El Pleno de la LXV Legislatura avaló, con 46 votos, sin abstenciones o votos en contra, que la Fiscalía General del Estado (FGE) cuente con fiscales especializadas para investigar y perseguir los delitos de violencia de género, feminicidio y violencia familiar, en caso de que la víctima sea niña o mujer, y que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) forme, actualice y especialice a su personal en materia de derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género, entre otros.

El dictamen respectivo, derivado de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Veracruz, presentada por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, fue analizado, discutido, firmado y emitido por las Comisiones Permanentes Unidas para la Igualdad de Género y de Procuración de Justicia y puesto a consideración del Pleno.

De acuerdo con el dictamen, aprobado durante la Octava Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la reforma a la fracción II del artículo 19 Bis de la referida Ley establece que corresponde a la FGE contar con fiscales especializadas que realizarán sus funciones bajo los principios de perspectiva de género y debida diligencia.

Además deberán cumplir, como mínimo, los requisitos de ingreso y permanencia que establecen las leyes aplicables, tener el perfil que establezca la FGE en el Reglamento respectivo y acreditar los cursos de especialización, capacitación y de actualización correspondientes.

También estarán dotadas de los recursos humanos, materiales y técnicos especializados y multidisciplinarios que se requieran para su efectiva operación, entre los que deberá contemplarse personal sustantivo ministerial, policial, pericial y de apoyo psicosocial.

Las fiscales especializadas, así como el personal ministerial, policial, pericial y psicosocial que las apoyen, deberán contar con la capacitación y actualización especializada que determine la FGE, conforme a los más altos estándares internacionales acreditables en derechos humanos, perspectiva de género, sensibilización y atención a mujeres víctimas de violencia y aplicación de protocolos de investigación de los delitos de violencia contra mujeres, entre otros.

Además, la FGE contará con una Unidad de Análisis para la investigación de los delitos de violencia de género, feminicidio y violencia familiar, en caso de que la víctima sea niña o mujer. La cual deberá estar integrada con los equipos multidisciplinarios de análisis e investigación necesarios.

Respecto de la reforma a las fracciones I, III y VII del artículo 19 Ter, queda establecido que corresponde al TSJE formar, actualizar y especializar a su personal en materia de derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género y sensibilización respecto al trato a mujeres víctimas de violencia.

Se precisa entre sus competencias instaurar una cultura de igualdad y no discriminación, libre de estereotipos de género, de roles y lenguaje sexista y emitir sus resoluciones con base en los derechos humanos de las mujeres, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Veracruz, en Tratados Internacionales sobre derechos humanos de las mujeres, en la jurisprudencia internacional en la materia y bajo los principios de perspectiva de género, debido proceso y acceso a la justicia.

En el artículo segundo transitorio, se señala que la FGE deberá realizar las adecuaciones reglamentarias y los ajustes administrativos y presupuestarios necesarios para el cumplimiento de estas determinaciones, en un plazo no mayor a 120 días, contados a partir de su entrada en vigor.

Señala el tercero transitorio que la FGE designará a las fiscales especializadas referidas y les asignará los recursos mencionados para su operación de acuerdo con su presupuesto asignado, de manera progresiva y de conformidad con un plan programático, iniciando en los municipios con mayor incidencia en los delitos de su especialidad, hasta que se cuente con la designación de las fiscales en los 212 municipios del estado a más tardar a diciembre de 2020.

Para el cumplimiento de esto, según el transitorio cuarto, la FGE podrá utilizar el personal y la infraestructura de las actuales Fiscalías Especializadas en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, para lo cual, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, deberá crear las fiscalías necesarias para el conocimiento de los delitos contra niñas y niños de trata de personas.

Dichas fiscalías especializadas seguirán conociendo las investigaciones ministeriales vigentes por los delitos contra niños y de trata de personas, hasta que la FGE cree las fiscalías necesarias para el conocimiento de estos delitos.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen, remitido
por la Comisión Permanente de
Transporte, Tránsito y Vialidad, por el que se adiciona un último párrafo al
artículo 92 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz,
mediante el cual quedan exentos del pago de parquímetros personas con
discapacidad cuyos vehículos porten placas o calcomanías conforme lo indica la
Ley.

