El diputado Omar Miranda Romero presentó al Pleno de la Diputación Permanente una iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Escolar en el Estado de Veracruz, cuyo propósito es establecer los principios y criterios para la coordinación interinstitucional entre los niveles de Gobierno, para diseñar mecanismos, instrumentos y procedimientos que garanticen el derecho de las personas que integran la Comunidad Educativa a un ambiente libre de violencia.

El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado señaló que el objetivo de esta iniciativa es abrogar la Ley de Prevención y Atención del Acoso Escolar para el Estado de Veracruz; y en su lugar emitir la ya mencionada, que engloba toda forma de violencia escolar y establece, entre otras normas, que los planes, programas y protocolos deben ser emitidos desde un enfoque educativo y de derechos humanos.

El legislador Miranda Romero dijo que se plantea dictar las normas que contengan acciones a seguir en caso de que se detecte cualquier tipo de violencia escolar, no sólo acoso, portación de armas o drogas, “ya que con ello se puede centrar en una sola ley cualquier tipo de violencia escolar, pero no solo desde la perspectiva delictiva, por lo que en esta iniciativa se reconoce el principio del interés superior de la niñez y la salvaguarda los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”.

Agregó que esta nueva Ley sería la base para que el Ejecutivo del Estado, a través de una coordinación interinstitucional con la Secretaría de Educación, Salud, Seguridad Pública, Protección Civil, Turismo y Cultura, Fiscalía General, DIF, Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Ayuntamientos, directores y personal designado por cada institución educativa, sean los encargados de emitir los protocolos y mecanismos de “mochila segura” con base en las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Se trata, de llevar a los padres de familia y a los niños, niñas y adolescentes a una cultura de prevención, en donde se les explique las necesidades de llevar a cabo los protocolos para la seguridad de cada uno de ellos; es decir, se opta por la culturización a los educandos y padres, para evitar actos que afecten a terceros y, a su vez, no se sientan vulnerados en su esfera jurídica”, precisó el legislador.

En su intervención durante la primera sesión ordinaria, del primer receso, el diputado recordó los hechos del pasado 16 de enero en la ciudad de Torreón, Coahuila, en los que fueron heridos seis menores y asesinada una maestra de estos y, posteriormente, el suicidio del menor que presuntamente realizó, con un arma de fuego, los actos violentos en la institución escolar.

Asimismo, indicó que este tipo de situaciones también ocurren a nivel local y subrayó que en noviembre 2019, en la ciudad de Xalapa, un estudiante con un arma de fuego, en forma de pluma, dejó lesionado en un dedo a su compañero.

De acuerdo a la iniciativa del diputado, el Registro Estatal para el Control del Acoso Escolar será suplido por el Registro Estatal para el Control de la Violencia Escolar (RECVE), para lo cual la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), en coordinación con las Secretarías de Salud (SS) y de Seguridad Pública (SSP) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), implementará las acciones necesarias para que inicie sus funciones dentro de los 90 días hábiles a la entrada en vigor del presente decreto.

Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Educación y Cultura y de Derechos de la Niñez y la Familia. Se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos Mixtos Del Lado Correcto de la Historia y del PRI-PVEM.

Integrantes de la Comisión Permanente de Vigilancia, presidida por el diputado Eric Domínguez Vázquez, celebraron su Décima Sesión Ordinaria, en la que analizaron la información derivada de la nueva valoración de la Cuenta Pública 2018 y acordaron determinar una fecha para la firma del dictamen correspondiente.

Posteriormente, atendieron una exposición, que estuvo a cargo de la Secretaría de Fiscalización del Congreso local, acerca del grado de cumplimiento de las obligaciones financieras por parte de los entes fiscalizables.

Asistieron las diputadas Mónica Robles Barajas, secretaria de la Comisión, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, María Esther López Callejas y Florencia Martínez Rivera, así como los legisladores Henri Christophe Gómez Sánchez, Alexis Sánchez García, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Bingen Rementería Molina y Enrique Cambranis Torres, vocales.

El diputado Rubén Ríos Uribe, presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Estado, se pronunció –en relación con el delito de feminicidio- por una nueva visión que lleve a la generación de políticas integrales, que tomen en cuenta la seguridad pública y el incremento de sanciones contra los feminicidas, pero que esté enfocada primordialmente en la prevención de este ilícito.

