El diputado Rubén Ríos Uribe presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo, por el cual exhorta al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que realicen una investigación respecto a la adquisición de las torres de seguridad violentadas en días pasados, en el municipio de Córdoba, toda vez que no cumplían con las condiciones de blindaje necesarias.

Asimismo, solicitó que, a través de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR), se deslinden o finquen las responsabilidades a que haya lugar a los funcionarios responsables, para que los actos no queden impunes.

En su exposición de motivos, el legislador del distrito XIX de Córdoba señaló que “la muerte de cuatro elementos de seguridad pública enfrentando a la delincuencia en el municipio de Córdoba y la existencia y utilización de una costosa torre de seguridad que se presentó como blindada, cuando no lo era, pone a la vista uno de los más abominables actos de corrupción en la memoria reciente de esa ciudad”.

Asimismo, destacó que la inseguridad es uno de los primeros compromisos de la agenda pública de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno, y señaló la inadmisible falta de compromiso de autoridades y funcionarios, quienes, a su parecer, comprometieron la vida de las y los veracruzanos y la restitución de la paz en el estado.

El Presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura consideró inaceptable “jugar con la exigencia ciudadana de seguridad pública, sin mencionar, el poner en riesgo la integridad de los elementos policiacos, que son nuestra primera línea de defensa contra la delincuencia”.

Finalmente, indicó que uno de los principales postulados en la actual administración es la cero tolerancia a los actos de corrupción, lo que obliga a poner especial atención en la utilización de recursos públicos, bajo la supuesta adquisición de bienes o servicios con una calidad que no corresponda a las especificaciones facturadas.

Con la adhesión de los grupos legislativos PRI-PVEM, Morena y Del Lado Correcto de la Historia, el Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

La Secretaría de Fiscalización de la LXV Legislatura impartió el curso de capacitación del nuevo Sistema Informático SIS-INFO (Sistema de Información Financiera y de Obra Pública), en sustitución del Sistema BIM (Banco de Información Municipal), para el envío de la información de las obligaciones municipales al Congreso del Estado.

El titular de la Secretaría de Fiscalización, Everardo Domínguez Landa, dijo que el cambio de sistema responde a la necesidad de actualizar y hacer más amigable el formato de envío de la información, además de incluir los candados de seguridad necesarios ante la evolución tecnológica que existe hoy en día.

Señaló que será a partir de este mes, que las obligaciones de los municipios relativas al mes de enero, deberán realizarse a través del sistema SIS-INFO, aunque –indicó-, por esta única ocasión, se permitirá la utilización, paralelamente y como medida opcional, del Sistema BIM, de ahí la importancia de impartir este curso a los funcionarios municipales encargados de operar este sistema.

Durante la capacitación, el doctor Jorge Mario Figueroa García, parte del equipo técnico creador del software, detalló las diferentes funcionalidades de la plataforma, además de resolver dudas en su operación, asimismo se realizó la entrega de nuevas cuentas y contraseñas a los funcionarios para poder acceder y remitir las obligaciones correspondientes a sus municipios en tiempo y forma.

Finalmente, Domínguez Landa, aseguró que cada una de las jefaturas que integran la Secretaría de Fiscalización se encuentran a disposición de los operadores del nuevo Sistema SIS-INFO en los municipios, dando toda la atención necesaria para que puedan realizar sus funciones de la manera correcta y con las mejores competencias, “la fiscalización evoluciona constantemente y nosotros estamos en el ánimo de estar a la vanguardia de todo lo que venga”, abundó.

El día de hoy se capacitó a funcionarios de los municipios de la zona norte y centro de la entidad; siendo el curso para la zona sur, el próximo viernes 21 de febrero en el Salón de Eventos del Colegio de Contadores Públicos del Sur de Veracruz, ubicado en la Av. José María Caracas No. 1805, Col. Playa Sol, en Coatzacoalcos a las 10 horas.

En esta reunión estuvieron presentes el Director de Normatividad y Seguimiento, Edmundo Macario Álvarez; la Jefa de Auditoría y Análisis de la Cuenta Pública, Yuriana Ríos Romero¸ la Jefa del Departamento de Registro de Deuda Pública y Programas Institucionales, María del Carmen Morales Ramos; y el Jefe del Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios, Juan Carlos Patiño Pérez.

