El diputado Eric Domínguez Vázquez y las legisladoras Mónica Robles Barajas y Nora Jessica Lagunes Jáuregui, presidente, secretaria y vocal respectivamente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXV Legislatura, recibieron la comparecencia de la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis), Delia González Cobos, correspondiente al ejercicio 2019.

En la última de las comparecencias del periodo señalado, presentadas por los órganos autónomos del Estado para dar cumplimiento a lo establecido en los artículo 40 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 153 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo Poder, la titular del Orfis dio a conocer las actividades realizadas por éste, de acuerdo con los artículos 67, fracción III de la Constitución Política Local y 88 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado.

El informe fue presentado y pormenorizado por la Auditora en cuatro temas principales. El primero incluyó aspectos relacionados con la Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas del Ejercicio 2018, destacando en este rubro lo relativo a la planeación, programación y ejecución de mil 467auditorías y 180 revisiones a un total de 328 entes fiscalizables.

Estas acciones se ejecutaron en 741 auditorías financieras-presupuestales, 627 auditorías técnicas a la obra pública, 75 auditorías de deuda pública y obligaciones, 16 solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación, cuatro auditorías de legalidad y cuatro auditorías sobre el desempeño, así como 155 revisiones en materia de deuda pública y obligaciones de municipios y 25 evaluaciones de participación ciudadana.

Derivado de lo anterior, añadió la funcionaria, se emitieron los correspondientes pliegos de observaciones y, en su momento, se entregaron a la Comisión de Vigilancia del Congreso local el Informe General Ejecutivo y los Informes Individuales.

Respecto al seguimiento de las cuentas públicas del ejercicio 2017, el Orfis notificó a los órganos internos de control de 340 entes fiscalizables las tres mil 140 observaciones de carácter administrativo y dos mil 019 recomendaciones derivadas de éstas, para que continuaran con la investigación respectiva y promovieran las acciones que procedieran.

En cuanto a las observaciones de presunto daño patrimonial correspondientes a la Cuenta Pública 2017, se instruyeron 129 procedimientos de investigación para la determinación de responsabilidades administrativas.

En el segundo tema, relativo al Fortalecimiento de la Gestión Pública de los Entes Fiscalizables, mencionó las herramientas tecnológicas desarrolladas con el objeto de facilitar a los entes fiscalizables municipales, el cumplimiento de sus responsabilidades en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Destacó el Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz (Sigmaver), que actualmente utilizan 204 ayuntamientos, 15 entidades paramunicipales y seis organismos, el Sistema de Información Municipal de Veracruz (Simver), el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz (Comver), la plataforma virtual del Sefisver, el portal Modelo de Transparencia; la aplicación de Mapas de Cumplimiento y el ORFISMóvil.

A éstas añadió diversos documentos para fortalecer la gestión de los entes fiscalizables, como el Manual para la Gestión Pública Municipal 2019, los Calendarios de Obligaciones Municipales 2019 y 2020, el Programa de Calidad en la Atención Ciudadana y la Guía Comver, que es una herramienta para la transparencia y rendición de cuentas.

En el tercer apartado, detalló los trabajos realizados por el Orfis como integrante del Sistema Nacional de Fiscalización, del Sistema Estatal Anticorrupción, de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental AC (Asofis) y del Grupo Regional Centro Golfo, así como la participación en foros, congresos, asambleas, coloquios, seminarios y reuniones de trabajo.

Además, 12 jornadas de capacitación impartidas a cinco mil 676 servidores públicos estatales y municipales, con la participación de presidentes municipales, síndicos, regidores y ciudadanos que integran los diversos Consejos y Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal y de Contraloría Social; a esto sumó las actividades realizadas con estudiantes y docentes.

En el cuarto segmento, González Cobos presentó los aspectos relativos al estado que guarda la gestión interna del órgano. Entre las acciones realizadas al respecto, enumeró 38 audiencias con presidentes municipales, cuatro con síndicos, 12 con regidores, una con secretarios de ayuntamiento, 30 audiencias individuales y dos reuniones plenarias con contralores municipales, 10 con tesoreros municipales, 23 con servidores públicos del Poder Ejecutivo estatal, 30 con miembros del Poder Legislativo federal y estatal, cinco con organismos autónomos del estado de Veracruz, cuatro con órganos jurisdiccionales, 16 con despachos y 64 con particulares.

