidad y se identificó a 278 víctimas.

La funcionaria detalló que la CEDH emitió 30 recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos: tres por desaparición forzada, dos por desaparición forzada y ejecución extrajudicial, 15 por omisiones en la investigación de personas desaparecidas, seis por la comisión de actos de tortura y cuatro por discriminación. En cuanto a las quejas de oficio, se emitieron cinco recomendaciones.

Mencionó también la realización de 38 recomendaciones dirigidas a 10 autoridades estatales y municipales, así como entrevistas a 27 personas, entre ellas, integrantes de colectivos de familiares de víctimas de personas desaparecidas en la entidad e integrantes de organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional.

Con el objeto de promover y difundir la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) entre las organizaciones de la sociedad civil y actores interesados, el 1 de octubre de 2019 se instaló el Mecanismo Estatal de Monitoreo sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Respecto a la atención a familiares de personas desaparecidas, mencionó acciones de acompañamiento de búsqueda en los municipios de Úrsulo Galván, San Andrés Tlalnelhuayocan, Acultzingo, Amatitlán, Alvarado y Coatzacoalcos, en los 17 ceresos de la entidad y en dos hospitales psiquiátricos.

Asimismo, se llevaron a cabo 39 reuniones de coordinación con colectivos de la entidad y se realizaron jornadas de atención a familiares de personas desaparecidas en los municipios de Córdoba, La Antigua y Veracruz.

En 2019, continuó la Presidenta, la CEDH atendió solicitudes de intervención planteadas por personas privadas de su libertad. Destacan: 168 para conocer su situación jurídica, 83 sobre trámites de liberaciones anticipadas, 47 para interponer amparos y 43 para gestionar traslados.

La Comisión visitó los 17 ceresos del estado, un módulo preventivo de 72 horas y el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA). En estos recorridos, la Dirección de Asuntos Penitenciarios emitió 119 observaciones, de éstas, 75 fueron solventadas y 44 se encuentran en trámite.

Del mismo modo, mencionó la presencia del organismo en 198 cárceles municipales a través de 335 visitas a sus instalaciones y 549 observaciones, de las cuales 21 se subsanaron y 528 se encuentran en proceso de atención.

También informó que en enero y febrero, la CEDH dio acompañamiento a las caravanas que ingresaron a territorio veracruzano. Personal de las delegaciones de Coatzacoalcos, Acayucan, Veracruz y Córdoba tuvieron presencia en los puntos de reunión y verificaron que durante el traslado por la entidad fueran respetados los derechos humanos de las personas migrantes.

A partir de una estrecha coordinación con los consulados en el estado –añadió la servidora pública-, se ha dado acompañamiento en los casos de migrantes en situación de riesgo o en los casos más graves en que las personas migrantes han perdido la vida.

Además, la Comisión atendió 280 solicitudes de intervención de personas migrantes, registrando 126 gestorías, 103 orientaciones y 11 quejas; se iniciaron dos quejas de oficio y se emitieron 162 constancias de vulnerabilidad a nacionales de 10 países.

Por otra parte, la capacitación ofrecida durante 2019 alcanzó un registro de ocho mil 613 personas a través de 494 cursos, y en la vinculación con el orden municipal, se llevaron a cabo Jornadas de Capacitación de Derechos Humanos para Autoridades Municipales. Se visitaron 12 diferentes sedes, con 264 personas que participaron representando a 75 municipios. Igualmente, se capacitó a 549 elementos de la SSP.

Igualmente, recibieron atención 63 organizaciones que año se acercaron a la CEDH, que, a su vez, estableció vínculos con autoridades de 43 entidades, organismos y dependencias de los tres órdenes de gobierno, mediante la celebración de 59 reuniones de coordinación ejecutiva y tuvo presencia en 158 actividades a las que fue convocado.

La Presidenta de la Comisión Estatal, concluyó destacando el trabajo realizado con 11 organizaciones internacionales y representaciones diplomáticas de distintos países, que derivaron en el fortalecimiento de acciones de protección a derechos humanos, junto con las nueve firmas de convenio realizadas a solicitud de ayuntamientos, organismos públicos y/u organizaciones de la sociedad civil.

El diputado José Manuel Pozos Castro, la legisladora María Josefina Gamboa Torales y el diputado Raymundo Andrade Rivera, presidente, secretaria y vocal respectivamente de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia de la LXV Legislatura, recibieron la comparecencia de la encargada de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, sobre el estado que guardan los asuntos que son competencia de este organismo autónomo durante el período septiembre-diciembre de 2019.

