Una remuneración justa y equitativa es un principio que debe regir a todo trabajo honesto, de ahí surge la necesidad de actualizar los aranceles que actualmente rigen a los abogados y peritos, “esta modernización es impostergable, debido a que la ley que los rige data de 1974, tiene un desfase de 46 años, tiempo en el que se han dado en México devaluaciones, inflaciones y cambios de unidades monetarias”.

Afirmó la diputada Judith Pineda Andrade, al hacer uso de la Tribuna, durante la Tercera Sesión, del Segundo Periodo Ordinario, de la LXV Legislatura del Estado, en nombre de las y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, y para poner a consideración del Pleno la Iniciativa por la que se crea la Ley de Aranceles para Abogados y Demás Profesionistas Auxiliares de la Administración de Justicia del Estado.

Por lo que después de casi cinco lustros, agregó la legisladora, la ley que tenemos ha quedado completamente obsoleta y requiere urgentemente de una modernización y que esta actualización no solo vendría a beneficiar a los profesionistas, sino también a sus clientes, al darles un parámetro estandarizado de los precios de sus servicios.

En el artículo primero de la Ley que se propone, destacó, se señala que será objeto de la misma, regir en los casos en que no exista un contrato de prestación de servicios, o cuando se condene al pago de gastos y costas; dejando a salvo la libertad contractual de las partes, para que ellas mismas fijen las obligaciones que han de contraer, pero también, que ello no se traduzca en contraprestaciones excesivas al momento del pago de costas judiciales.

Algunos de los puntos más relevantes de la Ley propuesta, dijo la diputada panista son: solamente los abogados que cuenten con cédula profesional, serán aquellos que puedan cobrar las tarifas señaladas por el cobro de costas procesales; establecer como causa de nulidad de un contrato de prestación de servicios profesionales el que señale en éste el cobro de honorarios por arriba del 20% de la suerte principal, salvo en los casos en que el contratante no vaya a erogar pago alguno, hasta finalizar el proceso, asumiendo el abogado los riesgos de no cobrar los mismos, de no obtener sentencia favorable, y hasta que la misma cause estado.

Se establece, también, en la Ley propuesta, como obligación de los abogados, el exhibir al interior de sus despachos, tanto la Ley que establece las tarifas genéricas, como el arancel que ellos mismos cobren por sus servicios, con la finalidad de mantener debidamente informados a sus clientes de los costos que representan sus servicios; y dado el elevado índice de desigualdad imperante, hay casos en donde las víctimas no pueden contratar los servicios de un abogado, es por ello que se establece como una obligación para estos profesionistas, el prestar servicios gratuitos, estableciendo claros límites a esta carga social, pues tampoco se puede exigirles que se dediquen exclusivamente a casos gratuitos, lo que se establece en el artículo 23.

Es de vital importancia, continuó, que se garantice que “no se inflen los recibos de honorarios con actos innecesarios, superfluos o incluso, frívolos”, por lo que los servicios que se presten y caigan en estas categorías serán excluidos del pago de costas y honorarios, asegurándose de esta manera que la actividad que presten abogados y peritos sea de nivel profesional y de calidad.

Se incorpora que, en su artículo 28, la declaración de nulidad de títulos de créditos que sean elaborados para garantizar honorarios futuros, esto con la clara finalidad de que los clientes, no sean extorsionados con el pago de honorarios no devengados.

Pero también hay que reconocer que se dan casos en donde los abogados se encuentran con clientes renuentes de pagarles sus servicios, es por ello que se le da el carácter de “título que trae aparejado ejecución” a los contratos de prestación de servicios que además de cumplir con los requisitos de esta Ley y demás legislaciones, sean ratificado ante notario público, facilitándoseles el cobrar sus honorarios devengados, en su artículo 31.

Hoy debemos, como Congreso, buscar crear leyes que estén acordes a la realidad, pero también debemos actualizar las que ya tenemos, la realidad avanza y la ley no puede quedarse estancada, para eso estamos nosotros, para darle el dinamismo necesario al sistema legal, concluyó la legisladora del PAN.

Esta Ley de Aranceles para Abogados y Demás Profesionistas Auxiliares de la Administración de Justicia del Estado, fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi presentó ante el Pleno una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo décimo segundo al artículo 4 de la Constitución Política del Estado, en materia de justicia digital y para la utilización de medios electrónicos en la impartición de justicia.

La diputada señaló que este proyecto tiene como objetivo establecer la base constitucional, que garantice a las y los ciudadanos la implementación y utilización de herramientas digitales o electrónicas en los actos y diligencias de los procesos judiciales en la entidad.