Mencionó también la firma de convenios: de Coordinación y Colaboración en Materia de Revisión y Fiscalización Superior, Investigación, Notificación, Asesoría e Intercambio de Información de la Coordinación Regional Centro Golfo, de la Asofis y la Auditoría Superior de la Federación (ASF); de Colaboración con el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (Invedem), y de Coordinación y Colaboración con la Auditoría Superior de la Ciudad de México, en el Marco del VIII Coloquio Nacional sobre Fiscalización Superior, celebrado en Campeche.

Junto con esto, la realización de tres reuniones con los Colegios de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, con los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos y las acciones para el fortalecimiento de la relación entre la ASF y el Orfis.

Delia González informó de las reuniones que ha tenido con personal de la Contraloría General del Estado y de la Secretaría de Fiscalización del Congreso, a fin de coordinar acciones en el proceso de fiscalización superior y optimizar el desarrollo de las atribuciones respectivas.

Asimismo, comentó que, en diciembre pasado, encabezó una reunión de trabajo a la que fueron convocados exclusivamente presidentes municipales, con la intención de informarles las principales obligaciones derivadas de la normatividad que los rige, a la que asistieron 134 ediles.

Al señalar que la transparencia es la mejor aliada de la democracia, indicó que un objetivo del Orfis es involucrar a la sociedad para participar activamente en la evaluación del ejercicio y correcto uso de los recursos públicos. Para este propósito, desde diciembre de 2019, en la línea Díselo a la Auditora, la población pueden presentar quejas y denuncias al teléfono 800-00-ORFIS (67347).

La Auditora General del Orfis concluyó manifestando que dentro de las medidas que se están en implementación se encuentran la optimización de recursos y la aplicación de una política de austeridad a través de la racionalización y mejor aplicación del gasto, focalizándolo en la atención de las actividades sustantivas de la institución, proceso que irá acompañado de una reestructura organizacional acorde con los tiempos actuales.

“En Veracruz las reformas legales no se imponen, se acuerdan con el pueblo al que servimos obedeciéndolo”, aseveró el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, al asistir al séptimo de los Encuentros por la Igualdad y No Discriminación-Hacia un Código Civil más incluyente.

Durante el inicio de los trabajos realizados en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, el legislador agradeció la presencia del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez; de la diputada federal Dorheny García Cayetano; del presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, diputado Rubén Ríos Uribe; del presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, de los ponentes y de representantes de diversos sectores sociales y distintos ámbitos.

Dijo que se trata de “un ejercicio de reconocimiento a lo que la sociedad nos tiene que decir, es atender a las expresiones de todas y todos, con respeto y tolerancia, con inclusión a las diversidades étnicas, con garantía a las libertades religiosas y más tratándose de un tema tan sensible como el Código Civil, un ordenamiento que regula temas tan delicados para el ser humano como la familia, los Derechos de las mujeres y el bienestar de las niñas y los niños, un Código que es heredero de una tradición jurídica milenaria.

“Si lo hacemos así, es más fácil avanzar por el difícil camino que nos lleva a las leyes justas, orientados por los expertos en la materia, acompañados por el Gobierno de México, por las Naciones Unidas y, desde luego, por los protagonistas del quehacer social. Que este intercambio sea por el bien de Veracruz, un estado de leyes justas”, concluyó.

La organizadora de estos foros y proponente de la iniciativa de reforma al Código Penal, diputada Mónica Robles Barajas, agradeció al subsecretario Encinas “la presencia, el respaldo, la congruencia y la convicción de tantos años, como un personaje que es parte de la historia política de nuestro país y que será parte de la historia del cambio que estamos haciendo en el estado de Veracruz”.

A su vez, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que esta iniciativa abonará al ejercicio de los derechos, que cumple no solamente con los estándares internacionales en la materia, sino que, reconoce la realidad de una sociedad que se ha venido transformando en los últimos años, abriendo espacio al ejercicio pleno de las libertades y los derechos”.

Dijo que “si bien son atendibles las preocupaciones de sectores que, a lo largo de muchos años, se han expresado en contra del derecho de las personas que desean libremente ejercer su libertad no solamente para contraer matrimonio, sino para el libre desarrollo de su personalidad, para ejercer libremente su sexualidad y sus convicciones personales éticas, lo más importante es que el Código abre un espacio de reflexión para consolidar los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones”.

