Reforzar la legislación estatal para evitar inequidad en el derecho a la salud y abusos científicos contra las comunidades indígenas es el propósito de la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico.

De acuerdo con el proponente, el contenido de dicha iniciativa, puesta a consideración del Pleno durante la Quinta Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional se encuentra fundado y motivado en el reclamo de la población indígena del estado.

Al recordar que el estado de Veracruz habitan un millón 24 mil 709 indígenas, es decir, 11 por ciento de la población total de la entidad, y que son 47 los municipios considerados indígenas en toda la entidad, el legislador consideró primordial proteger los derechos bioculturales de los pueblos indígenas, debido a que son desfavorecidos en el acceso a la salud, así como la protección a su patrimonio genético.

El integrante del Grupo Legislativo de Morena dijo que “se tiene evidencia de que ya ha existido robo de material genético en diferentes nosocomios de la entidad como puede ser el Hospital de la Comunidad de Tlaquilpa y el Regional de Río Blanco”, por lo que enfatizó su propuesta de “integrar una restricción a la extracción ilegal de material genético de nuestra población indígena”.

Asimismo, habló de la necesidad de “coadyuvar con la autoridad de salud estatal, para ser plenamente responsables del cuidado de las enfermedades más frecuentes en las comunidades indígenas” y con ello evitar que se afecte y trasgreda la economía e integridad de las familias indígenas.

Esta iniciativa –dijo el legislador- busca el reconocimiento y protección de los pueblos indígenas: náhuatl, huasteco, tepehua, otomí, totonaca, zapoteco, popoluca, mixe, chinanteco, mazateco, maya, zoque y mixteco; así como a todos aquellos que estén asentados o que de manera temporal o definitiva sienten su residencia en Veracruz.

Para el trámite respectivo, dicha iniciativa fue turnada a las comisiones permanentes unidas de Asuntos Indígenas y de Salud y Asistencia.

Para establecer expresamente en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Veracruz el concepto de Antecedentes de Salud como un factor de discriminación, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó una iniciativa que busca reformar los artículos 3 y 6 de la citada ley, con el objeto de evitar daños a quienes padecen o hayan padecido alguna enfermedad, más aun cuando se vive una pandemia, generada por el coronavirus, Covid-19.

Al presentar su propuesta, durante la cuarta sesión ordinaria, la legisladora indicó que se prevé señalar que se entenderá por discriminación a toda forma de preferencia, distinción, exclusión, restricción o rechazo, basada en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el sexo, la preferencia sexual, la edad, la discapacidad, la condición social, económica, de antecedentes, necesidades y problemas de salud o jurídica, entre otras.

Asimismo, se incorporaría como conducta discriminatoria el negar la prestación de servicios financieros a personas con discapacidad y personas adultas mayores o por motivos de sus antecedentes de salud; difundir, sin consentimiento de la persona agraviada, información sobre sus antecedentes y su condición de salud, así como el estigmatizar y negar sus derechos a personas que viven con VIH/SIDA, o con antecedentes epidemiológicos.

En su intervención, la diputada del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, así como del Diputado Sin Partido (MC-PRD-DSP), subrayó que la pandemia, generada por el coronavirus, Covid-19, no tiene precedentes en el mundo, y que así como ha mostrado una rapidez considerable para propagar los contagios, de igual forma se ha podido atender y dar de alta a un número considerable de personas diagnosticadas con el virus y que, al ser atendidas oportunamente, han sido dadas de alta.

Sostuvo que estas personas tendrán el antecedente médico de haber sido portadoras del virus, lo que no debiera ser motivo de discriminación, en virtud de que, salvo que tengan otro padecimiento previo, son consideradas como personas sanas.

Destacó que no solamente debe evitarse la discriminación por motivos de problemas de salud ya superados. Los antecedentes de cualquier enfermedad o contagio adquirido que haya sido atendido y curado por ningún motivo deben motivar actos de discriminación.

“Habrá gente en todo el país que lograrán superar el contagio, pero lamentablemente podemos prever que persistirá entre un amplio sector de la población la desconfianza y la percepción que por haber sido portador de virus, una persona sigue siendo un potencial foco de contagio, aun cuando haya sido dado de alta médica”, abundó.

La iniciativa que reforma los artículos 3, y 6, fracciones XXX, XXXI y XXXII; ambos de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado, fue turnada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares presentó una Iniciativa de Decreto que reforma la Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Ellas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles, ambas para el Estado de Veracruz en materia de asignación exclusiva y preferente de obras y contratos a empresas veracruzanas, así como de adquisición de pólizas de seguro para accidentes.

En la exposición de motivos, el legislador señaló que en momentos de crisis económica de cualquier índole es necesario otorgar las herramientas necesarias a empresarios veracruzanos, para que tengan prioridad en el momento de concursar para la contratación de obras o servicios por parte del Estado, toda vez que los recursos estatales son vitales para poder reactivar la economía.

En este sentido, señaló que “de redireccionarse la contratación de obras públicas y servicios exclusivamente a veracruzanas en tiempos de crisis económica, propiciará que la cadena de insumos, mano de obra e impuestos anteriores a la prestación del servicio o ejecución de la obra, permanezcan en el estado y, en consecuencia, la derrama económica se aplique en la propia entidad”.

Asimismo, agregó, la presente iniciativa pretende otorgar mayores facilidades o flexibilización en la contratación para que, en tiempos comunes, se opte preferentemente por mano de obra o empresas veracruzanas, siempre que sus propuestas económicas no resulten mayores a un diez por ciento de aquellas presentadas por empresas con domicilios en otras entidades federativas o en el extranjero, puntualizó.

“Con las disposiciones propuestas se contempla un margen del diez por ciento para que las dependencias y entidades puedan maniobrar en relación con la ejecución de los contratos; por lo que, no representa un impedimento o costo elevado para la administración pública, además de que no necesariamente en todos los casos existirá ese sobreprecio”, señaló.

Añadió Guízar Valladares, “se trata de una medida en aras de apoyar a las empresas veracruzanas en tiempos de crisis económica, como la que vivimos ahora o puedan presentarse con posterioridad, pero también como una medida para contribuir en la reactivación económica del estado”.

También, dijo, esta propuesta busca otorgar mayores facilidades o flexibilización en la contratación para que, en tiempos comunes, se opte preferentemente por mano de obra o empresas veracruzanas, siempre que sus propuestas económicas no resulten mayores a un diez por ciento de aquellas presentadas por empresas con domicilios en otras entidades federativas o en el extranjero.

Del mismo modo, en la iniciativa, el legislador propone adicionar una fracción III al artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas para el Estado con el objetivo de que los contratistas garanticen los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a terceros cuando se acredite que, con motivo de la realización de obra, se ocasionó un incidente imputable al contratista, para lo cual deberán adquirir pólizas de seguro para accidentes.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado, Hacienda Municipal y a la de Comunicaciones.

– Solicita diputado comparecencia del titular de la SIOP-

El diputado Gonzalo Guízar Valladares, presentó un Anteproyecto de Punto de acuerdo por el que solicita a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en uso de sus facultades, citar en comparecencia pública al titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), para responder por el incumplimiento de la entrega en fecha y forma de las obras carreteras.

Durante su discurso, el legislador señaló que derivado de algunas inconsistencias al respecto, se han suscitado accidentes automovilísticos fatales como el ocurrido en días pasados en la ciudad de Córdoba, Veracruz y que desafortunadamente cobró la vida una menor de edad.

Dicho accidente, puntualizó, fue producto de la falta de señalización e incumplimiento de normas de protección de una obra carretera inconclusa, a cargo de una empresa constructora contratada por la SIOP, la cual tenía un plazo de ejecución de 90 días, dando inicio el 2 de diciembre de 2019, debiéndose culminar el 21 de febrero de 2020; situación que no fue cumplida.

En este sentido, expresó su preocupación, toda vez que integrantes de la Comisión Permanente de Comunicaciones del Congreso, en la cual funge como secretario, realizaron un recorrido por diversos tramos carreteros detectando que algunos se encuentran inconclusos y que inclusive ya fueron pagados en su totalidad, a lo que añadió, “es imprescindible solicitar la comparecencia del titular de la SIOP, para cuestionar y analizar de una vez por todas, que está pasando en Veracruz con las Obras Públicas”, abundó.

A nombre de diversos integrantes de la LXV Legislatura de los diferentes partidos, la diputada Mónica Robles Barajas, presentó ante el Pleno una iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley de Responsabilidades Administrativas; el Código Electoral; la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General; todas para el Estado de Veracruz, en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres.

La diputada, detalló que la creciente participación política de las mujeres ha visibilizado otras caras de la violencia de género y de discriminación en contra de quienes aspiran y contienden como candidatas, gobiernan, legislan, dirigen y militan en partidos políticos.

Asimismo, añadió la legisladora, esta violencia se puede extender a servidoras públicas que deciden y encabezan instituciones, organismos o grupos ciudadanos.

En el contexto del próximo proceso electoral de 2021, continuó, en meses pasados, diputadas y diputados Federales y Senadoras y Senadores, de todos los partidos políticos representados en el Poder Legislativo Federal, aprobaron por unanimidad y dieron cuerpo a las reformas en esta materia, “y que hoy proponemos armonizar en la legislación estatal”, agregó.

Con esta armonización, “se logra el objetivo de hacer justicia electoral asentando que en Veracruz, se previene, atiende y sanciona la violencia política contra las mujeres y que pudieran impedir el acceso, en condiciones de igualdad, a los puestos de elección popular y de toma de decisiones a las mujeres por razón de género”.

En el mismo sentido, resaltó que dicha armonización se realiza en un ejercicio de análisis y consulta con los diversos representantes de instituciones competentes en la materia, como el OPLE, el Tribunal Electoral de Veracruz, la Fiscalía General del Estado (FGE) y representantes de la Sala Regional Xalapa de la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

También, con el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos del Congreso del Estado, el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), entre otros, lo cual permitió enriquecer la presente iniciativa con todas las perspectivas.

Para una veracruzana, enfatizó Robles Barajas, ejercer la plenitud de sus derechos políticos, jamás debe significar, ser víctima de agravios, arriesgar su vida o perderla, ni tampoco, abandonar sus aspiraciones sociales y políticas, legítimas y valiosas, ante amenazas y peligros que podemos prevenir, que deben sancionarse y erradicarse.

“La amplitud de las reformas que proponemos, erradica la exclusión estructural de las mujeres y materializa un nuevo equilibrio social y una responsabilidad compartida, en las esferas pública y privada, entre mujeres y hombres”, finalizó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.

La diputada Montserrat Ortega Ruiz, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), presentó al Pleno una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 15 bis y el 15 ter a la Ley que Crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres con lo que se establecen los plazos y requisitos para la elección de la directora de este órgano.

En su intervención durante la cuarta sesión ordinaria, la legisladora propuso señalar en el artículo 15 bis que cuando esté por concluir el periodo para el que fue nombrada la Titular de la Dirección del Instituto, lo hará saber por escrito a las integrantes de los consejos consultivo y social, con dos meses de anticipación para que, dentro de los diez días naturales siguientes, emitan la Convocatoria señalada en el artículo 38 de la citada Ley e inicien el proceso de selección.

En este proceso, se prevé que la convocatoria sea remitida al Presidente de la Junta de Gobierno o su suplente para que, dentro de las 24 horas siguientes a su recepción, ordene su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

La recepción de propuestas, se realizará en el domicilio o dirección electrónica señalada en la Convocatoria y conforme a los lineamientos ahí establecidos, esta etapa permanecerá abierta 15 días naturales, siguientes a su publicación.

Dentro de los tres días naturales siguientes a la conclusión de la etapa de recepción, se publicará la lista de aspirantes en el portal de transparencia y en los estrados del Instituto; señalándose día, hora y lugar para la entrevista a cada una de ellas.

El periodo de entrevistas durará 15 días naturales, pudiendo prorrogarse, según el número de aspirantes inscritas.

Concluido el periodo de entrevistas, dentro de los cinco días naturales siguientes, los consejos consultivo y social deberán presentar la terna correspondiente, para que la persona que encabeza el Ejecutivo del Estado haga el nombramiento respectivo, a más tardar tres días después de su recepción.

La nueva titular de la Dirección del Instituto deberá rendir protesta y asumir el cargo al día hábil siguiente a la conclusión del periodo anterior.

Asimismo, la diputada Ortega Ruiz, vocal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, propone indicar que, en caso de renuncia o ausencia definitiva de la titular de la Dirección del Instituto, desde ese momento, los Consejos Consultivo y Social, contarán con diez días naturales para emitir la Convocatoria correspondiente e iniciar el proceso de selección señalado anteriormente.

Concluido el proceso de selección y una vez otorgado el nombramiento, la nueva titular de la Dirección del Instituto deberá rendir protesta y asumir el cargo por el tiempo que resta para concluir el periodo. Hasta en tanto se nombre a la Directora titular, quedará como encargada de Despacho la Secretaria Ejecutiva del instituto.