Con el voto a favor de 43 diputadas y diputados, el Pleno de la LXV Legislatura avaló el dictamen con proyecto de decreto por el cual se aprueban los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Este dictamen, presentado al Pleno por la Comisión Permanente de Vigilancia, es resultado de la nueva valoración, realizada por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) del Estado, a las Cuentas Públicas 2018. Esto en atención a la instrucción de esta Soberanía al rechazar, el 31 de octubre de 2019, el Informe presentado el 25 de septiembre de 2019 por la anterior administración del órgano fiscalizador.

El dictamen refiere que, derivado de las auditorías Financiera y Técnica a la Obra Pública, en su caso, en 9 dependencias, 30 organismos públicos descentralizados y 2 fideicomisos se determinó la existencia de un presunto daño patrimonial por un total de un mil 194 millones 045 mil 414.76 pesos. Igualmente se determinaron inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones, los cuales deberán ser atendidos por el Titular del Órgano Interno de Control o quien ejerza esas funciones.

Respecto a la auditoría en materia de Deuda Pública y Obligaciones al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se determinó la existencia de un presunto daño patrimonial por un total de 125 millones 490 mil 162.96 pesos.

Asimismo, en relación a la auditoría al proceso de refinanciamiento de la Deuda Pública del Poder Ejecutivo del Estado, que concluyó en el ejercicio 2018, se determinó un presunto daño patrimonial por un monto de 183 millones 471 mil 791.87 pesos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) registró un presunto daño patrimonial por un monto de 7 millones 192 mil 633.66 pesos, así como inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones.

En el dictamen se establece que, derivado de las revisiones financiero y técnico a la obra pública, en 131 municipios se detectaron irregularidades de presunto daño patrimonial, en la actuación de los servidores o ex servidores públicos que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por un monto de 300 millones 109 mil 508 pesos, así como inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Huatusco registró un probable daño patrimonial por 72 mil 500 pesos. En tanto, los municipios de Chiconquiaco, Chontla, Medellín de Bravo y Veracruz se detectaron irregularidades en Materia de Deuda Pública y Obligaciones de presunto daño patrimonial por un monto de 4 mil 423 millones 865.65 pesos.

Además de los 43 votos a favor, este dictamen registró seis abstenciones, correspondientes a las diputadas Magaly Armenta Oliveros, Margarita Corro Mendoza, Deisy Juan Antonio y Mónica Robles Barajas, así como de los diputados Wenceslao González Martínez y Henri Christophe Gómez Sánchez.

El contenido completo de este dictamen, emitido por la Comisión de Vigilancia, puede consultarse libremente en el Anexo A de la Gaceta Legislativa número 84, publicada en la página oficial www.legisver.gob.mx

La Comisión Permanente Instructora de la LXV Legislatura, integrada por los diputados Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Jessica Ramírez Cisneros y Enrique Cambranis Torres, presidente, secretaria y vocal, respectivamente, celebró la audiencia de pruebas y alegatos con la Fiscalía General del Estado (FGE) y el diputado del Distrito VIII, de Misantla, Erik Iván Aguilar López.

Esto, como parte del procedimiento, establecido en el numeral 2 del artículo 21 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz.

De esta manera, los diputados y la diputada dan cumplimiento a lo establecido en la ley y otorgaron el derecho de audiencia para ambas partes, en el que cada una presentó los argumentos que, a su consideración, determinó pertinentes.

Cabe recordar que este procedimiento es resultado del análisis de la solicitud de Declaración de Procedencia, presentada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el pasado 16 de enero, en contra del ciudadano Erik Iván Aguilar, a través del oficio número FECCEV/FA/12/2020.

El diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos señaló que la Comisión Instructora actúa con estricto apego a derecho y toma como base los lineamientos que establece la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, “Debo precisar que nosotros como diputados no nos corresponde juzgar, sino únicamente valorar los hechos denunciados y las pruebas presentadas, para así determinar si procede o no la solicitud de declaración de procedencia”.

Por otra parte, el legislador descartó cualquier sesgo, de naturaleza contraria a la ley, que se le quiera dar a este tema. “Nosotros respondemos a la obligación que nos marca la ley”.