En su intervención, la diputada federal Dorheny García Cayetano, integrante de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Unión, manifestó el respaldo a la iniciativa que –consideró- responde a necesidades reales de personas que de hecho viven y han vivido sin el reconocimiento de sus derechos, por ello dijo celebrar la realización de estos foros para llegar a acuerdos que sirvan al avance en materia de derechos de la sociedad veracruzana.

Estuvieron presentes las diputadas Deisy Juan Antonio, Adriana Paola Linares Capitanachi, Rosalinda Galindo Silva, Elizabeth Cervantes de la Cruz, Cristina Alarcón Gutiérrez, Margarita Corro Mendoza, Jessica Ramírez Cisneros y Vicky Virginia Tadeo Ríos, así como los diputados Amado Jesús Cruz Malpica, León David Jiménez Reyes, Raymundo Andrade Rivera, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, José Magdaleno Rosales Torres y Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, y el secretario general del Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá.

Al término de las ponencias, las y los asistentes contaron con un espacio para intercambiar impresiones y dialogar con las y los integrantes del presídium, quienes ampliaron la información y respondieron cada una de sus comentarios, preguntas e inquietudes.

El presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz, diputado Rubén Ríos Uribe, recibió en las instalaciones de este Poder al vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, con quien entabló un diálogo respetuoso sobre el análisis de las reformas al Código Civil de la entidad.

En primera instancia, el legislador Ríos Uribe se pronunció por generar, entre las partes interesadas en la reforma, un diálogo respetuoso y tolerante, que además privilegie la argumentación legal en la construcción de un marco jurídico acorde a las necesidades reales de Veracruz.

Con la participación de los coordinadores de los Grupos Legislativos del Partido Acción Nacional (PAN) y Del Lado Correcto de la Historia, diputados Omar Miranda Romero y Gonzalo Guízar Valladares, respectivamente, el diputado Rubén Ríos destacó que las citadas reformas deberán hacerse en un marco de inclusión, escuchando a las partes interesadas, pero sobre todo –indicó- atendiendo los derechos humanos, establecidos en la Constitución General y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

“Es necesario atender lo que establece la Constitución y los Tratados a fin de generar los mecanismos que eviten la no discriminación, por orientación sexual, de las y los ciudadanos”, abundó.

Precisó que las puertas del Congreso de Veracruz siempre están abiertas al diálogo, pero éste siempre deberá ser apegado a legalidad y respetando las ideologías de cada grupo.

Mediante un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos exhortó a los ayuntamientos del estado a cumplir su obligación en materia de transparencia y acceso a la información pública, y señaló que, de acuerdo con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), casi la mitad de éstos no cuentan con un portal de transparencia, los que lo tienen no cumplen con los criterios mínimos y muchos ni siquiera publican nada.

Al presentar su exhorto, aludió lo dispuesto por los artículos 4, 9 fracción IV, 11 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Municipio Libre ambos para el estado de Veracruz, el integrante del Grupo Legislativo de Morena reconoció entre los propósitos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y de acceso a la información pública, que se conozca la actuación de la autoridad pública y que se transparente el manejo de recursos.

En dicho sentido, dijo, de nada sirve que alguna autoridad maneje y gaste los recursos públicos de manera legal si no transparenta dicho manejo y gasto, es decir, que es igual de importante que el poder público actúe legalmente como que transparente su actuación.

Citó el mencionado artículo 30, el cual dispone que las actas y los acuerdos de las sesiones de Cabildo deben ser publicados en la página de transparencia municipal y en la tabla de avisos.

Refirió también el inciso h) de la fracción II del artículo 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, que establece como obligación específica de los ayuntamientos poner a disposición pública las referidas actas de sesiones de cabildo y sus anexos.

Además recordó que la fracción IV del artículo 9 la misma Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado prevé como sujetos obligados a los ayuntamientos y a los concejos municipales, los cuales, de acuerdo con el artículo 11, también están obligados a hechos concretos.

Entre dichas obligaciones, se encuentran: constituir el Comité y las Unidades de Transparencia Municipal y vigilar su correcto funcionamiento, designar a los titulares de las Unidades de Transparencia Municipal y nombrar a los servidores públicos que las integren, así como publicar, actualizar y mantener disponible, de manera proactiva, a través de los medios electrónicos con que cuenten, la información a que se refiere esta Ley y, en general, toda aquella que sea de interés público.

