El Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó el dictamen de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, con lo cual queda establecido que el Congreso, de manera excepcional, podrá celebrar sesiones a distancia, mismas que deberán ser transmitidas en vivo por los canales oficiales.

El dictamen, puesto a consideración del Pleno por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales durante la sesión de este 2 de mayo, es resultado de la iniciativa propuesta por las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXV Legislatura.

De esta forma, queda señalado en la Ley que el Congreso del Estado se reunirá a partir del cinco de noviembre de cada año para celebrar un Primer Período de Sesiones Ordinarias, el cual concluirá el día último del mes de enero del año siguiente; y a partir del dos de mayo de cada año para celebrar un Segundo Período de Sesiones Ordinarias que concluirá el día último del mes de julio siguiente.

Las sesiones del Congreso y de sus comisiones serán públicas; pero cuando se trate de asuntos que exijan reserva, serán privadas, de conformidad con lo establecido por su normatividad interior.

De manera excepcional, cuando existan contingencias sanitarias, ambientales, riesgos a la seguridad pública, a la protección civil, o cuando se declare estado de emergencia u otros casos de fuerza mayor, las sesiones del Congreso podrán celebrarse a distancia, ya sea de forma total o parcial, a través de las tecnologías de la información o sistemas electrónicos que se establezcan para ello.

Todas las sesiones celebradas bajo esta modalidad deberán ser transmitidas en vivo.

Las tecnologías de la información o sistemas electrónicos para la celebración de las sesiones a distancia, deberán garantizar de manera eficaz la verificación del quórum, la intervención de viva voz de las y los legisladores partícipes, el registro de las votaciones, y que el acceso a dichas plataformas esté limitado a los Diputados y Diputadas, así como al personal previamente autorizado.

Tras aprobarse con 42 votos a favor y tres abstenciones este dictamen, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó remitirlo al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

El Pleno de la LXV Legislatura, aprobó el dictamen de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales por el que se reforma el artículo 154 Quater, del Código Penal del Estado de Veracruz, que faculta al Ministerio Público a tener las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad física o psíquica de la víctima de violencia familiar, debiendo informar al juez para que en audiencia pública decrete lo procedente.

El dictamen, resultado de la iniciativa presentada por la diputada Rosalinda Galindo Silva, dota al Ministerio Público de los instrumentos jurídicos necesarios, para que al momento de conocer de los hechos, pueda ordenar las medidas preventivas constituyendo acciones anticipadas, disuadiendo afectaciones mayores para las víctimas de violencia familiar.

La reforma responde a que las medidas actuales del Ministerio Público resultan limitadas en sus atribuciones al actuar a favor de las víctimas, por lo que la reforma a dicho artículo dota al Ministerio Público para tener, a su alcance inmediato, las medidas de protección que protejan anticipadamente a las víctimas de violencia familiar.

En este sentido, el artículo 154 Quater del Código Penal de la entidad, ya contempla las medidas de prevención para salvaguardar la atención de las víctimas, sin embargo éstas se encontraban condicionadas a petición del juez, por lo que con esta reforma, las víctimas dejarán de estar desprotegidas temporalmente pues no se tendrá que esperar a que el juez acuerde al respecto.

Durante su intervención, la autora de la iniciativa, diputada Rosalinda Galindo Silva, resaltó que actualmente la atribución del Ministerio Público, para acordar medidas preventivas de protección que le impone el Código Penal local, resulta limitada en comparación con la atribución que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, para ordenar en favor de las víctimas de violencia familiar.

Asimismo, señaló que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 137 párrafo primero, otorga, entre otras atribuciones del Ministerio Público, la atribución de ordenar medidas de protección idóneas, para salvaguardar la seguridad de las víctimas, por lo que la propuesta que hoy presenta la Comisión de Justicia armoniza el Artículo 154 Quater del Código Penal para el Estado, a la disposición Federal.

El dictamen fue aprobado con 24 votos a favor, 7 en contra y 14 abstenciones.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen por el cual se reformó el artículo 380 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz y se establece que la Comisión de Hacienda, en coordinación con la Tesorería, someterá a la consideración del Cabildo la Cuenta Pública Municipal del ejercicio inmediato anterior, a más tardar el último día hábil del mes de marzo y presentarse al Congreso del Estado a más tardar el día 30 de abril.