Además, busca establecer la base para establecer el denominado juicio en línea, para el Poder Judicial del Estado (PJE) y para el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y que los actos judiciales llevados a cabo a través de estos medios tengan plena validez jurídica.

Desde hace algunos años, dijo en su mensaje, existe en la comunidad jurídica, la exigencia de que los poderes judiciales transiten, de las formas tradicionales presenciales e impresas, al uso de herramientas digitales para una mejor gestión en sus actividades, facilitando a los usuarios formas más modernas para el trámite de sus casos e impartición de justicia.

En sus transitorios, la iniciativa señala que la utilización de las tecnologías de la información en el proceso penal y en los procedimientos que sean de la competencia de los juzgados laborales, se observarán las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Trabajo, respectivamente.

Asimismo, las instancias pertinentes deberán tomar las previsiones presupuestales para contar con los recursos necesarios para dar cumplimiento en tiempo y forma al dictamen, debiendo autorizar o crear los sistemas electrónicos útiles que garanticen que los procedimientos, trámites procesales y su gestión judicial sean ágiles, efectivos, seguros y de acceso remoto conforme lo marca el documento.

En el escenario de la pandemia por Covid-19, continuó la legisladora, los Tribunales del país, ya están llevando a cabo acciones alternativas, profundizando en la transición hacia modalidades a distancia y bajo esquemas de trámite digital, “tal y como lo viene implementando la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación”, destacó.

Finalmente, Linares Capitanachi puntualizó que el Congreso del Estado, debe sumarse a la transición tecnológica judicial y apoyar a los órganos jurisdiccionales para garantizar que el derecho humano a la impartición de justicia sea pronta y expedita, pudiendo enfrentar eventualidades futuras, concluyó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

Con el propósito de privilegiar la voluntad de cualquiera de las partes en su decisión personal para la disolución del vínculo matrimonial, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó el decreto que adiciona diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, por el que adiciona un Título Décimo Bis denominado Del Juicio Sumario y de Divorcio Incausado.

El dictamen presentado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales deriva de la iniciativa presentada el 20 de junio de 2019 por la diputada Mónica Robles Barajas, según el cual basta con que uno de las demandantes solicite el divorcio para que este se decrete.

El documento, avalado con 35 votos a favor, 14 en contra y cero abstenciones, señala que a través de esta vía sumaria, las y los jueces especializados en materia familiar del Poder Judicial del Estado de Veracruz podrán resolver de manera pronta, expedita y completa, sin trámites largos y costosos dichos casos, pues esta decisión no puede postergarse u obstaculizarse, toda vez que la intención es ponderar el libre desarrollo de la personalidad de los cónyuges.

Asimismo, el dictamen garantiza el pleno acceso de los menores a la totalidad de sus derechos: alimentos, derecho a la familia, convivencia, educación y otros tutelados por la legislación en la materia; es decir, la declaración del divorcio es independiente de las demás instituciones familiares, las cuales deberán tramitarse y resolverse de acuerdo con su propia naturaleza y características.

En este sentido, se determina que el procedimiento sumario es del orden civil tramitado ante la autoridad judicial, por lo que, considerando las experiencias en otras entidades federativas que consagran este concepto en su ordenanza, se asegura la observancia de las garantías de prontitud, eficacia y expeditez contenidas en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aprueban reformas al Código Civil del estado

Así también, con 47 votos, aprobaron el dictamen con proyecto de Decreto que reforma el párrafo primero del artículo 676, y los artículos 704, 706 y 708 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentado por la referida Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales.

De acuerdo con dicha reforma, se expedirá una nueva acta de nacimiento en caso de que el reconocimiento de una hija o un hijo nacido fuera del matrimonio se hiciere después de haber sido registrado su nacimiento.

Se establece también que la o el Oficial del Registro Civil deberá expedir una nueva acta de nacimiento en la que se asiente los mismos datos del acta anterior más los nombres de quien la o lo reconociere como progenitores. Se anotará, además, el o los nombres, domicilio y nacionalidad de los abuelos que correspondan al progenitor asentado en el acta.

A partir del levantamiento de la nueva acta de nacimiento, no se publicará ni se expedirá constancia alguna del acta anterior, salvo orden judicial o a solicitud de su titular, haciéndose las anotaciones respectivas en la misma.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó, con 48 votos, el dictamen que reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado y sanciona a quien agreda a las personas que están al frente del sector salud en esta pandemia, ocasionada por el coronavirus, Covid-19, y que también protegerá equipo e instalaciones destinados para enfrentar la crisis sanitaria.