Lo anterior, durante su participación en la conferencia Política criminal para prevenir el feminicidio y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas por razón de género, a cargo del delegado regional del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, AC, Arturo Nicolás Baltazar.

Al dar la bienvenida a los asistentes en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, Rubén Ríos señaló que en los últimos cuatro años el registro de feminicidios en México ha crecido al doble. “La lógica elemental nos indica, por un lado, que algo se está dejando de hacer o se está haciendo mal y, por otro, que no podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo”.

Recordó que la legislación de Veracruz contempla una de las penas más severas para los feminicidas, que es de 40 a 70 años de prisión; sin embargo, argumentó, está claro que esos 40 años no ha disuadido a quienes cometen este delito, “más bien, parecen multiplicarse”.

El diputado del Distrito de Córdoba dijo que el componente transversal del delito de feminicidio es la cultura del “machismo patriarcal”, ya que –indicó- no parece ser un problema de seguridad pública, aún cuando existe vulnerabilidad física de las mujeres en el espacio público. “Sin duda, es una asignatura pendiente para que calles, parques, taxis y autobuses sean seguros para todos”.

Posteriormente, Ríos Uribe recibió del presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas AC, Gilberto Farías Morales, el documento que contiene las bases para una política pública encaminada a prevenir el feminicidio y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.

Así como una propuesta de reforma al artículo 137 del Código Penal estatal que tiene como finalidad sancionar ejemplarmente la conducta delictiva consistente en causar lesiones a una mujer, por medio de la utilización de ácidos o cualquier otra sustancia, causando deformación o daño en la cara de la víctima.

Acto seguido, inició la conferencia a cargo del licenciado Arturo Nicolás Baltazar, quien dio detalles sobre el estado de las legislaciones, tanto federal como estatal, las definiciones jurídicas y el debate actual con respecto a este tipo penal, así como las posturas al respecto de órganos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Al evento asistieron la coordinadora general para la Prevención y Atención de las Adicciones y de las Conductas Antisociales, Angélica María Huesca Palomino, en representación del secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García; la directora general de Educación Inicial Preescolar Federalizada, Judith de la Luz Carvallo Domínguez; la secretaria general de la Delegación T160 SNTE Preescolar, María Teresa Canales Clavel; la subdirectora de Educación Preescolar Estatal, María Isabel Castillo Méndez, así como representantes de órganos autónomos y de unidades de género de la administración pública estatal.

La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (Morena)
propuso reformas al Código Civil Federal, con el fin de que el Registro Civil
pueda otorgar actas de nacimiento en las que se reconozca la identidad de
género, y así garantizar los derechos de las personas de la comunidad LGBTI.

En una iniciativa que analiza la Comisión de Justicia, la
legisladora precisó que con estas reformas se podrá solicitar la rectificación
de algún dato en el acta de nacimiento, lo que ayudará a la armonización
legislativa, además de evitar que se discrimine y estigmatice a las personas.

Villarauz Martínez mencionó que durante el sexenio pasado en
el país, cada año, 79 personas de la comunidad LGBTI fueron asesinadas por
motivos relacionados con su orientación sexual, su identidad o expresión de
género, según el informe de violencia extrema elaborado por la organización civil
Letra S.

El resultado fue que 473 personas de la comunidad LGBTI
murieron durante estos seis años a causa de la discriminación y violencia por
el hecho de ser diferentes y no corresponder a los estereotipos de género y las
representaciones binarias de hombre o mujer.

Los crímenes de odio destacan por la saña con la que se
cometen, son especialmente brutales, por torturar y humillar a las víctimas.
“Esto debe cambiar, estamos frente a un gran reto, que es dotar de herramientas
a las personas para que libremente, frente a un caso de cambio de identidad, no
sean violentados, encerrados en clínicas, sometidos a terapia o violaciones de
conversión, que lo único que fomentan es el odio y el rechazo”, añadió.

Consideró necesario hacer un llamado a los estados de la
República para sumarse a esta lucha en la defensa de este derecho. “El
reconocimiento legal de la identidad de género implica proporcionar todos los
medios legales y administrativos, así como recursos para obtener su libre y
expedito ejercicio, al permitir la rectificación del nombre y sexo, cuando así
se decida, en la documentación oficial que corresponda, lo que evitará
confusiones, dilaciones y cuestionamientos”, añadió.