De esta manera se homologa la fecha fijada en el Código Hacendario Municipal para el Estado, con las establecidas en la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en concordancia con las Leyes de Fiscalización y Orgánica del Poder Legislativo, respecto al término para presentar la Cuenta Pública Municipal, pasando del mes de enero al último día hábil del mes de marzo, ante el Cabildo y a más tardar al 30 de abril ante el Congreso del Estado.

Este dictamen, resultado de la iniciativa presentada el 25 de julio de 2019 por la diputada del Partido Acción Nacional, María Graciela Hernández Iñiguez, fue aprobado por el Pleno con 46 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, durante la sesión de apertura del Segundo Periodo Ordinario, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXV Legislatura.

Asimismo, la reforma refiere que, tratándose del último año de la administración municipal, la Comisión de Hacienda y la Tesorería deberán someter la Cuenta Pública municipal a consideración del Cabildo, durante el mes de diciembre, o bien, hasta el último día del mes de enero.

Por otra parte, en el artículo tercero transitorio se señala que los ayuntamientos que dispongan del Código Hacendario Municipal propio deberán proponer ante esta Soberanía la reforma correspondiente, con el propósito de ajustarse a lo dispuesto en el presente decreto, en un plazo que no excederá de 30 días hábiles a partir de la entrada en vigor del mismo.

Las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda Municipal y de Vigilancia determinaron procedente esta reforma, ya que -añaden- tiene como propósito brindar certidumbre a los entes fiscalizables municipales de la entidad, en cuanto a la presentación de sus Cuentas Públicas.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura aprobaron el dictamen, resultado de la iniciativa presentada el 30 de mayo de 2019 por el diputado de Morena, León David Jiménez Reyes, con lo que se deroga la fracción XLI del artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y con ello la obligación de este Poder de realizar anualmente una sesión fuera de su sede oficial, siendo en algún municipio del norte, centro o sur de la entidad.

De esta manera se ajusta lo contenido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo a lo señalado en el Decreto 759, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 8 de octubre de 2018, mediante el cual se quitó del artículo 28 de la Constitución Política del Estado la obligación de sesionar fuera de la sede oficial, ubicada en la ciudad de Xalapa.

La Comisión Permanente de Gobernación, instancia dictaminadora, señala en el documento que la reforma integral a la Constitución Política del Estado, realizada en el año 2000, se estableció como una obligación del Poder Legislativo de la entidad, sesionar por lo menos una vez al año en la cabecera de algún municipio del norte, centro o sur del Estado, lo que se conoció como “sesiones foráneas”.

Asimismo, recordó que los integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura presentaron una iniciativa con proyecto de decreto que reformaba el artículo 28 de la Constitución Política del Estado, la cual tenía como finalidad primordial dejar sin efecto lo relativo a la obligación que tenía este Congreso de realizar, cada año, dichas sesiones fuera de la sede oficial.

Refiere que dicha Legislatura, en su exposición de motivos, manifestaron, “Veracruz no atravesaba su mejor etapa en términos económicos y financieros, por lo que la austeridad, la racionalidad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos y su gasto, debían ponderarse siempre en aras del beneficio común”.

Tras aprobarse, con 43 votos a favor, 2 en contra y sin abstenciones, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó a la Secretaría General a remitir el presente decreto al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

El sistema educativo nacional es el subsistema social que moviliza la mayor cantidad de personas diariamente y por tanto es un modo crítico de contacto. Por este motivo y tomando en consideración la alta tasa de contagio del coronavirus Covid-19 que oscila entre 1.4 a 3 personas por cada infectado, la suspensión de actividades en los centros escolares es considerada una de las estrategias indispensables para controlar la propagación de la enfermedad.

Señalaron lo anterior, los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), que coordina el diputado Omar Guillermo Miranda Romero, al presentar ante el Pleno, la Iniciativa de Decreto por la que se adiciona un tercer párrafo al artículo 4 de la Ley de Educación del estado.

Esto, durante los trabajos de la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Periodo, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la LXV Legislatura; limitar el contacto social, reconocen en su Iniciativa, permitirá a los sistemas de salud enfrentar la presente crisis, por lo que la estrategia adquiere una dimensión temporal que ha sido relevante considerar.