En tanto, informó que, de acuerdo al artículo 21 de la citada Ley, la Comisión Instructora dictaminará los hechos denunciados, en el plazo de tres días posteriores a la fecha de la audiencia de pruebas y alegatos.

En seguimiento a los proyectos planteados en la edición XV del Parlamento de la Juventud Veracruzana, celebrado el 5 y 6 de agosto de 2019, la presidenta de la Comisión Permanente de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad, diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, atendió a jóvenes parlamentarios, quienes presentaron nueve propuestas que buscan mejorar el marco jurídico estatal, en diversos ramos.

La legisladora Cervantes de la Cruz atendió a los jóvenes Vicente Aldahir Vázquez Pinzón, Fernando Pérez Santiago, Catherine Guadalupe Tepetla Lomelí y Juan Carlos Martínez Apodaca, así como a Heber Fernández Lara, del departamento de Participación Juvenil del Instituto Veracruzano de la Juventud (IVJ).

Los jóvenes presentaron las nueve propuestas, relacionadas con seguridad pública, educación, diversidad sexual, ciencia y tecnología, asuntos indígenas, entre otros. A esto, la diputada Elizabeth Cervantes agradeció la confianza e informó que éstas propuestas serán analizadas y puestas a consideración del equipo de asesores para determinar la viabilidad de cada una.

Además, indicó, se buscará el apoyo de las comisiones relacionadas con cada tema, a fin de verificar que se cumpla con la técnica legislativa y, de ser viable, puedan presentarse ante el Pleno las propuestas y así se dé el trámite correspondiente.

En este último punto, la legisladora se pronunció por un trabajo coordinado, por lo cual invitó a los jóvenes a involucrarse en las actividades que lleve a cabo cada comisión, cuando se dé el análisis de las propuestas.

A la reunión asistió, en representación de la diputada María Graciela Hernández Iñiguez, vocal de la Comisión de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad, Marco Antonio Domínguez Hernández.

Las diputadas integrantes de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, de ésta LXV Legislatura, presentaron una iniciativa que adiciona un capítulo denominado De la Violencia Digital, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado, el cual integraría como actos de violencia contra las mujeres los cometidos por el uso de las tecnologías de la Información y Comunicación, plataformas de redes sociales, sistemas de mensajería instantánea o correo electrónico.

La iniciativa también expone que estos actos, causan un daño psicológico o emocional, reforzando los perjuicios, dañando la reputación, causando pérdidas económicas y/o planteando barreras a la participación libre en la vida pública y privada de la víctima y que puedan conducir a alguna otra forma de violencia.

Del mismo modo, adiciona el artículo 13 quater en el Capítulo IX de la referida Ley, que señala que los gobiernos estatal y municipales, así como las autoridades jurisdiccionales, en el ámbito de sus competencias, garantizarán a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia digital y tomarán en consideración los daños que ésta pueda generar en las víctimas.

En la exposición de motivos refiere que el ordenamiento legal contempla diversas modalidades de violencia contra las mujeres, sin embargo estas han ido aumentando haciendo pertinente adicionar la modalidad de violencia digital.

Del mismo modo, destaca la aprobación por parte de esta Legislatura paritaria, la tipificación -en el Código Penal estatal- como delito el divulgar, compartir, distribuir o publicar imágenes, audios o videos de una persona desnuda parcial o totalmente de contenido íntimo o erótico sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima. Sin embargo, el concepto de violencia digital no se limita al derecho punitivo, sino tiene otras manifestaciones que deben abordarse y a atenderse, añadió.

Esta iniciativa, autoría del Instituto Veracruzano de las Mujeres y presentada al Pleno por la Comisión para la Igualdad de Género, fue financiada con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2019 y es resultado de la preocupación por el aumento de este tipo de violencia hacia las mujeres que cada vez ha tomado más fuerza.

Finalmente, se señala que la tecnología ha aportado beneficios, pero también se han construido conductas sociales reprochables que no se pueden ignorar.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas para la Igualdad de Género y de Justicia y Puntos Constitucionales.

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó ante la Diputación Permanente un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que se exhorta al presidente municipal de Chicontepec, Veracruz, Pedro Adrián Martínez Estrada, para que, a la brevedad, convoque a Sesión de Cabildo, a fin de tomar la protesta de ley al ciudadano Enrique Solís Martínez en su carácter de agente municipal suplente de la congregación de Tlacolula de ese municipio.

La Diputada del Distrito IX con cabecera en Perote recordó que, cumplido lo dispuesto por la Convocatoria para la Elección de Agentes y Subagentes Municipales de Chicontepec, Veracruz, aprobada por la LXIV Legislatura local, dicho ayuntamiento emitió las constancia de mayoría a favor de los ciudadanos Natalio Escobar Martínez y Enrique Solís Martínez, que los acredita como agentes municipales propietario y suplente respectivamente de dicha congregación por el período comprendido del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2022.

El 22 de diciembre de 2018, el ciudadano Natalio Escobar Martínez falleció; hecho que se hizo del conocimiento al Pleno de esta LXV Legislatura, el 24 de enero de 2019. Dada la naturaleza de la solicitud y al resultar de obvia resolución, la Asamblea dispensó los trámites reglamentarios y puso a consideración del Pleno la solicitud de mandar llamar al Suplente respectivo. El Acuerdo fue publicado bajo el folio 118 en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 62, de fecha 12 de febrero de 2019.

Sin embargo –prosiguió la Diputada-, después de un año y pese a que en diversas ocasiones los habitantes de la Congregación de Tlacolula, mediante oficios, han manifestado su inconformidad, el Presidente Municipal de Chicontepec no ha convocado a Sesión de Cabildo para tomarle la protesta de ley a Enrique Solís Martínez.

Ivonne Trujillo señaló que, de acuerdo con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cargo de agente municipal es de elección popular, por lo que no llamar al ciudadano Enrique Solís Martínez para que tome protesta como agente municipal violenta en su contra lo establecido en los artículos 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 y 16 de la Constitución Política local.

Así también lo establecido en el artículo 26 Bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre que señala: “…Cuando se trate de ausencias definitivas –de Agentes Municipales-, el Cabildo informará al Congreso del Estado para que se haga el llamado del suplente respectivo para que asuma la titularidad del cargo”.

Al considerar que este supuesto jurídico quedó agotado y que el Presidente Municipal de Chicontepec, en franco desacato a lo ordenado por este Poder Soberano, violenta lo normado, la legisladora estimó que se transgrede el derecho del ciudadano Enrique Solís Martínez de de acceso a ocupar el cargo, pese a que el Pleno de este Congreso del Estado así lo ordenó.

Los grupos legislativos de Morena y mixtos Acción Nacional Veracruz (ANV), de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) y Del Lado Correcto de la Historia, así como la diputada Florencia Martínez Rivera se adhirieron a la propuesta que fue turnada a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Durante la Primera Sesión del Primer Receso del segundo año de la LXV Legislatura, la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez se pronunció en favor de la protección de las personas adultas mayores y sus derechos.

Ante la Diputación Permanente, la legisladora aseguró que este sector social refleja sabiduría e inspira respeto, por los logros y alcances que han conseguido a lo largo de su vida, sin embargo, en algunos casos se enfrentan a la desafiante soledad e indiferencia de familiares y amigos.

Se refirió al caso específico de la señora Luz María González Landeros “Doña Luchita”, quien hace unos días fue desalojada por sus familiares del inmueble que habitaba desde hace varias décadas, lo que dio lugar a la afectación de su salud física y emocional.

Destacó que actualmente, en colaboración con sus asesores, se encuentra apoyando a Doña Luchita, emprendiendo las acciones legales necesarias. Señaló que los actos de apoyo y respaldo con los que la sociedad xalapeña respondió ante este acontecimiento son reflejo de la cultura que se está generando para la protección y apoyo a este sector, una de las cuales es “dar voz en espacios como éste, el Congreso”.

Los esfuerzos institucionales –indicó la legisladora- deben estar enfocados a garantizar los derechos y satisfacer las necesidades de las personas adultas mayores. Consideró que sociedad y autoridades “debemos trabajar juntos para generar políticas instrumentadas para otorgarles el justo lugar que merecen, no solamente con programas asistencialistas, sino también incorporándolos al ámbito laboral”.