En virtud de esto, el legislador pidió que los ayuntamientos del estado constituyan el Comité y la Unidad de Transparencia de su respectivo municipio y que vigilen su correcto funcionamiento, designen a la o al titular de la Unidad de Transparencia y nombren a los servidores públicos que la integren.

Asimismo, que publiquen, actualicen y mantengan disponible, a través de los medios electrónicos con que cuenten, la información a que se refiere la Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública y que, en términos de la normatividad vigente en la entidad, publiquen en su página de transparencia las actas y acuerdos de Cabildo.

Aclaró que con este anteproyecto, “se pretende abonar a la cultura de la transparencia y al acceso de la información pública, como instrumento o llave que busca generar confianza y respaldo ciudadano en la toma de decisiones gubernamentales”.

Vargas Barrientos señaló finalmente que el incumplimiento por parte de las autoridades municipales redunda en opacidad e incertidumbre en el ejercicio del poder público y en el manejo de recursos económicos.

Además, “abona a la corrupción, porque es obvio que la falta de transparencia y el ocultamiento de información pública, no les permite a los ciudadanos participar siquiera u opinar en las decisiones gubernamentales, por lo que, la autoridad de que se trate, seguirá actuando discrecionalmente de acuerdo a sus propios intereses”.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen de acuerdo por el cual se autoriza la intervención de la Tesorería del ayuntamiento de Actopan, Veracruz, a fin de supervisar y evaluar que el gasto programado cumpla con los objetivos establecidos dentro de los criterios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia, con apego al marco legal que le rige.

Las consideraciones del dictamen señalan que los regidores segundo, tercero, cuarto y quinto, del ayuntamiento de Actopan, solicitaron a este H. Congreso del Estado la intervención de la Tesorería Municipal, toda vez que señalan que desde el inicio de la administración municipal 2018-2021 se ha manejado de manera discrecional la Tesorería.

Dejando de observar la normatividad aplicable para hacer un correcto uso de los recursos públicos municipales, precisa el documento y añade que dichos ediles presentan como medio de prueba diversos oficios dirigidos a entes públicos encargados de la revisión y fiscalización de las finanzas públicas municipales dentro del estado de Veracruz.

Refiere que la Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del Estado, a través de la Dirección de Auditoría y Revisión Financiera, y derivado de la Revisión en modalidad de Gabinete, realizada en el periodo de revisión enero –abril 2019, se encontraron 28 observaciones de carácter financiero, las cuales resultaron en recomendaciones para su atención.

Habiéndose otorgado para efecto de solventación de observaciones un plazo no mayor de 30 días hábiles, como lo estipula el artículo 52, último párrafo del Reglamento de los Servicios Administrativos del Congreso del Estado, sin que a la fecha haya una contestación por parte del área encargada del ayuntamiento de Actopan.

Asimismo, el dictamen precisa que la Dirección de Normatividad, Control y Seguimiento solicitó al titular del Órgano de Control Interno Municipal, un informe en relación con la existencia o inexistencia del procedimiento de entrega-recepción en la Tesorería Municipal, y habiéndose concedido prórroga a petición de dicho Contralor Interno, la misma fue desatendida y el informe solicitado a la fecha no ha sido rendido, por lo que fue necesario emitir un nuevo requerimiento.

Este dictamen registró 33 votos a favor y 13 en contra.

En el debate, participaron la diputada María Josefina Gamboa Torales y el legislador Eric Domínguez Vázquez.

El diputado del Grupo Legislativo de Morena, Rubén Ríos Uribe, presentó ante el Pleno de la LXV Legislatura una Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 92 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el estado de Veracruz, que busca exentar, a personas con discapacidad, del pago de parquímetros.

El también presidente de la Mesa Directiva, aseguró que su propuesta pretende que el pago de parquímetros deje de ser un gravamen económico, además de ahorrar tiempo y esfuerzo al realizar el pago a las personas con discapacidad, toda vez, que en algunas ocasiones, las mismas personas con discapacidad son quienes conducen el vehículo, ocasionando un esfuerzo al dirigirse a las máquinas de cobro y regresar al vehículo a dejar su recibo de pago.