Nuestro deber como legisladores, dijo, es formular leyes que
protejan a las personas que no han elegido nacer con un sexo que no corresponde
a su identidad. “No podemos permitir que se estigmatice, discrimine y violente
a las personas por no entrar en los esquemas establecidos e inflexibles de la
identidad”.

La diputada de Morena precisó que el reconocimiento legal de
la identidad de género se ha logrado en Estados Unidos, Suecia, Alemania,
Holanda, Australia, Austria, Finlandia, Sudáfrica, Reino Unido y España, donde
se permite la rectificación de nombre y sexo en la documentación oficial.
Algunos exigen la cirugía previa para el reconocimiento legal de la identidad
de género del solicitante, aclaró.

De acuerdo con datos del Registro Civil de la Ciudad de
México, de enero de 2013 a marzo de 2019 se han entregado 3 mil 866 actas de
cambio de identidad de género y reasignación sexo-genérica; 2015 y 2017 fueron
los años con la mayor cantidad de trámites, con mil 159 y mil 60,
respectivamente.

La LXV Legislatura a través del Presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe, recibió la exposición de la titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), María Guadalupe Argüelles Lozano, acerca de los procedimientos para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Laboral, en el marco de la Reforma Laboral Federal.

Acompañada de la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Sofía Martínez Huerta y del Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en el estado, Guillermo Hernández, la funcionaria explicó los tres Ejes del Nuevo Modelo Laboral.

En primer término, la Justicia Expedita e Imparcial, a través de Tribunales Laborales dependientes del Poder Judicial; la Implementación de la Democracia Sindical; y la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRF), como organismo que permitirá el registro de sindicatos y contratos colectivos además de conciliar a nivel federal y expedir “Constancias de Representatividad”.

En cuanto a las etapas de implementación, continuó Argüelles Lozano, dijo que se han cumplido en tiempo y forma de acuerdo a los periodos marcados por la federación, asimismo realizó la proyección de los procedimientos por concluir de acuerdo a lo establecido para el funcionamiento de los Centros de Conciliación y Tribunales Locales, así como el CFCRL y los Tribunales Federales, en los años 2022 y 2023.

Por su parte el diputado José Manuel Pozos Castro, dijo a la funcionaria estatal que estas dinámicas son de gran beneficio, pues como legisladores se debe estar permanentemente interactuando con los trabajos realizados para dar cumplimiento a las normatividades, y reforzó que desde la LXV Legislatura se cuenta con el apoyo a las acciones para avanzar en la Reforma Laboral que tanto beneficio traerá a México y a Veracruz.

En esta presentación también estuvieron presentes las diputadas, Rosalinda Galindo Silva, Adriana Paola Linares Capitanachi, Florencia Martínez Rivera, así como el diputado Antonio García Reyes y en representación de la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, el licenciado Tomás Mundo Arriasa.

La LXV Legislatura y el Gobierno del Estado de Veracruz llevaron a cabo, este 5 de febrero, en la explanada del Palacio Legislativo, el acto cívico para conmemorar el aniversario de la promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917.

Al dar la bienvenida a servidores públicos y autoridades, el presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, diputado Rubén Ríos Uribe expresó que esta fecha no puede pasar inadvertida, ya que es de gran trascendencia para la vida política y para el entramado jurídico de la Nación.

Asimismo señaló: “Es un honor abrir las puertas del Congreso del Estado para significar lo que la Constitución representa en la Cuarta Transformación del país, una transformación pacífica, que ocurre con arreglo a las leyes y las instituciones”, agregó.

Tras los honores a la bandera nacional, con la participación de la Banda de Guerra de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado y de la Banda Sinfónica del Gobierno estatal, el legislador precisó que dicha transformación no está exenta de promover las reformas constitucionales que adecuen la exigencia popular al derecho positivo, “siempre respetando el sentir del pueblo y obedeciendo la ley”.

Con la presencia de la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi y de la coordinadora de Promoción de los Valores Cívicos y Culturales, Rebeca Quintanar Barceló, representante del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el diputado Raymundo Andrade Rivera detalló que la Constitución de 1857 fue producto de la reforma que plasmó el triunfo de los liberales sobre los conservadores, y la de 1917 fue producto del ideario de la Revolución Mexicana, “cuyas preocupaciones principales era la democracia, el nacionalismo y la justicia social”.