“Les invito a que hagamos un frente común refrendando nuestro compromiso con las causas sociales, tal como lo ha venido haciendo el Grupo Legislativo de Morena. Con la suma de voluntades de todas y todos, será más sencillo que las personas adultas mayores ocupen el legítimo lugar que les corresponde en la transformación presente y futura de Veracruz”, concluyó.

Con la finalidad de homologar, en la legislación estatal, los tipos penales de Hostigamiento y Acoso Sexuales a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para evitar confusiones entre los operadores de la ley y así brindar mayor certeza jurídica en estos asuntos, diputados del Partido Revolucionario Institucional presentaron una iniciativa ante la Diputación Permanente.

La diputada Érika Ayala Ríos y los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes proponen reformar las fracciones I y XII del artículo 4 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, ya que consideran que esta legislación contiene disposiciones contrarias a la Ley General, particularmente en lo relativo a las definiciones de esas dos formas de violencia.

De esta manera, plantean que el Acoso Sexual quede definido como: forma de violencia de connotación lasciva en la que, si bien no existe subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

Hostigamiento sexual: ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral o escolar, entre otros, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad, de connotación lasciva.

La iniciativa precisa que mientras en la Ley General el Hostigamiento Sexual tiene como elemento consustancial la subordinación real de la víctima, en la ley local forma parte del acoso sexual, lo que contradice también lo dispuesto por el Código Penal estatal, en el que, como en la inmensa mayoría de las leyes punitivas de las entidades federativas y en el Código Penal Federal, se considera que dicho elemento de superioridad jerárquica del agresor respecto de la víctima forma parte de la descripción del tipo de hostigamiento sexual.

Señalan que como una prioridad en su agenda legislativa está el proponer modificaciones al orden jurídico, a efecto de visualizar en mayor medida la problemática a la que se enfrentan cotidianamente una gran cantidad de personas, primordialmente en los ámbitos laboral y educativo.

La iniciativa fue turnada, para su análisis y dictamen, a la Comisión Permanente para la Igualdad de Género.

La diputada Jessica Ramírez Cisneros, integrante del Grupo Legislativo de Morena, presentó una iniciativa de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley de Prevención y Atención del Acoso Escolar de Veracruz, para que la elaboración del informe sobre incidentes de acoso y violencia escolar que los directores presentan a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), sea semestral y no anual.

La legisladora destacó que, con la entrada en vigor de la Ley de Prevención y Atención del Acoso Escolar para el Estado de Veracruz en 2011, se sentaron las bases para prevenir y erradicar el acoso escolar, sin embargo, deben darse mayores pasos.

Señaló que en las atribuciones de esta Ley contempla el Registro Estatal para el Control del Acoso Escolar, el cual está diseñado para compilar las estadísticas de los casos de acoso escolar que tengan lugar en la entidad, a partir de la elaboración de un informe presentado a la SEV por los directores de las escuelas, sobre los incidentes de acoso y violencia escolar.

Sin embargo, destacó, que dada la coincidencia en la anualidad, tanto para la elaboración del informe sobre acoso escolar, que realiza el Registro Estatal, como el que están obligados a presentar los directores de las escuelas, es que se desprende esta iniciativa, para que el plazo sea semestral, facilitando que el informe sea reportado con la debida anticipación, conociendo el contexto que impera en cada plantel sobre el tema.

Ramírez Cisneros recordó que, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar a nivel internacional de casos de bullying en educación básica, afectando a 18 millones 781 mil 875 estudiantes de primaria y secundaria, tanto públicas como privadas. Asimismo, en 2018 la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que Veracruz es la entidad donde se presenta el mayor número de casos de acoso escolar.

Agregó que con el propósito de utilizar un lenguaje incluyente y con perspectiva de género, se plantea precisar el término “las y los directores”, en lugar de los directores como se prevé al día de hoy, dando el debido lugar de las mujeres que tienen la titularidad de una dirección de un plantel educativo.

“El acoso escolar ocasiona daños severos en las víctimas si no se detecta y atiende a tiempo. Baja de autoestima, ansiedad y depresión, son algunos de los riesgos, pero en el peor de los escenarios, el desenlace puede ser fatal”, concluyó.

A esta iniciativa se adhirieron los integrantes del Grupo Legislativo de Morena y fue turnada a la Comisión Permanente de Educación y Cultura, para su análisis y dictamen.