Las personas con discapacidad tienen mayores barreras para un desarrollo individual, independiente y digno en todos los ámbitos como lo es en el laboral, escolar, familiar y social, tan solo por citar, dijo el diputado, por lo que requieren aún más esfuerzo para realizar sus actividades cotidianas, además de tener gastos extras referente a sus tratamientos, aparatos ortopédicos, trámites y la atención de diversas necesidades.

“Por lo anterior, esta iniciativa tiene como objetivo garantizar el interés superior de las personas con discapacidad, protegiendo su integridad física, pero en especial, buscando para ellas mayores condiciones con miras de una inclusión social efectiva”, además, señaló, de ir en concordancia a lo establecido dentro de un de los Objetivos de Desarrollo Sostenible denominado “Reducción de las Desigualdades” de la Agenda 2030.

De esta forma se adicionaría un último párrafo al artículo 92 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para Veracruz, donde quedaría inscrito en la Ley la exención del pago de parquímetros a personas con discapacidad cuyos vehículos porten placas o calcomanías en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 42 de la misma Ley, concluyó Ríos Uribe.

A la iniciativa se adhirieron los Grupos Legislativos del Partido Acción Nacional, Del Lado Correcto de la Historia, Morena y PRI-PVEM y fue turnada a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad para su estudio y dictamen.

Para garantizar mayor protección judicial en los ámbitos civil y familiar, el diputado Raymundo Andrade Rivera puso a consideración del Pleno una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3 y 6 fracción VII y 15 fracción III, todos de la Ley de Defensoría Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El integrante del Grupo Legislativo de Morena habló desde la tribuna durante la Décima Primera Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, para explicar el contenido de su propuesta. Consideró que “en la actualidad, en el estado de Veracruz, el acceso a la justicia presenta una limitación que debemos suprimir”.

Dijo que “la redacción actual del segundo párrafo de la fracción VII del artículo 6 de la Ley de Defensoría Pública establece la condición de que el patrocinio gratuito en materia civil y de procedimientos judiciales no contenciosos no se otorgará a la parte actora en el caso de la reconvención hecha en contestación de demanda”.

Andrade Rivera advirtió que esto significa “un freno normativo, injustificado, que impide o limita la posibilidad del acceso a la justicia, siendo obligación del Estado remover muros que hagan efectiva la protección judicial de los derechos humanos y, en especial, en el tema civil y de familia”.

En virtud de esto, propuso que el Artículo 3 establezca que “la defensoría pública comprende la orientación jurídica y defensa en materia penal, en la de justicia para adolescentes, así como el patrocinio en las materias civil, familiar y mercantil”.

De acuerdo con la reforma al Artículo 6, será atribución del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública del Estado de Veracruz proporcionar gratuitamente patrocinio de defensa en materia civil, familiar y procedimientos judiciales no contenciosos, siempre que, de acuerdo con el estudio socioeconómico que se efectúe, los solicitantes tengan ingresos inferiores al triple del salario mínimo diario general vigente en el área geográfica donde radique el juicio.

La adición al Artículo15 determina que corresponde a los defensores públicos asumir el patrocinio en los asuntos de orden civil, familiar y mercantil, teniendo las siguientes funciones prioritarias prestar los servicios de asistencia jurídica en los términos previstos por esta Ley y demás aplicables, según el área de su competencia.

También, formular las demandas y contestación de las mismas, así como escritos para el desahogo de los juicios que estén encomendados bajo su responsabilidad, ofrecer las pruebas conducentes y formular los alegatos correspondientes, según proceda, a efecto de realizar una defensa conforme a Derecho y, en las audiencias, utilizar los mecanismos para una defensa integral de los asuntos encomendados a su cargo.

Además, auxiliar a su patrocinado en cualquier diligencia y actuación para la eficiente prestación del servicio, notificarse de las resoluciones emitidas por el Juez de la materia, notificar de ellas al solicitante del servicio e interponer oportunamente los recursos pertinentes y promover los juicios de amparo que sean necesarios cuando los derechos humanos de sus representados se estimen violados por alguna autoridad.

Por último, hacer saber a su representado en qué consisten los mecanismos alternativos de solución de controversias y propiciar que el asunto a su cargo, en caso de que proceda, pueda ser resuelto por esa vía en términos de la Ley aplicable y las demás que coadyuven a realizar una defensa conforme a Derecho, que propicie la impartición de justicia pronta y expedita en beneficio de la parte que represente.

Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Procuración de Justicia.

A fin de homologar la legislación estatal con la federal en materia de prevención y sanción de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, la diputada Montserrat Ortega Ruiz presentó una iniciativa para que la violencia digital sea incluida en Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En la Decimaprimera Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la integrante del Grupo Legislativo Mixto Acción Nacional Veracruz (ANV) dio a conocer al Pleno la Iniciativa de Decreto que modifica la fracción VII, recorriéndose a la subsecuente fracción VIII que se adiciona al artículo 7 de la referida ley.

Dicho artículo, refirió la legisladora, enlista seis tipos de violencia contra las mujeres: psicológica, física, sexual, patrimonial, económica y obstétrica, así como “cualesquiera otras que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, la integridad o libertad de las mujeres”.

Sin embargo, dijo que también debe considerarse que los usuarios de las nuevas tecnologías aumentan constantemente y que las mujeres “nos encontramos mayormente expuestas a que se realice violencia online y otros delitos como la extorsión, el acoso sexual, la explotación sexual, pornografía, trata de mujeres y niñas, la intimidación y la violación a la privacidad, ponen en riesgo la seguridad de las mujeres y las niñas, así como de otros sectores de la población, como son las jóvenes quienes mayormente utilizan estos medios informáticos, lo que resulta ser un hecho sumamente grave y el Estado debe evitar por todos los medios posibles impedir la difusión de estas acciones perjudiciales para las niñas y mujeres de toda la entidad”.

De esto deriva que “el reconocimiento de la existencia de la violencia digital es útil para que las mujeres y niñas tengan garantizado su derecho a vivir en un espacio libre de violencia, con el que se favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación”.

La Secretaria Comisión de Derechos de la Niñez y la Familia explicó también que la homologación de la ley estatal con la federal contempla visibilizar, prevenir y sancionar la violencia en línea, en la que se explican tres perspectivas principales: la víctima, la digital y de género.

En la fracción que se propone, la violencia digital es definida como “cualquier acto que se presenta a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, plataformas de internet, redes sociales o correo electrónico, o cualquier otro espacio digitalizado que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres o cause daño o sufrimiento psicológico, físico, económico o sexual tanto en el ámbito privado como en el público; así como daño moral a ellas y/o su familia. Se manifiesta mediante el acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, violación de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión sin consentimiento de contenido íntimo, textos, fotografías, videos y/o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas”.

A la moción de la diputada Montserrat Ortega se adhirieron los grupos legislativos de Morena, mixto PRI-PVEM y mixto Del Lado Correcto de la Historia y, a título personal, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz. La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente para la Igualdad de Género.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen, resultado de la iniciativa presentada el 17 de diciembre de 2019 por la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, con el cual se reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ampliando el concepto de violencia política por razón de género para reconocer que la padecen también las mujeres que ejercen un cargo de elección popular o en el desempeño de un cargo público, por su única condición de ser mujer.

Este dictamen, aprobado con 45 votos, señala en el artículo 13 ter que en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los órdenes del gobierno estatal y municipal, así como en los organismos autónomos, todos los servidores públicos tienen la obligación de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia política.

Por tanto, están obligados a abstenerse de: imponer por estereotipos de género, la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones propias del cargo público que las mujeres ostenten o en cualquier ámbito de ejercicio de los derechos político-electorales o de asociación de las mujeres y asignar responsabilidades que tengan como resultado la limitación del ejercicio de sus tareas que obstaculicen o restrinjan el ejercicio de su encargo.

Además de restringir el uso de la palabra, en las sesiones u otras reuniones y su participación en comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo, conforme a la reglamentación aplicable, e imponer a las mujeres sanciones injustificadas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos.

También deberán abstenerse de divulgar o revelar información personal y privada, de las mujeres electas, designadas, que ocupen puestos administrativos o directivos, en el ejercicio de sus funciones político-públicas, con el objetivo de menoscabar su dignidad como seres humanos y utilizar la misma para obtener contra su voluntad la renuncia y/o licencia al cargo que ejercen o postulan; y presionar o inducir a las autoridades electas o designadas a presentar renuncia al cargo.