Este dictamen, resultado de las iniciativas presentadas por las diputadas Elizabeth Cervantes de la Cruz, del Grupo Legislativo de Morena, Ivonne Trujillo Ortiz, de Movimiento Ciudadano-PRD, así como las y los integrantes del Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM, en voz de la diputada Erika Ayala Ríos, plantea mejorar el marco jurídico estatal en aras de que el personal de salud pueda ejercer su labor sin temor a ser agredido.

De esta manera, en el decreto queda establecido que las penas previstas en el artículo 137 del Código Penal serán incrementadas hasta en una mitad sin perjuicio de las agravantes o calificativas que les sean aplicables cuando este delito se cometa en contra de personal de instituciones públicas o establecimientos particulares de salud, personal de atención de emergencias, personal de seguridad pública o de protección civil y bomberos, con motivo del cumplimiento de sus funciones o por consecuencia del encargo durante una emergencia sanitaria declarada.

También, queda establecido que se impondrán de dos a cinco años de prisión, de 50 a 200 días de trabajo a favor de la comunidad y multa de 50 a 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuando las conductas a las que se refiere el artículo 196 sean cometidas en contra de personal médico, de enfermería, traslado de enfermos o cadáveres, intendencia, laboratorio o de cualquier otra índole que labore o preste servicios dentro de instituciones públicas o establecimientos privados de salud.

Así como también a bomberos o en contra de personal de instituciones públicas o privadas de atención de emergencias, con motivo de las actividades que éstos realicen durante una emergencia sanitaria o catástrofe, dentro o fuera de su jornada laboral.

En relación con el delito de daños, si se ocasiona durante emergencias sanitarias o catástrofes, sobre bienes de instituciones públicas o establecimientos privados de salud, laboratorios, consultorios médicos o inmuebles habilitados para operar como hospitales, se impondrán de uno a nueve años de prisión y multa de 30 a 200 veces el valor diario de la UMA.

A quien amenace o agrede a personal de las instituciones de seguridad pública, de las Fuerzas Armadas, de tránsito y vialidad o de protección civil, que se encuentre en el ejercicio de sus funciones durante emergencias sanitarias a catástrofes o con motivo de éstas, se le impondrá pena de uno a cuatro años de prisión y multa de 30 a 200 veces el valor diario de la UMA.

En el debate de este dictamen, la diputada Ivonne Trujillo agradeció a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales por dictaminar esta iniciativa, con la cual –indicó- se refrenda el compromiso con las trabajadoras y trabajadores de la salud para que reciban un trato respetuoso y digno al realizar sus funciones.

En cumplimiento de la base quinta de la convocatoria, publicada el pasado 26 de marzo en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 124, los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) iniciaron, este 19 de mayo, la etapa de entrevistas a 16, de los 21, aspirantes a titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Reunidos en la sala Venustiano Carranza, sede de las entrevistas, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, coordinador del Grupo Legislativo de Morena y presidente de la Jucopo, el legislador Omar Guillermo Miranda Romero (PAN), la diputada Erika Ayala Ríos (PRI-PVEM) y el legislador Alexis Sánchez García (MC-PRD), llevaron a cabo este procedimiento, el cual estuvo centrado en la trayectoria, experiencias, conocimiento en la materia y propuestas de cada uno de los aspirantes, en caso de asumir el cargo.

Cada uno de las y los aspirantes contó con 15 minutos para apertura, desarrollo y cierre de su intervención, periodo en el cual aportaron diversos elementos en cuanto a los objetivos planteados y las acciones a implementar desde la FGE.

Este 19 de mayo, fueron entrevistados las ciudadanas y los ciudadanos: Elizabeth Morales García, Gabriel Alejandro Williams Mendoza, Fernando Herrera Escobar, Florencio Hernández Espinoza, Salvador Antonio Monroy Cosme, Francisco Enrique Varela Ramírez, Teresa Cruz Flores, Yuridia Torres Páez, Rubí Rosas Carvajal, Anel Retama Jácome, Tomás Mundo Arriasa, Arabella Marely Cañas y Sáenz, Jorge Efrén Avilés Morelos, Anastacio Báez Méndez, Ángel Rodríguez Bernal y Angel Ofir Martínez Che.

Este 20 de mayo, a partir de las 10:00 horas, la Jucopo continuará esta etapa con las entrevistas a las y los ciudadanos Verónica Hernández Giadáns, Ramiro Ramírez Reyes, Alejandro Lagunes Toral, Gerardo Escobedo García y José Martín Rivera Martínez.