Con 48 votos a favor fue aprobado este dictamen, resultado
de la iniciativa presentada el pasado 23 de enero por el diputado Rubén Ríos
Uribe, del Grupo Legislativo Morena y a la cual se adhirieron los Grupos
Legislativos de Morena, del Partido Acción Nacional, Mixtos Del Lado Correcto
de la Historia y Partido Revolucionario
Institucional-Partido Verde Ecologista de México.

Los municipios de Veracruz, Boca del Río, Córdoba y Orizaba,
entre otros, cuentan con el servicio de parquímetros, por lo que esta reforma
garantiza el interés superior de las personas con discapacidad, protegiendo con
ello, su integridad física, pero en especial, buscando mayores condiciones con
miras de una inclusión social efectiva.

Lo cual va en concordancia a lo establecido dentro del
Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 Reducción de las Desigualdades de la
Agenda 2030.

En sus transitorios destaca que una vez iniciada la vigencia
del presente decreto concede un plazo de 90 días naturales para que los
Ayuntamientos realicen las adecuaciones correspondientes al mismo.

Ante el Pleno de la LXV Legislatura, del Congreso del Estado, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Financiero y reforma diversas disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos, ambos para el Estado de Veracruz.

En la Iniciativa, se propone la reforma del artículo 73 fracción VII del Código, con la finalidad de precisar que los sujetos obligados del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal y del Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos con Apuestas y Concursos deben dictaminarse, no así el Impuesto sobre Hospedaje, lo cual brindará, se señala, certidumbre jurídica a los contribuyentes que son sujetos de dichos impuestos.

Con la reforma propuesta del artículo 104 fracción III del Código se faculta a las autoridades fiscales estatales para emitir las Reglas de Carácter General a las que deberá sujetarse la elaboración del dictamen que presenten los contadores públicos autorizados y que “es esencial para otorgar certeza jurídica a sujetos obligados de dicho impuesto”.

Respecto a los artículos 151 fracción XI y 152 primer párrafo del mismo Código, que hacen referencia a los servicios catastrales que presta la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), cuando en realidad -se señala- la dependencia que los proporciona es la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Gobierno (Segob), por lo que, esta reforma es una precisión para los administrados con la finalidad de brindarles mayor certeza jurídica respecto de los trámites que deban realizar en materia de catastro.

De conformidad con el artículo 14 del Código Financiero, los aprovechamientos son: los ingresos que percibe el Estado en sus funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones federales, de las aportaciones e ingresos federales coordinados, así como los que obtienen los organismos de la administración pública paraestatal del Estado.

Se propone, en la Iniciativa, la reforma al artículo 153 apartado B, segundo y último párrafo para establecer que los ingresos que se recauden por la venta de certificados holográficos se destinarán al Fondo Ambiental Veracruzano en el porcentaje establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, además en el último párrafo se precisa el nombre del Fondo Forestal Estatal que se encuentra establecido en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.

También se plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 194 del Código para disponer que las dependencias centralizadas y entidades paraestatales de la administración pública estatal, los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos autónomos y demás entes públicos estatales, deberán reintegrar a la Sefiplan, dentro de los 10 días hábiles siguientes al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, los recursos públicos estatales que no hayan sido devengados.

Lo anterior, porque los recursos entregados se vinculan con los resultados esperados, por lo cual al asignar los recursos, los entes públicos no pueden dejar de cumplirlas, pero tampoco pueden rebasar las asignaciones aprobadas en sus respectivos presupuestos, ni utilizarlos para otros fines, salvo que cuenten con autorización correspondiente de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Propone también, la reforma del artículo 193 tercer párrafo del Código de Procedimientos Administrativos precitado, porque éste fue reformado el 19 de diciembre de 2017, en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, en el número extraordinario 504, para cambiar la referencia a salarios mínimos por el de Unidad de Medida y Actualización (UMA) que en su tercer párrafo decía equivalente al salario mínimo general vigente elevado al año.

En la reforma precitada se omitió la frase «elevada al año», consecuentemente este párrafo resulta contradictorio con el contenido del mismo, por lo que para su debida aplicación se considera necesario redactarlo en los términos originalmente aprobado para señalar que el monto máximo por gastos de ejecución será el de la UMA elevada al año.