En las consideraciones del dictamen, la Comisión coincide con la autora, en el sentido que la violencia política en razón de género puede ser simbólica, económica, patrimonial, física, sexual y puede llegar al feminicidio político. Puede ser perpetrada por conocidos y/o por desconocidos, por hombres y también por mujeres; va dirigida contra precandidatas, candidatas, candidatas electas, e incluso políticas en ejercicio de su cargo; y no se limita al proceso electoral, la pueden padecer antes, durante y después de ejercer un cargo.

Tras ser aprobado por el Pleno, el diputado Rubén Ríos Uribe, presidente de la Mesa Directiva, instruyó remitir el presente decreto al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Mediante la Comisión de Atención y Protección de Periodistas y bajo la modalidad de comparecencia, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz recibió el informe de actividades del año 2019 de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).

En términos de los dispuesto en el artículo 67 de la Constitución Política del estado, la diputada María Josefina Gamboa Torales y los diputados Augusto Nahúm Álvarez Pellico y José Manuel Pozos Castro, presidenta, secretario y vocal de la referida comisión respectivamente, escucharon la exposición de la comisionada presidenta del organismo autónomo, Ana Laura Pérez Mendoza, y coordinaron el desarrollo de los trabajos.

En su presentación, la funcionaria dijo que, mientras en el nivel nacional los índices de homicidios a comunicadores han incrementado, en Veracruz estos indicadores van a la baja, ya que se ha privilegiado la prevención sobre la reacción.

Explicó que, de acuerdo con Reporteros sin Fronteras y Artículo 19, de los 13 homicidios de periodistas en nuestro país durante 2019, 12 ocurrieron en el Estado de México, Morelos y Guerrero y desafortunadamente uno ocurrió en Veracruz.

De acuerdo con su titular, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, la CEAPP atendió un total de 94 expedientes, otorgando en dicho periodo un total de 259 acciones consistentes en la implementación de medidas de atención, preventivas y de protección, así como apoyos por concepto de ayuda social.

En el 2019 se abrieron 63 expedientes de procedimientos de atención por restricción a la libertad de expresión o por ayuda social, del programa preventivo y de los de protección, en donde se dictaron 171 medidas de ese mismo carácter.

Durante 2019 fueron dictadas 88 medidas de atención por restricción a la libertad de expresión o por concepto de ayuda social, de prevención y protección dentro de 31 expedientes de procedimientos correspondientes a ejercicios anteriores.

El organismo autónomo inició un total de nueve expedientes de protección y dio atención a un total de 13 expedientes abiertos en ejercicios anteriores a 2019 que se encuentran

activos. Durante el periodo que se informa, se abrió un total de 24 expedientes del Programa Preventivo y de Seguridad y se dio atención a 17 expedientes de ejercicios anteriores.

En relación con los expedientes mencionados, se implementaron medidas de carácter preventivo y de protección: 27 en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública del estado; 46 medidas tecnológicas; 20 de asistencia legal; dos de equipamientos consistente en chalecos identificativos de prensa y cinco ante autoridades municipales.

A esto se suman 38 apoyos económicos para traslados de periodistas, a efecto de presentar denuncias y atender trámites administrativos, de carácter ministerial y judicial, reubicaciones o reforzamientos de infraestructura de seguridad.

Asimismo, se determinaron 86 medidas que corresponden a 30 expedientes abiertos en años anteriores y que se encuentran aún en estatus de activos y se iniciaron ocho expedientes de atención, dentro de los cuales se otorgaron 11 medidas de atención y, en atención a expedientes anteriores a 2019 por estar activos dentro de este procedimiento, se dictaron dos medidas en un expediente.

Este organismo –prosiguió su titular- recibió 34 solicitudes de Procedimientos de Atención bajo la vertiente de ayuda social y apoyo de periodistas del estado de Veracruz, de las cuales 12 fueron sobreseídas por no cumplir requisitos.

En cuanto a asesorías jurídicas y acompañamientos legales, se iniciaron 65 carpetas internas, en las que se proporcionó a los periodistas que lo solicitaron asesoría jurídica y acompañamiento, además de dar seguimiento a casos de años anteriores de los que conoce la Comisión.

Por su parte, se presentaron 28 denuncias o querellas ante la Fiscalía Especializada y se da seguimiento a tres denuncias interpuestas por periodistas en fiscalías diversas. En materia laboral, las 13 carpetas iniciadas han sido por asesorías, demandas por despido injustificado, dos en trámite y una de posible conciliación.