La medida impacta, destacan los legisladores del PAN, a 36 millones 635 mil alumnos y más de 2 millones 100 mil docentes; convocando, el titular de la SEP, a las y los maestros a apoyar“, en el aprendizaje con la escuela a distancia”, sin embargo esta acción implementada, destacan en su texto, “marchas forzadas”, generó un entorno para el que ni los profesores, ni las autoridades, ni los estudiantes y padres de familia, estaban preparados.

Si bien ha sido una alternativa para no dejar de garantizar la educación de los niños y jóvenes, consideran en su Iniciativa, representa un gran reto para profesores y alumnos, aún más para aquellos que no cuentan con las herramientas necesarias para impartir y recibir educación mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación, considerando que el proceso enseñanza-aprendizaje lo realizan bajo el esquema presencial y que no existe una preparación previa.

Es evidente que no hay en estos momentos, continúa el documento, igualdad de condiciones para la impartición de la educación, visibilizándose posibles deficiencias en la enseñanza, que podrán advertirse, cuando los alumnos se incorporen

Por ello, subrayan en su Iniciativa, que quienes integran el grupo legislativo del PAN, pretenden establecer en la Ley de Educación estatal, que los tipos de educación que se imparten en las modalidades escolarizada o abierta presenciales puedan continuar con sus planes de estudio a través de la educación a distancia.

Esto, cuando se presenten contingencias sanitarias ocasionadas por epidemias de carácter grave o exista peligro de invasión de enfermedades tóxicas en el país, la Secretaría de Educación estatal deberá establecer lineamientos para estar en posibilidad de lograrlo de forma eficiente, así como brindar la capacitación al personal docente y alumnos para atender dicha situación de forma eficiente.

Esta Iniciativa con Proyecto de Decreto, fue turnada a la Comisión Permanente de Educación, del Congreso del Estado, para su estudio y dictamen.

La diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 314 bis y un segundo párrafo al artículo 196 del Código Penal para Veracruz, que endurecerían las penas a quienes ejerzan cualquier tipo de violencia, o inciten al odio o violencia en contra del personal del sector salud, durante los periodos que comprendan la declaratorias de emergencia sanitaria.

La iniciativa propone la imposición de cinco a diez años de prisión y multa de dos mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quien ejerza cualquier tipo de violencia en contra del profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud perteneciente al Sistema Estatal de Salud, ya sea dentro o fuera de la jornada laboral, del mismo modo para quienes dañen instalaciones públicas o privadas de este sector.

Asimismo, señaló la diputada, se sancionará a quienes provoquen o inciten al odio o violencia o cometan actos de discriminación hacia al personal de salud, por lo que de aprobarse la presente iniciativa, se impondría una pena privativa de libertad correspondiente al incremento en una mitad, además de hasta ciento cincuenta días de trabajo a favor de la comunidad y una multa de hasta trescientas UMAS.

La integrante del Grupo Legislativo de Morena, señaló que “sin duda, hay miedo, psicosis entre la sociedad, pero es inadmisible que se esté atacando a quienes hoy integran la primera línea de batalla en contra del Coronavirus, ya que ellos se encuentran arriesgando sus propias vidas por salvar la del prójimo, atendiendo extenuantes jornadas de trabajo, por lo que merecen todo nuestro respeto, admiración y agradecimiento por su invaluable trabajo y vocación de servicio”, añadió Cervantes de la Cruz.

“En el Grupo Legislativo de Morena les decimos gracias, gracias por sacrificar horas de sueño, tiempo con la familia, por entregarle al pueblo sus esfuerzos y por salvar millones de vidas sin importar poner en juego la propia; nuestro reconocimiento, admiración y total respaldo”, concluyó.

El padre o la madre de hijas e hijos nacidos en el estado de Veracruz serían reconocidos también como veracruzanos, de acuerdo con la propuesta del diputado Amado Jesús Cruz Malpica de reformar la Constitución Política local.

Al inicio del Segundo Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, durante la Primera Sesión Ordinaria, el integrante del grupo legislativo Morena puso a consideración del Pleno la iniciativa de decreto por la que se reforma el Artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El legislador recordó que el referido Artículo 11, en el Capítulo III titulado “De los veracruzanos, de los vecinos y de los ciudadanos”, reconoce como veracruzanos a los nacidos en el territorio del estado y a los hijos de padre o madre nativos del estado, nacidos en el territorio nacional o en el extranjero.