Se destaca que tiene la finalidad de otorgar certidumbre jurídica a los administrados respecto de los límites de actuación de los servidores públicos; precisar facultades de autoridades fiscales para el fortalecimiento de la Hacienda Pública y favorecer la administración de los recursos públicos de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Esta Iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado.

La LXV Legislatura aprobó por unanimidad el dictamen que reforma el Artículo 153 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de elevar las multas a quienes conduzcan un vehículo en estado de ebriedad, derivado de la iniciativa con proyecto de decreto presentada por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN).

El dictamen de reforma a los incisos a) y b) de la fracción III de dicho artículo fue puesto a consideración del Pleno por la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad, y aprobado con 50 votos, durante la Décima Tercera Sesión Ordinaria, última del primer período ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

Se mantiene en el ordenamiento que el acto por medio del cual se impongan multas deberá estar fundado y motivado y se aplicará en Unidades de Medidas y Actualización (UMA) y que deberán graduarse en leves, graves, muy graves y especiales.

Las catalogadas como muy graves, es decir, cuando además de poner en peligro la vida o la integridad física, se ocasionen daños a más de una persona o se afecte la vía pública o la infraestructura urbana, mantiene la sanción de 31 a 40 UMAs; sin embargo, por dicha actualización, quien conduzca en estado de ebriedad se hará acreedor a una multa de 80 a 115 UMAs.

Destaca en el Dictamen que, en relación con la mortalidad, el alcohol sigue siendo la sustancia adictiva de mayor consumo, siendo la primera causa de muertes violentas en la población juvenil. En 2012, de cada 100 conductores jóvenes involucrados en accidentes de tránsito, 12 estaban bajo los efectos del alcohol.

Además, México ocupa el séptimo lugar en el mundo en la lista de países que presentan mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito y la segunda posición en América Latina, según la tasa de fallecidos por cada 100 mil habitantes. Anualmente, el país registra más de 24 mil muertes generadas por lesiones en el tránsito, por lo que es la primera causa de muerte en la población de 5 a 34 años de edad.

Quedó asentado en el dictamen que la Comisión dictaminadora coincide con la propuesta del iniciante, ya que “resulta necesario acrecentar las multas a aquellos conductores que bajo la influencia del alcohol operan vehículos automotores, con la finalidad de crear esa conciencia en las y los veracruzanos”.

El segundo transitorio indica que el Ejecutivo estatal deberá emitir, dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del Decreto, las disposiciones reglamentarias que correspondan.

El diputado Rubén Ríos Uribe, integrante del Grupo Legislativo de Morena, presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que propone que las y los legisladores, federales y locales, no sean reelectos para el periodo inmediato posterior, y después de ese periodo, puedan ser electos sólo para un periodo más.

El legislador del distrito XIX de Córdoba, dijo que la reforma también aplicaría para las y los Presidentes Municipales, regidores y síndicos, no siendo violatoria de los derechos políticos, toda vez que no tendrán prohibido presentarse para cualquier otro cargo de elección popular.

“Poner límites a un derecho, no es negarlo y la Constitución no puede ser inconstitucional, por lo que el derecho a votar y ser votado en las elecciones se mantiene intacto”, abundó.

El legislador señaló que la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 59, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el resultado de la apreciación de la ciudadanía respecto al principio de no reelección, siendo una de las instituciones más arraigadas en la cultura política popular del Siglo XX.

“Tener el valor de apoyar una iniciativa implica coherencia con la autoproclamada adherencia del presidente Andrés Manuel López Obrador al pensamiento de Francisco I. Madero. Coherencia para quienes son oposición, que han cuestionado el apego de la Cuarta Transformación con los principios no reeleccionistas”, finalizó.

La iniciativa con Proyecto de Decreto fue enviada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y Procesos Electorales para su estudio y dictamen correspondiente.

La diputada Érika Ayala Ríos, del Grupo Legislativo PRI-PVEM, presentó una iniciativa de decreto que reforma los artículos 190, 190 bis y 190 ter del Código Penal para el Estado de Veracruz, la cual propone un aumento a las penas de prisión en los delitos de acoso y hostigamiento sexual.

Asimismo, plantea incluir como una agravante de las sanciones privativas de libertad, los delitos que se cometan en contra de personas que no tengan capacidad para comprender el significado de los mismos, a fin de garantizar su mayor protección, reforzar la prevención y propiciar la inhibición de los delitos mediante sanciones más severas, en ruta de la erradicación.