En asuntos de periodistas desaparecidos o privados de la vida, habló del estado en que se encuentran los casos de los periodistas Víctor Manuel Báez Chino, José Moisés Sánchez Cerezo, Anabel Flores Salazar, Ricardo Arturo Monlui Cabrera y Celestino Ruiz Vázquez, por homicidio, y de Gabriel Manuel Fonseca Hernández, Miguel Morales Estrada, Raúl Alfonso Rivera, por desaparición.

Añadió que se han gestionado 42 constancias de víctimas directas e indirectas ante las diversas autoridades judiciales, a fin de dar de alta a los periodistas y familiares en el Registro Estatal de Víctimas de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), de los cuales, en 2019, fueron entregados 10 registros de víctima directa y 32 de víctima indirecta. Aunado a lo anterior, se gestiona la constancia de la autoridad judicial para posteriormente realizar el trámite en la CEEAIV de dos registros más.

Ana Laura Pérez informó también que se realizaron 19 gestiones para atender temas relacionados con la salud y asistencia social de los periodistas, toda vez que sólo algunos cuentan con seguridad social.

Por cuanto hace a la rendición de cuentas, de acuerdo con el Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior en este ente Fiscalizable, esta Comisión Estatal no recibió observaciones por irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los servidores o ex servidores públicos, ni inconsistencias de carácter administrativo.

Asimismo, conforme a las revisiones efectuadas a los Informes Trimestrales que se remiten al Congreso del Estado sobre el Ejercicio del Gasto Público 2019, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado no encontró inconsistencias relevantes, agregó.

Con respecto a actividades de profesionalización, del 1 de enero a la fecha, se ha capacitado a mil 104 personas (707 hombres y 397 mujeres), en 41 acciones de capacitación dentro de las cuales se capacitaron a 481 periodistas, 95 servidores públicos, 468 mandos policiales y 60 estudiantes.

Además de los talleres Géneros fotoperiodísticos, práctica y proyectos y Metodología de investigación periodística; el simposio Los nuevos retos del periodismo en Veracruz; los diplomados en Periodismo y la función del periodista en el Sistema Penal Acusatorio; el curso Cómo aprovechar la fuente judicial al máximo, en coordinación con la Organización Nacional Anticorrupción AC, y el foro Temas actuales de la función policial, buenas prácticas en materia de derechos humanos y medios de comunicación, en coordinación con la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Xalapa.

Estas acciones del Plan Formativo para Periodistas 2019, tuvieron verificativo en diversos puntos del estado de Veracruz como Coatzacoalcos, Poza Rica, Córdoba, Orizaba, Veracruz, Xalapa, Martínez de la Torre, Jamapa y Coscomatepec.

La funcionaria destacó también que, durante el año, la Unidad de Transparencia de la CEAPP atendió y respondió 127 solicitudes de acceso a la información.

A su vez, personal de la Comisión Estatal ha recibido capacitación en transparencia, acceso a la información, datos personales y archivos, con la finalidad de obtener la certificación Sujeto Obligado 100% Capacitado, del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), y ha actualizado en tiempo y forma su Portal de Obligaciones de Transparencia.

La Contraloría Interna –agregó la Comisionada- realizó revisiones, evaluaciones y seguimiento al ejercicio de los recursos ministrados durante el ejercicio 2019 por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) a la Comisión, corroborando que el proceso de planeación, programación, presupuestación y contabilidad, así como el control del gasto público se realizaran de acuerdo con la normatividad de la materia y a los principios de contabilidad aceptados.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, se realizaron dos auditorías, a fin de evaluar y verificar la aplicación del presupuesto asignado a la Comisión Estatal y la documentación soporte que lo comprueba.

Por último, se dio seguimiento a la integración a la cuenta pública 2018, que estuviera bajo la supervisión del despacho externo auditor acreditado ante el Orfis y cuyo resultado se encuentra pendiente de informar por el mismo órgano.

En la última parte de su exposición, la titular de la CEAPP, informó que en 2019 se recibió un total de 45 Declaraciones Patrimoniales y de Intereses, de las cuales seis son Iniciales, 36 de Modificación y 3 de Conclusión.

En cuanto al régimen de responsabilidad de servidores públicos, durante el mismo ejercicio, en la Contraloría Interna de esta Comisión quedaron integrados dos expedientes administrativos a igual número de servidores públicos.