En presencia de autoridades municipales, representantes de las fuerzas armadas, notarios, empresarios, abogados, representantes de la sociedad civil y medios de comunicación, la funcionaria informó que, a su llegada a la Fiscalía, inició la revisión de todos los asuntos, la verificación de los registros oficiales y la identificación de rezagos.

Durante 2019, se iniciaron 80 mil 326 carpetas de investigación, de las cuales se encontraron aproximadamente 30 mil que no habían sido ingresadas en las bases de datos e instrumentos oficiales. En cuatro meses, se logró abatir en 96 por ciento el rezago en el registro de la información y la judicialización de tres mil 299 carpetas.

Al cierre de ese mismo año –prosiguió Hernández Giadáns-, se contabilizó un total de 49 mil 729 expedientes y se estableció un seguimiento semanal de los detenidos que son llevados a control de detención, para una mayor certeza de las vinculaciones a proceso.

“También encontramos diversos compromisos que no fueron atendidos a cabalidad con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, principalmente en el registro de vehículos robados y recuperados, así como en el de mandamientos judiciales, lo que originó que los resultados de las evaluaciones fueran negativos”, agregó.

En relación con los hallazgos en la gestión administrativa, se encontró un gasto excesivo en rentas de edificios para oficinas por un total anual de 33.6 millones de pesos (mdp), 3.8 mdp sin comprobar de fondo revolvente, pasivos por más de 251 mdp a favor de diversas instancias como SAR, IMSS, IPE, proveedores, contratistas, obra pública, retención y contribución a pagar.

Asimismo, excesiva dotación de combustible a altos mandos hasta por 125 mil pesos mensuales; en personal de ayudantía asignada a altos mandos, hasta 45 elementos a su cuidado personal y de sus familias; sueldos en altos mandos de casi 300 mil pesos mensuales, personal que no cubre el perfil de puestos autorizados y otros que cobraban sin presentarse a laborar en áreas administrativas.

En todos los casos, añadió Verónica Hernández, se dio vista y se puso del conocimiento a las instancias competentes para que inicien y den trámite a los procedimientos y denuncias a que haya lugar. Además, se encontraron irregularidades como falta de controles internos de auditorías en recursos humanos, financieros y materiales, así como proveedores y contratistas favorecidos sin pasar por el proceso de licitación y asignaciones directas.

A esto se añade deficiencia en obra pública del 2018, obra de mala calidad por más de 316 mdp, por lo que, en coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) se realizan visitas a las obras para la determinación de las observaciones correspondientes.

En materia de los servicios periciales, los servicios médicos forenses se encontraban en condiciones deplorables ya que ningún semefo contaba con los requisitos mínimos para ser certificado.

Respecto al proceso de evaluación y control de confianza, prosiguió la servidora pública, 87 servidores públicos no lo aprobaron, por lo que instruyó a las áreas competentes iniciar los procedimientos correspondientes.

Además, se fortalecieron los protocolos del Centro de Evaluación y Control de Confianza. Al 31 de diciembre de 2019, se excedió la meta programada y se tienen pendientes de evaluar sólo a seis servidores públicos.

“Habiendo encontrado una distribución dolosa por cuanto hace a percepciones, manejo de combustibles y un manejo discrecional y con dispendio de los recursos públicos, se instruyó la reducción de sueldos excesivos y compensaciones para altos mandos, iniciando un proceso de dignificación y homologación en las percepciones del personal operativo”, destacó.

También determinó la distribución de 400 plazas para el fortalecimiento de áreas operativas. Una vez agotados los requisitos formales para el concurso y reclutamiento del personal, se destinarán 200 plazas a la policía ministerial (incremento de 27.17 por ciento), 130 posiciones se canalizaron para la contratación de fiscales (incremento del 26.4 por ciento).

Se añaden 30 para fortalecer los cuadros de los servicios periciales (incremento de 10.34 por ciento) y 40 se destinaron a fortalecer a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, a los que también se ha sumado el apoyo de 22 elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase): un total de 164 elementos a partir de septiembre (incremento de 60.78 por ciento).

Dijo también haber instruido a la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, una atención inmediata, responsable y de respeto a todos colectivos que buscan justicia. Reportó la participación en nueve operativos de búsqueda, asistencia en 19 reuniones con diversas autoridades estatales y federales y el nombramiento de seis nuevos fiscales.

Además del acceso a las carpetas de manera inmediata cuando así lo solicitan y reuniones periódicas para su revisión, se han tenido 10 reuniones regionales con colectivos en Poza Rica, Coatzacoalcos, Veracruz, Córdoba, Orizaba y Xalapa, se han realizado cuatro reuniones estatales con colectivos y el Gobernador del Estado, se les ha invitado a que conozcan las condiciones de los semefos y se da seguimiento a todos los casos de larga data.

Desde septiembre, inició el estudio de cada una de las mil 155 carpetas que se encontraban en el sistema, que corresponden a mil 240 desaparecidos del año 2019. De acuerdo con la investigación, al 31 de diciembre, 588 personas ya habían sido localizadas, quedando 652 personas por localizar.

De igual manera, en la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas y a la luz de las alertas de violencia de género emitidas al estado de Veracruz, se activaron 68 cédulas de Alerta Amber, se logró recuperar a 54 niñas, niños y adolescentes y se solicitaron cuatro colaboraciones con Alerta Amber México.

Destacó también la puesta en marcha, el pasado 25 de noviembre, del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz.

Como resultado de la aplicación del protocolo para la clasificación del delito de feminicidio, de un total de 142 carpetas de investigación iniciadas, se hizo una reclasificación exhaustiva resultando únicamente 100 carpetas de feminicidio. Las restantes derivaron en homicidios, muertes no delictivas, suicidio y muerte por omisión de cuidado, entre otros.

En cuanto a la atención a los pueblos originarios, dijo que la Fiscalía Coordinadora Especializada en Asuntos Indígenas y Derechos Humanos incrementó en 28 por ciento las visitas itinerantes en Huayacocotla, Chicontepec, Tantoyuca, Papantla, Orizaba, Zongolica, Hueyapan de Ocampo y Uxpanapa, y se atendió las 309 quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

De la actividad de la policía ministerial, detalló que en este año se cumplimentaron casi tres mil mandamientos judiciales relativos a órdenes de aprehensión, reaprehensión y comparecencia y que, de septiembre a diciembre, se ejecutó en promedio mensual 20 por ciento más que lo trabajado en el periodo de enero-agosto.

Para atender de manera frontal a uno de los delitos de mayor impacto social, se conformó la Coordinación Estatal de Homicidios.

En la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, durante el periodo que se reporta, se registraron 298 casos y se logró la detención de 147 presuntos culpables, la desarticulación de 22 bandas delictivas, el cumplimiento de 37 órdenes de aprehensión y la obtención de 56 sentencias condenatorias.

Aseguró que “en tan sólo cuatro meses y luego de un intenso trabajo, de un alto compromiso y con el apoyo irrestricto de mujeres y hombres profesionales, comprometidos, con vocación y honestidad, hemos puesto a la Fiscalía General del Estado al servicio de la población veracruzana”.

Verónica Hernández Giadáns concluyó su comparecencia aseverando que la autonomía de la FGE “no se excluye de la coordinación con todos los órdenes y niveles de gobierno, pero sobre todo con la sociedad civil. Coordinación no es subordinación, sino identidad en principios, estrategias y compromisos. En el Veracruz de hoy, se hace cumplir la ley y quien delinque es castigado sin distingos”.

El Congreso del Estado de Veracruz se sumó a las acciones del macrosimulacro, convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, y logró, de manera exitosa, en un lapso de tres minutos, la evacuación de 535 personas, entre plantilla laboral y visitantes a este inmueble.

Esta acción, realizada en todo el país a las 11:00 horas, tiene como propósito fomentar la cultura de la protección civil entre la población y contribuir así al fortalecimiento de las capacidades de reacción ante cualquier emergencia o desastre, resultado de sismos.

El evento, realizado en la explanada principal del Palacio Legislativo, fue encabezado por la presidenta de la Comisión Permanente de Protección Civil de la LXV Legislatura, diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, quien en su intervención expresó que debe tenerse presente que la prevención es fundamental para evitar la pérdida de vidas humanas.

Asimismo, indicó que lo que hoy pudo constatarse es una hipótesis de reacción en caso de un sismo, incendio u algún otro hecho que ponga en riesgo la vida de quienes laboran en este inmueble.

Ante el personal y visitantes, señaló: “Junto a ustedes, hoy podemos realizar un ejercicio responsable que nos sirve como una representación de acciones de respuesta, previamente planeadas y montadas con un escenario específico, diseñado a partir de la identificación y análisis de riesgos, así como la vulnerabilidad de los sistemas afectables”.

La legisladora aseveró que el objetivo de este simulacro es poner a prueba la capacidad de respuesta de la población involucrada y así evaluar y corregir una respuesta eficaz ante posibles situaciones reales de emergencia o desastre y examinar que tan seguro es el inmueble y sus alrededores.

Además, preparar las acciones que se deben llevar a cabo para mejorar las condiciones de seguridad y diseñar rutas de evacuación, elegir el lugar donde se concentrarán las personas en caso de desastre, así como enlistar las herramientas y materiales que se recomienda tener a la mano para la autoprotección, comunicación y capacitación continua del personal.

Por último, convocó a las y los ciudadanos en general a participar en estos simulacros, toda vez que “no olvidemos que un simulacro no es un juego, de este ejercicio puede depender tu vida”, puntualizó.

Participaron en la coordinación de este ejercicio la jefa del Servicio Médico, doctora Claudia del Rosario García Pérez, el jefe de la Oficina de Seguridad, Simón Díaz Íñiguez, y la Unidad Interna de Protección Civil de este Poder.

La diputada Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, integrante del Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), presentó al Pleno un anteproyecto de punto de Acuerdo por el cual señala acciones que podrían generar cambios en la conducta y actividades de los sujetos obligados para disminuir su impacto ecológico, destinar más recursos al control y reparación de los efectos dañinos causados al ambiente y a la salud de las personas, y propiciar las condiciones para un medio ambiente sustentable.

Al participar durante la décima sesión ordinaria, la legisladora plantea que la LXV Legislatura exhorte al titular del Poder Ejecutivo estatal para que, a través de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), implemente políticas públicas transversales para fomentar la información y atención sobre el cambio climático, con el fin de que autoridades, organismos, instituciones y ciudadanos contribuyan a prevenir sus consecuencias.

Asimismo, se exhorta al Ejecutivo estatal para que, a través de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), proponga a las autoridades educativas federales, en términos de la Ley General de Educación, que los temas sobre cambio climático se incorporen a los planes y programas de estudio que se estimen pertinentes, así como las actualizaciones que pudieran ser necesarias.

Igualmente, hizo un llamado para que la Secretaría de Protección Civil (SPC) estatal, elabore un mapa de riesgos respecto a las consecuencias del cambio climático e identifique las regiones de mayor vulnerabilidad en el estado de Veracruz.

La diputada Yunes Yunes subrayó “de nada sirve prohibir el uso de popotes, de bolsas de plástico y empaques de unicel, si los anaqueles de los supermercados y nuestras casas están llenos de envases de plástico, si no clasificamos y reciclamos nuestra basura”.

“O como sucede en este Congreso, gastamos toneladas de papel que no utilizamos. La prueba son los textos de las recientes comparecencias y la impresión de la Gaceta Legislativa que bien puede entregarse por los medios electrónicos existentes para ello”, abundó.

Expuso que el calentamiento global y la falta de interés de las autoridades locales han provocado la desaparición del 65 por ciento del glaciar del Jamapa en el Pico de Orizaba. “Cabe señalar que de los cinco glaciares con que contaba originalmente nuestro volcán, sólo sobreviven dos: el Jamapa y el glaciar Del Toro, lo que explica, entre otras cosas, la escasez de agua que vivimos en la zona centro del estado”.

Por otra parte, dijo que durante 2018 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) registró un total de 73 sitios contaminados distribuidos en 46 municipios veracruzanos.

Asimismo, que los eventos de contaminación fueron provocados por el manejo de residuos sólidos urbanos, así como hidrocarburos, actividades mineras, industrial, comercial y de emergencias ambientales, sin que hasta el momento existan trámites o programas para atender los pasivos ambientales en la entidad.

El anteproyecto fue turnado para su estudio y dictamen a la Junta de Coordinación Política.

Las instituciones de banca y crédito deberán establecer medidas mínimas de seguridad en cada establecimiento, sucursal u oficina bancaria, con suficiente personal y tecnología, para garantizar la protección de las personas y sus pertenencias, así como al patrimonio de la institución, de acuerdo con la propuesta presentada por el Grupo Legislativo Mixto Acción Nacional Veracruz (ANV).

La diputada María de Jesús Martínez Díaz, integrante de esta bancada, hizo uso de la tribuna para dar lectura a la Iniciativa, ante el Congreso de la Unión, que reforma el artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito, en materia de seguridad.

En la exposición de la propuesta, detalló que dichas medidas deben incluir en cada establecimiento, sucursal u oficina bancaria suficiente personal de seguridad privada legalmente autorizados o de policía auxiliar de la seguridad pública, previo contrato con cargo a la institución, así como la instalación y funcionamiento de los dispositivos, mecanismos y equipo tecnológico de audio y video interno y externo necesarios.

La iniciativa plantea que se prohíba “a los dependientes o empleados bancarios que ahí laboren y al público usuario, el uso de dispositivos móviles o cualquier otro tipo de tecnología que favorezca la comunicación con el exterior durante el tiempo que permanezcan en las instalaciones o durante la jornada laboral respectiva”.

Contempla también que las instituciones de banca y crédito, cuando contraten personal que reciba, en su representación, recursos de sus clientes, en efectivo o cheque, deberán asegurarse de que los establecimientos que al efecto utilicen dichas personas, cuenten con las medidas mínimas de seguridad que se establezcan conforme a lo señalado en el artículo 96 del mismo ordenamiento.

En este sentido, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberá dictar, mediante reglas de carácter general, los lineamientos a que se sujetarán las medidas mínimas de seguridad que deberán garantizar las instituciones de banca y crédito y los prestadores de servicios o comisionistas que las instituciones contraten para la recepción de recursos de sus clientes, en efectivo o cheque y vigilará que las instituciones cumplan con las disposiciones aplicables en la materia.

Así también, no se permitirá la contratación de personal al amparo del artículo 46 Bis 1 de la misma Ley para realizar en el interior de las sucursales de atención al público de las instituciones de crédito, cualquiera de las operaciones a que se refiere el artículo 46 del mismo ordenamiento.

Para implementar lo señalado, “las instituciones de banca y crédito deberán contar con personal capacitado y unidades especializadas que garanticen el correcto y continuo funcionamiento de las medidas mínimas de seguridad, que deberán participar, en coordinación con las autoridades de seguridad pública, en programas de prevención del delito”.

Finalmente, la CNBV emitirá en cualquier tiempo recomendaciones vinculantes a las instituciones de banca y crédito, para garantizar la seguridad de los usuarios y de sus valores en el interior de sus establecimientos, sucursales u oficinas bancarias.

De acuerdo con el Tercero Transitorio de la Iniciativa, en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del Decreto, se deberán hacer las adecuaciones reglamentarias a que haya lugar, a fin de dar cumplimiento a éste.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Seguridad Pública, con la adhesión de los Grupos Legislativos de Morena, Del Lado Correcto de la Historia, Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano-Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Cristina Alarcón Gutiérrez, presentó en la décima sesión ordinaria del segundo año de ejercicio constitucional una iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 2 y la fracción XXII al artículo 28; y adiciona la fracción XXIII al artículo 28, todos de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz, donde prevé contemplar la prohibición de las corridas de toros en la entidad.

En su exposición de motivos, la representante de Morena, destacó que gracias al trabajo legislativo nacional e internacional se ha construido un cambio en los marcos legales para la protección de la vida no humana, en concordancia con los avances de una nueva ética con el entorno natural y con la biodiversidad del planeta, promoviendo la preservación de la vida.

Destacó que los antecedentes que respaldan esta iniciativa se basan en las actuaciones de organismos internacionales, nacionales y estatales que han visibilizado la necesidad de prohibir las corridas de toros, por ser considerados espectáculos de índole violenta.

Actualmente, continuó Alarcón Gutiérrez, estados como Sonora, Guerrero, Coahuila, y recientemente Quintana Roo, han construido marcos legales para la protección de los animales prohibiendo, explícitamente, las corridas de toros, peleas de gallos, actividades brutales y violentas incongruentes a la nueva ética y compromiso de los seres humanos con el medio ambiente y la vida animal.

A pesar de existir leyes que sancionan el maltrato hacia los animales y el incumplimiento moral hacia la vida animal, dijo la diputada, en ocasiones los intereses económicos de unos cuantos empresarios se anteponen, por encima del dolor y sufrimiento de estos seres vivos.

“Esta iniciativa parte del análisis a las reformas en materia de derechos de los seres animales, como también de los análisis comparativos de algunas legislaciones en algunos países donde se ha dispuesto positivamente a favor de ellos”, abundó.

Asimismo en respuesta a las demandas ciudadanas por medio de organizaciones no gubernamentales, que han buscado extender la protección a los animales, principalmente

con relación a la prohibición de las corridas de toros, que representa un vestigio de crueldad hacia estos seres animales, y que genera ambientes de violencia, señaló.

Agregó que todo espectáculo de tauromaquia, a su parecer, es un acto de violencia donde se reproducen todos lo antivalores de respeto y sana convivencia entre los seres humanos y los animales, toda vez que no forman parte de las tradiciones genuinas del pueblo mexicano.

Finalmente aseguró que la prohibición de las corridas de toros y de todo espectáculo de tauromaquia, es una consecuencia lógica del avance en la materia de protección de los derechos de los seres animales, donde Veracruz ha sido pionero, es “una oportunidad para cerrar el paso a todo evento violento y de barbarie, contrario a los compromisos éticos y morales que como sociedad hemos adquirido con todos los animales”.

Para su análisis y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Se adhirieron -a título personal- los diputados León David Jiménez Reyes y José Andrés Castellanos Velázquez, así como las diputadas Mónica Robles Barajas, Adriana Paola Linares Capitanachi, Rosalinda Galindo Silva, Magaly Armenta Oliveros y Nora Jessica Lagunes Jáuregui.

– Inauguración “Preservemos nuestras tradiciones libres de violencia”

Previo al inicio de la sesión, la diputada Cristina Alarcón Gutiérrez inauguró la exposición fotográfica Preservemos nuestras tradiciones libres de violencia, como parte de su apoyo a la campaña “Preservemos nuestras tradiciones, cultura de vida, respeto y compasión. Sabiduría ancestral. No más violencia y barbarie”.

Durante el acto, aseguró que los pueblos originarios no consideran parte de su cultura las tradiciones que fomentan la violencia y maltrato animal, por lo que se debe evolucionar conforme a criterios y principios superiores como los de la bondad, piedad y respeto del otro, y “menos aún sobre la base ruin del gozo perverso y del afán de lucro”.

Por su parte José González Martínez, Representante de la Red Nacional México Antitauromaquia, Construyendo la Paz, realizó la entrega de un reconocimiento a la legisladora por sus acciones en la lucha en pro de los derechos humanos y derechos animales.

En la inauguración también estuvieron presentes los diputados Raymundo Andrade Rivera, León David Jiménez Reyes, José Andrés Castellanos Velázquez, así como el Premio Nacional de Periodismo y Embajador de Buena Voluntad de Movimiento Conciencia, Patricio Monero.

La diputada Brianda Kristel Hernández Topete, presentó una Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley de Salud del Estado de Veracruz, con la finalidad de que se implementen campañas informativas permanentes sobre la prevención del suicidio.

Dicha iniciativa establece la elaboración del Plan Veracruzano de Prevención del Suicidio, el cual incluya las acciones a seguir para detectar conductas tendientes a esta problemática, dando un adecuado seguimiento, atención médica y psicológica para evitar muertes por esta situación.

Asimismo, la implementación de una línea telefónica gratuita donde especialistas en salud mental atiendan a la población que lo requiera, disminuyendo las tasas de suicidios en el estado, además de apoyar a toda persona que esté pasando por una crisis emocional por medio de una conexión social y empática.

Por lo que su propuesta radica en la reforma al segundo párrafo del artículo 70; la fracción III y IV del artículo 70 bis; y adiciona la fracción V al artículo 70 bis y un sexto párrafo al artículo 71 bis de la Ley de Salud del Estado.

La legisladora del distrito XXIV de Santiago Tuxtla, afirmó que en la Carta Magna Federal se establece el derecho que tiene todo ciudadano a la protección de la salud, por lo que es obligación del Estado prevenir cualquier tipo de alteración en la misma, ya sea física o mental, siendo el suicidio un problema de salud pública que aumenta con mayor frecuencia en el país.

Agregó que en el Capítulo VII de la Ley General de Salud, en materia de salud mental, señala que la prevención de las enfermedades mentales tienen un carácter prioritario.