En su exposición de motivos, la legisladora abundó que para el delito de acoso sexual, en su modalidad genérica, se propone incrementar la pena de uno a cuatro años de prisión y para cuando existan agravantes de dos a ocho años.

Del mismo modo, continuó Ayala Ríos, para el caso de hostigamiento sexual la pena en su modalidad genérica, el incremento estaría a razón de dos a cinco años de prisión, en tanto que para el delito agravado sea de tres a ocho años, con lo que se elevaría en un año, la pena mínima que actualmente tiene.

Asimismo puntualizó que, tanto en acoso como en hostigamiento sexual, la única condición que hace posible incrementar las sanciones privativas de libertad es cuando los delitos son agravados y no genéricos, es decir, que la víctima sea menor de 18 años o que la víctima no tenga capacidad para comprender el significado del hecho.

Por lo anterior, añadió, “dado el interés de salvaguardar los derechos humanos de las personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho de que se actualizan las conductas típicas de acoso sexual y hostigamiento sexual, estimamos necesario incorporar esa circunstancia como agravante de la pena en ambos delitos”, persiguiéndose de oficio y no por querella.

Señaló que esta iniciativa tiene su origen a partir de las constantes denuncias, principalmente de niñas, mujeres y adolescentes que son víctimas de acoso y hostigamiento sexual, siendo este sector el más vulnerable, existiendo un constante ejercicio abusivo de poder por parte del agresor.

Por lo anterior, indicó, hay una enorme preocupación por parte de las y los legisladores para generar marcos legales más igualitarios y justos garantizando la prevención, sanción y erradicación de las violencias de género que representan la trasgresión a la dignidad de las mujeres, adolescentes y niñas en una incuestionable violación a sus derechos humanos.

“Estamos conscientes de que el incremento de penas no lleva implícita la erradicación de conductas lesivas a los bienes jurídicos tutelados en la ley penal, pero igualmente estamos convencidos de que cualquier esfuerzo que se haga por prevenir, promover, hacer respetar y garantizar los derechos humanos de las personas, puede contribuir a desalentar, inhibir y disminuir la comisión de esas conductas”, finalizó.

A la presente iniciativa se le adhirieron los Grupos Legislativos Mixto de Acción Nacional Veracruz (ANV), Partido Acción Nacional, Del Lado Correcto de la Historia, Morena, MC-PRD y -a título personal- la diputada Andrea Yunes Yunes. Fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.

Este 29 de enero, la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXV Legislatura recibió, de la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), Delia González Cobos, el Informe de Resultados de la nueva valoración a las Cuentas Públicas 2018, en cumplimiento del resolutivo segundo del Decreto 295, aprobado por esta Soberanía el 31 de octubre de 2019.

Correspondió al diputado Eric Domínguez Vázquez, presidente de la referida Comisión, recibir este Informe y, a su vez, señaló que la LXV Legislatura, por primera vez en la historia, decidió rechazar los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2018, “debido a las inconsistencias encontradas”, agregó.

El legislador agradeció a la Auditora General cumplir el decreto y entregar, en el plazo de los 90 días, esta nueva valoración. “A partir de este momento, la Comisión de Vigilancia dictaminará y someterá al Pleno del Congreso, para su discusión y aprobación, el resultado final de las Cuentas Públicas 2018”.

Asimismo, externó su reconocimiento a las diputadas y diputados de los distintos grupos legislativos su compromiso e interés en la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Por ende, informó que, a partir de este día, dicha información es totalmente pública y, para cumplir con los principios de máxima publicidad y transparencia, deberá estar disponible en el portal de internet del Orfis para consulta de la sociedad veracruzana.

Tras realizar un recuento de las acciones efectuadas en esta nueva valoración, la auditoria Delia González dijo que en México y especialmente en Veracruz ha iniciado una transformación, a fin de que la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, sea una realidad, “donde la ley se aplique sin distingo alguno, terminando con la impunidad que tanto daño ha generado al país”.

Subrayó que la nueva valoración a la Cuenta Pública 2018 tuvo su origen en la determinación del Congreso del Estado de no aprobarla, al considerar que no existían elementos suficientes que dieran certeza, teniendo como consecuencia que se rechazaran los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo que se había presentado el 25 de septiembre de 2019.

También refirió que este hecho implicó una planeación inmediata y eficiente para llevar a cabo la ejecución de los trabajos encomendados, toda vez que el plazo improrrogable otorgado para efectuar esta importante labor fue un reto. “Se recurrió al propio capital humano del ente fiscalizador, servidores públicos a los que quiero agradecer y reconocer el gran esfuerzo y profesionalismo con el que se condujeron aportando su experiencia y dedicación”.

Manifestó que esperarán la determinación del Pleno de la LXV Legislatura para continuar el proceso establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “lo que nuevamente representará un importante compromiso pues el proceso será concurrente con la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2019, pero el mismo se afrontará con la confianza de que el Orfis cumplirá en términos de ley”.

A este acto asistieron las diputadas y diputados Mónica Robles Barajas, secretaria de la Comisión de Vigilancia, así como Deisy Juan Antonio, Henri Christophe Gómez Sánchez, Érika Ayala Ríos, Florencia Martínez Rivera, Wenceslao González Martínez, Bingen Rementería Molina, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Alexis Sánchez García, Rodrigo García Escalante y Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, como vocales.

Cabe señalar que, al recibir esta nueva valoración y con fundamento en el resolutivo segundo del Decreto 295, la Comisión de Vigilancia tiene 15 días hábiles para elaborar el dictamen correspondiente para su discusión y, en su caso, aprobación del Pleno.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen de reforma a la fracción VII del artículo 22 y la fracción XI del artículo 77 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, con lo que queda establecida la prohibición de instalar, en la vía pública, boyas, topes, piedras, o cualquier objeto, sin permiso de la autoridad competente, así como colocar publicidad o fijar objetos para apartar áreas de estacionamiento o invadir la arteria vial o banqueta ubicada afuera de lotes, viviendas, comercios u oficinas.

Este dictamen, resultado de la iniciativa que presentó el 31 de julio de 2019 por el diputado Ricardo Arturo Serna Barajas, registró 48 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

Asimismo, se establece en la ley que los conductores tendrán la obligación de no obstruir la circulación de otros vehículos y de las personas, así como abstenerse de invadir las áreas de rodamiento o las zonas reservadas para el paso peatonal o las entradas y salidas de cocheras.

La Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad, instancia dictaminadora, señala en el dictamen su coincidencia con el autor de la propuesta, ya que se busca que los peatones y automovilistas puedan convivir y para ello es necesario normas que armonicen los derechos y libertades comunes de todos.

Refiere que el problema se presenta cuando los propietarios de vehículos invaden las áreas exclusivas de peatones u obstruyen las salidas de cocheras de las viviendas o comercios y, a su vez, las personas invaden las áreas destinadas para el libre tránsito vehicular o el espacio permitido para el estacionamiento público.

Siendo común –expone- el apartado de lugares para estacionamiento con diversos objetos o también, se opta por la colocación de anuncios afuera de comercios o incluso se colocan rocas u objetos fijos a las afueras de viviendas sin el permiso de la autoridad correspondiente.

La diputada Andrea de Guadalupe Yunes Yunes presentó la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado, con lo que se pretende armonizar esta legislación a lo dispuesto en la General, a fin de generar un enfoque de atención primaria con énfasis en prevención y diagnóstico temprano del cáncer pediátrico.

Al participar, durante la décima segunda sesión ordinaria, la legisladora recordó que en abril de 2019, las y los diputados de su grupo parlamentario en el Congreso de la Unión presentaron la iniciativa que expide la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y Adolescencia, misma que fue aprobada por unanimidad en diciembre de ese año.

De este modo, se prevé adecuar la legislación estatal a la federal, expuso la diputada, quien agregó que este decreto parte de reconocer instituciones que actualmente ya están en funciones, otorgando a su vez nuevas facultades a las autoridades del estado para que, de manera coordinada con el gobierno federal, se establezcan los mecanismos eficientes para lograr la correcta identificación y atención del cáncer infantil.

En su iniciativa, la diputada del Grupo Legislativo de los partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) propone la creación de una Red Estatal de Apoyo contra el Cáncer Infantil, con el objetivo de que en cada centro de atención de primer nivel se cuente con un módulo especializado capacitado para referenciar, a los menores beneficiarios de esta ley, a la unidad médica acreditada más cercana.