El también representante del Distrito XII de Coatepec manifestó: “A nosotros nos ha tocado vivir una época de cambios. Desde el 1 de julio de 2018, la mayoría de mexicanos optó por un rumbo distinto al elegir a un gobernador y a un presidente de la República que han decidido que los intereses y los anhelos de la ciudadanía incidan en los proyectos y en las decisiones de gobierno”.

Dijo que tanto en el Congreso de la Unión como en el Poder Legislativo estatal las adiciones y reformas se realizan con miras a un mayor beneficio para todas y todos los mexicanos.

“Los diputados de Morena nos congratulamos de formar parte de esta nueva ruta que emprende nuestro país y que encabeza nuestro gobernador, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, y el presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador”.

Previamente, el legislador ofreció detalles sobre el contenido y los datos más relevantes de las Constituciones de 1857 y 1917.

Participaron en el acto cívico el director general de la Editora de Gobierno, Israel Hernández Roldán, en representación del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos; la delegada administrativa en la Subsecretaría de Operaciones de la SSP, Elvia Ohemi García Hernández, y el director general de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno, Sergio Ulises Montes Guzmán.

En representación del secretario de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Roberto Escobar García, acudió Efraín Lizárraga Meza; el jefe de la Unidad Jurídica de Radiotelevisión de Veracruz (RTV), Javier Jahir Heredia Riverón; el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (SUTSPL), José de Jesús Rodríguez Hernández, y estudiantes de la escuela primaria Adalberto Tejeda, de esta ciudad.

Con 46 votos, el Congreso de Veracruz aprobó el dictamen por el cual se establece que en los sitios públicos se coloque señalética adaptada al sistema Braille, como medida incluyente para las personas con discapacidad, especialmente las de discapacidad visual o ceguera, a iniciativa presentada por la diputada Montserrat Ortega Ruiz.

Las Comisiones Permanentes Unidas de Protección Civil y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, someten a la consideración del Pleno de esta Soberanía el Dictamen con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo segundo al Artículo 63 y el Artículo 63 bis, a la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El dictamen reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho de desplazarse libremente y sin riesgos en lugares públicos y que, por lo tanto, debe incorporarse en la ley que en todos los establecimientos de acceso al público, ya sea de la iniciativa privada o del sector público, deben colocarse señales en sistema Braille, puesto que las personas ciegas o con discapacidad visual pueden acceder a la lectoescritura a través de este sistema, basado en puntos en relieve que son “leídos” a través del tacto, con ello, en caso de alguna eventualidad, podrán ubicar las salidas de emergencia o los puntos de reunión del lugar.

De acuerdo con la reforma aprobada, la señalización de protección civil referida deberá incluir placas en el sistema Braille para las personas con discapacidad visual o ceguera, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas y Tratados Internacionales aplicables.

Asimismo, la señalización vertical permitirá una zona de barrido ergonómico al alcance de la mano, deberá colocarse a una altura de entre 110 y 130 centímetros del piso base.

La dimensión de la placa será en función de la información que contenga y máximo de 30 centímetros de ancho. Ésta se ubicará a una distancia máxima de 20 centímetros del vano de la puerta, del lado de la manija o botones, en su caso.

Cuando existan puertas de doble hoja o no exista puerta, la señalización debe estar colocada en la pared más cercana, preferentemente del lado derecho.

En rampas, escaleras o intersección de pasillos que contengan pasamanos, se colocará, en el inicio y final de éstos, información en sistema Braille que indique el número de piso o la referencia de alguna señalización en muro.

La señalización del sistema Braille deberá atender la medida estandarizada internacionalmente, respetando dichos parámetros para su correcta interpretación. La escritura en Braille dentro de un señalamiento se colocará en la esquina inferior izquierda a una distancia de entre 1 y 3 centímetros del borde del mismo.

De acuerdo con el artículo segundo transitorio, la señalización ordenada en este Decreto deberá colocarse a más tardar en un plazo de 180 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del mismo.

En el mundo, según el sitio web incluyeme.com, hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión.