Conforme a la Convocatoria, al concluir la etapa de entrevistas, la Jucopo tiene un plazo máximo de tres días naturales para emitir el Proyecto de Punto de Acuerdo en el que se propondrá a la terna de la cual el Pleno, por mayoría calificada, elegirá a la persona que asuma la titularidad de la FGE.

Los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LXV legislatura del Congreso del Estado, hicieron del conocimiento del Pleno, durante la primera sesión ordinaria, del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de esta Soberanía, el Proyecto de Punto de Acuerdo, por el que se concede prórroga para la entrega del informe trimestral sobre el ejercicio del gasto público, de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), del Gobierno del Estado.

En atención, afirman los legisladores en el texto de su Proyecto de Punto de Acuerdo, de la solicitud formulada por el titular de la Sefiplan, y por la situación por la emergencia sanitaria, derivada de la propagación del coronavirus, se prórroga por un término máximo de noventa días naturales, contados a partir del vencimiento del plazo para presentarlo, al que hace referencia el artículo 179, segundo párrafo, del Código Financiero para el Estado; y por única ocasión.

El diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, presentó un anteproyecto de punto de acuerdo que exhorta a los Ayuntamientos y al Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano, a que incluyan como falta administrativa la agresión verbal y la negación injustificada de servicios públicos y privados a todo el personal del sector salud, con fundamento en la Ley que Establece las Bases Normativas a que se Sujetarán los Reglamentos en Materia de Faltas de Policía que Expidan los Ayuntamientos del Estado.

Al respecto, dijo el legislador, deberá considerarse, una vez establecidos estos lineamientos, que las autoridades municipales puedan sancionar las faltas hacia este sector, con multa, trabajo comunitario o arresto, según su naturaleza y gravedad de las situaciones en concreto en la que incurran las o los agresores.

Vargas Barrientos destacó que, mientras dure la declaración de emergencia nacional originada por la epidemia de enfermedad causada por el COVID-19, deben establecerse estrategias locales para que una vez notificada la autoridad por medio del número de emergencia 911, elementos de seguridad pública intervengan de inmediato, preservando la integridad física, psicológica y moral de los trabajadores de la salud.

En el mismo sentido, el diputado propuso también establecer como falta, la acción o petición que lleve a cabo uno o más ciudadanos o ciudadanas con el objeto de que se impida la prestación de un servicio público o particular a personal de la salud en este mismo periodo.

“Es necesario exhortar también respetuosamente a las autoridades de los municipios, que se hagan cumplir sus reglamentos municipales existentes en materias como la de mercados o de espacios públicos, con la finalidad de que tampoco se sigan presentando aglomeraciones, toda vez que a través de medios de comunicación y redes sociales se han evidenciado afluencias de personas en sitios públicos, desatendiendo las recomendaciones sanitarias federales y estatales”, añadió.

Asimismo, señaló que “son muchos los ciudadanos que están respetando la instrucción básica de quedarse en casa y también son muchos los que tienen que salir a trabajar porque viven al día, pero ello no tiene que dar lugar a violar las reglas fundamentales de la sana distancia, el uso de cubre bocas, el lavado de manos o el ingresos excesivo de personas a comercios”.

Finalmente, realizó un reconocimiento al personal de salud y a los ciudadanos que hacen el esfuerzo de quedarse en casa, pues de esta manera evitan que la pandemia se extienda más, procurando que este periodo de emergencia pase lo antes posible y con los menores daños.

“Envío un agradecimiento a las autoridades municipales, estatales y federales que están trabajando a marchas forzadas para que los servicios públicos básicos no falten en este periodo de emergencia, incluyendo a los policías, trabajadores y autoridades de la seguridad pública”, concluyó.

Mediante un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, las y los integrantes del Grupo Legislativo Mixto “Partido Revolucionario Institucional–Partido Verde Ecologista de México” (PRI-PVEM) realizaron un exhorto a las autoridades estatales a realizar diversas acciones relacionadas con la pandemia del virus SARS-CoV2 (Covid-19) que enfrenta el estado de Veracruz.

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el diputado Jorge Moreno Salinas manifestó que en estos tiempos “la solidaridad debe manifestarse sin reservas, al constituir una prioridad la atención de la población afectada por la pandemia, ya sea médica o económicamente, así como la protección y salvaguarda de los derechos humanos del personal de salud responsable de dicha atención y cuidados”.

En primer lugar, exhortó al Ejecutivo del estado a disponer lo necesario para que, con independencia de los programas federales correspondientes, a través de los mecanismos de detección, registro, valoración y distribución que estime pertinentes, se destinen apoyos alimentarios a las personas que socioeconómicamente así lo requieran, que hayan sido afectadas con la pérdida de empleo o disminución significativa de sus ingresos económicos, como consecuencia directa o indirecta de la pandemia de enfermedad por Covid-19, de tal modo que puedan contar con los ingresos necesarios para su sustento.

En segundo lugar, exhortó al Ejecutivo estatal a crear un Grupo Permanente de Coordinación, en el que participen autoridades estatales y municipales, con invitación a las del orden de gobierno federal que correspondan, así como especialistas en la materia, con la finalidad de tomar decisiones y atender emergencias en cualquier momento, relacionadas por la pandemia de la enfermedad referida, contando con las facultades y los recursos necesarios para tales efectos.

En tercer lugar, exhortó al Gobierno del Estado a proporcionar apoyo al personal médico y no médico de las instituciones públicas federales y locales de salud y de los establecimientos particulares de ese mismo ramo en la entidad, que así lo requieran, para su transportación gratuita a los centros de trabajo y domicilios, en vehículos de propiedad estatal, a fin de evitar actos de discriminación o agresiones de cualquier naturaleza como consecuencia del ejercicio de sus funciones, durante la contingencia sanitaria decretada por las autoridades competentes, así como a instruir lo conducente para que en los accesos a las unidades médicas se brinde seguridad y protección al personal antes mencionado, a fin de que no sea objeto de conductas que violenten sus derechos humanos.

El exhorto, turnado a la Junta de Coordinación Política, comprendió también instruir las medidas pertinentes para hacer extensivas la seguridad y protección descritas al personal de seguridad pública, de atención de urgencias y de protección civil, que realiza funciones durante la contingencia sanitaria.

En representación de la bancada integrada por las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y el legislador Antonio García Reyes, Jorge Moreno expresó que “sin mezquindad y con auténtico deseo de contribuir a resolver la compleja problemática que se enfrenta, nuestro Grupo Legislativo hace este exhorto, en el entendido de que la suma de voluntades, en medio de la adversidad, siempre será bienvenida”.

El Pleno de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, dio entrada a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, enviada por la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Fomento al Empleo del Estado de Veracruz en materia de creación de un Seguro de Desempleo.

En primer término la propuesta sugiere la reforma del nombre de la Ley en comento incluyendo el concepto “Protección” para quedar “Ley de Protección y Fomento al Empleo del Estado de Veracruz”.

Del mismo modo, integra a esta Ley las atribuciones necesarias para normar como política pública, la programación del Seguro de Desempleo en beneficio de las y los trabajadores que involuntariamente pierdan su empleo formal, cuando el trabajador, por causas ajenas a su voluntad, sea separado de manera temporal o definitiva de su trabajo privándose de su salario.

Además, incluye la iniciativa, el titular del Ejecutivo deberá incluir en el presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz, la asignación que garantice el derecho a este Seguro para las personas que reúnan los requisitos que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y Productividad (STPSP) señale.

En la propuesta se lee, que el Seguro de Desempleo es un mecanismo de protección social para las personas que han perdido su empleo, el cual otorgará un derecho económico a los beneficiarios que la STPSP determine, a partir del cumplimiento de los requisitos y normatividad de una convocatoria, así como las demás disposiciones administrativas aplicables.

Asimismo, y en cumplimiento con los requisitos que la STPSP fije, los beneficiarios tendrán derecho al Seguro por un plazo no mayor a 6 meses, pudiendo acceder al mismo cada dos años. El monto ascenderá a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) entregándose de forma mensual.

En cuanto a los beneficiarios, la propuesta señala que es personal e intransferible, y podrá entregarse a personas desempleadas mayores a los 18 años y que sean residentes del estado de Veracruz, además de haber laborado por lo menos 6 meses para una persona moral o física con domicilio fiscal en la entidad, y que no perciban otros ingresos por concepto de pensión, jubilación, subsidio o relación laboral diversa.

Además, deberán estar inscritas en la STPSP en forma directa a través de alguna plataforma oficial, ser demandantes activas de empleo, y cumplir con las disposiciones reglamentarias aplicables.

Bajo el contexto económico actual que vive México y Veracruz por la contingencia sanitaria por COVID-19, la iniciativa propone la necesidad del inicio inmediato de la operatividad de este tipo de programas como lo es el Seguro de Desempleo, por lo que de ser aprobada, la STPSP deberá emitir la convocatoria correspondiente en un plazo no mayor de 30 días naturales.

En consecuencia, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), deberá hacer saber al Congreso Local, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, el monto de los recursos que se destinarán al Seguro de Desempleo, para hacer los ajustes necesarios al Presupuesto de Egresos aprobado para el presente año.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y Trabajo y Previsión Social.