Asimismo, -aseveró- en la legislación local existe el capítulo de la Ley de Salud exclusivo a la Salud Mental, en donde se establecen todas las disposiciones relativas al mismo, sin embargo, en ningún artículo se hace referencia al suicidio y a la prevención de éste, existiendo un vacío legal respecto las obligaciones que deberá tener el Estado con las personas que presenten tendencias suicidas producto de la depresión o de otras patologías mentales.

Agregó que a pesar de que la Secretaría de Salud de Veracruz (SS) cuenta con el Programa de Prevención del Suicidio, con la presente iniciativa se fortalecerá la atención oportuna para dar el apoyo necesario a las personas que lo necesiten, coadyuvando a lo existente hoy en día en la SS.

De acuerdo con especialistas, continuó la integrante del Grupo Legislativo mixto de los partidos Movimiento Ciudadano-PRD, el suicidio es prevenible, por lo que se debe estar atento ante cambios del comportamiento en algún miembro de la familia, además de fomentar las relaciones sociales sanas, ambientes familiares agradables, buena autoestima y evitar el bullying.

“Recordemos que la salud no solo es la ausencia del dolor físico, la salud también tiene que ver con las emociones, con un estado de equilibrio entre la persona y su entorno sociocultural, que brinda un bienestar y una buena calidad de vida”, finalizó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia para su análisis y dictamen. Se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos de Morena, PAN, MC-PRD y Del Lado Correcto de la Historia.

Por considerar necesario aumentar las multas a los conductores que bajo la influencia del alcohol operan vehículos automotores, el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) propuso reformar los incisos a) y b) de la fracción III del artículo 153 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Durante la Décima Sesión Ordinaria del Primer Período del Segundo Año de Ejercicio Constitucional y en nombre de dicha bancada, el diputado Rodrigo García Escalante presentó al Pleno la Iniciativa con Proyecto de Decreto, como propuesta ante la gravedad y la frecuencia de los delitos que se cometen en este respecto.

En este rubro, México es el séptimo de los países con mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito y la segunda posición en América Latina. Al año, el país registra más de 24 mil muertes generadas por lesiones en el tránsito, lo que la ubica como la primera causa de muerte en la población de cinco a 34 años de edad.

Respecto de la mortalidad, el alcohol sigue siendo la sustancia adictiva de más consumo y que ha causado más muertes, siendo la primera causa de muertes violentas en jóvenes.

García Escalante agregó que, a pesar de las medidas implementadas para inhibirlo en la población, el manejo de vehículos bajo la influencia del alcohol persiste. “La Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz establece como muy graves las conductas relacionadas con aquellos conductores que operan vehículos automotores bajo la influencia del alcohol, sin embargo, las multas contempladas por esta falta no resultan estar equiparadas a dicha gravedad”.

Por ello, el Grupo Legislativo del PAN presentó dicha iniciativa que para su análisis y, en su caso, dictaminación, fue turnada a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad.

La diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, Presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz, se reunión con integrantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, con el objetivo de realizar un análisis de los requisitos para el nombramiento del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, toda vez que actualmente se cuenta con una encargada de despacho.

En entrevista, Cervantes de la Cruz, destacó que durante las reuniones mensuales que se tienen con el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, colectivos de familiares de personas desaparecidas y demás autoridades involucradas en el tema, se acordó llevar a cabo esta reunión en el Poder Legislativo, para analizar, y en su caso reformar, los requisitos para asumir la titularidad de la Comisión Estatal de Búsqueda y el respectivo proceso de selección que contempla la Ley en Materia de Desaparición de Personas en el Estado.

Asimismo, detalló que de llevarse a cabo modificaciones, estas deberán estar armonizadas con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

“Con estas reuniones de trabajo se podrá tener la certeza, que una vez emitida la convocatoria, la persona que obtenga la titularidad de la Comisión, cumplirá con los requisitos que los Colectivos consideren los óptimos para llevar a cabo un buen trabajo en la búsqueda de los desaparecidos, además de que exista concordancia de que lo discutido en las reuniones quede establecido en la Ley Estatal”, dijo la legisladora.

Finalmente, señaló que “estos trabajos se seguirán realizando en coordinación con el Gobierno del Estado con el único fin de darles resultados a las familias veracruzanas que desafortunadamente viven esta situación”.

En esta reunión estuvieron representantes la diputada Florencia Martínez Rivera, vocal de la Comisión Especial; Namiko Matzumoto Benítez, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, representantes del Consejo Estatal Ciudadano, representantes del Poder Ejecutivo, así como representantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, y demás autoridades en la materia.