En México, según el estudio de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2014, asisten a la escuela 40.4 por ciento de los hombres de entre 3 y 29 años de edad con discapacidad visual y 50.6 por ciento de las mujeres con esa misma discapacidad.

Ante el Pleno de la LXV Legislatura, del Congreso del Estado, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Financiero y reforma diversas disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos, ambos para el Estado de Veracruz.

En la Iniciativa, se propone la reforma del artículo 73 fracción VII del Código, con la finalidad de precisar que los sujetos obligados del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal y del Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos con Apuestas y Concursos deben dictaminarse, no así el Impuesto sobre Hospedaje, lo cual brindará, se señala, certidumbre jurídica a los contribuyentes que son sujetos de dichos impuestos.

Con la reforma propuesta del artículo 104 fracción III del Código se faculta a las autoridades fiscales estatales para emitir las Reglas de Carácter General a las que deberá sujetarse la elaboración del dictamen que presenten los contadores públicos autorizados y que “es esencial para otorgar certeza jurídica a sujetos obligados de dicho impuesto”.

Respecto a los artículos 151 fracción XI y 152 primer párrafo del mismo Código, que hacen referencia a los servicios catastrales que presta la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), cuando en realidad -se señala- la dependencia que los proporciona es la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Gobierno (Segob), por lo que, esta reforma es una precisión para los administrados con la finalidad de brindarles mayor certeza jurídica respecto de los trámites que deban realizar en materia de catastro.

De conformidad con el artículo 14 del Código Financiero, los aprovechamientos son: los ingresos que percibe el Estado en sus funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones federales, de las aportaciones e ingresos federales coordinados, así como los que obtienen los organismos de la administración pública paraestatal del Estado.

Se propone, en la Iniciativa, la reforma al artículo 153 apartado B, segundo y último párrafo para establecer que los ingresos que se recauden por la venta de certificados holográficos se destinarán al Fondo Ambiental Veracruzano en el porcentaje establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, además en el último párrafo se precisa el nombre del Fondo Forestal Estatal que se encuentra establecido en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.

También se plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 194 del Código para disponer que las dependencias centralizadas y entidades paraestatales de la administración pública estatal, los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos autónomos y demás entes públicos estatales, deberán reintegrar a la Sefiplan, dentro de los 10 días hábiles siguientes al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, los recursos públicos estatales que no hayan sido devengados.

Lo anterior, porque los recursos entregados se vinculan con los resultados esperados, por lo cual al asignar los recursos, los entes públicos no pueden dejar de cumplirlas, pero tampoco pueden rebasar las asignaciones aprobadas en sus respectivos presupuestos, ni utilizarlos para otros fines, salvo que cuenten con autorización correspondiente de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Propone también, la reforma del artículo 193 tercer párrafo del Código de Procedimientos Administrativos precitado, porque éste fue reformado el 19 de diciembre de 2017, en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, en el número extraordinario 504, para cambiar la referencia a salarios mínimos por el de Unidad de Medida y Actualización (UMA) que en su tercer párrafo decía equivalente al salario mínimo general vigente elevado al año.

En la reforma precitada se omitió la frase «elevada al año», consecuentemente este párrafo resulta contradictorio con el contenido del mismo, por lo que para su debida aplicación se considera necesario redactarlo en los términos originalmente aprobado para señalar que el monto máximo por gastos de ejecución será el de la UMA elevada al año.

Se destaca que tiene la finalidad de otorgar certidumbre jurídica a los administrados respecto de los límites de actuación de los servidores públicos; precisar facultades de autoridades fiscales para el fortalecimiento de la Hacienda Pública y favorecer la administración de los recursos públicos de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Esta Iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado.

Con la conclusión del primer periodo ordinario de sesiones, del segundo año de ejercicio constitucional de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz, se instaló la Diputación Permanente, órgano de habrá de funcionar durante el primer receso y que comprenderá del 1 de febrero al 30 de abril del presente año.

De esta manera este órgano legislativo quedó integrado por el diputado Rubén Ríos Uribe, presidente; la legisladora María Graciela Hernández Iñiguez, vicepresidenta y la diputada Érika Ayala Ríos, secretaria. En las vocalías están las diputadas y diputados Adriana Paola Linares Capitanachi, Elizabeth Cervantes de la Cruz, Raymundo Andrade Rivera, Henri Christophe Gómez Sánchez, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Ivonne Trujillo Ortiz y Florencia Martínez Rivera.