Lo anterior, siempre que se tenga sospecha de cáncer infantil, así como para brindar información sobre las organizaciones de la sociedad civil a que puede acudir en su localidad para encontrar grupos de apoyo y una mayor información sobre la enfermedad.

A su vez, plantea la creación del Registro Estatal para el Cáncer Infantil, con el propósito de llevar en tiempo real el registro sobre el diagnóstico, seguimiento y evolución del tratamiento del paciente, con la información que permita una atención de calidad y la realización de estudios científicos.

De igual forma, se considera la creación de un Fondo Estatal destinado a financiar a los beneficiarios que no cuenten con los recursos para trasladarse a la unidad médica acreditada, con el fin de confirmar el diagnóstico y recibir el tratamiento.

La diputada Yunes Yunes, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia en el Congreso del Estado, puntualizó que este Fondo serviría también para financiar, total o parcialmente, programas y proyectos que se encuentre exclusivamente relacionados con la investigación, estudio, evaluación, promoción, desarrollo de iniciativas para la prevención, vigilancia y pesquisa del cáncer.

Indicó que se impondría la obligación a las autoridades para que, desde el momento en que se tenga la presunción de cáncer, se autoricen todos los estudios correspondientes hasta confirmar su diagnóstico, y la de remitir en un plazo de máximo 24 horas a la unidad médica acreditada, cuando el diagnóstico no sea posible de realizarse en el primer centro de contacto con el beneficiario.

La iniciativa, que plantea adicionar el capítulo VI Bis al artículo 68 de la Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia.

Se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos del PAN, Acción Nacional Veracruz (ANV), PRI-PVEM, Movimiento Ciudadano-PRD y Morena.

Con el objeto de garantizar la vinculación de futuras generaciones en la participación social y democrática del estado, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Veracruz, la cual tiene como propósito establecer que al menos el 30 por ciento de los candidatos a diputados y ediles cuenten con un máximo de 30 años de edad.

Al intervenir durante la décima segunda sesión ordinaria, la diputada del Grupo Legislativo de los partidos Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática (MC-PRD), subrayó que, sin importar género, edad, religión o postura política, cada persona que habita en territorio veracruzano importa y debe ser tomada en cuenta. “Pero si hablamos de construir un país que les dé oportunidades a los jóvenes, es necesario que en los gobiernos estatal y municipal y en el Congreso del Estado, tengan una representación”, abundó.

La legisladora afirmó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2017, el 28.6 por ciento de los electores en México, alrededor de 25.4 millones, son jóvenes entre 18 y 29 años de edad. Sin embargo –destacó- existen pocos instrumentos que brindan información objetiva sobre los niveles de participación social, política y económica de estos jóvenes.

Detalló que si bien algunos partidos políticos cuentan con grupos o frentes juveniles, el lugar que ocupan en éstos son de estructura de apoyo, “los jóvenes fungen como asesores, coordinadores de campaña, como atractivo para los jóvenes votantes; mas no como candidatos y si los llegan a registrar como candidatos, su postulación ha sido muy mínima de acuerdo con la representación que hoy día tienen”.

Expuso que el panorama que vive actualmente México con respecto a la política es de apatía y desencanto, no solo por parte de los jóvenes sino por una gran parte de la sociedad.

Asimismo, indicó que la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, arrojó que casi el 90 por ciento de los jóvenes encuestados reportaron estar poco o nada interesados por la política.

De acuerdo a la iniciativa de la diputada Trujillo Ortiz se plantea señalar que las listas de representación proporcional para diputados y ediles, se integren, por lo menos, con el treinta por ciento con candidaturas de menores de treinta años de edad cumplidos al día de la elección, respetando la alternancia de género.

Los partidos políticos podrán sustituir libremente a sus candidatos dentro del plazo establecido para su registro, debiendo observar las reglas, el principio de paridad entre los géneros y la cuota de jóvenes establecidos, añade.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Permanentes Unidas de Organización Política y Procesos Electorales y de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad.

Se adhirieron a la iniciativa los integrantes de los Grupos Legislativos de Movimiento Ciudadano-PRD, PRI-PVEM y Del Lado Correcto de la Historia.