En otra referencia, según la fracción II del apartado A del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son mexicanos por nacimiento quienes “nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional”.

Esta relación de veracruzano que señala la Constitución local –argumentó Cruz Malpica- tiene una conexión en línea descendente. “Al reconocer como veracruzanos a aquellos nacidos en el extranjero, pero de padres nacidos en territorio nacional. De igual manera, podemos definir como veracruzanos a los ciudadanos nacidos en México, residentes en el estado, que son padres de hijos veracruzanos”.

Por todo lo expuesto, consideró que “valdría mucho dar este reconocimiento a quienes decidieron hacer su vida en el estado, conformar una familia, cumplir con las obligaciones que todo ciudadano veracruzano tiene y, en la mayoría de las veces, contribuir al desarrollo económico, social, cultural y político de nuestro territorio. Sus hijos ya son veracruzanos y ellos podrían merecer la misma designación”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó, con 45 votos, sin abstenciones o votos en contra, el dictamen con proyecto de Ley de los Derechos de las Personas Mayores para el Estado de Veracruz cuyo objeto es promover, proteger y asegurar el reconocimiento, goce y ejercicio, en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades públicas de las personas mayores.

Esta Ley, resultado de la iniciativa presentada el 14 de noviembre de 2019 por las diputadas de Morena, Mónica Robles Barajas, Ana Miriam Ferráez Centeno, Rosalinda Galindo Silva y María Esther López Callejas, tiene como finalidad mandatar a las instituciones y órdenes de gobierno, al cumplimiento de todas las acciones, planes, programas, distribución de recursos públicos necesarios, que impulsen efectivas políticas públicas en beneficio de este sector de la sociedad.

En este dictamen de Ley se establece que el Consejo Estatal para la Atención de la Persona Mayor, deberá ser instalado en un plazo no mayor a 90 días hábiles, contados a partir del inicio de la vigencia de la Ley.

El Consejo elaborará un proyecto de Reglamento Interior y lo someterá a la aprobación del Gobernador del Estado, dentro de los 60 días hábiles siguientes a la instalación de dicho Consejo; estableciendo, el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, que incluyan las previsiones necesarias en sus respectivos presupuestos, para desarrollar e implementar los programas y acciones en beneficio de las personas mayores a partir del Ejercicio Fiscal siguiente al inicio de la vigencia de esta Ley.

Esta Ley, compuesta por 38 artículos, prevé prevenir, sancionar y eliminar cualquier tipo de discriminación que ratifique el compromiso de la sociedad, los gobiernos y los poderes públicos, para garantizar que el envejecimiento se viva con dignidad y plenitud de derechos, con el máximo nivel de calidad de vida posible, abrogando la Ley 863 concerniente a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Veracruz.

En el debate del dictamen, la diputada Mónica Robles Barajas, integrante del Grupo Legislativo de Morena y autora de la Ley, señaló que esta es una Ley novedosa que reconoce a las personas mayores como titulares de derechos, sin estereotipos, sin asistencialismos; que previene, sanciona y elimina cualquier tipo de discriminación y que combate el abandono, el maltrato y la violencia.

Asimismo, indicó asegura mejores servicios de salud integral, cuidados paliativos, protección social y acceso a la vivienda, al empleo y autoempleo y, sobre todo, salvaguarda el acceso a la justicia.

También, dijo que esta legislación reconoce las desigualdades de género y promueve la autonomía e independencia de las personas mayores veracruzanas, así como la solidaridad intergeneracional y cimienta bases para que continúen aportando y participando activamente en la sociedad, en el mercado laboral, en la vida política, social, económica y cultural de Veracruz.

La diputada Robles Barajas precisó que en Veracruz el 13 por ciento de la población total son adultos mayores, es decir, un millón 68 mil 102; de las que, el 46 por ciento son hombres y el 54 por ciento son mujeres. De este registro, el 28 por ciento no goza de seguridad social; el 21 por ciento tiene pobreza alimentaria; el 16 por ciento, no cuenta con vivienda y el 20 por ciento, no tiene un empleo.

Las personas mayores que viven en los 47 municipios donde más de 600 mil personas hablan alguna lengua indígena, el 16 por ciento de ellas, tienen 60 años y más, lo que agrava su situación de calidad de vida, añadió.