Asimismo, en carácter de sustitutos, las diputadas y diputados María Esther López Callejas, María Josefina Gamboa Torales, Jorge Moreno Salinas, Wenceslao González Martínez, Adriana Esther Martínez Sánchez, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, Cristina Alarcón Gutiérrez, Rodrigo García Escalante, Juan Manuel de Unánue Abascal y Ana Miriam Ferráez Centeno.

A las 17:13 horas fue declarada legalmente instalada esta instancia legislativa. De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo la Diputación Permanente estará compuesta por el cuarenta por ciento del total de los integrantes del Congreso, de los cuales la mitad actuará como propietarios y los demás como sustitutos.

Además señala que funcionará durante los recesos del Congreso y, en el año de su renovación, hasta la instalación del sucesivo, debiendo integrarse proporcionalmente según el número de diputados pertenecientes a los diversos Grupos Legislativos.

El presidente de la Mesa Directiva, Rubén Ríos Uribe, concluyó la sesión y citó a la primera ordinaria para el jueves 13 de febrero a las 11:00 horas, en la sala de sesiones Venustiano Carranza.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 23 de enero por la diputada del Grupo Legislativo de Morena, Deisy Juan Antonio, que reforma la Ley de Salud del Estado, cuyo propósito es dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Salud, derivado de la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El dictamen, aprobado con 33 votos, refiere que esta reforma es para dar cumplimiento a las obligaciones emanadas, ante lo cual es indispensable reconocer la implementación del nuevo régimen de prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social.

Asimismo, para evitar una invasión de competencias a las facultades propias del Congreso de la Unión, respetando en todo momento lo ordenado en la Ley General de Salud, siendo necesaria la derogación de diversos artículos de la ley de Salud estatal que indebidamente regulan lo denominado como Seguro Popular.

De esta manera se establece que, en los términos de la Ley General y la estatal de Salud, corresponde al Gobierno del Estado proporcionar en forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, conforme a los convenios de coordinación que celebre con la Federación.

El Sistema Estatal de Salud tiene como objetivo proporcionar, servicios de salud universal en el Estado a todas las personas sin seguridad social, y mejorar la calidad de los mismos atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios de la entidad y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las acciones preventivas.

El Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Salud (SS), coordinará los programas de servicios de salud de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, y celebrará con la Federación, los convenios de coordinación necesarios para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social.

Asimismo, la SS también operará, en coordinación con las demás autoridades estatales competentes, los convenios de coordinación que celebre el titular del Poder Ejecutivo del Estado con la Federación para este fin.

La reforma refiere que el titular de la Secretaría de Salud nombrará una comisión integrada por médicos epidemiólogos de esa institución, quienes estarán atentos en todo tiempo a los acontecimientos epidemiológicos que se susciten en la entidad, para determinar y, en su caso, emitir conjuntamente con la Federación, la solicitud al Ejecutivo Estatal, para que emita una declaratoria de emergencia, fundada y motivada, en situaciones de emergencias epidemiológicas que se presenten en el Estado.

Por otra parte, se establece que conforme a las prioridades del Sistema Estatal de Salud y a los convenios de coordinación, se garantizará la extensión progresiva, universal, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, particularmente para la atención integral de la población que se encuentra en el país que no cuenta con seguridad social.

Para la organización y administración de los servicios de salud, se definirán criterios de regionalización y de escalonamiento de los servicios para lograr progresivamente la universalización del acceso a servicios de salud integrales.

Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos los referentes a la disponibilidad y otorgamiento de medicamentos y material de curación en todos los niveles de atención a la población, con base en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud elaborado por el Consejo de Salubridad General aplicable al sector salud y en los catálogos de la institución proveedora del servicio; disponibilidad de sangre a través de puestos de sangrado y centros de transfusión en hospitales de segundo y tercer nivel, así como de alta especialidad y cualquier otro insumo esencial para la salud.

También, la atención médica integral, que comprende las actividades preventivas, curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

Son servicios públicos a la población en general, los que se presten en los establecimientos públicos de salud, a las personas que se encuentren en el Estado sin seguridad social que así lo requieran, seguidos por criterios de universalidad, igualdad e inclusión y de gratuidad al momento de requerir los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados.